TA CHO - 27001333300320180022801-(28-10-2022)

Radicación Número: 27001-33-33-003-2018-00080 01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Leonardo Antonio Perez Usuga

Demandado: Policía Nacional

Referencia: Apelación Sentencia

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA No.155

RADICACIÓN NÚMERO: 27001 3333 003 2018 00080 01

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE: LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA

NACIONAL

MAGISTRADA PONENTE: NORMA MORENO MOSQUERA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia No . 41 del 14 de a bril d e 2021 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por Leonardo Antonio Pérez Usuga contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional que concedió las súplicas de la demanda.

“PRIMERO: DECLARESE no probadas las excepciones de presunción de legalidad e inexistencia de la obligación, tal como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. 04104 del 30 de agosto de 2017, por las razones expuestas.

e inexistencia de la obligación, tal como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. 04104 del 30 de agosto de 2017, por las razones expuestas.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional a que reintegre al señor LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA, a un cargo donde se desarrollen actividades administrativas, docentes o de instrucción propias de la institución.

CUARTO: A si mismo se condena a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a cancelar las sumas dejadas de percibir desde el retiro hasta el reintegro efectivo, como salarios, primas legales, y extralegales, vacaciones, subsi dios y aportes, descontado los aportes de ley.

QUINTO: Se declara que respecto al intendente LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA, no ha existido solución de continuidad en el ejercicio de su cargo.

SEXTO: Sin costas.

SEPTIMO: Hecho lo anterior, devuélvase a la par te interesada los excedentes de los gastos ordinarios del proceso si a ello hubie re lugar, termínese el proceso, cancélese su radicación y archívese el expediente, previo las anotaciones de rigor.Radicación Número: 27001-33-33-003-2018-00080 01

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I. ANTECEDENTES

En la demanda la parte actora formuló las siguientes

Pretensiones.

“1. DECLÁRESE que la resolución 04104 del 30 de agosto de 2017, PROFERIDA el Director General de la Policía Nacional mediante la cual se decide retirar del servicio activo al Intendente LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA por disminución de la capacidad psicofísica de 20.85%, con base a lo reglamentado en los artículos 54 inciso 1 y 55 numeral 3 del Decreto Ley 1791 de 2000, fue proferida con FALSA MOTIVACIÓN, DESVIACION DE PODER, CON UN ABUSO D EL DERECHO, porque teniendo en cuenta la trayectoria, experiencia, capacitación y preparación este policial puede ser perfectamente reubicado en actividades de docencia o administrativas, si bien es cierto, el Director General de la Policía Nacional tiene la facultad legal de retirar del servicio por disminución de la capacidad psicofísica, esto no es absoluto, por cuanto la motivación del retiro no basta con acreditar la disminución de la capacidad, sino que se requiere com o lo ha manifestado nuestra Honorable Corte constitucional "Una afectación menor de los derechos de las personas discapacitadas es precisamente que se les permita seguir laborando en la institución siempre que posean capacidades para desempeñar aquellas funciones para las cuales no se enc uentren limitadas. En ese sentido podrían, por ejemplo, cumplir labores de instrucción, docencia o de índole

laborando en la institución siempre que posean capacidades para desempeñar aquellas funciones para las cuales no se enc uentren limitadas. En ese sentido podrían, por ejemplo, cumplir labores de instrucción, docencia o de índole administrativo. Lo anterior implica que si no se demuestra que el policial puede realizar ese tipo de funciones, resulta razonable que se le retire de la institución toda vez que no existen derechos absolutos aun tratándose de personas con discapacidad y que puede ocurrir que restricciones legislativas para el acceso o ejercicio de derechos por parte de personas discapacitadas resulten razonables una persona discapacitada o con disminución de su capacidad psicofísica no podrá ser retirada de la institución por ese solo motivo si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna labor administrativa, de docencia o de instrucción." Lo cual no se realizó en este caso concreto. Así mismo, el acto administrativo fue proferido con expedición irregular del acto, por cuanto el retiro debe estar debidamente motivado y respaldado por certificaciones médicas que acrediten si el individuo tiene capac idades que puedan ser aprovechadas en otras actividades como lo ha exigido la corte constitucional "Por ello es imprescindible que exista una dependencia o autoridad médica especializada que realice una valoración al individuo que tenga alguna disminución en su capacidad psicofísica para que, con criterios técnicos, objetivos y especializados, determine si dicha persona tiene capacidades que puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción propias de la institución. Solamente después de realizada la valoración correspondiente y siempre que se concluya que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado de la Policía

docentes o de instrucción propias de la institución. Solamente después de realizada la valoración correspondiente y siempre que se concluya que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado de la Policía Nacional. Esa autoridad, conforme al artículo 59 del Decreto 1791 de 20 00, acusado, es la Junta Médico Laboral. No puede dejarse tal atribución a la mera liberalidad del superior o a cuestiones eminentemente subjetivas.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENESE A LA NACION COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA -POLlCIA NACIONAL), a REINTEGRAR al intendente LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA a la Policía

Nacional.

3. Así mismo condénese a la NACION COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSAPOLICIA NACIONAL), A cancelar las sumas dejadas de percibir desde el retiro hasta el reintegro efectivo, como salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, subsidios, aportes.Radicación Número: 27001-33-33-003-2018-00080 01

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4. Que se declare que respecto al intendente LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA no ha existido solución de continuidad en el ejercicio de su cargo, por virtud de la sentencia que ponga fin a este proceso, y por lo tanto goza de todos sus derechos y garantía laborales.

5. Que el pago ordenado en la sentencia que ponga fin a este proceso se efectué,

de la sentencia que ponga fin a este proceso, y por lo tanto goza de todos sus derechos y garantía laborales.

5. Que el pago ordenado en la sentencia que ponga fin a este proceso se efectué, tal y como lo disponen los artículos 187, y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

6. Que también se condene a la NACION, POLICIA NACIONAL el pago de las costas, agencias en derecho y gastos del presente proceso”.

Hechos.

En la demanda se narran los siguientes:

“1. El Intendente LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA ingresa a la policía nacional desde el 06 de marzo de 2000 como alumno del nivel ejecutivo y es dado de alta como patrullero al haber cumplido con los requisitos académicos, disciplinarios y de aptitud física exigidos para este tipo de labor, así mismo recibe un título como Técnico Profesional en Servicio de Policía en la misma fecha.

2. El intendente prest ó sus servicios en la institución policial por un lapso de 17 años, 5 meses, 24 días, cumpliendo con diferentes funciones que le permitieron enriquecer su experiencia institucional, como agente de vigilancia, integrante patrullero monitoreo, investigador cr iminal, jefe de Unidad Básica de Investigación

Criminal.

3. Estando al servicio de la institución policial, se llevó a cabo junta médico laboral No 183 el 14 de marzo de 2007 determinando las siguientes conclusiones:

Antecedentes - lesiones -afeccionessecuelas (fractura maléalo interno tobillo izquierdo, sin secuelas valorables - herida pierna derecho, sin secuelas valorables); Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el

Antecedentes - lesiones -afeccionessecuelas (fractura maléalo interno tobillo izquierdo, sin secuelas valorables - herida pierna derecho, sin secuelas valorables); Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio, no amerita incapacidad - apto; evaluac ión de la disminución de la capacidad laboral. Presenta una disminución de la capacidad laboral de cero punto cero por ciento 0.00%

4. El Intendente solicitó convocar al Tribunal Médico laboral de Revisión Militar y de Policía por no estar de acuerdo con las conclusiones de la Junta Médica laboral Regional, quienes resolvieron modificar la decisión, estableciéndose en esta última instancia una disminución de la capacidad laboral del 20.85%, y declarado no apto para el servicio, no se recomienda su reubicación laboral.

En consecuencia resolvieron antecedentes - lesionesafecciones - secuelas (fractura maléalo interno tobillo izquierdo con artrosis secundaria y limitación funcional, cicatriz traumática en pierna derecha); clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio (incapacidad permanente parcial - no apto para actividad policial, por el articulo 68 literales a y b y el articulo 602 literal c subnumeral 3 del decreto 094 del 1989. La sala no recomienda su reubicación laboral.

4. Debido a la valoración médico laboral, al ser declarado no apto para el servicio y sin reubicación laboral por el Tribunal Médico laboral de Revisión Militar y de Policía, fue retirado en virtud de la resolución 04104 del 30 de agosto de 2017.

sin reubicación laboral por el Tribunal Médico laboral de Revisión Militar y de Policía, fue retirado en virtud de la resolución 04104 del 30 de agosto de 2017.

5. El Intendente LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA fue retirado cuando se encontraba excusado del servicio por incapacidad, vulnerando el principio d eRadicación Número: 27001-33-33-003-2018-00080 01

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estabilidad laboral reforzada, por cuanto una persona que esté en debilidad manifiesta no puede ser despe dida, tal como lo ha dicho nuestra Honorable Corte Constitucional, ello permite evidenciarse en incapacidad ordenada por el Ortopedista Doctor PASCUAL CORREA - diagnostico "consolidación defectuosa de fractura" vigente para la fecha de retiro.

6. Adicion al a que el intendente LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA por el proceso de rehabilitación se recuperó su estado de salud, durante el tiempo que el actor ha permanecido en la institución policial ha tenido un excelente desempeño en todas las funciones asignadas, prueba de ello son los múltiples reconocimientos y felicitaciones, durante todo su desempeño policial.

7. Otra prueba de las capacidades del accionante se encuentran en el folio de vida donde se puede apreciar los resultados más representativos dentro de la labor del accionante en donde se evidencia una vez más su excelente desempeño en la institución policial.

7. Otra prueba de las capacidades del accionante se encuentran en el folio de vida donde se puede apreciar los resultados más representativos dentro de la labor del accionante en donde se evidencia una vez más su excelente desempeño en la institución policial.

8. No obstante el excelente desempeño del policial y la evidente disposición física para el servicio en actividades propias de policía judicial, mediante acto administrativo por disminución de la capacidad psicofísica el Director General de la Policía Nacional decide retirar del servicio activo al intendente LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA, con base a lo reglamentado en el artículo 54 inciso 1 y 55 numeral 3 del decreto 1791 de 2000.

9. Aunado a lo anterior y el policial tener todas las capacidades físicas para estar en el servicio, encontramos que tiene una serie de capacitaciones y formación que le permiten continuar desempeñándose en la institución . Mi poderdante a lo largo de su trayectoria realiz ó diferentes cursos de formación en los cuales se encuentran

CURSO BASICO EN POLICIA JUDICIAL, SEMINARIO EN PRUEBA DE

IDENTIFICACION PRELIMINAR HOMOLOGADA, IDENTIFICACION DE

PERSONAS, RESOLUCION DE CONFLIC TOS, TECNICAS AVANZADAS DE

ENTREVISTA, DIPLOMADO EN MANDO, DIRECCION, Y LIDERAZGO,

SEMINARIO DE LAVADO DE ACTIVOS, CURSO DE OBTENCION DE MUESTRAS INVASIVAS Y NO INVASIVAS, CURSO DE AUDITORIA INTERNA BASC V3 - NIVEL 1 Y II CON ENFASIS EN TRANSPORTE TERRESTRE ,

INFORMATICA FORENSE, CURSO DE VIGILANCIA Y SEGUIMUIENTO,

BASC V3 - NIVEL 1 Y II CON ENFASIS EN TRANSPORTE TERRESTRE , INFORMATICA FORENSE, CURSO DE VIGILANCIA Y SEGUIMUIENTO, MANEJO DE PISTOLA PARA EL SERVICIO POLICIAL CON ENFASIS EN EL

MODELO SIG SAUER, ACTUALIZACION Y CAPACITACION PARA CUERPOS DE

CONTROL DE TRANSITO QUE EMPLEAN ALCOHOSENSORES PARA LA

MEDICION DE ETANO L EN AIRE ESPIRADO, TECNICO PROFESIONAL EN

SEGURIDAD VIAL.

10. Se evidencia como la POLICIA NACIONAL con su actuar está vulnerando los derechos de mi mandante, al retirarlo por una causal que no solo ha sido cuestionada por las altas cortes, sino que no c orresponde a la realidad y está dejando sin trabajo a una persona con disminución de la capacidad psicofísica que perfectamente puede ser ubicada dentro de la institución policial, máxime si se tiene en cuenta el nivel de capacitación, formación, experienc ia y trayectoria policial, donde puede continuar con el servicio que venía desempeñando, o ser reubicado en diversas labores administrativas o de docencia. Adicionalmente, fue retirado estando aun incapacitado violando el principio de estabilidad laboral r eforzada al estar incapacitado.

11. En agotamiento del requisito de procedibilidad se citó a conciliación prejudicial a la entidad accionada, la cual fue fallida”.Radicación Número: 27001-33-33-003-2018-00080 01

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

La parte actora indica como trasgredidos los siguientes artículos. 2, 3, 6, 25, 53, 121, 122 Y 123 de la Norma Superior, por las siguientes razones: “La Carta Política de 1991 establece en el preámbulo los objetivos fundamentales que pretende conseguir el Estado Colombiano, señalando entre otros el trabajo, la vida, la igualdad y el fortalecimiento de la unidad nacional. (…) En el Artículo 2 se hace referencia a la limitación y garantía efectiva de los derechos consagrados en la constitución , aspectos que aparecen desconocidos por el acto censurado. Correlativo al principio de la legalidad de la Constitución Nacional consagra el de la responsabilidad (Art 6), como simple consecuencia de la obligación que toda autoridad pública tiene de obedecer a la Constitución y las leyes de la Republica (prohibición de infracción), cumpliendo las funciones propias mediante los actos de su positivo ejercicio (prohibición de omisión), absteniéndose de todo acto que desborda los límites de la función asignada (prohibición de extralimitación). De allí que se diga que en el sistema de las garantías de los administrados descansa en dos pilares fundamentales: El principio de legalidad y el de responsabilidad. En el caso sub -judice la Directora Ejecutiva de la Justicia Penal Militar al producir la resolución demandada es responsable por violación a la Constitución y a la Ley,

en dos pilares fundamentales: El principio de legalidad y el de responsabilidad. En el caso sub -judice la Directora Ejecutiva de la Justicia Penal Militar al producir la resolución demandada es responsable por violación a la Constitución y a la Ley, pues es deber de los nacionales acatarlas (Art. 4 C.P.) El acto cuestionado vulnera los Artículos 25 y 53 de la ley fundamental . El trabajo, además de ser un valor y un derecho, es una obligación social. Este aspecto conlleva la característica de derecho – deber del trabajo, y su condición especial de ser un valor y un derecho y un deber es lo que amerita que el Estado le otorgue una especial protección. El Artículo 25 de la Norma Superior reconoce al trabajo como derecho fundamental y obligación social , reafirmando que este goza en todas sus modalidades de la protección del Estado. En el mismo concepto se señala que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, cuyo principio es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad y de la libertad de escoger profesión y oficio, que conlleva la participación de todos en las decisiones que concierne al cumplimiento de los fines esenciales del estado, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. El Artículo 53 de la Constitución Política, señala una serie de principios mínimos fundamentales y que constituyen una filosofía del ejercicio laboral. Dentro de estos se encuentra la estabilidad en el empleo; lo cual significa que es necesario que exista una estabilidad básica en el empleo, pero ello no quiere decir que el funcionario sea inamovible en términos absolutos, porque siempre se tendrán en

se encuentra la estabilidad en el empleo; lo cual significa que es necesario que exista una estabilidad básica en el empleo, pero ello no quiere decir que el funcionario sea inamovible en términos absolutos, porque siempre se tendrán en cuenta las justas causas para dar por terminado el empleo. Pero si, es convenienteRadicación Número: 27001-33-33-003-2018-00080 01

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que se siente como principio laboral la estabilidad, como garantía del funcionario a permanecer en su actividad de provecho, tanto propio como social. (…) El acto enjuiciado conculca los Artículos 3, 121 y 123 de la Constitución Nacional que consagran el principio de legalidad y la autolimitación del poder público, estos solo actúan legítimamente cuando son ejercidos conforme a la Constitución y a la Ley, según el cual la Carta Fundamental y nuestras leyes regulan en su integridad las funciones públicas en todas las orbitas de la actividad del Estado; en otras palabras, el principio de legalidad consiste en el hecho de que a partir de la soberanía popular cada una de las ramas y órganos del Estado ejercen un poder reglado. (…) La actuac ión de la Policía Nacional, infringió los artículos 13, 47, 54 de la Constitución Nacional, artículos 1, 26 de la Ley 361 de 1997; artículos 20, 21, 22, 23 del Decreto 94 de 1989; articulo 19 Decreto 1796 de 2000, porque, según su

Constitución Nacional, artículos 1, 26 de la Ley 361 de 1997; artículos 20, 21, 22, 23 del Decreto 94 de 1989; articulo 19 Decreto 1796 de 2000, porque, según su criterio: “… se advierte una flagrante violación a la Constitución Política y a la ley, al no cumplirse con la Obligación del Estado de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición física o mental se encuentren en debilidad manifiesta, desconociendo así el derecho a un trabajo acorde a sus condiciones de salud, omitiéndose una ubicación laboral, téngase en cuenta que antes de presentarse al retiro del susodicho estudiante, pese a la pregonada norma de la capacidad psicofísica venía desempeñándose a cabalidad en l as funciones que le fueran encomendadas, con madures y, profesionalismo como lo demuestran sus superiores inmediatos.” Los actos acusados están viciados de nulidad, por cuanto fueron expedidos con inobservancia de las leyes vigentes, en consonancia con lo s medios de control establecidos en el C.P.A y de lo C.A., dado que se excedió de la administración en negar un derecho adquirido y mensual. (…)

Sentencia de primera instancia.

La sentencia 41 del 14 de abril del 2021 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, decidió conceder las pretensiones de la demanda con las siguientes consideraciones:

“En el presente caso, el 05 de junio de 2017, el Tribunal Medico Laboral de Revisión Militar y Policía, estimó que el señor LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA, no es

demanda con las siguientes consideraciones:

“En el presente caso, el 05 de junio de 2017, el Tribunal Medico Laboral de Revisión Militar y Policía, estimó que el señor LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA, no es apto para las actividades policiales y respecto a la recomendación de reubicación laboral esta instancia evidencia y considera que en concordancia a lo anteriormente expuesto las secuelas que presenta el calificado le impiden desarrollar la labor para la cual fue incorporado a la Policía Nacional, considerando la Sala que a pesar del tiempo que lleva en la Institución, las limitaciones que presenta puede afectar o agravar su patología, aunado a su falta de preparación y conocimientos en áreas de apoyo a la actividad administrativa, no tiene habilidades ni destrezas que le permitan desempeñarse en otro tipo de labor dentro del ámbito Policial, por lo tanto la Sala no recomienda su reubicación.

De acuerdo con lo expuesto, si bien es posible retirar del servicio a un miembro de la Policía Nacional como consecuencia de la disminución de su capacidadRadicación Número: 27001-33-33-003-2018-00080 01

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psicofísica, la jurisprudencia ha considerado necesario que antes de dar aplicación a esa causal es preciso que se haga una juiciosa valoración sobre si es posible disponer o no la reubicación de la persona en otro cargo o empleo al interior de la institución. Situación que no fue demostrada por la Policía Nacional.

Los competentes para establecer si el afectado es o no es apto para el desarrollo

disponer o no la reubicación de la persona en otro cargo o empleo al interior de la institución. Situación que no fue demostrada por la Policía Nacional.

Los competentes para establecer si el afectado es o no es apto para el desarrollo de la actividad policial son la Junta Médico Laboral y/o el Tribunal Médico Laboral, conclusión que debe basarse en criterios técnicos, objetivos y especializados que permitan determinar si dicha persona tiene capacidades que puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción propias de la institución.

(…).

Encuentra el despacho que conforme a las pruebas anteriormente señaladas el señor LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA, cuenta con una capacitación para el desarrollo de una actividad diferente a la policial dentro de la Institución, es decir que puede ser reubicado en cualquier otra labor. Debido a que no se observa en el acta una justificación para la no reubicación o una evaluación de su desempeño, pues sus integrantes no lograron demostrar que el demandante hubiera tenido problemas en el desarrollo de las labores encomendadas en el área administrativa, poniendo así en riesgo no solo su vida sino la de sus compañeros o que las órdenes a él dirigidas fueran desobedecidas, como para conceptuar de forma negativa esta opción. Razón por la cual esta célula judicial declarará la nulidad de la Resolución No. 04104 del 30 de agosto de 2017, proferida por el Director General de la Policía Nacional, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a que reintegre al señor LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA, a un cargo donde se desarrollen

Nacional, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a que reintegre al señor LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA, a un cargo donde se desarrollen actividades administrativas, docentes o de instrucción propias de la institución”.

Recurso de apelación.

El apoderado de la entidad demandada solicita que se revoque la sentencia de primera instancia , ratificando los argumentos expuestos en su escrito de contestación de la demanda.

Alegatos de conclusión en segunda instancia.

Parte demandante.

No se evidencia escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia incoado por la parte actora.

Parte demandada.

No se evidencia escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia, presentado por dicha parte.

Ministerio Público.

Sin constancia de pronunciamiento en esta etapa procesal.Radicación Número: 27001-33-33-003-2018-00080 01

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II. CONSIDERACIONES.

1. Competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.

2. Problema jurídico.

Conforme al recurso de apelación, debe establecer la Sala si debe o no declararse la nulidad del acto administrativo demandado, contenido en la Resolución 04104 del 30 de agosto de 2017, proferida por el Director General de la Policía Nacional mediante la cual se decide retirar del servicio activo al Intendente LEONARDO ANTONIO PEREZ USUGA por disminución de la capacidad psicofísica de 20.85%, y si como cons ecuencia de lo anterior, es procedente ordenar el reintegro y reubicación del accionante conforme a sus condiciones psicofísicas.

Conforme al planteamiento del problema jurídico, es indispensable que la Corporación realice un breve análisis de la normatividad y la jurisprudencia vigente, en torno al régimen de retiro de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica tratándose de miembros en situación de discapacidad.

Marco normativo y jurisprudencial del régimen de retiro de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica tratándose de miembros en situación de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia.

Marco normativo y jurisprudencial del régimen de retiro de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica tratándose de miembros en situación de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia.

De acuerdo con los artículos 217 y 218 de la Constitución, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen un régimen especial en materia prestacional, disciplinaria y de carrera 1. El sistema normativo que establece las condiciones de a cceso y permanencia, así como las causales de retiro aplicables a los miembros de la Fuerza Pública lo conforman los decretos leyes 1791, 1793 y 1796 de 20002, la Ley 9233 y el Decreto 4433 de 20044.

En materia de determinación y evaluación de la capacida d psicofísica, el Decreto Ley 1796 de 2000, la define como el “(…) conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones. La capacidad sicofísica del personal de que trata el presente decreto será valorada con criterios

1 Constitución Política. “ Artículo 218: La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los ha bitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”. 2 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre

ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”. 2 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza