TA CHO - 27001333300420170030801-(30-09-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, febrero dieciocho (18) de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO Radicación : 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

Medio de Control : REPARACIÓN DIRECTA

Demandante : AMÍLKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

Demandado : NACIÓN - MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL Sentencia No. : 14-02-33-25/RD 05-2-05

Acta No. : 09 DE LA FECHA

1. ASUNTO.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2019 por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, donde se niegan las pretensiones.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la parte actora (f. 22 a 31 y 41, exp. 14-00161, y f. 24 a 33, exp. 14-00221).

2.1.1. Amílkar Gaudencio Rivera Vargas, en nombre propio, junto con Gaudencio Rivera Malambo y Doriam Miryam Vargas, en nombre propio y en representación de la menor Doriam Brigith Rivera Vargas, interponen demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pretendiendo que se declare la responsabilidad administrativa de la entidad demandada por los perjuicios sufridos con ocasión de las lesiones recibidas por Amilkar Gaudencia Rivera Vargas

contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pretendiendo que se declare la responsabilidad administrativa de la entidad demandada por los perjuicios sufridos con ocasión de las lesiones recibidas por Amilkar Gaudencia Rivera Vargas mientras prestaba el servicio militar y que se le condene a pagar la indemnización por perjuicios morales, materiales y daño a la vida en relación, con actualización e intereses, además de la condena en costas y agencias en derecho.

2.1.2. En los hechos refiere que Amílkar Gaudencio ingresa al servicio obligatorio en la Policía Nacional como auxiliar regular en agosto de 2009 en perfecto estado de salud y a comienzos del año 2010 se le ordena cargar gravilla para construir un búnker, actividad en la que sufre una caída que le causa fuertes dolores lumbares y cervicales, pero a pesar de informar a sus superiores, no recib e atención médicaRADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

2

inmediata y en cambio se le oblig a a continuar trabajando , lo que a la postre le genera dolor intenso y afecta su región testicular ; omisión justificada por razones de orden público.

Solo hasta noviembre de 2010 es trasladado a sanidad de la institución policial en Garzón-H, donde le diagnostican inflamación testicular y tensión muscular, sin exámenes más profundos y en enero de 2011 tras nuevas valoraciones en Neiva, le diagnostican varicocele y al terminar su servicio en junio de 2011 no recibe la atención médica completa que requería.

exámenes más profundos y en enero de 2011 tras nuevas valoraciones en Neiva, le diagnostican varicocele y al terminar su servicio en junio de 2011 no recibe la atención médica completa que requería.

El 13 de abril de 2012, se le practica la junta médico laboral No. 2626, que le determina una pérdida de capacidad laboral del 19.45% por síndrome miofascial lumbar y tendinitis rotuliana , la cual impugna ante el tribunal médico laboral de revisión, quien lleva a cabo la respectiva evaluación el 29 de enero de 2016, sin que a la fecha de la demanda haya emitido el respectivo concepto.

Finalmente, refiere que la salud del actor ha empeorado limitando su vida laboral y social, pues antes de prestar el servicio policial laboraba como auxiliar de construcción.

2.1.3. En los fundamentos de derecho, señala que la responsabilidad de la demandada se fundamenta en los artículos 2, 6 y 90 de la Constitución Política, los cuales imponen a las autoridades el deber de proteger a los ciudadanos y responder por los daños antijurídicos que generen sus acciones u omisiones, y que, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, dicha reparación debe ser integral.

Señala a la Policía Nacional de incurrir en una falla del servicio al no garantizar la protección integral durante el servicio militar obligatorio ya que las lesiones s e causaron por las órdenes de sus superiores sin ser c onsecuencia de los riesgos inherentes al servicio y por la negligencia de la entidad en prestarle la atención que requería lo cual termina agravando su estado de salud , por lo tanto, se trata de cargas excesivas.

inherentes al servicio y por la negligencia de la entidad en prestarle la atención que requería lo cual termina agravando su estado de salud , por lo tanto, se trata de cargas excesivas.

2.1.4. Al alegar de conclusión (f. 182 a 189, exp. 14-00161) itera lo expuesto en la demanda y pone de presente las pruebas documentales que dan cuenta de la vinculación de la víctima directa con la institución policial, la atención médica recibida y los lazos de familiaridad con las víctimas indirectas y con base en e l testimonio rendido por el señor Juan David Artunduaga señala que se acreditan lasRADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

3

circunstancias del accidente laboral descrito en la demanda, así como la afectación económica y el impacto emocional sufridos por los demandantes y, enfatiza que el incidente tuvo relación con el servicio, cuestionando de nuevo la falta de atención médica inmediata y la agravación de la lesión.

2.2. Posición de la parte demandada (f. 78 a 87, exp. 14 -00161, y f. 52 a 60, exp. 14-00221).

2.2.1. Se opone a la totalidad de las pretensiones por carecer de fundamento jurídico, legal y probatorio.

2.2.2. Frente a los hechos, acepta la relación laboral entre el demandante Amílkar Gaudencio y la entidad, resaltando que no se acredita que aquél gozara de buena

jurídico, legal y probatorio.

2.2.2. Frente a los hechos, acepta la relación laboral entre el demandante Amílkar Gaudencio y la entidad, resaltando que no se acredita que aquél gozara de buena salud antes de su incorporación ni que se desempeñara como auxiliar de construcción, como t ampoco hay evidencia de sus afecciones fueran adquiridas durante el servicio, más cuando los exámenes médicos de 2011 descartaron patologías como el varicocele, concluyendo que son de origen común.

En ese orden, cuestiona la veracidad y respaldo probatorio de las afirmaciones de la parte actora, aduce que la entidad no es responsable de sus dolencias y aunque al momento de la incorporación se hacen unos exámenes médicos, no son rigurosos ni exhaustivos, sino que corroboran la aptitud para el ingreso.

Agrega que el demandante fue valorado por la junta médico laboral y contrario a lo afirmado en la demanda, ya se cuenta con la decisión del tribunal médico de revisión militar No. 6165 del 13 de marzo de 2014, cuyo concepto ratifica la evaluación inicial, donde de manera definitiva concluye que sus padecimientos no guardan relación con el servicio militar y por ende no ha demostrado un nexo causal.

Frente a los perjuicios reclamados y las afectaciones a la vida en relación , señala que no se prueban y aun cuando el evento es de origen común, la institución atendiendo el régimen especial para la fuerza pública y en respeto a los derechos fundamentales, le otorga indemnización a l demandante en la suma de $5.395.278,15 cancelados el 25 de junio de 2014, ratificando el cumplimiento de las

atendiendo el régimen especial para la fuerza pública y en respeto a los derechos fundamentales, le otorga indemnización a l demandante en la suma de $5.395.278,15 cancelados el 25 de junio de 2014, ratificando el cumplimiento de las obligaciones por parte de la administración.RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

4

2.2.3. Propone las siguientes excepciones de mérito:

a. Caducidad de la acción. Argumenta que la enfermedad del demandante se manifiesta en los primeros meses de 2010 y el término de dos años para presentar la demanda iba hasta el 2012, sin que en dicho plazo hubiera presentado la demanda y en todo caso la solicitud de conciliación extrajudicial se presenta el 8 de marzo de 2013, también por fuera de la oportunidad para demandar1.

Agrega que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que el término de caducidad en la acción de reparación directa comienza a contarse desde el momento en que la víctima tiene conocimiento del daño y no desde la cesación de sus efectos y en este caso el demandante conoció su condición de salud desde el inicio de los síntomas y no al momento del dictamen médico posterior.

b. Inexistencia de nexo de causalidad que indique responsabilidad por parte de la Policía Nacional. Sostiene que no se prueba que existe nexo de causalidad entre las afecciones del demandante y la prestación del servicio policial y si bien menciona una supuesta caída, no está demostrada , por el contrario, l os

parte de la Policía Nacional. Sostiene que no se prueba que existe nexo de causalidad entre las afecciones del demandante y la prestación del servicio policial y si bien menciona una supuesta caída, no está demostrada , por el contrario, l os dictámenes médicos son concluyentes que los padecimientos son de origen común, lo cual impide imputar responsabilidad a la demandada.

2.2.4. En las razones de defensa, indica haber actuado conforme a los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000 que regulan la evaluación médica y la indemnización del personal , enfatizando que el demandante fue valorado por la junta médico laboral y el tribunal médico de revisión militar, quienes concluyero n que sus dolencias son de origen común y no relacionadas con el servicio.

2.2.5. En las alegaciones finales (f. 179 a 189, exp. 14 -00161) señala que el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000 regula el informe administrativo por lesiones como mecanismo idóneo para registrar eventos de salud ocurridos en servicio activo y en caso de omisión por parte del comandante responsable de su diligenciamiento, el interesado cuenta con un plazo de 2 meses para presentar por escrito cualquier observación, lo cual no hizo el actor en relación con la supuesta caída que tuvo en el servicio y así fue señalado por la junta médico laboral, encontrándose la actuación

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010, Radicación número: 8500123-31-000-1999-00007-01 (19154).RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01

23-31-000-1999-00007-01 (19154).RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

5

en armonía con lo considerado en la sentencia C -640 de 2009 de la Corte Constitucional.

En cuanto al testimonio de Juan David Artunduaga, señala que es contradictorio en la narración de los hechos y la participación que en ellos tuvo el demandante y señala que quedó incapacitado , pero ello se descarta médicamente, ya que la tendinitis no impide laborar, no es progresiva y es transitoria.

Tampoco se prueba la inexistencia de lesiones previas y como en la demanda se indica que el actor trabajaba como ayudante de construcción, se trata de una labor exigente que pudo haber causado o agravado sus dolencias.

2.3. Ministerio público.

No presenta concepto (f. 99 y 189, exp. 14-00161).

2.4. La sentencia de primera instancia (f. 190 a 197, exp. 14-00161).

El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva con sentencia el 22 de marzo de 2019 declara probada la excepción de inexistencia del nexo de causalidad propuesta por la Policía Nacional (resolutivo primero), niega las pretensiones de la demanda (resolutivo segundo) y no condena en costas a la parte actora (resolutivo tercero).

Para llegar a esta conclusión, analiza la inexistencia de prueba sobre la ocurrencia del accidente alegado por el demandante durante la prestación del servicio militar

(resolutivo segundo) y no condena en costas a la parte actora (resolutivo tercero).

Para llegar a esta conclusión, analiza la inexistencia de prueba sobre la ocurrencia del accidente alegado por el demandante durante la prestación del servicio militar en 2010 y de l nexo de causalidad entre la supuesta caída y las afecciones diagnosticadas posteriormente, pues el informe de la junta médica laboral No. 2626 del 13 de abril de 2012 es concluyente en señalar que el demandante padec e síndrome miofacial lumbar y tendinitis rotuliana, con una disminución de su capacidad laboral del 19.45%, pero clasificadas como enfermedades de origen común, sin vinculación con un evento traumático en servicio.

Indica que, conforme a la historia clínica y los registros médicos, al demandante se le brinda atención médica y psicológica durante su servicio militar, sin que en dichos registros se mencion e el antecedente de una caída ni una lesión vinculada a las dolencias invocadas y destaca que el testimonio de Juan David Artunduaga, quien afirma haber presenciado la caída del demandante, no precisar una fecha exacta del suceso ni aporta elementos que permitieran darle credibilidad.RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

6

Señala que la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado frente a quienes prestan el servicio militar obligatorio señala que para que haya lugar a la indemnización se requiere probar que el daño fue consecuencia de una falla del

6

Señala que la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado frente a quienes prestan el servicio militar obligatorio señala que para que haya lugar a la indemnización se requiere probar que el daño fue consecuencia de una falla del servicio o de la imposición de un riesgo excepcional y aquí no se acreditó ninguna de esas circunstancias: una situación que excediera los riesgos normales del servicio, que la entidad haya incurrido en omisiones o irregularidades que propiciaran la lesión alegada.

Finalmente, destaca que el demandante fue indemnizado con la suma de $5.395.278,15 por la disminución de su capacidad laboral, dicha indemnización fue otorgada bajo el régimen prestacional correspondiente y no como reconocimiento de responsabilidad de la Policía Nacional por un d año antijurídico por ende n se configuran los elementos necesarios para atribuir responsabilidad administrativa a la entidad demandada y niega las pretensiones.

2.5. El recurso de apelación (f. 200 a 205, exp. 24-00161).

La parte actora solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones, porque desconoce la jurisprudencia aplicable y realiza una inadecuada valoración probatoria, pues el demandante ingresa en perfecto estado de salud al servicio obligatorio policial donde sufre una caída mientras realizaba labores asignadas, lo que deriva en lesiones de la espalda que se agravaron con el tiempo y a pesar haber informado a su superior inmediato, no recib e la atención adecuada, lo que contribuye a la agravación de las lesiones y de suyo a la pérdida de capacidad laboral del 19.45%, certificada por la junta médica laboral en 2012.

adecuada, lo que contribuye a la agravación de las lesiones y de suyo a la pérdida de capacidad laboral del 19.45%, certificada por la junta médica laboral en 2012.

Señala que la juez de primera instancia se equivoca al declarar probada la excepción de inexistencia del nexo causal bajo el argumento de no existir certeza sobre la relación entre la lesión y el servicio militar, por inexistencia de l informe administrativo que acreditara los hechos, lo que estima corresponde a una valoración errónea de la prueba , al no haber tenido en cuenta el testimonio de Juan David Artunduaga quien confirma haber presenciado la caída y el informe del demandante a su superior sobre dicho incidente y el historial clínico evidencia la progresión de la enfermedad desde su permanencia en la entidad.RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

7

Enfatiza que, conforme a la jurisprudencia, la responsabilidad del Estado en estos casos puede derivarse de tres circunstancias: daño especial2, cuando se impone una carga excesiva al conscripto; falla del servicio3, si la entidad no garantiza su cuidado y protección o, riesgo excepcional4, cuando el daño surge de una actividad riesgosa impuesta por la institución y en este caso, el demandante ingres a sano al servicio militar y sale con una afectación que compromete su salud y su vida productiva, lo que es fuente de responsabilidad estatal imputable a la institución policial.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.

militar y sale con una afectación que compromete su salud y su vida productiva, lo que es fuente de responsabilidad estatal imputable a la institución policial.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales.

El recurso interpuesto por la parte actora se admite por auto del 14 de junio de 2019 (f. 4 c. Tribunal) y se corre traslado para las alegaciones con proveído del 11 de julio del mismo año (f. 9 ib.) procediendo entidad demandada a reiterar lo expuesto en los alegatos de primera instancia (f. 14 a 16, ib.), mientras que la actora y el Ministerio Público guardan silencio (f. 23 ib.).

3.2. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 153 del CPACA y a ello procede pues no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado , ambas partes están legitimadas en causa, ya que la parte actora atribuye a la entidad demandada los perjuicios cuya reparación reclama, los cuales fueron negados en la decisión recurrida por la actora, de ahí su interés en esta decisión.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2005, expediente No. 16.205, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2005, expediente No. 15.445, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, expediente No. 17.187, consejero

28 de abril de 2005, expediente No. 15.445, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, expediente No. 17.187, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente No. 19.031, radicación No. 05001232500019940002001, consejero ponente: Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, expedien te No. 19.849, consejero ponente: Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2014, expediente No. 33.679; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de junio de 2010, expediente No. 11.401, consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. 4 Corte Constitucional, sentencia T-713 de 2013; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2005, expediente No. 16.205, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez.RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

8

3.3. Problema jurídico.

Se plantea resolver al Tribunal:

¿Debe revocarse la decisión de primera instancia , al haberse configurado la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional por omitir su deber de

8

3.3. Problema jurídico.

Se plantea resolver al Tribunal:

¿Debe revocarse la decisión de primera instancia , al haberse configurado la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional por omitir su deber de protección y cuidado en cuanto las lesiones sufridas y agravamiento del estado de salud del señor Amílkar Gaudencio Rivera Vargas se presentaron durante la prestación de su servicio militar obligatorio?

La tesis del Tribunal es que se debe confirmar la decisión recurrida porque no se acreditan los elementos que permitan atribuir la responsabilidad a la demandada, pues no hay prueba del hecho dañoso ni de la imputación a la demandada de haber omitido el informe administrativo por lesiones y la atención médica al lesionado.

Para sustentar lo anterior, se analizarán los requisitos para erigir la responsabilidad patrimonial del Estado y los hechos probados.

3.4. Elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado.

El artículo 90 de la Carta Política señala que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades, del cual ha inferido la jurisprudencia que esa responsabilidad exige que se acrediten los siguientes requisitos: a) Un daño antijurídico, b) La imputabilidad del citado daño al Estado, junto con c) el nexo causal de lo anteriores; requisitos que seguidamente se analizan.

3.4.1. Daño antijurídico.

El daño es antijurídico no por su causa sino en sí mismo, esto es, cuando afecta en forma individual un bien patrimonial jurídicamente protegido, en forma injusta y

3.4.1. Daño antijurídico.

El daño es antijurídico no por su causa sino en sí mismo, esto es, cuando afecta en forma individual un bien patrimonial jurídicamente protegido, en forma injusta y cuyo titular no tenga la obligación legal o jurídica de soportarlo por mandato legal o en virtud de un vínculo jurídico pues su causa desencadenante es el funcionamiento del Estado a través de sus servidores, mediante un nexo de efecto a causa y que se caracteriza por ser efectivo, económicamente evaluable y susceptible de individualización personal o grupal.RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

9

En el caso concreto, el daño antijurídico consiste en las lesiones que derivaron en el síndrome miofacial lumbar y tendinitis rotuliana de Amílkar Gaudencio Rivera Vargas, lo cual lleva implícita la vulneración del derecho fundamental a la salud, reconocido y protegido en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, por tanto, se trata de la afectación de un derecho subjetivo jurídicamente protegido.

Este daño, se encuentra demostrado con el informe de la junta médica laboral del 13 de abril de 2012 donde se califica la disminución de la capacidad laboral de Amílkar Gaudencio en un 19.45%, por l as afecciones médicas señaladas y que fueron calificadas como de origen común, no atribuible al servicio (f. 43 a 45, exp.

Amílkar Gaudencio en un 19.45%, por l as afecciones médicas señaladas y que fueron calificadas como de origen común, no atribuible al servicio (f. 43 a 45, exp. 14-00161) y sólo en la medida que se demuestre que el mismo es imputable a la demandada, se podrá señalar que es antijuridico pues “el hecho de que se encuentre establecido el daño no significa que el mismo de manera automática sea imputable fáctica y jurídicamente a la entidad demandada”5.

3.4.2. La imputabilidad y relación causal.

En el fallo de primera instancia, se concluye que no está probada la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al perjuicio reclamado, con lo cual concuerda el Tribunal, a partir del análisis del caso desde la conducta activa y la conducta omisiva aducida contra la administración, en el primer caso, por dar la orden al señor Amílkar Gaudencio de realizar los trabajos en cuyo contexto se dio la caída y de suyo el daño sin haber elaborado el reporte de lesiones y en el segundo caso, por no haber prestado atención médica oportuna para evitar la propagación del daño, lo que pasa a estudiarse.

3.4.2.1. La demanda refiere que, a comienzos del 2010, al actor le dieron la orden de cargar gravilla para construir un búnker y en medio de ello sufre una caída que le causa fuertes dolores lumbares y cervicales, pero no existe prueba en el expediente pues no se emitió el informe administrativo por lesiones ni hay historia clínica del tratamiento de dichas dolencias , que es lo menos que habría solicitado una persona si presenta dolores que se tornaron permanente y se acentuaron con

expediente pues no se emitió el informe administrativo por lesiones ni hay historia clínica del tratamiento de dichas dolencias , que es lo menos que habría solicitado una persona si presenta dolores que se tornaron permanente y se acentuaron con el paso de los días.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá D.C., 23 de mayo de 2012, radicación: 17001-23-31000-1999-0909-01 (22592), actor: Melva Rosa Ríos Castro y otros, deman dado: Municipio de Anserma.RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

10

La Sala encuentra que en la historia clínica no existen anotaciones de haber sufrido el señor Amilkar un accidente o una caída que le generara las lesiones indicadas en la demanda, en ella se señala que a partir del 31 de marzo de 2010 es valorado por control general por salud mental, el 25 de junio por salud oral, el 28 de septiembre de nuevo por salud mental examen de rutina , el 24 de noviembre por várices escrotales, el 17 de diciembre del 2010 y el 18 de enero de 2011 por micosis y el 2 de febrero de 2011 es valorado por cervi calgia, para posteriormente consultar por

otros motivos entre el 17 de febrero y el 15 de junio de 2011 (f. 48 a 65, exp. 1400161) pero ajenos a las lesiones de la demanda.

Por lo tanto, mientras el actor estuvo en servicio, esto es, hasta el 15 de junio de 2011 según lo registrado en la junta médico militar, no tuvo ningún motivo de consulta relacionado con dolores lumbares , siendo a partir del 17 de julio de 2011 que registra consulta por “dorsalgia no especificada”, lo cual se repite los días 13, 15, 18, 19 y 21 de julio del mismo año, lo cual descarta una lesión por el accidente laboral mencionado en la demanda a inicios del 2010.

Es más, no existe informativo administrativo de lesiones y el comandante del departamento de policía Huila, coronel Oscar Efraín Pinzón Moreno a través de oficio No. S-2016-037391/COMAN-ASJUR-1.10 del 5 de octubre de 2016, certifica que tras revisar las transferencias documentales y el archivo de gestión de la oficina de asuntos jurídicos desde el año 2007 hasta la fecha, no halló registro de informativo prestacional por lesión adelantado a nombre del señor Amílkar Gaudencio (f. 138, exp. 14-00161).

En el mismo sentido, la junta médico laboral del 13 de abril de 2012 y la del tribunal de revisión médico militar del 13 de marzo de 2014 (f. 43 a 45, exp. 14 -00161, y f. 77 a 81, exp. 14-00221) no aluden a la caída ni a los dolores que se indican derivaron

de revisión médico militar del 13 de marzo de 2014 (f. 43 a 45, exp. 14 -00161, y f. 77 a 81, exp. 14-00221) no aluden a la caída ni a los dolores que se indican derivaron de ello, sino que partieron de los diagnósticos de "síndrome miofacial lumbar" y "tendinitis rotuliana", asignándole un 19,45% de disminución de capacidad laboral , de origen común y no guardan relación con el servicio, pues carecen de antecedentes en su historial médico o informes administrativos previos y descarta cualquier secuela por urología.

Dicho sea de paso, la evaluación y calificación de la capacidad psicofísica de los miembros de las fuerzas militares y de policía adoptada por el tribunal médico de revisión militar como instancia superior y definitiva, corresponde a decisiones que son irrevocables y obligatorias, constituyen actos administrativos definitivos,RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-00161-01 41001-33-33-003-2014-00221-00 (acumulado)

DEMANDANTE: AMILKAR GAUDENCIO RIVERA VARGAS Y O.

11

impugnables solo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho6, por lo que, indirectamente la demanda pretende controvertir la calificación de origen común dada a los diagnósticos establecidos por la autoridad médico militar, para que en su lugar se diga que derivan del accidente laboral en comento, lo cual no es viable por la senda procesal escogida.

Adicionalmente, el testimonio de Juan David Artunduaga Vargas rendido el 7 de

militar, para que en su lugar se diga que derivan del accidente laboral en comento, lo cual no es viable por la senda procesal escogida.

Adicionalmente, el testimonio de Juan David Artunduaga Vargas rendido el 7 de febrero de 2017 (f. 163 y 177, exp. 14-00161) a pesar de narrar lo relacionado con el presunto accidente laboral de Amílkar Gaudencio, no es creíble en cuanto no da precisión en las circunstancias de tiempo y tampoco que hubiere conservado sobre su espalda el bulto de gravilla mientras caía pues en sana lógica cuando una persona va cayendo suelta lo que esté cargando para poner las manos como protección, y aunque el superior hubiere impedido que presentara el informe de lesión, no se entiende por q ué no reportó el dolor en las ocasiones que concurrió al servicio médico.

Además, la demanda señala que ello tuvo lugar iniciando el 2010, mientras que el testigo indica que fue a mediados de abril del mismo año, por lo que se insiste que no da certeza del momento exacto y en todo caso, no reportó los dolores en sus idas al servicio médico para ese tiempo.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta jurisdicción 7, la prueba testimonial no es idónea para establecer el momento de estructuración de patologías ni su relación con una determinada actividad, para ello, se requiere el historial clínico y los soportes técnicos pertinentes.

3.4.2.2. Tampoco se demuestra la conducta omisiva de la que derive el daño aducido en la demanda y su agravación , toda vez que allí se relata que la administración omitió deberes constitucionales y legales , específicamente por no

aducido en la demanda y su agravación , toda vez que allí se relata que la administración omitió deberes constitucionales y legales , específicamente por no

6 Tribunal Administrativo del Huila, sentencia de enero 28 de