TA CHO - 27001333300420220001901-(28-10-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, trece de mayo de dos mil veinticinco.

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: YINA MARCELA BURGOS LÓPEZ Y OTROS DEMANDADO: MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) RADICACIÓN: 41 001 33 33 006 2016 00097 01

PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

ACTA: 035

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por la parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva el 11 de diciembre de 2017.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial, Yina Marcela Burgos López, quien concurre en nombre propio y en representación de la menor Lesli Michel Realpe Burgos; Francisco Uriel Burgos, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Karen Viviana, Breinner Uriel, Francisco Javier y Diana Fernanda Burgos Mancipe; promueven el medio de control de reparación directa contra el municipio de La Argentina (H), en procura de que se declare que es administrativamente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales derivados las lesiones irrogadas al señor Uriel Burgos por el estallido de una de la llantas de la volqueta de placas Ozn 0482.

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, refieren lo siguiente:

Uriel Burgos por el estallido de una de la llantas de la volqueta de placas Ozn 0482.

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, refieren lo siguiente:

a. El señor Francisco Uriel Burgos se desempeña como mecánico en el municipio de La Argentina.Yina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 2

b. En desarrollo de los contratos 139 de 2012 y 154 de 2013, el señor Burgos le prestó al municipio los servicios de “…reparaciones menores, soldaduras, despinchadas y lavado de la maquinaria destinada al mejoramiento y conservación de la red vial secundaria y terciaria… y [demás] vehículos y equipos”.

c. En e l mes de enero de 2014 continuó prestando dichos servicios por solicitud del municipio, porque le remitía los vehículos y él esperaba que el contrato sería renovado.

d. El 14 de enero de 2014, mientras le realizaba mantenimiento a la volqueta de placas Ozn 042 de propiedad del municipio, estalló una llanta de la misma, causándole graves lesiones.

e. Al día siguiente el señor Uriel Burgos ingresó al Hospital Universitario, donde le diagnost icaron trauma facial, POP craneopatía con malla orbito frontal derecha + esquerelectomia + corrección de fistula de LCR con Tissucol, POP reducción abierta de fractura Lefort III, POP lavado y drenaje de seroma rodilla izquierda, Isquemia Cerebral frontal bilateral extensa, Estallido ocular izquierdo + enucleación, Neumonía por bronco aspiración

Tissucol, POP reducción abierta de fractura Lefort III, POP lavado y drenaje de seroma rodilla izquierda, Isquemia Cerebral frontal bilateral extensa, Estallido ocular izquierdo + enucleación, Neumonía por bronco aspiración tratada y Enfermedad diarreica aguda.

f. La Junta de Calificación de Invalidez del Huila le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 90.30% (dictamen 5323); notificada el 18 de noviembre de 2014.

g. Como consecuencia del accidente, perdió la visión y no puede laborar ni hacer ejercicio, y para desenvolverse requiere de la ayuda plena de su hija Yina Marcela Burgos López.

h. Mensualmente, el señor Uriel Burgos devengaba $2.000.000 y los destinaba al sostenimiento de sus hijos menores y a sus gastos personales.

1. Los hijos del señor Uriel Burgos y su nieta Lesli Michel Realpe Burgos han sentido angustia, impotencia y tristeza por las condiciones en que se encuentra su padre y abuelo.

3. Fundamentación legal.

De acuerdo con el artículo 90 superior, la entidad demandada debe responder por los perjuicios reclamados, porque i) el vehículo de placas Ozn 042 pertene cía al municipio de La Argentina, ii) contando con el consentimiento del ente territorial, el señor Uriel Burgos se encontraba realizando labores de reparación a dicho vehículo y, iii) el señor Uriel Burgos obró de buena fe, por que realizó dich as actividades esperando la formalización de un nuevo contrato.Yina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina

realizando labores de reparación a dicho vehículo y, iii) el señor Uriel Burgos obró de buena fe, por que realizó dich as actividades esperando la formalización de un nuevo contrato.Yina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 3

Considera que “…existió provecho económico a favor del Municipio de La Argentina con el acuerdo cumplido por parte de mi poderdante, desfavoreciéndose este último con dicho pacto, produciéndose así un desequilibrio económico en contra de mi prohijado, quien actuó conforme a los principios de buena fe, responsabilidad, confianza legítima y recibió de la administración municipal referida a cambio de su cumplimiento y actuación de buena fe, perjuicios e inconvenientes que afectan y afectaran siempre su vida personal, emocional, sentimental, familiar, laboral y económica”.

Dado que el actor realizaba u na actividad peligro a favor de l demandado, éste debe responder en justicia y equidad por los perjuicios causados.

4. La oposición.

Se pronunció tardíamente.

5. La audiencia inicial.

En la audiencia realizada el 22 de junio de 2017, el a quo tuvo por contestada extemporáneamente la demanda, fijó el litigio y decretó pruebas.

6. Audiencia de pruebas y alegatos.

En la audiencia realizada el 21 de septiembre de 2017 se practicaron las pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes expresaron lo siguiente:

a. Parte demandante.

Considera que se encuentran acreditados los supuestos fácticos y jurídicos

pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes expresaron lo siguiente:

a. Parte demandante.

Considera que se encuentran acreditados los supuestos fácticos y jurídicos reseñados en la demanda.

b. Parte demandada.

Afirma que se configura la excepción de culpa exclusiva de la víctima, puesto que no cumplió los estándares mínimos de seguridad para el inflado de llantas.

c. Ministerio Público.

No rindió concepto.

7. El fallo impugnado.

El 25 de junio de 2019 el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Como sustento, precisa que la demanda no es clara en cuanto al ti po de responsabilidad reclamada (contractual o extracontractual), porque afirmaYina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 4

que celebró contratos de prestación de servicios con el municipio, y sin que mediara negocio jurídico alguno en 2014 , el ente territorial continuó ocupándolo.

Teniendo en cuenta que los contratos estatales deben constar por escrito (artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993) , es claro que cuando ocurrió el accidente no mediaba ningún contrato, porque los contratos de prestación de servicios 139 y 154 ya se habían ejecutado y liquidado.

Tampoco se puede predicar la responsabilidad extracontractual, por las siguientes razones:

accidente no mediaba ningún contrato, porque los contratos de prestación de servicios 139 y 154 ya se habían ejecutado y liquidado.

Tampoco se puede predicar la responsabilidad extracontractual, por las siguientes razones:

1. La actividad de “despinchado” no fue impuesta al señor Uriel Burgos, ni implicó un desconocimiento del principio de igualdad fre nte a las cargas públicas; como quiera que ese servicio era ofrecido públicamente por aquel.

1. Los daños ocasionados por la manipulación del vehículo de propiedad del municipio no son imputables a éste , como quiera que dicha actividad fue realizada bajo el exclusivo control y responsabilidad del demandante; quien según lo que manifestaron los testigos Francisco Javier Ortiz Córdoba y Eunice Cortés Méndez, se encontraba solo.

1. En el interrogatorio, el señor Burgos reconoció que el accidente pudo originarse por falta de precaución o exceso de confianza.

Lo anterior implica que no se tomaron las medidas de precaución requeridas.

8. La impugnación.

Inconforme, la parte demandante interpuso el recurso de apelación ; planteando los siguientes argumentos de disenso:

a. Se encuentra probado que el daño se produjo el 14 de enero de 2014 , mientras el señor Uriel Burgos realizaba actividades indicadas, sugeridas, consentidas y conocidas por el municipio de La Argentina.

En efecto, por directriz del jefe de maquinaria, todos sus operarios llevaban los vehículos del municipio al taller del señor Uriel Burgos para que realizara las mismas tareas para las que había sido contratado hasta el 27 de diciembre del año anterior.

En efecto, por directriz del jefe de maquinaria, todos sus operarios llevaban los vehículos del municipio al taller del señor Uriel Burgos para que realizara las mismas tareas para las que había sido contratado hasta el 27 de diciembre del año anterior.

b. Mediante oficio del 4 de agosto de 2017 , el municipio reconoció que en enero de 2014 no suscribió contrato alguno para la reparación de sus vehículos (solo contrató los operarios para el manejo de la maquinaria).Yina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 5

En consecuencia, le asiste responsabilidad al municipio, porque requirió a través de sus contratistas (operarios) los servicios señor Uriel Burgos para atender dicha necesidad.

c. El señor Uriel Burgos “despinchó” la volqueta del municipio con el convencimiento pleno de estar ejecutando un servicio a favor del mismo (actuó de buena fe y bajo el amparo de la confianza legitima).

d. El municipio fue quien creó el riesgo, y n o es admisible que pretenda evadir su responsabilidad de las lesiones padecidas por el actor en desarrollo de las tareas encomendadas.

e. El a quo no valoró todo el materialmente probatorio que respalda la responsabilidad del municipio; resaltando que los testigos acreditaron que una sola persona puede “despinchar” una llanta, y no se puede afirmar que el accidente se produjo sin la intervención del ente territorial.

f. La versión del demandante en el interrogatorio se debe valorar desde un enfoque humano; porque todas las tareas son perfectibles, y por la gravedad

accidente se produjo sin la intervención del ente territorial.

f. La versión del demandante en el interrogatorio se debe valorar desde un enfoque humano; porque todas las tareas son perfectibles, y por la gravedad del suceso, la víctima siempre encontrará alguna explicación frente a lo que pudo haber hecho para evitar su tragedia , pese a que siempre realizaba la tarea de la misma forma (no se le puede exigir que fuera más diligente o cuidadoso).

9. Alegaciones de conclusión en segunda instancia.

a. Parte actora.

Reiteró los argumentos esbozados en el recurso de apelación.

b. Parte demandada.

Insiste la conducta imprudente del señor Uriel Burgos fue la que ocasionó el accidente.

c. Ministerio Público.

No rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES.

1. La competencia del ad quem.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Cpaca, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, y en razón a que el fallo fue impugnado únicamente por la parte demandante; al tenorYina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 6

de lo dispuesto por el artículo 328 del Cgp 1 -aplicable por expresa remisión del artículo 306 del Cpaca -; solo se abordará el análisis de los reparos formulados en la apelación.

2. El problema jurídico.

El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia ; en especial, precisar i) si la entidad dema ndada es adm inistrativamente

formulados en la apelación.

2. El problema jurídico.

El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia ; en especial, precisar i) si la entidad dema ndada es adm inistrativamente responsable de las lesiones padecidas por el señor Francisco Uriel Burgos el 14 de enero de 2014, mientras le realizaba mantenimiento de la volqueta de placas Ozn 042 , de propiedad del municipio de La Argentina y, ii) en el evento de que se configure la responsabilidad extracontractual, determinar si los demandantes tienen derecho a los perjuicios reclamados.

3. Lo probado.

En el sub-lite se encuentra acreditado lo siguiente:

a. El señor Uriel Burgos y el municipio de La Argentina celebraron los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión 139 de 2012 y 154 de 2013, cuyo objeto consistió en la prestación del “servicio de reparaciones menores, soldaduras, despinchadas y lavado” de maquinaria y demás vehículos del municipio.

La ejecución del último contrato expiró el 27 de diciembre de 2013 y se liquidado bilateralmente (documento sin fecha).

b. De acuerdo con el registro único nacional de tránsito, la volqueta de placas Ozn 042 es de propiedad del municipio de La Argentina.

c. La historia clínica del 14 de enero de 2014, da cuenta de que el señor Uriel Burgos resultó lesionado en su rostro por la explosión de una de las llantas del referido vehículo.

Inicialmente ingresó en la Ese Juan Ramón Núñez Palacios y posteriormente fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua. Por la gravedad de sus

del referido vehículo.

Inicialmente ingresó en la Ese Juan Ramón Núñez Palacios y posteriormente fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua. Por la gravedad de sus heridas, fue remitido al Hospital Universitario de Neiva , donde le

1Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Yina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 7

diagnosticaron los siguientes traumas y le brindaron la s siguientes atenciones:

“…trauma facial, pop craneoplastia con malla orbito frontal derecha + esqu irlectomia + corrección de fistula de Lcr, pop reducción abierta de fractura lefort III, pop lavado y drenaje de seroma rodilla izquierda, isquemia cerebral frontal bilateral extensa, estallido ocular izquierdo enucleación, neumonía por bronco aspiración tratada, enfermedad diarreica aguda resuelta”.

d. El 13 de noviembre de 2014 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 90.30% (dictamen 5323).

d. El 13 de noviembre de 2014 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 90.30% (dictamen 5323).

e. El 4 de agosto de 2017, el municipio certificó que en el mes de enero no suscribió contrato alguno para cubrir dicha necesidad (solo contrató los operarios de la maquinaria: Francisco Javier Ortiz, Emilio Humberto Golondrino, Medardo Ordóñez Meneses y Absalón Escobar Vargas).

f. En el proceso contencioso administrativo se recepcionaron los testimonios de Francisco Javier Ortiz Cardona , Elí Mirald o Ordoñez del Castillo, Eunice Cortés Méndez y Antonio Adriano Caicedo Jiménez, así como el interrogatorio del señor Uriel Burgos; los cuales, serán valorados en el análisis de fondo.

4. Análisis de fondo.

4.1. El daño antijurídico.

La doctrina y la jurisprudencia conciben el daño antijurídico como la afectación patrimonial de un bien jurídicamente protegido; cuyo titular no tiene el deber jurídico de soportar, y entraña la modificación o alteración negativa de un derecho, bien o interés legítimo personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y desde el punto de vista formal es antijurídico; es decir, no está en la obligación porque la normativa no le impone esa carga.

En el asunto sub examine , el daño antijurídico se hace co nsistir en las afectaciones que sufrieron los accionantes por las lesiones causadas al señor Uriel Burgos el 14 de enero de 2014, luego de que una de las llantas de la

En el asunto sub examine , el daño antijurídico se hace co nsistir en las afectaciones que sufrieron los accionantes por las lesiones causadas al señor Uriel Burgos el 14 de enero de 2014, luego de que una de las llantas de la volqueta oficial que estaba siendo “despinchada” e xplotara y el ar o de la misma golpeara su cabeza.

Dichas le siones se encuentra n acreditadas en la historia clínica (trauma facial, trauma craneoencefálico severo, pérdida de la visión y fractura del maxilar) y el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila (disminución del 90.30%).

4.2. Imputación y relación de causalidad.Yina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 8

a. El H. Consejo de Estado2 precisó que la responsabilidad extracontractual del Estado se compromete cuando se verifica la existencia de un daño antijurídico y la imputación de éste a una entidad pública.

La imputación ha sido definida como “… la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado. Este juicio supone “establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico”3, conforme a la capacidad del sujeto de comprender y determinarse por normas, así como de prever las consecuencias de sus actos4. Para ello, el juzgador debe realizar una valoración fáctica, en la que se determina su origen o causa material, y otra

por normas, así como de prever las consecuencias de sus actos4. Para ello, el juzgador debe realizar una valoración fáctica, en la que se determina su origen o causa material, y otra jurídica, en la que se analiza la relación que surge entre el daño y la observancia o inobservancia de los deberes jurídicos.

Como criterio jurídico, la jurisprudencia se ha servido, principalmente, de la falla del servicio, así como de criterios objetivos basados en el principio de igualdad y la creación del riesgo. En todo caso, el artículo 90 constitucional no privilegia un título de imputación específico, correspondiéndole al juez de responsabilidad su determinación, atendiendo a las circunstancias específicas del caso, sin desconocer, claro está, el derecho fundamental a la igualdad, reflejado en la construcción jurispr udencial de una argumentación específica constitutiva de un precedente en eventos de daños antijurídicos similares5.

Esta Colegiatura resalta que la acreditación del nexo material entre el daño y el hecho dañoso es esencial para determinar el patrimonio al cual se le imputa obligación indemnizatoria6. En sede de responsabilidad civil, “[la] existencia de un nexo causal entre la actividad (y de forma más tardía, la conducta omisiva), del sujeto a quien se imputa el daño y el hecho dañoso ha constituido his tóricamente un presupuesto inexcusable de la responsabilidad civil”7. En sentido análogo se ha pronunciado la jurisprudencia en materia de responsabilidad patrimonial del Estado8.”9

d. Descendiendo al sub examine, en virtud del principio iura novit curia , considera la sala que se debe auscultar bajo la égida de falla del servicio y

de responsabilidad patrimonial del Estado8.”9

d. Descendiendo al sub examine, en virtud del principio iura novit curia , considera la sala que se debe auscultar bajo la égida de falla del servicio y subsidiariamente bajo los regímenes de carácter objetivo; como quiera que en la demanda se afirma que el municipio “…actuó de manera irregular al exponer

2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Consejero ponente:

NICOLÁS YEPES CORRALES, Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 25000-23-26-0002012-00494-01(54626), Actor: JAIME ENRIQUE GÓMEZ HERRERA, Demandado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. 3 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia del 12 de julio de 1993, exp. 7622. 4 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de noviembre de 2017, exp.39453. 5 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 29 de octubre de 2018, exp. 40618; del 29 de octubre de 2018, exp. 41306; del 26 de noviembre de 2018, exp. 41111; del 14 de diciembre de 2018, exp. 42220. 6 “Ciertamente, resulta totalmente imprescindible probar que la actividad del demandado ha sido la causante del daño, ya que si falta ese nexo causal, no habrá lugar a la responsabilidad aun cuando resulte probada la co nducta típica. […] Por tanto, para imputar la

6 “Ciertamente, resulta totalmente imprescindible probar que la actividad del demandado ha sido la causante del daño, ya que si falta ese nexo causal, no habrá lugar a la responsabilidad aun cuando resulte probada la co nducta típica. […] Por tanto, para imputar la responsabilidad a un sujeto determinado constituye un requisito sine qua non la existencia de un vínculo que relaciona una determinada actividad a un daño concreto, de tal forma que pueda afirmarse con certeza que el daño es consecuencia de una determinada actividad”. LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, Mercedes. “La prueba de la Relación de Causalidad en los Daños Ambientales”, en: Derecho Penal Ambiental, editado por Juan Antonio MARTOS NÚÑEZ, Exlibris, Madrid, 2006, p. 315. 7 REGLERO CAMPOS, L. Fernando. “El Nexo Causal. Las Causas de Exoneración de Responsabilidad: Culpa de la Víctima y Fuerza Mayor. La Concurrencia de Culpas”, en: Tratado de Responsabilidad Civil, 3ª Edición, (Edit. L. Fernando Reglero Campos), ThomosnAranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, ps. 339 – 341. 8 “La existencia de una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido es, lógicamente, una condición indispensable para que pueda atribuirse a aquélla el deber de resarcir dicho daño”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo, Vol. II, 12ª Edición, Civitas-Thomson-Reuters, Cizur Menor

(Navarra), 2011, p. 412. “[…] para que la Administración esté obligada a indemnizar se requiere que su actividad haya sido la causa del daño; la lesión debe ser ‘consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos ’”. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo General, Vol. II, 2ª Edición, Iustel, Madrid, 2009, p. 510. “[…] para que la lesión resarcible sea indemnizable, debe existir una relación de causa a efecto entre la actuación u omisión administrativa a la que se imputa el daño y aquella”. SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho Administrativo. Parte General, 6ª Edición, Tecnos, Madrid, 2010, p. 934. 9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 26 de agosto de 2019. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Rad. 68001-23-31-000-2005-03937-01(45955). Demandante: Daniel Rangel Tarazona y Otro.Yina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 9

a mi prohijado a laborar con ellos sin el cumplimiento de los requisitos debidos” y que la actividad que realizaba el señor Uriel Burgos era peligrosa.

e. En el sub-lite se encuentra acreditado que la volqueta de placas Ozn 042 era de propiedad del municipio de La Argentina y que a las 6:00 pm del 14 de enero de 2014, el señor Francisco Javier Ortiz Cardona (conductor) la llevó al taller del señor Uriel Burgos para que la “despinchara”; acatando la

era de propiedad del municipio de La Argentina y que a las 6:00 pm del 14 de enero de 2014, el señor Francisco Javier Ortiz Cardona (conductor) la llevó al taller del señor Uriel Burgos para que la “despinchara”; acatando la instrucción del jefe de maquinaria (así lo manifestó en su testimonio).

El ingreso del vehículo al taller también lo corrobora el testimonio del señor Elí Miraldo Ordoñez del Castillo (empleado del señor Uriel Burgos, quien en ese momento había terminado su jornada laboral).

f. La testigo Eunice Cortés Méndez (vivía contiguo al taller), manifestó que conversaba con regularidad con el señor Uriel Burgos y que antes de irse para su casa lo observó “despinchando” una llanta de una volqueta . Transcurridos unos minutos, sintió una fuerte explosión y con su esposo acudieron al lugar de los hechos. Allí observaron al Uriel tendido en el suelo, convulsionando y con una herida en el rostro. El aro de una de las llantas se encontraba a unos metros de su cuerpo.

g. El accidente le ocasionó un trauma craneoencefálico severo y la pérdida completa de la visión (entre otras lesiones) y fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 90.30%.

h. En opinión de la sala , desde la óptica de la responsabilidad extracontractual, dicho daño no es imputable al ente territorial accionado; como quiera que sin ningún tipo de apremio y bajo su exclusiva responsabilidad, el día de los hechos el señor Uriel Burgos decidió “despichar” en su taller el referido automotor.

como quiera que sin ningún tipo de apremio y bajo su exclusiva responsabilidad, el día de los hechos el señor Uriel Burgos decidió “despichar” en su taller el referido automotor.

1. No se encuentra probado que los componentes de la llanta que explotó, más allá de la “pinchadura”, estuvieran desgastados, deteriorad os o que presentaran algún defecto por falta de revisión o mantenimiento periódico.

Al respecto, el señor Francisco Javier Ortiz Cardona manifestó que el vehículo no tenía otro desperfecto y la víctima aseguró que no notó nada extraño en la llanta.

j. En todo caso, no hay que desconocer que el ejerc icio de la mecánica apareja la exposición a ciertas contingencias (no creada s por la administración); incluyendo la posibilidad de caídas, golpes, cortes, aplastamientos, explosiones (llantas), etc. Situación que eran conocida por el señor Uriel Burgos, quien acreditaba varios años de experiencia en dicha labor.Yina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 10

k. Incluso, no se puede descartar que la explosión se haya generado por un inflado excesivo o incorrecto o un montaje inadecuado de la llanta; pues la propia víctima reconoció que “era tarde” y que tal vez todo se originó por la “falta de precaució n”, por “los afanes” y porque “uno se confía de las cosas” . Manifestaciones, que dada su espontaneidad y naturalidad se deben tener en cuenta.

l. De otro lado , el mero hecho de que el señor Uriel Burgos le prestara un

Manifestaciones, que dada su espontaneidad y naturalidad se deben tener en cuenta.

l. De otro lado , el mero hecho de que el señor Uriel Burgos le prestara un servicio al municipio sin amparo contractual, no traslada automáticamente a este último el daño causado, puesto que esa circunstancia no fue la causa eficiente del mismo.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que pueda emprender la víctima para la declaratoria de una relación laboral o contractual, según corresponda, en aras de remediar un presunto “desequilibrio económico”.

m. En ese orden de ideas, no prosperan los cargos propuestos, toda vez que no se acreditó que la entidad demandada incurriera en una falla del servicio o que la víctima fuera expuest a a un riesgo excepcional al ejercer una actividad peligrosa.

ñ. Merced a lo anterior, se confirmará la providencia impugnada.

5. Costas.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del Cpaca (adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021), la sala no condenará en costas a la parte demandante, porque no se advierte que la demanda carezca de forma manifiesta de fundamento legal.

6. Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzga do Sexto Administrativo el 11 de diciembre de 2017.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

F A L L A:

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzga do Sexto Administrativo el 11 de diciembre de 2017.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen.Yina Marcela Burgos López y o. vs. Mpio. de La Argentina 41 001 33 33 006-2016-00097-01 11

Notifíquese.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAMIRO APONTE PINO JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO

Magistrado Magistrado

ENRIQUE DUSSÁN CABRERA

Magistrado (Ausente con permiso)