TA CHO - 27001333300420210013101-(30-09-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE DARWIN IGNACIO VARGAS MORENO Y

OTROS

DEMANDADO NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS DECISIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41001 33 33 003 2022 00314 01

APROBADA EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

1. LA DEMANDA1.

DARWIN IGNACIO VARGAS MORENO, BLANCA STELLA MORENA

NOREÑA, IGNACIO VARGAS POLANCO, JULIÁN DAVID VARGAS MARTÍNEZ, ADRIANA PATRICIA VARGAS MORENO, CAROLINA VARGAS MORENO Y NATALIA VARGAS MORENO , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitan que se declare a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y a la FISCAL ÍA GENERAL DE LA NACIÓN , administrativa, patrimonial y extracontractualmente responsables de los perjuicios materiales

medio de control de reparación directa, solicitan que se declare a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y a la FISCAL ÍA GENERAL DE LA NACIÓN , administrativa, patrimonial y extracontractualmente responsables de los perjuicios materiales e inmateriales tasados y especificados en la demanda, ocasionados con la privación injusta de la libertad de que fue objeto Darwin Ignaci o Vargas

1 Archivo 1. Expediente digital y anexos demanda. Cuaderno principalTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2 Reparación directa

Demandante: Darwin Ignacio Vargas Moreno y Otros.

Demandado: Rama Judicial y Otro Radicación: 41001333300320220031401

Moreno por el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2016 al 2 de septiembre de 2019.

Solicitan que se dé cumplimiento al fallo en los términos previstos en el arts. 189, 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas y agencias en derecho.

1.2 Lo anterior se sustenta en los siguientes HECHOS:

● El 19 de diciembre de 2016 sobre las 19: 30 horas fue capturado el señor Darwin Ignacio Vargas Moreno, por la patrulla motorizada de vigilancia adscrita al cuadrante III de la Policía Nacional de Pitalito Huila, por el presunto delito de hurto calificado, dejándolo a disposición de la Fiscalía 39 Local de Pitalito – Huila, por lo que solicitó ante el Juzgado Segundo Penal municipal de Pitalito Huila, legalización de captura en flagrancia, formulación de imputación por los delitos de hurto calificado de que trata el artículo 365 del C.P., en el grado de tentativa en concurso heterogéneo

Penal municipal de Pitalito Huila, legalización de captura en flagrancia, formulación de imputación por los delitos de hurto calificado de que trata el artículo 365 del C.P., en el grado de tentativa en concurso heterogéneo de tipos penales con el de fabricación tráfico y porte ilegal de armas de fuego partes y municiones de que trata el artículo 365 del C.P., e imposición de medida de aseguramiento, imponiéndole medida privativa de la libertad en su lugar de residencia.

● El día 8 de junio de 2017 la Fiscalía 2 6 S eccional de Pitalito Huila, presentó escrito de acusación siendo asignado al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito con funciones de Conocimiento y en audiencia de formulación de acusación realizada el 14 de agosto de 2017 fue acusado por el delito de Hurto Calificado en la modalidad de tentativa en concurso heterogéneo con el de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

● El 23 de mayo de 2018 la audiencia preparatoria en la que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito con funciones de conocimiento, decretó las pruebas solicitadas por las partes para practicarse en la audiencia de juicio oral y en la etapa de juicio -días 27 de agosto de 2018, 16 de noviembre del 2017, 15 de marzo, 20 de junio y 1° de octubre del 2019, se practicaron las pruebas y finalizó con el sentido de fallo absolutorio en favor del señor Darwin Ignacio Vargas Moreno.

● La orden de libertad se hizo efectiva el día 2 de octubre de 2019, de lo

2019, se practicaron las pruebas y finalizó con el sentido de fallo absolutorio en favor del señor Darwin Ignacio Vargas Moreno.

● La orden de libertad se hizo efectiva el día 2 de octubre de 2019, de lo que se puede determinar que el señor Darwin Ignacio Vargas Moreno , permaneció detenido injustamente du rante 1017 días, equivalentes a treinta y tres (33) meses, y once (11) días, privado del amor y afecto de sus padres y hermanos.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3 Reparación directa

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● El 6 de febrero de 2020, el Juzgado Segundo Penal del circuito de Pitalito con Función de Conocimiento, profirió sentencia ABSOLUTORIA, a favor de Darwin Ignacio Vargas Moreno, sin que la delegada de la Fiscalía ni la representante de víctimas sustentaran el recurso de apelación, quedando ejecutoriada y en firme.

● Darwin Ignacio Vargas Moreno es una persona conocida por su actividad como operario de retroexcavadora y de maquinaria pesada, labor de la cual obtiene el sustento para su familia, oficio con el que ayuda y vela para el sostenimiento de sus padres personas de avanzada edad , por lo que la privación de la libertad le causó graves perjuicios en el seno de su hogar, un total resquebrajamiento y un irreparable dolor, que no se ha podido superar, pues, con su trabajo ayudaba a proveer lo necesario para el sustento.

2. CONTESTACIÓN

hogar, un total resquebrajamiento y un irreparable dolor, que no se ha podido superar, pues, con su trabajo ayudaba a proveer lo necesario para el sustento.

2. CONTESTACIÓN

2.1. NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 2

Se opuso a las pretensiones ante la inexistencia de un nexo causal entre el accionar de la Rama Judicial y la imposición de la medida de aseguramiento, así como su prolongación durante la investigación se ajustó a los criterios formales y materiales exigidos por el ordenamiento jurídico.

Que Darwin Ignacio Vargas Moreno fue capturado en situación calificada como flagrancia por miembros de la Policía Nacional el 19 de diciembre de 2016 por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en concurso heterogéneo y sucesivo con hurto calificado y agravado, en desarrollo de un proceso de persecución en el Municipio de Pitalito – Huila y que del material probatorio allegado a la demanda, se observa que miembros de la Policía Nacional fueron informados sobre un hurto que se habría presentado en el centro urbano del Municipio de Pitalito, en inmediaciones de las bodegas de Dsierra, razón por la cual una vez escuchada la descripción de los sujetos y la ruta que habrían tomado, los oficiales emprendieron la persecución y a la altura del barrio San Mateo, logran interceptar a un i ndividuo con las características aportada s por las víctimas, quienes al llegar al lugar indicaron que la persona capturada era la

tomado, los oficiales emprendieron la persecución y a la altura del barrio San Mateo, logran interceptar a un i ndividuo con las características aportada s por las víctimas, quienes al llegar al lugar indicaron que la persona capturada era la

2 Índice 11 expediente electrónico SAMAITRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4 Reparación directa

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misma que los había intimidado con armas de fuego y la que intentó despojarlos de su motocicleta, motivo por el cual fue capturado.

De acuerdo con la Fiscalía, los policiales identificaron al sujeto y la evidencia de elementos materiales probatorios constitutivos de un delito, por lo que procedieron a realizar las incautaciones respectivas y a llevar a cabo diligencia de captura , en estricto acatamiento de los términos legalmente establecidos, garantizando al detenido sus derechos. Finalmente, solicitó que se impartiera legalidad a las capturas en flagrancia del señor Darwin Ignacio Vargas Moreno.

Que, al día siguiente de su apr ehensión material, es decir, el 20 de diciembre de 2016, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pitalito – Huila se decretó la legalidad de la captura del señor Darwin Ignacio Vargas Moreno, al considerar que se real izó conforme los preceptos legales y constitucionales exigidos, por tanto, le impartió aprobación y legalidad a esta, decisión que fue notificada en estrado y contra la cual no se presentó algún recurso.

los preceptos legales y constitucionales exigidos, por tanto, le impartió aprobación y legalidad a esta, decisión que fue notificada en estrado y contra la cual no se presentó algún recurso.

Seguidamente, en la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía identificó plenamente a los indiciados y relató los supuestos fácticos que consideró jurídicamente relevantes en esta instancia, imputando al señor Darwin Ignacio Vargas Moreno el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arm as de fuego, accesorios, partes o municiones en concurso heterogéneo y sucesivo con hurto calificado y agravado, obrando en el dossier las actas de capturado, informe policivo, constancia de buen trato, materialización de los mismos, y actas de incautación de la motocicleta firmadas por el captor como por el procesado.

Bajo tales consideraciones, el juez arguyó que la Fiscalía se ciñó a los parámetros que regulan la formulación de imputación y por tal motivo la aprobó. Ocurrido esto, el imputado manifestó entender la atribución realizada por el ente investigador y las consecuencias que de ella se pudieran derivar; sin embargo, decidió no allanarse a los cargos.

En cuanto a la medida de aseguramiento la FGN estimó que se cumplían a cabalidad los requisitos subjetivos y objetivos para solicitar la detención preventiva en el domicilio del imputado. Consideró que tanto de los elementos materiales probatorios como de la evidencia física presentados se podía inferir razonablemente la autoría del imputado en la conducta endilgada; además, por la naturaleza y gravedad de la conducta, así como por la participación en el

materiales probatorios como de la evidencia física presentados se podía inferir razonablemente la autoría del imputado en la conducta endilgada; además, por la naturaleza y gravedad de la conducta, así como por la participación en el punible, esta persona constituye un peligro para la sociedad al ser un eslabónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5 Reparación directa

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dentro de la cadena del delito del hurto y porte ilegal de armas de fu ego, tipo penal imputado. Finalmente, aseveró que el tiempo de la pena por el hecho punible endilgado es superior al exigido por la codificación procesal.

Que luego de escuchar a los sujetos procesales, el Juez de Control de Garantías concluyó que se dab an los requisitos legales y constitucionales exigidos para acceder a la petición elevada por la Fiscalía. Lo anterior, al considerar que los elementos materiales probatorios allegados permitían inferir de modo adecuado, razonable y proporcional que el seño r Darwin Ignacio Vargas Moreno, podría llegar a ser un peligro para la sociedad al habérsele imputado un delito de hurto y porte de armas, máxime que la fiscalía y la defensa, sustent aron la necesidad de sustituir la medida por la detención domiciliaria. D ecisión negada y notificada en estrados y frente a la cual la apoderada del imputado no presentó recursos.

Así las cosas, sostiene que, para ese momento procesal, la decisión de imponer medida de aseguramiento de detención domiciliaria estuvo ajustada a

apoderada del imputado no presentó recursos.

Así las cosas, sostiene que, para ese momento procesal, la decisión de imponer medida de aseguramiento de detención domiciliaria estuvo ajustada a la necesidad particular del caso investigado, toda vez que fue producto de una inferencia razonada, de acuerdo con las circunstancias y testimonios que dieron sustento para realizar la captura en flagrancia y los medios de convicción aportados, pues para ese instante, se imponía la apreciación de que el imputado podría ser autor del delito endilgado.

En consecuencia, las actuaciones de la Rama Judicial se surtieron de forma razonada, oportuna y diligente en la etapa de preliminar de la actuación penal, lo que demuestra que en esta etapa procesal no se produjo alguna actuación abiertamente lesiva o contraria a derecho, pues en ella no se apr ecia arbitrariedad, capricho o falta para la toma de decisiones; por el contrario, se prueba el cumplimiento de los requisitos legales exigidos tanto para la legalización de la captura en flagrancia, imputar cargos y librar en su momento la medida cautelar, sin perjuicio de que esta fuere posteriormente revocada dada la ausencia de motivos y elementos para demostrar objetiva y subjetivamente la consumación del punible, lo que a la postre motivó la sentencia absolutoria.

En lo que respecta a la etapa de jui cio oral, precisó que se avocó conocimiento por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito – Huila, en virtud de la acusación presentada el día 8 de junio de 2017 por la fiscalía contra del señor Darwin Ignacio Vargas Moreno y de las actuaciones sur tidas se

conocimiento por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito – Huila, en virtud de la acusación presentada el día 8 de junio de 2017 por la fiscalía contra del señor Darwin Ignacio Vargas Moreno y de las actuaciones sur tidas se establece que la audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 14 de agosto de 2017; la audiencia preparatoria se practicó el 23 de mayo de 2018 y en ella se decretaron las pruebas solicitadas; el 27 de agosto de 2018 se dio inicio al juicio oral, terminando luego de diferentes aplazamientos propuestosTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6 Reparación directa

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por los sujetos procesales, siendo dado a conocer el sentido del fallo absolutorio el día 1° de octubre de concediéndose de manera inmediata la libertad del procesado. Finalmente, la audiencia de lectura de fallo se celebró el 6 de agosto de 2020.

Destaca que para que la preclusión, absolución o su equivalente determinen afirmativamente el sentido del juicio antijuridicidad del daño por privación injusta de la libertad es necesario que aq uella haya obedecido a la ajenidad de la persona investigada respecto de los hechos materia de investigación, de la probada inexistencia de tales hechos o de su ilicitud o de otra circunstancia que le reste totalmente mérito material a la medida, situación que no se evidencia en el caso bajo estudio.

Sin embargo, en este caso la medida de aseguramiento impuesta al demandante estuvo precedida de una valoración adecuada de los elementos de

otra circunstancia que le reste totalmente mérito material a la medida, situación que no se evidencia en el caso bajo estudio.

Sin embargo, en este caso la medida de aseguramiento impuesta al demandante estuvo precedida de una valoración adecuada de los elementos de prueba, de acuerdo con el momento procesal en que se encontraba la actuación penal y con el tipo de delito investigado, que en principio permitía inferir, al menos de manera probable, que los procesados podrían haber participado en el punible de tráfico fabricación o porte de estupefacientes; sin perjuicio que, posteriormente, debido a pruebas sobrevinientes y a un estudio detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos efectuada por el Juez de conocimiento en la etapa de juicio a la luz de esos nuevos elementos de juicio, se concluyera que no existía certeza de que los sindicados hubieran estado inmerso en la actuación penal que se le endilgó.

Así las cosas al realizar el análisis en conjunto de las decisiones de la Rama Judicial esto es, del juez de control de garantías y de conocimiento y, cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, se concluye de manera palmaria que si bien no se logró desvirtuar la presunción de inocencia en cabeza del demandante, tal circunstancia por sí sola no es indicativa de la existencia de un daño antijurídico, por cuanto se itera esta injusticia está marcada por un actuar ilegal, desproporcional o irracional en la decisión judicial que restringe la libertad, que no se acreditó en el sub judice en cabeza de la Rama Judicial al momento de imponer la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.

Propuso las excepciones denominadas falta de causa para demandar,

decisión judicial que restringe la libertad, que no se acreditó en el sub judice en cabeza de la Rama Judicial al momento de imponer la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.

Propuso las excepciones denominadas falta de causa para demandar, inexistencia de perjuicios, inexistencia de nexo de causalidad, inexistencia de daño antijurídico e innominada.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7 Reparación directa

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2.2. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN3

Esta entidad, a través de apoderada, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda , toda vez que no se evidenci a prueba del daño ocasionado, omisión, ni mucho menos falta o falla del servicio por parte de la administración como se pretende hacer ver en la demanda.

Indicó que la solicitud de medida de aseguramiento estuvo soportada por elementos materiales probatori os de los que se pudo realizar una inferencia razonable de su participación en el delito referido, ya que la versión de la víctima en su denuncia era contundente en señalar a la hoy demandada como la autora intelectual en contra de su vida.

Por otro lado , consideró que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos previstos en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004, puesto que el delito por el cual se investigaba al imputado era de competencia de los jueces penales del circuito especializado y tení a prevista una pena de prisión que excedía los cuatro (4) años, haciendo énfasis en que el delito por el que se

delito por el cual se investigaba al imputado era de competencia de los jueces penales del circuito especializado y tení a prevista una pena de prisión que excedía los cuatro (4) años, haciendo énfasis en que el delito por el que se investigaba a Darwin Ignacio Vargas Moreno era el de hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa, en concurso con fabricación, tráf ico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios partes o municiones, que tenía una pena de prisión de mínimo diez (10) años.

Explicó que la imposición de la medida de aseguramiento decretada por el Juez de Control de Garantías resultó razonable, toda vez que obedeció al análisis y apreciación de la evidencia física y a los elementos materiales probatorios aportados en la investigación, con los que se contaba en ese momento procesal, lo que, si bien no ofrecían certeza plena sobre la responsabilidad de l imputado, sí hacían imperiosa su vinculación en los términos en que fue ordenada por la autoridad competente.

Como hasta ese momento procesal se daban las condiciones para determinar la posible autoría o participación en la conducta punible, se infiere la inexistencia de acción, omisión o extralimitación por parte de la Entidad en el desarrollo de sus funciones constitucionales y legales.

Finalmente, y comoquiera que la actuación de la entidad se surtió bajo los parámetros constitucionales y legales al solicitar la imposición de la medida de aseguramiento en contra del Darwin Ignacio Vargas Moreno fundada bajo

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de aseguramiento en contra del Darwin Ignacio Vargas Moreno fundada bajo

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los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, se predica de ella la inexistencia de un daño antijurídico ante el deber que tenía e l hoy demandante de soportar la investigación y la inexistencia de una falla por parte de la entidad, lo que rompería el nexo causal existente en el daño y la imputación.

Propuso las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del daño antijurídico y ausencia del nexo de causal.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2023, declaró configurada el eximente de responsabilidad denominada inexistencia del daño antijurídico; y como consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a los demandantes.

Como sustento de lo anterior el a quo trajo a colación el marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable en los asuntos en que se discute la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y con relación a la legalización de la captura y conforme a las pruebas aportadas por la parte actora, indicó que fue ajustada a derecho y que la medi da de aseguramiento impuesta no fue apelada . Que no era posible analizar las razones de su

a la legalización de la captura y conforme a las pruebas aportadas por la parte actora, indicó que fue ajustada a derecho y que la medi da de aseguramiento impuesta no fue apelada . Que no era posible analizar las razones de su imposición, mucho menos, si dicha decisión desconoció los criterios de proporcionalidad, legalidad y razonabilidad, elementos necesarios para establecer la responsabilidad del Estado.

Que con la providencia judicial absolutoria emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de Pitalito, como única prueba aportada por la parte actora, si bien se acredita que, en efecto, el señor Darwin Ignacio Vargas Moreno fue capturado en una presunta flagrancia e identificación por parte de las denunciantes, también es que, en aplicación del principio de in dubio pro reo, no se logró demostrar que tuviera relación con los hechos punibles ant e la ausencia de pruebas sobre la ocurrencia de la conducta de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y de la responsabilidad en el delito de Hurto Calificado y Agravado.

4 Índice 38 expediente electrónico de primera instancia SAMAITRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9 Reparación directa

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Por tal razón, concluye que al carecer el proceso de decisión que impuso la medida de aseguramiento, no es posible realizar un análisis en detalle, debiéndose inferir que a la fecha de la imposición de la detención preventiva se

Por tal razón, concluye que al carecer el proceso de decisión que impuso la medida de aseguramiento, no es posible realizar un análisis en detalle, debiéndose inferir que a la fecha de la imposición de la detención preventiva se contaba con elementos probatorios que podrían indicar la pos ible responsabilidad de Darwin Ignacio Vargas Moreno , esto es, podría constituir indicio que comprometiera su participación en la conducta punible y fundamentara una posible medida.

4. RECURSO DE APELACIÓN5

El apoderado de la parte actora, recurre la anterior decisión al considerar que, si bien la medida de aseguramiento que cobijó a Darwin Ignacio Vargas Moreno en su momento no fue apelada, ello no puede ser tomado de manera desfavorable a sus intereses ni incidir negativamente en el pres ente medio de control, pues el actor durante el curso de todo el proceso penal estuvo cobijado con la presunción de inocencia y amparado por las garantías del debido proceso.

Aunque la sentencia absolutoria indica que la decisión se sustentó en el principio de in dubio pro reo , no es menos cierto que el material probatorio carecía de elemento alguno que lo vincula a la comisión de las conductas ilícitas endilgadas.

Reiteró el marco constitucional y jurisprudencial desarrollado en el libelo en cuanto a la responsabilidad estatal por privación injusta, haciendo énfasis en las sentencias de unificación del Consejo de Estado, para señalar que en el caso concreto Darwin Ignacio Vargas Moreno no incurrió en la conducta típica endilgada, por lo tanto, la privación de la libertad fue injusta y no tenía el deber jurídico de soportarla, debiéndose indemnizar los perjuicios materiales

en el caso concreto Darwin Ignacio Vargas Moreno no incurrió en la conducta típica endilgada, por lo tanto, la privación de la libertad fue injusta y no tenía el deber jurídico de soportarla, debiéndose indemnizar los perjuicios materiales e inmateriales causados.

Que existe una relación neces aria y eficiente entre el actuar irregular u omisivo de la Fiscalía General de la Nación y la administración de justicia, ya que la acción determinante del daño fue la deficiente investigación de l as demandadas, a la que le asistía el deber de corroborar la veracidad de los hechos denunciados y no limitarse única y exclusivamente a tener por ciertos los mismos, acusando Darwin Ignacio Vargas Moreno y dejando de lado la probabilidad de verdad que debe regir el procedimiento penal.

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5. TRÁMITE DE INSTANCIA

El recurso fue admitido mediante auto del 19 de abril de 2024 6 y al no haber existido solicitud probatoria alguna en segunda instancia, el asunto ingresó para emitir sentencia (artículo 247 -5 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

1. COMPETENCIA

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo negó las pretensiones y la parte actora interpuso recurso de apelación, la Sala deberá examinar si ¿La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL están obligadas a responder patrimonial y admini strativamente por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor DARWIN IGNACIO VARGAS MORENO quien fuera detenida y procesada como coautora del delito de Hurto y Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o mu niciones, y dejado en libertad al habérsele dictado sentencia absolutoria?

2. TESIS DE LA SALA

La Sala confirmar á la sentencia de primera instancia , porque no se acreditó la presunta falla del servicio u otra forma de responsabilidad a cargo de alguna de las entidades demandadas, esto es, debido a que no se probó que la medida consistente en detención preventiva de carácter domiciliario que se

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le impuso al señor Darwin Ignacio Vargas Moreno fuera arbitraria e injusta y

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le impuso al señor Darwin Ignacio Vargas Moreno fuera arbitraria e injusta y que esta le haya causado un daño antijurídico que deba ser reparado por las demandadas.

Para resolver lo anterior, la Sala abordará los siguientes temas: i) oportunidad del medio de control, ii) Legitimidad en la causa; iii) la responsabilidad del Estado en los eventos de la privación injusta de la libertad/administración de justicia; iv) lo probado y el caso concreto.

3. OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

De conformidad con el artículo 164 numeral 2º literal i) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causa nte del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, el Consejo de Estado ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra-7.

En el sub examine , la Sala observa que la sentencia absolutoria fue

inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra-7.

En el sub examine , la Sala observa que la sentencia absolutoria fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuit