TA CHO - 27001333300520210011701-(28-10-2022)

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

ACTOR: MARTHA CECILIA MORENO MURILLO CONTRA: NACIÓNMINEDUCACION –FNPSM 1 de 19

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SENTENCIA No.161

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

ACTOR: MARTHA CECILIA MORENO MURILLO

CONTRA: NACIÓNMINEDUCACION –FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

MAGISTRADA PONENTE: NORMA MORENO MOSQUERA Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia Nº 43 del 26 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado Cuart o Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la que se resolvió: “PRIMERO: DECLARESE LA NULIDAD del acto ficto o presunto surgido del silencio administrativo negativo al omitir la entidad demandada dar respuesta a la petición de fecha de 27 de septiembre de 2018 relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales de la señora MARTHA CECILIA MORENO MURILLO, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, or dénese a la NACIÓN –

MARTHA CECILIA MORENO MURILLO, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, or dénese a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar a la s eñora MARTHA CECILIA MORENO MURILLO identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.327.535 de Is tmina, un día de salario por cada día de mora en el pago de sus cesantías parciales, desde el 30 de noviembre de 2017 al 1 marzo de 2018, en los términos y condiciones previstas en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: Sin costas.

CUARTO: La entidad demandada dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del CPACA. Para su cumplimiento, expídase copia autentica de la sentencia, con constancia de ejecutoria, a la demandante, al Ministerio Público y a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUC ACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO; conforme a lo dispue sto en los artículos 192 y ss. Del CPACA, 114 del C.G.P y 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia archívese el expediente y cancélese su radicación previa las anotaciones de rigor”.

CONTRA: NACIÓNMINEDUCACION –FNPSM 2 de 19

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia archívese el expediente y cancélese su radicación previa las anotaciones de rigor”.

I ANTECEDENTES La señora MARTHA CECILIA MORENO MURILLO , por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó a esta jurisdicción las siguientes

DECLARACIONES Y CONDENAS En la demanda se solicitan las siguientes pretensiones: “Primero: Declarar la nulidad del acto ficto configurado el día 27 DE DICIEMBRE DE 2018, frente a la petición presentada el día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, en cuanto negó el derecho a pagar la SANCION POR MORA a mi mandante establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los sesentas (70) días hábiles después de radicado la solicitud de la cesantía ante la demanda y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

Segundo: Declarar que mi representado tiene derecho a que la NACIONMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, le reconozca y pague la SANCION POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días

POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía an te la entidad y hasta cuando hizo efectivo el pago de la misma.

Tercero: Condenar a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACION NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOFIDUPREVISORA, a que le reconozca y pague la SANCION POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006 a mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los sesentas (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

Cuarto: Que se ordene a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACION NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOFIDUPREVISORA dar cumplimento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo. (CPACA).

Quinto: Condenar a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FIDUPREVISORA al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCION MORATORIA referida en el numeral anterior, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde

al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCION MORATORIA referida en el numeral anterior, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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Sexto: Condenar a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FIDUPREVISORA al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de la SANCION MORATORIA reconocida en esta sentencia.

Séptimo: Condenar NACION-MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FIDUPREVISORA de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se rige por lo dispuesto en el Artículo 392 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010”.

HECHOS La apoderada de la parte deman dante relató cómo fundamentos fá cticos que sustentan sus pretensiones los que a continuación se relacionan:

Ley 1395 de 2010”. HECHOS La apoderada de la parte deman dante relató cómo fundamentos fá cticos que sustentan sus pretensiones los que a continuación se relacionan: “PRIMERO: El artículo 3 de la Ley 91 de 1989, creo el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica.

SEGUNDO: De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, le asigno como competencia al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO el pago de la CESANTIA de los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

TERCERO: Teniendo de presente estas circunstancias, mi representado, por laboral como docente en los servicios educativos estatales le solicitó a la NACIONMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FIDUPREVISORA, el día 17 DE AGOSTO DE 2017 el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho.

CUARTO: Por medio de la RESOLUCION No. 0799 DE 23 DE OCTUBRE DE 2017 le fue reconocida la cesantía solicitada.

QUINTO: Esta cesantía fue cancelada el día 2 DE MARZO DE 2018 por intermedio de entidad bancaria.

SEXTO: El artículo 4 de la ley 1071 de 2006, estableció:

“……. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los

“……. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo deREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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la solicitud, señalando expresamente los docume ntos y/o requisitos pendientes. U na vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.” El artículo 5 ibidem por su parte contemplo: “….. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las ces antías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido por el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios

por el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. (Subrayas fuera de texto) SÉPTIMO: El Honorable Consejo de Estado, en multiplicidad de oportunidades se ha pronunciado al respeto de la manera como debe entenderse la disposición normativa, como en sentencia de Unificación del 27 d e marzo de 2007, SU 025113, M.P. Jesús María Lemos Bustamante, donde contemplo que: “…. Sobre la fórmula de contabilizar los términos señalados en la norma anterior, (…) la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado: (…) el tiempo a partir del cual co mienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de la las cesantías definitivas, es decir quince (15) días hábiles que tiene la entid ad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria ….más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedo en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, trascurridos los cuales se causará la sanción moratoria” OCTAVO: al observar con detenimiento, mi representado solicito la cesantía el día 17

en que quedo en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, trascurridos los cuales se causará la sanción moratoria” OCTAVO: al observar con detenimiento, mi representado solicito la cesantía el día 17 DE AGOSTO DE 2017 siendo el plazo para cancelarlas el día 1 DE DICIEMBRE DE 2017 pero se realizó el día 2 DE MARZO DE 2018 por lo que transcurrieron 90 días de mora contados a partir de los 70 días hábiles que tenía la entidad para cancelar la cesantía hasta el momento que se efectuó el pago.

NOVENO: Con fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en el pago de la cesantía a la entidad convocada y esta resolvió negativamente en forma ficta las pretensiones invocadas, situación que conllevo de conformidad con el procedimiento administrativo a solicitar a solicitarle a la Procuraduría la fijación de audien cia de conciliación prejudicial con el objeto de llegar a acuerdos y sobre las pretensiones de esta demanda, situación que no fue posible, y por ello se adelanta la presente DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO”.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACION La apoderada de la parte demandante invocó como normas violadas las siguientes:

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LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACION La apoderada de la parte demandante invocó como normas violadas las siguientes: Ley 91 de 1989: art. 5 y 15. Ley 244 de 1995: art. 1 y 2. Ley 1071 de 2006: art. 1, 4 y 5. En el concepto de la violación manifestó “(…) en estas circunstancias, obsérvese el espíritu garantista de la Ley 1071 de 2006, al establecer los términos perentorios para el reconocimiento y pago de la cesantía de mi representado, está siendo burlada por la entidad demandada, pues se encuentra cancelando la prestación, con posterioridad a sesenta (70) días después de haber realizado la petición de las mismas, obviando la protección de los Derechos del trabajador, haciéndose el Fondo Prestacional del Magisterio acreedor a la SANCION correspondiente por la mora en el pago de la CESANTIA por el incumplimiento o retardo en el pago de la misma y con esa circunstancia pueda resarcirse lo s daños que causó a mi mandante , situación que debe ser oportunamente protegida por este Despacho.”

Contestación de la demanda. La entidad demandada NACION-MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERO no contestó la demanda pese habérsele notificado en debida forma. El Ministerio Público no emitió concepto. La sentencia apelada. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la sentencia

demanda pese habérsele notificado en debida forma. El Ministerio Público no emitió concepto. La sentencia apelada. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la sentencia apelada, accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente: CASO CONCRETO El análisis de las pruebas válida y oportunamente arrumadas al plenario permite establecer respecto de la situación fáctica de la actora, lo siguiente: “La señora MARTHA CECILIA MORENO MURILLO el día 17 de agosto de 2017, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales. Prestación social que le fue reconocida mediante Resolución No. 0799 de fecha 23 de octubre de 2017, por un valor a pagar de TREITA MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHO PESOS ($30.607.008) y las mismas fueron canceladas el 2 de marzo de 2018. Conforme el precedente jurisprudencial citado y el análisis probatorio referido, es claro para el Despacho que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el caso de la actora omitió el cumplimiento de los términos establecidos en la ley tanto para el reconocimiento como para el pago de las cesantías parciales por ella reclamado, es decir, 15 días para expedir el acto de reconocimiento, 10 más que corresponden al término de la ejecutoria, por cuanto la solicitud fue radicada en vigencia del CPACA13 y 45 días dentro de los cuales debía realizar el pago.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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solicitud fue radicada en vigencia del CPACA13 y 45 días dentro de los cuales debía realizar el pago.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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En efecto, de acuerdo con el anterior conteo el reconocimiento y pago de las cesantías parciales reclamadas por la actora debió producirse el d ía 29 de noviembre de 2017 y se hizo el 2 de marzo de 2018. Así las cosas, es claro para el Despacho que se causó la sanción moratoria deprecada en este asunto por la señora MARTHA CECILIA MORENO MURILLO, razón por la cual se accederá a las suplicas de la demanda, al haberse desvirtuado la presunción de legalidad de que goza el acto acusado. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho deprecado por la parte actora, el Despacho le ordenará a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagarle un día de salario por cada día de mora en el pago de sus cesantías parciales, desde el 30 de noviembre de 2017 día siguiente a la fecha en que se debió cancelar dicha prestación hasta el 1 de marzo de 2018 el día anterior a la fecha en que se produjo el pago, para lo cual tendrá en cuenta el salario devengado al momento de causarse la mora, esto es, 2017. Por último, no se ordenará indexación sobre lo que resulte de dicha suma atendiendo

lo cual tendrá en cuenta el salario devengado al momento de causarse la mora, esto es, 2017. Por último, no se ordenará indexación sobre lo que resulte de dicha suma atendiendo la sentencia de unificación referida en líneas precedentes, la cual se transcribe en lo pertinente: (…) El recurso de apelación. La apoderada de la parte demandada , dentro del término legal presenta recurso apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en el que alega como argumentos para revocar la sentencia del aquo lo siguiente: “(…) EXTREMOS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA SANCIÓN MORATORIA El Despacho, en el artículo segundo de la parte resolutiva ordena a mi representada reconocer y pagar la sanción moratoria al demandante desde el 30 de noviembre de 2017 hasta el 01 de marzo de 2018, sin embargo no explica o sustenta por qué toma dicha fecha como extremo si el dinero fue puesto a disposición del demandante desde el 27 de febrero de 2018 fecha que está plasmada en el certificado de pagos de FIDUPREVISORA que allego con este escrito, por lo que con dicha acción se estaría enriqueciendo sin justa causa a la parte demandante y realizando un detrimento en el patrimonio de la entidad. Por lo anterior, solicito se valore en conjunto el acervo probatorio del proceso y se verifiquen los extremos de la configuración de la sanción moratoria”. Trámite ante la segunda instancia. Por medio de auto Interlocutorio No. 411 del 23 de abril de 2021 se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia No. 43 del 26 de

Trámite ante la segunda instancia. Por medio de auto Interlocutorio No. 411 del 23 de abril de 2021 se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia No. 43 del 26 de marzo de 2021.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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IICONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

COMPETENCIA.

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C.P.A.C.A.1.

CUESTIÓN PREVIA.

Vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso -administrativa por remisión expresa del artículo 306 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segun da instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segun da instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (inciso 1º) del CGP, así:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).” Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que “Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteamientos por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.”3

Al respecto se debe recordar de forma insistente que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable.

medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable.

Aclarado lo anterior pasa la Sala a formularse el problema jurídico conforme al recurso de apelación interpuesto.

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.” 2 Ley 1437 de 2011: “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, expediente 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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PROBLEMA JURÍDICO.

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PROBLEMA JURÍDICO.

Conforme al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, corresponde a la Sala resolver en esta sentencia la siguiente pregunta:

1. ¿Tiene derecho la señora MARTHA CECILIA MORENO MURRILLO al reconocimiento y pago de la sanción por el no pago oportuno de sus cesantías? 2. ¿Los extremos de la mora en el reconocimiento y pago de la sanción moratoria verificado por el a quo, se encuentran debidamente respaldado s por la prueba obrante en el expediente?

Al efecto, es necesario examinar los elementos probatorios sustento de los fundamentos fácticos de la parte demandante, así:

Con base en las pruebas válidamente recaudadas se acreditó que la señora MARTHA CECILIA MORENO MURRILLO, como docente departamental, solicitó el 17 de AGOSTO de 20174, el reconocimiento y pago de unas cesantías parciales , por haber prestado sus servicios durante 37 años, 11 meses y 6 días. Con ocasión a ello, el Secretario de Educación del Municipio de Quibdó, en ejercicio de sus facultades legales le reconoció y ordenó pagar a la actora sus cesantías parciales a través de la Resolución No. 0799 de fecha 23 de octubre de 2017, en cuantía equivalente a TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHO PESOS ($30.607.008). Según recibo de la transacción bancaria efectuada ante el BANCO

equivalente a TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHO PESOS ($30.607.008). Según recibo de la transacción bancaria efectuada ante el BANCO BBVA el día 2 de marzo de 2018, a la actora su s cesantías parciales le fueron reconocidas y pagadas el 2 de marzo de 2018.

El día 27 de septiembre de 2018 la señora MARTHA CECILIA MORENO MURILLO a través de apoderada le solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 y Ley 244 de 1995 por el no pago oportuno de sus cesantías parciales que le fueran reconocidas.

La entidad demandada guardó silencio o por lo menos no existe constancia procesal de pronunciamiento alguno.

Con el recurso de apelación la demandada manifiesta que: “El Despacho, en el artículo segundo de la parte resolutiva ordena a mi representada reconocer y pagar la sanción moratoria al demandante desde el 30 de noviembre de 2017 hasta el 01 de marzo de 2018 , sin embargo no explica o sustenta por qué toma dicha fecha como extremo si el dinero fue puesto a disposición del demandante desde el 27 de febrero de 2018 fecha que está plasmada en el certificado de pagos de FIDUPREVISORA que allego con este escrito, p or lo que con dicha acción se estaría enriqueciendo sin justa causa a la parte demandante y realizando un detrimento en el patrimonio de la entidad.

Frente a lo anterior si bien para la Sala es claro que la prueba allegada con el recurso de apelación no reúne los requisitos del artículo 212 del C.P.A.C.A.,

detrimento en el patrimonio de la entidad.

Frente a lo anterior si bien para la Sala es claro que la prueba allegada con el recurso de apelación no reúne los requisitos del artículo 212 del C.P.A.C.A., tampoco pasa por alto que entre los objetos y principios de esta Jurisdicción consagrados en el artículo 103 ibidem “ARTÍCULO 103. OBJETO Y PRINCIPIOS. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico…”

4 Según contenido de la resolución N° 002601 del 17 de agosto de 2018.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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Así las cosas, en que la prueba allegada por la parte demandada con el recurso de apelación no puede entenderse como un acto aislado del resto del ordenamiento jurídico, pues lo cierto es que existen principios fundamentales que deben tenerse en cuenta al momento de resolver la apelación . Por ejemplo, no sería procedente confirmar una condena en contravía del propio interés general o con desconocimiento de elementos básicos como la proporcionalidad y la razonabilidad, así las cosas, el juez del proceso debe armonizar la orden con los lími tes previstos a nivel constitucional, legal y jurisprudencial.

En ese sentido, los requisitos del artículo 212 no se convierte en una situación

así las cosas, el juez del proceso debe armonizar la orden con los lími tes previstos a nivel constitucional, legal y jurisprudencial.

En ese sentido, los requisitos del artículo 212 no se convierte en una situación inamovible para el juez, pues es posible verficar el monto de las sumas adeudadas, justamente, con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal y que observe los límites previstos en el ordenamiento jurídico.

Además, no puede perderse de vista que « el papel del juez ordinario en el Estado Social de Derecho es el del funcionario activo, vigilante y garante de los derechos materiales que consulta la realidad subyacente de cada caso para lograr la aplicación del derecho sustancial, la búsqueda de la verdad y, por ende, la justicia material, por lo que al advertir un error debe proceder a subsanarlo para no seguir incurriendo en el mismo, más aún, cuando pueden estar comprometidos recursos públicos»5.

En ese orden de ideas, en el presente asunto la Sala valorará el certificado de pago allegado por la demandada de la fecha inicial, es decir, el 27 de FEBRERO de 2018, en que fue puesto a disposición de la parte demandante las cesantías reconocidas mediante Resolución N° 0799 del 17 de agosto de 2017.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Stella

Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 4 de octubre de 2017, expediente: 41001 -23-33-000-2017-0016101(AC), actor: María Nayibe Gutiérrez Castro.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420200008601

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Ahora bien, sobre la forma de contabilizar los términos a fin de verificar la ocurrencia de la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías docentes, la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 el 18 de julio de 20186, sentó jurisprudencia en el siguiente sentido:

«[…] 95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación f