TA CHO - 27001333300320180008001-(28-10-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, dos de abril de dos mil veinticinco.

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

ACCIÓN: TUTELA

ACCIONANTE: LUIS FELIPE HERRERA CRUZ

ACCIONADO: COLPENSIONES PROVIDENCIA: SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 41 001 33 33 001 2025 00041 01.

ACTA: 027.

I. EL ASUNTO.

En ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 32, inciso 2º del Decreto 2591 de 1991, sin que se adviertan falencias sustanciales o adjetivas que invaliden la actuación; resuelve la sala la impugnación instaurada por la parte actora contra el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva del 21 de febrero de 2025.

II. ANTECEDENTES.

1. La petición de amparo.

Luis Felipe Herrera Cruz promueve la acción constitucional de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), en procura de obtener el amparo de los derechos fundamentales al “mínimo vital, seguridad social, vida digna y debido proceso ”; que considera vulnerados porque no le ha n reconocido transitoria mente la pensión de invalidez, por enfermedad común.

2. Fundamentación fáctico - legal.

En esencia, refiere lo siguiente.

a. Nació el 2 diciembre de 1951 (tiene 72 años) , pertenece al régimen

invalidez, por enfermedad común.

2. Fundamentación fáctico - legal.

En esencia, refiere lo siguiente.

a. Nació el 2 diciembre de 1951 (tiene 72 años) , pertenece al régimen subsidiado (grupo A3 del Sisbén , pobreza extrema ), al igual que su compañera permanente (Doris Díaz Mosquera), con quien conforma el núcleo familiar y por su edad (70 años) y quebrantos de salud no cuenta con oportunidades laborales.

b. A causa de las patologías de origen común “P.P.P. CIRUGÍA DE COLUMNA – HERNIA DISCAL L4 -L5, SÍNDROME DE ESPALDA FALLIDA – FIBROSIS EN SITIO QUIRÚRGICO – DISMINUCIÓN AGUDEZA VISUAL”, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila le d ictaminó una pérdida de capacidad laboral delLuis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 2 61.27%, estructurada el 5 de agosto de 2009 (dictamen 9408 del 2 de octubre de 2018).

Amén de dichas enfermedades, también padece de “ARTROSIS … CATARATA SENIL … TRASTORNO DE DISCO LUMBAR … LUMBAGO … TRANSTORNO DE LOS DISCOS

INTERVERTEBRALES … CONTUSIÓN DEL TÓRAX”.

c. Durante su vida laboral cotizó 1.196 semanas en el “Sistema General de Pensiones a través del extinto Instituto de Seg uros Sociales hoy Colpensiones …” y 50

INTERVERTEBRALES … CONTUSIÓN DEL TÓRAX”.

c. Durante su vida laboral cotizó 1.196 semanas en el “Sistema General de Pensiones a través del extinto Instituto de Seg uros Sociales hoy Colpensiones …” y 50 semanas “…en los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de … invalidez”.

d. El 28 de octubre de 2020 le solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez , teniendo en cuenta que esta prestación económica sería la única fuente de ingresos para garantizar su cong rua subsistencia y la de su familia; ya que sus precarias condiciones de salud no le permiten laborar y generar ingresos. Por lo tanto, satisface los requisitos consagrados en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, y en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

Dicha petición fue denegada por medio de la resolución SUB 246708 del 13 de noviembre de 2020, considerando “… la prestación económica reconocida por … Indemnización Sustitutiva de Vejez a través de la Resolución SUB 158802 del 16 de agosto de 2017, resultaba incompatible con la pensión de invalidez reclamada”.

Contra esa decisión interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación el 4 de diciembre 2020, argumentando “… haberse desconocido los reiterados pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional al indicar que el reconocimiento previo de una indemnización sustitutiva, no imposibilita el reconocimiento de una pensión, siempre que se cumpla con los requisitos exigidos”.

En su orden, los recursos fueron resueltos adversamente mediante

reconocimiento previo de una indemnización sustitutiva, no imposibilita el reconocimiento de una pensión, siempre que se cumpla con los requisitos exigidos”.

En su orden, los recursos fueron resueltos adversamente mediante resoluciones SUB 268189 del 10 diciembre de 2020 y DPE 16602 del 15 de diciembre de 2020, “… insistiendo … que resultaba inco mpatible con la pensión de invalidez reclamada”.

e. Promovió demanda ordinaria laboral (radicado 41001-31-05-002-202100064-00), y el 5 de marzo de 2024 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Neiva condenó a Colpensiones a reconocer le y pagar le la pensión de invalidez (1 smlmv), a partir del 5 de febrero de 2009.

Colpensiones apeló la sentencia ; cuyos efectos jurídicos se encuentran suspendidos mientras se surten las etapas procesales de segunda instancia.

f. Es sujeto de especial protección constitucional debido a su edad, discapacidades y precaria situación económica.

Por ese motivo, acude a la acción de tutela, con el fin de evitar un perjuicio irremediable; porque exigirle “… el agotamiento de los medios ordinarios de defensaLuis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 3 judicial para obtener el reconocimiento del mínimo vital y seguridad social, significa imponer una carga desproporcionada a quien se encuentra calificado en condición de invalidez por un notorio estado de discapacidad física y vulnerabilidad absoluta debido a las enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas que padezco y que conllevan a

imponer una carga desproporcionada a quien se encuentra calificado en condición de invalidez por un notorio estado de discapacidad física y vulnerabilidad absoluta debido a las enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas que padezco y que conllevan a circunstancias de debilidad manifiesta”.

Como sustento, cita las sentencias T-653-2004, T-533-2010, T-503-2017, T728-2017; de acuerdo con las cuales, a través de la tutela se puede obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en circunstancias excepcionales.

3. Medios de prueba.

Allegó la siguiente documentación:

• Certificados de registro en el Sisbén (A2 – pobreza extrema) de Luis Felipe Herrera Cruz y de su esposa Carlina Angarita De Herrera.

• Certificados de afiliación al régimen subsidiado en salud de Luis Felipe Herrera Cruz y de su esposa Carlina Angarita De Herrera.

• Registro civil de matrimonio e ntre Luis Felipe Herrera Cruz y Carlina

Angarita De Herrera.

• Historia clínica de Luis Felipe Herrera Cruz, con los siguientes diagnósticos: “Artrosis y Catarata senil” 1, “Trastornos de disco lumbar y otros ”2, “lumbociatlagia de larga data asociado a limitación funcional … hace 10 años … marcha asistida por bastón”3, “Artrodesis de Columna lumbar”4.

• Auto admisorio de la demanda en el proceso ordinario laboral 20210006400.

4. La pretensión.

Solicita amparar el derecho fundamental al mínimo vital, seguridad social , vida dignidad y debido proceso, y ordenarle a Colpensiones “reconocer y pagar

00.

4. La pretensión.

Solicita amparar el derecho fundamental al mínimo vital, seguridad social , vida dignidad y debido proceso, y ordenarle a Colpensiones “reconocer y pagar de manera TRANSITORIA la pensión de Invalidez de origen enfermedad y riesgo común a mi favor” (negrilla y subrayado del texto original).

5. El traslado de la petición de amparo.

a. El 10 de febrero 2025 , el a quo admitió la solicitud de tutela contra Colpensiones, a quien notificó en la misma fecha para que ejerciera el derecho de defensa.

1 Índice 004, Samai, primera instancia; “demanda_Tutela” pdf, pág. 29. 2 Índice 004, Samai, primera instancia; “demanda_Tutela” pdf, pág. 32. 3 Índice 004, Samai, primera instancia; “demanda_Tutela” pdf, pág. 35. 4 Índice 004, Samai, primera instancia; “demanda_Tutela” pdf, pág. 64.Luis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 4 Además, requirió al “Despacho de la Magistrada Dra. GILMA LETICIA PARADA PULIDO de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva”; para que informara el estado del proceso laboral 41001310500220210006401, indicara si contaba con solicitud de medidas cautelares, y allegara las copias de la sentencia de primera instancia y de las actuaciones surtidas en segunda instancia.

b. Al descorrer el traslado , Colpensiones señala que el amparo es

con solicitud de medidas cautelares, y allegara las copias de la sentencia de primera instancia y de las actuaciones surtidas en segunda instancia.

b. Al descorrer el traslado , Colpensiones señala que el amparo es improcedente, porque no se satisfacen los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991; ya que el accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial; esto es, la acción ordinaria laboral, y efectivamente promovió una demanda en dicha jurisdicción deprecando el reconocimiento de la pensión de invalidez, y no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que justifique un amparo transitorio. Como fundamento, cita las sentencias de la H. Corte Constitucional T-391-20135, T-540-2013, T-043-2014, T-071-2021, T-48220156 y T-587-2015.

c. Por su parte, la magistrada Gilma Leticia Parado Pulido i nformó que el proceso laboral 2021-00064-01 ingresó a su despacho el 9 de mayo de 2024, luego de que se surtiera la admisión de la apelación de la sentencia de primera instancia. Aclarando que no se solicitaron medidas cautelares.

6. El fallo impugnado.

a. El 21 de febrero de 2025 , el Juzgado Primero Administrativo de Neiva declaró improcedente la acción de tutela ; considerando que no satisface el requisito de subsidiaridad (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991).

En esencia, considera que “el medio idóneo y eficaz” para resolver la pretensión

declaró improcedente la acción de tutela ; considerando que no satisface el requisito de subsidiaridad (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991).

En esencia, considera que “el medio idóneo y eficaz” para resolver la pretensión es el “proceso laboral ordinario” (artículos 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 138 del Cpaca); máxime que no corroboró que “exista inminencia de un daño irreparable que justifique, la protección transitoria”.

5 Cita la accionada: “ “(…) la condición de sujeto de la tercera edad no constituye per se razón suficiente para admitir la procedencia de la acción de tutela. En efecto, reiterando lo expuesto por la Corte en distintos pronunciamientos sobre la materia, para que el mecanismo de amparo constitucional pueda desplazar la labor del juez ordinario o contencioso, según se tr ate, es también necesario acreditar, por una parte, la ocurrencia de un perjuicio irremediable derivado de la amenaza, vulneración o afectación de derechos fundamentales como la vida digna, el mínimo vital y la salud; y, por otra, que someterla a la rigurosidad de un proceso judicial común puede resultar aún más gravoso o lesivo de sus derechos fundamentales” (subrayado fuera de texto original)”.

6 Citando esta sentencia T-482 de 2015, la accionada señala que la procedencia de la “protección tutelar transitoria” está condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos: “a) Que la persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad mantenga su decisión de no reconocer el derecho.

transitoria” está condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos: “a) Que la persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad mantenga su decisión de no reconocer el derecho. b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se estuviere en tiempo de hacerlo o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario. c) Que de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta demuestre la amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la dignidad humana, la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie que someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado gravoso. d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la acción de tutela es o no procedente como mecanismo transitorio, no resulta suficiente invocar fundamentos de derecho, sino que son necesarios también fundamentos fácticos que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. En caso contrario, el asunto adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la competencia del juez de tutela”.Luis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 5 b. Para arribar a dicha determinación, partió del siguiente razonamiento:

1. En la primera instancia del proceso ordinario labora l Colpensiones fue condenada a reconocerle al actor la pensión de invalidez (1 smlmv), y actualmente se surte el trámite de segunda instancia.

1. Las enfermedades que el accionante padece (según consta su historia clínica), son diferentes a las evaluadas en el dictamen de invalidez , y no

actualmente se surte el trámite de segunda instancia.

1. Las enfermedades que el accionante padece (según consta su historia clínica), son diferentes a las evaluadas en el dictamen de invalidez , y no justifican conceder transitoriamente el amparo, porque se encuentra afiliado en el régimen subsidiado, y no existe ningún riesgo de la continuidad de la prestación de los servicios médicos.

1. En 2018 al actor le reconocieron una pcl del 61.27%, y 2 años después le solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; lo cual, “… demuestra que no se sintió vulnerado en sus garantías fundamentales y que -debe suponerseconsideró que no necesitaba de manera inmediata … reconocimiento y pago de dicha prestación que hoy depreca mediante este amparo”.

7. La impugnación.

Inconforme, el accionante solicita revocar el fallo de primera instancia, y con el fin de precaver un perjuicio irremediable (demora en la decisión de la justicia laboral y precarias condiciones de salud), insiste que se requiere que transitoriamente le reconozcan la pensión de invalidez, recordando que en la sentencia ordinar ia de primera instancia se acreditó que satisface los requisitos legales (artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, artículo 1º de la Ley 860 de 2003).

Contrario a lo que concluyó el a quo , no transcurrieron 2 años entre la calificación de la pcl y la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez; se evidencia que “… entre la fecha de ejecutoria del Dictamen de PCL, esto

Contrario a lo que concluyó el a quo , no transcurrieron 2 años entre la calificación de la pcl y la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez; se evidencia que “… entre la fecha de ejecutoria del Dictamen de PCL, esto es, 31 de octubre de 2018, y la primera solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez radicada ante Col pensiones, esto es, 12 de diciembre de 2018, transcurrió tan solo 1 mes y 12 días; reclamación que dio lugar a la expedición de la Resolución SUB 84495 del 08 de abril de 2019, contra la cual interpuse a través de mi apoderada, recurso de reposición en subsidio de apelación el 10 de mayo de 2019, resuelto mediante la Resolución SUB 128580 del 23 de mayo de 2019, que dio lugar al recurso de queja, el cual fue presentado el 17 de junio de 2019, y decidido a través de la Resolución DPE 6206 del 18 de julio de 2020”.

III. CONSIDERACIONES.

1. El problema jurídico.

El asunto sub examine se contrae a establecer si se debe revocar el fallo impugnado, y si a través de la acción constitucional de amparo se puede ordenar transitoriamente el reconocimiento de la pensión de invalidez que reclama el accionante; dada su condición de discapacidad y precaria situación económica. A contrario sensu, si la tutela es improcedente.Luis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 6

2. Lo probado.

En la prueba documental (en particular, en la información vertida en los actos

41 001 33 33 001 2025 00041 01. 6

2. Lo probado.

En la prueba documental (en particular, en la información vertida en los actos administrativos a que se hizo referencia en acápites anteriores , y la que reposa en el expediente digital del proceso ordinario laboral7), en el sub lite se encuentra acreditado lo siguiente:

a. El señor Luis Felipe Herrera Cruz tiene 73 años (nació el 2 de diciembre de 1951), se encuentra afiliado al régimen subsidiado, hace parte del Sisben, grupo A2 (pobreza extrema), y actualmente no percibe ninguna pensión.

b. Le han diagnosticado varias patologías, entre ellas , “artrosis y catarata senil, trastornos de disco lumbar, lumbociatlagia de larga data asociado a limitación funcional hace 10 años y marcha asistida con bastón, y artrosis de columna lumbar”.

c. El 2 de octubre de 2018 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 61.27%, estructurada el 5 de agosto de 2009; merced de las dolencias “P.O.P. cirugía de columna – hernia discal, síndrome de espalda fallida, fibrosis en sitio quirúrgico y disminución agudeza visual”8 (dictamen 9408).

d. El 12 de diciembre del mismo año (1 mes y 10 días siguientes) le solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez 9, y por conducto de las resoluciones SUB 84495 del 8 de abril de 2019, SUB 128580

a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez 9, y por conducto de las resoluciones SUB 84495 del 8 de abril de 2019, SUB 128580 del 23 de mayo de 2019 y DPE 6206 del 18 de julio de 2019; en su orden, denegaron la petición y resolvi eron desfavorablemente los recursos de reposición y apelación; argumentando que “no se hizo partícipe a esta administradora en el proceso de calificación, no permitiéndole ejercer el derecho de defensa”.

e. El 22 de octubre de 2020 radicó la misma petición en Colpensiones, y también fue denegada a través de las resoluciones SUB 246708 del 13 noviembre de 2020, SUB 268189 del 10 de diciembre de 2020 y DPE 16602 del 15 de diciembre de 2020 ; considerando que “… la pensión de invalidez resultaba incompatible con la Indemnización Sustitutiva de la pensión de vejez reconocida por esa misma administradora de pensiones con la resolución 158802 del 16 de agosto de 2017”.

f. Los anteriores actos administrativos dan fe de que el accionante acredita 926 semanas cotizadas; de las cuales, más de 50 de ellas fueron dentro de

7 Índice 008, Samai, primera instancia.

8 Índice 008, primera instancia, Samai; link proceso ordinario laboral, carpeta primera instancia, documento PDF “Anexos” de la demanda, pág. 5.

9 Índice 013, primera instancia, Samai, documento PDF, pág. 1 a 6.Luis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 7

9 Índice 013, primera instancia, Samai, documento PDF, pág. 1 a 6.Luis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 7 los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez ; es decir, entre el 5 agosto 2006 y el 5 de agosto de 2009 (140, aproximadamente).

g. En procura de obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, el actor promovió una acción ordinaria laboral, y a través de sentencia calendada el 5 de marzo de 2024 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Neiva le reconoció la referida prestación en cuantía de 1 smlmv.

Como sustento, argumentó que la indemnización sustitutiva no es incompatible con la pensión de invalidez, y se acreditó que el demandante cumple el requisito legal para percibirla (artículo 1º de la Ley 860 de 2003); es decir, haber cotizado más de 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez 5 de agosto de 2009 (fallo oral minutos 44:55 a 1:08:00)10:

“En primer lugar el juzgado se referirá a la compatibilidad entre la indemnización sustitutiva y pensión de invalidez … la Corte Constitucional en sentencias T-596 de 2016 y T-451 de 2022 puntualizó que si bien el artículo 6 del Decreto 1730 de 2000 establece una incompatibilidad ante las indemnizaciones sustantivas de vejez y de invalidez … lo cierto es que … dicho precepto normativo no se constituye en un impedimento para que

una incompatibilidad ante las indemnizaciones sustantivas de vejez y de invalidez … lo cierto es que … dicho precepto normativo no se constituye en un impedimento para que

10 Índice 008, primera instancia, Samai ; link proceso ordinario laboral, carpeta primera instancia, “033GrabaciónAudienciaArt.77y80Cpts…”.Luis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 8 los fondos de pensiones estudien nuevamente el derecho de un afili ado de percibir una pensión que cubra de manera más amplia las mencionadas contingencias.

(…).

Dicho lo anterior, … el derecho a la pensión de invalidez, conforme lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la SL5470-2021 Y SL4248-2022, debe analizarse y dirimirse conforme a la norma vigente al momento de la estructuración de aquel estado. En el presente asunto no emerge duda que la invalidez se estructuró el 5 de agosto de 2009 con un porcentaje de 61.27%, lo que significa que la norma que gobierna el caso es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 que exige que el afiliado hubiese cotizado 50 semanas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

Revisada la historia laboral aportada por Colpensiones … se observa que el demandante cotizó 154.30 semanas entre el 5 agosto 2006 y el 5 agosto de 2009, por lo que se cumple con suficiencia la den sidad de semanas exigidas en la ley . Como consecuencia de ello, resulta evidente que el demandante a pesar de haber recibido indemnización sustitutiva,

con suficiencia la den sidad de semanas exigidas en la ley . Como consecuencia de ello, resulta evidente que el demandante a pesar de haber recibido indemnización sustitutiva, se encuentra incurso en una de las situaciones excepcionales que permite el estudio de la pensión de invalidez, por cuanto causó el derecho de invalidez previo al reconocimiento de la indemnización sustitutiva (es decir, 2009). Así las cosas, el despacho ordenará el reconocimiento y pago de la respectiva prestación pensional …”. (subraya la sala).

La sentencia fue apelada por ambas partes , y desde el 16 de abril de 2024 se encuentra surtiendo el trámite de segunda instancia (fecha de reparto)11.

3. Análisis de fondo.

De acuerdo con el precedente constitucional, a través de la acción de tutela es factible reconocer transitoriamente la pensión de invalidez; siempre que el accionante se encuentre en un estado de vulnerabilidad manifiesta y exista un mínim o grado de certeza de que es titular de ese derecho . E n caso contrario, ese aspecto se debe debatir en el escenario judicial ordinario:

“… el juez constitucional debe verificar, en el marco de la exigencia de subsidiariedad, que efectivamente exista un mínimo de certeza probatoria sobre la titularidad del derecho reclamado; pues, de lo contrario, es menester que la controversia sea resuelta por el juez natural de la causa”12.

11 Índice 008 , primera instancia, Samai ; link proceso ordinario laboral, carpeta segunda instancia, documento PDF “03ActaReparto807”.

12 T-057 de 2022 “ se ha reconocido que existen ciertos eventos en los que, a pesar de la existencia de

documento PDF “03ActaReparto807”.

12 T-057 de 2022 “ se ha reconocido que existen ciertos eventos en los que, a pesar de la existencia de mecanismos ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela; los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a través de estos no es posible obtener un amparo integral de los derechos fundamentales del actor, esto es, en los eventos en los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y/o eficacia necesaria para otorgar la protección de él requerida, y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la litis planteada; hipótesis dentro de las que se encuentran inmersas las situaciones en las cuales la persona que solicita el amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y, por ello, su situación requiere de una particular consideración por parte del juez de tutela; y (ii) cuando se evidencia que la protección a través de los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración de un perjuicio de carácter irremediable, evento en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a proferir una orden que permi ta la protección provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural … Ahora bien, en relación con el excepcional reconocimiento de prestacionesLuis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 9 Al referirse al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, la H. Corte Constitucional precisó que “ … el requisito de subsidiariedad en asuntos relacionados

41 001 33 33 001 2025 00041 01. 9 Al referirse al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, la H. Corte Constitucional precisó que “ … el requisito de subsidiariedad en asuntos relacionados con el reconocimiento y pago de prestaciones pensionales, conviene al juez constitucional valorar, entre otras cosas: (i) la edad del accionante; (ii) su estado de salud y las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda encontrarse; (iii) la composición de su núcleo familiar; (iv) las circunstancias económicas que lo rodean; (v) el agotamiento de cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener el reconocimiento del derecho; (vi) el tiempo transcurrido entre la primera solicitud y el momento de interposición del amparo constitucional; (vii) el grado de formación escolar del actor y el posible conocimiento que tenga sobre la defensa de sus derechos; y (viii) un cierto nivel de convicción sobre la titularidad de las prestaciones reclamadas”.

Tomando como marco de reflexión el anterior pronunciamiento y descendiendo al asunto sub examine, es pertinente precisar lo siguiente:

a. Los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 (este último modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003), establecen que “… se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”, y que “Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

“… Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años

derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

“… Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración…”.

b. Está acreditado que el señor Luis Felipe Herrera Cruz tiene 72 años de edad, se encuentra afiliado al régimen subsidiado (Sisben A3 , pobreza extrema), y padece múltiples enfermedades (entre otras, “P.O.P. cirugía de columna – hernia discal, síndrome de espalda fallida, fibrosis en sitio quirúrgico y disminución agudeza visual”), por ese motivo fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 61.27% (estructurada el 5 de agosto del 2009) , y merced a dicha circunstancia no puede laborar para procurarse el sustento diario.

De igual manera, tiene 926 semanas cotizadas en el sistema de seguridad social en pensión, y más de 50 de ellas lo fueron dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

c. En la medida en que Colpensiones le negó la pensión de invalidez, se vio compelido a promover una acción ordinaria laboral, obteniendo sentencia de primera instancia favorable el 5 de marzo de 2024; la cual, fue apelada y se encuentra surtiendo el respectivo trámite de segunda instancia.

pensionales en sede de tutela, esta Corte ha dispuesto un requis ito que se integra a la exigencia de subsidiaridad, y el cual debe encontrarse satisfecho a efectos de que resulte admisible entrar en el análisis

pensionales en sede de tutela, esta Corte ha dispuesto un requis ito que se integra a la exigencia de subsidiaridad, y el cual debe encontrarse satisfecho a efectos de que resulte admisible entrar en el análisis de fondo de este tipo de pretensiones [11]. En ese sentido, se ha destacado que es necesario que, de los hechos y pruebas allegadas al expediente, sea posible inferir un nivel mínimo de certeza sobre la titularidad del derecho reclamado[12]. Al respecto, en Sentencia T-836 de 2006, se indicó que: “… Ahora bien, en aquellos casos en los cuales no se encuentre plenamente acreditado el cumplimiento de los requisitos y los derechos fundamentales del solicitante se encuentren amenazados por un perjuicio irremediable, el juez de tutela podrá reconocer de manera transitoria el derecho pensional cuando exista un considerable grado de certeza sobre la procedencia de la solicitud”.Luis Felipe Herrera Cruz vs Colpensiones 41 001 33 33 001 2025 00041 01. 10 d. En ese orden de ideas, se advierte que el actor es un sujeto que goza de especial protección constitucional y existe un mínimo grado de certeza de que satisface los requisitos legales que le permitirían acceder a la pensión de invalidez. Por lo tanto, se revocará el fallo de tutela de primera instancia, y en su lugar, disponer el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y vida digna.

Como mecanismo transitorio y con el fin de garantizarle al actor un medio de subsistencia, se ordenará a Colpensiones, que dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, le otorgue la mesada pensional que le reconoció en primera instancia el Juez Segundo Laboral del Circuito de

subsisten