TA CHO - 27001333300420100032301-(28-10-2022)

Segunda instancia

Medio de Control: Ejecutivo con Sentencia.

Radicado: 27001333300420100032301

Actor: Jenrry Torres Agualimpia

Contra: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA No. _0181_/

REFERENCIA: 27001333300420100032301

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO CON SENTENCIA

EJECUTANTE: JENRRY TORRES AGUALIMPIA

EJECUTADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL.

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA

Corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutada contra de la Sentencia N° 171 del 27 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARENSE no probadas las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación propuestas por la entidad ejecutada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARESE probada la excepción de pago parcial pr opuesta por la entidad ejecutada, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: MODIFIQUESE el mandamiento de pago librado en este asunto a favor del ejecutante, teniendo en cuenta que lo adeudado por concepto del acuerdo conciliatorio

entidad ejecutada, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: MODIFIQUESE el mandamiento de pago librado en este asunto a favor del ejecutante, teniendo en cuenta que lo adeudado por concepto del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes y aprobado por el Juez de instancia el día 13 de abril de 2015 corresponde a la suma de $1.805.703,68 y en consecuencia se seguirá adelante con la ejecución por dicho valor, más los intereses moratorios causados a partir del 22 de mayo de 2020 hasta que se verifique el pago total de la obligación, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 de esta providencia.

QUINTO: Condénese en costas a la entidad ejecutada, por secretaría liquídense.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia practíquese la liquidación del crédito en la forma y términos del artículo 446 del C. G. P.

SÉPTIMO: La presente providencia queda notificada en estrados”.

ANTECEDENTES

El señor JENRRY TORRES AGUALIMPIA , actuando a través de apoderado judicial instauró demanda ejecutiva contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, con la finalidad de que se acceda a las siguientes:Segunda instancia

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Actor: Jenrry Torres Agualimpia

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PRETENSIONES

"Que previo al mandamiento ejecutivo de pago, solicito muy comedidamente al despacho, se oficie a la oficina de apoyo judicial de esta ciudad para que realice todas las gestiones administrativas tendientes al desarchivo del expediente radicado bajo el número 27001 -33-31-001-2010-00323-00, que se tramito en el JUZGADO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DEL SISTEMA ESCRITURAL DE QUIBDO Una vez obtenido el desarchivo del expediente, se sirva librar mandamiento ejecutivo de pago a favor de mis mandantes y contra las demandadas, por las siguientes sumas de dinero.

1. Por la suma de que arrojen la liquidación de la condena, es decir, los parámetros de la Sentencia Nro. 179 del pasado 24de septiembre de 2014, aclarada mediante auto interlocutorio Nro. 229 del 10 de noviembre de 2014, el JUZGADO ADMINISTRATIVO

DE DESCONGESTION DEL SISTEMA ESCRITURAL DE QUIBDO.

2. Por los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación, y hasta que se verifique el pago total de los valores reconocidos en la sentencia judiciales aludidas.

3. Por las costas y demás agencias en derecho del trámite del proceso ejecutivo”.

HECHOS

“1.- Luego de los tramites del proceso ordinario de REPARACIÓN DIRECTA, y

3. Por las costas y demás agencias en derecho del trámite del proceso ejecutivo”.

HECHOS

“1.- Luego de los tramites del proceso ordinario de REPARACIÓN DIRECTA, y mediante Sentencia Nro. 179 del pasado 24 de septiembre de 2014, aclarada mediante auto interlocutorio Nro. 229 del 10 de noviembre de 2014, el JUZGADO ADMINISTRTIVO DE DESCONGESTION DEL SISTEMA ESCRITURAL DE QUIBDO, declaro administrativa y patrimonialmente responsable a la NACION -MINISTERIO DE DEFENSAPOLICIA NACIONAL, por los perjuicios causados al demandante, con ocasión a los daños ocasionados al vehículo conducido por el señor JENRRY TORRES AGUA LIMPIA, en accidente de tránsito ocurrido el 06 de febrero de 2008 en el Municipio de Istmina -chocó 2.- Como consecuencia de lo anterior declaración, se CONDENÓ a la NACION MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, a pagar una indemnizació n equivalente a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 35.424.526,79), a favor del señor JENRV TORRES AGUALIMPIA, por concepto de perjuicios materiales. A LA sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176,177y 178 del CCA. 3.- En audiencia de conciliación posterior a fallo condenatorio establecido en el artículo 70 de la ley 1395 de 2010, ocurrida el día 03 de marzo de 2015, se llegó a un ACUERDO

3.- En audiencia de conciliación posterior a fallo condenatorio establecido en el artículo 70 de la ley 1395 de 2010, ocurrida el día 03 de marzo de 2015, se llegó a un ACUERDO COONCILIA TORIO, el cual, según lo expresado por la apoderada judicial de la entidad demandada, es del siguiente tenor literal "El comité de conciliación y defensa judicial del ministerio de defensa nacional y de la policía nacional, agenda Nro. 043 del 12 de noviembre de 2014, con relación a la propuesta de conciliación certifica CONCILIAR EN FORMA INTEGRAL HASTA ELSegunda instancia

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80916 DE LA CONDENA IMPUESTA EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DE PRIMERAINSTANCIA; en cuanto a la forma de pago se pactara según el turno que corresponda bajo el decreto 359 de 1995 articulo 35 y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal se procederá a efectuar el pago mediante acto administrativo dentro de los seis meses siguientes, sin el reconocimiento de intereses moratorios dentro de este periodo. Una vez transcurran los 6 meses se reconocerá intereses al DTF, hasta un día antes del pago"

4. Dicho acuerdo conciliatorio fue debidamente aprobado por el JUZGADO

ADMINISTRA TIVO DE DESCONGESTION DEL SISTEMA ESCRITURAL DE QUIBD4

antes del pago"

4. Dicho acuerdo conciliatorio fue debidamente aprobado por el JUZGADO ADMINISTRA TIVO DE DESCONGESTION DEL SISTEMA ESCRITURAL DE QUIBD4 mediante auto interlocutorio Nro. 51 del pasado 13 de abril de 2015.

5. El día 25 de mayo del año antes próximo, radique ante el DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO, la respectiva solicitud de cumplimiento de conciliación judicial, recaída dentro del proceso en refere ncia, la petición fue radicada bajo el Nro. 001196 del 25 de mayo de 2015 entregada a las 10:40, la misma fue reiterada el di27 26 de abril de 2016, Bajo radicado 045779, como el 03 DE MARZO DE 2017, radicado bajo el número 000422.

6. La entidad demandada no dio cumplimiento a lo establecido en la Sentencia Nro. 179 del pasado 24 de septiembre de 2014, aclarada mediante auto interlocutorio Nro. 229 del 10 de noviembre de 2014, el JUZGADO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DEL SISTEMA ESCRITURAL DE QUIBDÓ, ni con el acta de conciliación aprobada por el despacho “

LA DECISION APELADA

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante providencia de fecha 27 de octubre de 2021, determinó. A manera de ilustración consideró:

(…) En el presente asunto, se tiene que las partes el día 3 de marzo de 2015 celebraron acuerdo conciliatorio judicial respecto del pago del 80% de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia, el cual se haría dentro de los 6 meses siguientes, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sin reconocimiento de intereses por dicho

acuerdo conciliatorio judicial respecto del pago del 80% de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia, el cual se haría dentro de los 6 meses siguientes, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sin reconocimiento de intereses por dicho periodo y vencido dicho termino se reconocerían intereses al DTF hasta un día antes del pago. El anterior acuerdo fue aprobado el día 13 de abril de 2015 por el Juzgado de Instancia. Teniendo en cuenta lo expuesto, se tiene que la obligación primigenia, esto es, la contenida en la sentencia No. 179 del 24 de septiembre de 2014 y la complementaria del 10 de noviembre de 2014 fue sustituida por el acuerdo conciliatorio de fecha 3 de marzo de 2015, aprobado el día 13 de abril de la misma anualidad, lo que fuerza concluir que el deudor pasó a serlo únicamente respecto de esta segunda obligación y no como erróneamente lo consideró la parte ejecutante, en su solicitud de ejecución y la contestación a las excepciones propuestas en este asunto, esto es, la referida sentencia de primera instancia y su complementaria.Segunda instancia

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Por su parte, la entidad ejecutada allegó el acto administrativo a través del cual se le dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio suscrito con la parte demandante (resolución

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Por su parte, la entidad ejecutada allegó el acto administrativo a través del cual se le dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio suscrito con la parte demandante (resolución No. 390 del 15 de mayo de 2020) y el comprobante de pago de SIIF NACION de fecha 19 de mayo de 2020 por valor de $33.375.016,04. (…) Lo anterior significa que la entidad ejecutada a la fecha en que le realizó e l pago a la parte ejecutante le adeudaba la suma de $1.805.703,68. Así las cosas, es claro para el Despacho que las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación no están llamadas a prosperar y la de pago de la obligación propuesta por la entidad ejecutada, tiene vocación de prosperidad parcialmente, por lo que se modificará el mandamiento de pago librado en este asunto a favor del ejecutante teniendo en cuenta que lo adeudado por concepto del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes y aprobado por el Juez de instancia el día 13 de abril de 2015 corresponde a la suma de $1.805.703,68 y en consecuencia se seguirá adelante con la ejecución por dicho valor, más los intereses moratorios causados a partir del 22 de mayo de 2020 hasta que se verifique el pago total de la obligación”. “. (…)”1

EL RECURSO DE APELACION

Dentro del término que trata el artículo 327 del Código General del Proceso el apoderado de la parte ejecutada, apeló la decisión del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó argumentando qué ““Frente al proceso en estudio (sentencia

Dentro del término que trata el artículo 327 del Código General del Proceso el apoderado de la parte ejecutada, apeló la decisión del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó argumentando qué ““Frente al proceso en estudio (sentencia Nro. 171 del 22 de octubre del 2021, se evidencia que el despacho, efectuó la liquidación del pago realizado por la institución ejecutada, arrojando un saldo adeudado al ejecutante de un valor de 1.805.703,68, referente a intereses moratorios causados a partir del 22 de mayo del 2020, frente a ello la institución policía nacional manifiesta lo siguiente:

1. Se puede evidenciar en la resolución, que el pago se efectuó con un d ía antes de la fecha en la cual inicio a correr los intereses moratorios como lo refiere la Resolución 00390 de fecha 15 de mayo del 2020, Por consiguiente, debemos empezar por señalar que el artículo 446 del C.G.P señala que “Ejecutoriado el auto que orde ne seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite

parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite

1 Ver expediente en SAMAI.Segunda instancia

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deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada”. En ese orden de ideas, tenemos que la parte la liquidación realiza por la policía se realiza partir del día 26 de octubre del 2016, hasta un día antes del pago, toda vez que el ejecutante presento la cuenta de cobro por fuera de los 6 meses, lo cual conllevo a realizar la aplicación del artículo 60 de la ley 446 del 1998, razón por la cual la liquidación arrojo el valor de (33.375.016, 04), evidenciando así que se efectuó el pago definitivo de la sentencia, permitiendo configurar la excepción de pago total de la deuda como lo señala el artículo 442 del CGP”.2

CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C.P.A.C.A.3.

De acuerdo con la norma transcrita el Tribunal tiene competencia para resolver el

COMPETENCIA

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C.P.A.C.A.3.

De acuerdo con la norma transcrita el Tribunal tiene competencia para resolver el recurso de apelación que se presentó contra la sentencia que resolvió las excepciones formuladas por la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, ya que en segunda instancia conoce de las apelaciones contra las sentencias proferidas por los Juzgados Administrativos.

PROCEDENCIA

En este punto la Sala hace suya lo precisado por el H. Consejo de Estado:4

“Adicionalmente, los trámites que se surtan al interior de todo proceso de ejecución, incluyendo la presentación de excepciones 5, realización de audiencias6, sustentaciones y trámite de recursos7, también se sujetarán a las previsio nes y formalidades del Código General del Proceso, pues el proceso ejecutivo, se debe desarrollar con base en las disposiciones de éste último estatuto procesal y no del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dado que en la normatividad procesal administrativo, no existen normas o reglas especiales para este proceso especial de cobro ejecutivo.(…). En este orden de ideas, dado que el trámite del proceso ejecutivo está regulado

2 Ver expediente en SAMAI 3 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos

conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ” 4 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente Nº 150012333000 -2013.00870-02 (0577-2017), Demandante: Dolly Castañeda y Rubén Darío Mejía, demandado: Departamento de Boyacá. 5 Ver artículo 442 de la Ley 1564 de 2012. 6 Ver artículos 372 y 373 C.G.P. 7 Ver artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del C.G.P.Segunda instancia

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única e integralmente por el Código General del Proceso y que por ello, su impulso y desarrollo nace bajo la égida de dicho estatuto, será entonces bajo sus preceptos que deberá desarrollarse hasta su finalización, incluyendo como es lógico la definición del mismo en ambas instancias, salvo claro está, cuando se trate de aplicar una regla prevalente y especial

bajo sus preceptos que deberá desarrollarse hasta su finalización, incluyendo como es lógico la definición del mismo en ambas instancias, salvo claro está, cuando se trate de aplicar una regla prevalente y especial contenida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se ocupe exclusivamente de un tema propio del proceso ejecutivo administrativo (notificaciones a la s partes, providencias que prestan mérito ejecutivo, plazos para el pago de sentencias., etc.).”

En relación con la procedencia del recurso de apelación para el caso de la referencia se observa que el artículo 321 del Código General del Proceso en cuanto a las providencias apelables dispone:

“Artículo 321. -Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. (…)”.

Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte ejecutada ha formulado contra la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó por medio del cual se declaró no probada las excepciones propuestas por ésta, y dispuso seguir adelante con la ejecución en el presente asunto, al estar comprendido dentro del inciso 1º del artículo 321 del Código General del Proceso, es procedente el recurso de apelación.

Siendo competente la Corporación y proceder el recurso de apelación que se interpuso en este asunto contra la sentencia que resolvió las excepciones se procede a su estudio y decisión.

CUESTIÓN PREVIA.

La Sala considera oportuno darle aplicación a la sentencia anticipada de que trata el artículo 278 del Código General del Proceso8.

8 “Artículo 278. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

La Sala considera oportuno darle aplicación a la sentencia anticipada de que trata el artículo 278 del Código General del Proceso8.

8 “Artículo 278. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias. En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.

2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.

3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.”Segunda instancia

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El presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuración, la naturaleza de la actuación y la clase de pruebas requeridas para la resolución del asunto, imponen un pronunciamiento con las características

cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuración, la naturaleza de la actuación y la clase de pruebas requeridas para la resolución del asunto, imponen un pronunciamiento con las características reseñadas.

En efecto, de conformidad con el artículo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial «en cu alquier estado del proceso», entre otros eventos, «Cuando no hubiere pruebas por practicar», siendo este el supuesto que como se había antelado se edificó en el caso que hoy ocupa a la Sala, situándola en posición de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso.

Por supuesto que la esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva supone la pretermisión de fases procesales previas que de ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha situación está justificada en la realización de los principios de celeridad y economía que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de definición de la litis.

De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática preponderantemente or al del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane.

Sobre el particular entre tantas9 providencias ver la SC27762018, Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta, radicación: 11001－02－03－000-2016－01535－00.

resulta inane.

Sobre el particular entre tantas9 providencias ver la SC27762018, Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta, radicación: 11001－02－03－000-2016－01535－00.

EL PROBLEMA JURIDICO

Consiste en establecer si ya se cumplió la sentencia N° 179 del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil catorce (2014 ), proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Sistema Escritural de Quibdó, la sentencia complementaria del diez (10) de noviembre de 2014, que modificó el numeral tercero de la providencia del 24 de septiembre antes mencionada y el auto N° 51 del 13 de abril de 2015 , por medio de cual se aprueba la conciliación realizada entre las partes, sentencias que declararon administrativa y patrimonialmente responsable a la NACION -MINISTERIO DE DEFENSAPOLICIA NACIONAL, por los perjuicios causados al demandante, con ocasión a los daños ocasionados al vehículo conducido por el señor JENRRY TORRES AGUA LIMPIA, en accidente de tránsito ocurrido el 06 de febrero de 2008 en el Municipio de Istmina -chocó

Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el estudio de los siguientes temas: i) la normatividad que regula el proceso ejecut ivo, ii) el título ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una sentencia, iii) hechos probados iv) se analizará el caso concreto.

9 CSJ Sala Civil, Sentencia SC-19022019 (11001020300020180197400) M. P. Margarita CabelloSegunda instancia

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caso concreto.

9 CSJ Sala Civil, Sentencia SC-19022019 (11001020300020180197400) M. P. Margarita CabelloSegunda instancia

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• La normatividad que regula el proceso ejecutivo.

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo; sin embargo, la norma en el artículo 306 señaló que en aquellos aspectos no contemplados en el código, se seguiría el Código de Procedimiento Civil 10, en el cual de manera expresa se encuentra el trámite del proceso ejecutivo. La norma mencionada es del siguiente tenor:

«Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

La disposición hace alusión y remite al Código de Procedimiento Civil, normatividad que fue subrogada por el Código General del Proceso, el cual se encuentra vigente desde el 1° de enero de 2014.

El Título Ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una sentencia.

En este punto la Sala hace referencia al contenido de los artículos 422 del Código

el 1° de enero de 2014.

El Título Ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una sentencia.

En este punto la Sala hace referencia al contenido de los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, en donde se define el título ejecutivo y se señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo, dice:

«Art. 422. Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que c onsten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providenc ias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley

«La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».

(Subrayado fuera de texto)

Y el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, señala en su numeral 1° que las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias constituyen un título ejecutivo11.

10 Hoy Código General del Proceso 11 “Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

constituyen un título ejecutivo11.

10 Hoy Código General del Proceso 11 “Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: 1.- Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. […]”.Segunda instancia

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La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros “ que se trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este”12 y los segundos, “que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”13.

Conforme a las normas anter iores, se pueden demandar las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones o requisitos de fondo: i) que las obligaciones sean expresas, claras y exigibles, ii) que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una

Conforme a las normas anter iores, se pueden demandar las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones o requisitos de fondo: i) que las obligaciones sean expresas, claras y exigibles, ii) que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferid a por juez o tribunal de cualquier jurisdicción y iii) que constituyan plena prueba contra él14.

Así, pues, quien pretenda que se libre mandamiento de pago, debe aportar el correspondiente título ejecutivo, el cual debe ser suficiente para acreditar los requisitos de forma y de fondo referidos en precedencia15.

El H. Consejo de Estado ha considerado que la sentencia puede ser un título ejecutivo autónomo, por lo cual consigue ser objeto de ejecución sin tener que encontrarse ligado a un acto administrativo de reconocimiento; sin embargo, para ser exigida por la vía ejecutiva, si es necesario que haya sido presentada para su pago ante la entidad condenada. Al respecto, esta Sala16 hizo referencia a lo expuesto en sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016 proferida dentro del retomó proceso de radicación 11001-0315-000-2016-00153-00(AC), la Sección Segunda, Subsección “A”, donde se indicó lo siguiente:

«No obstante, esta Subsección considera que para efectos de librar m