TA CHO - 27001333300520210012501-(28-10-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, mayo trece (13) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 41001-33-33-005-2014-00210-01

DEMANDANTE : NUBIA AMPARO ARANGO

DEMANDADO : DEPARTAMENTO DEL HUILA y O.

MEDIO DE CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SENTENCIA No. : 03-05-91-25 /NRD 52-2-48

ACTA No. : 36 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 28 de febrero de 20 20 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA

2.1. Posición de la parte actora. (f. 7 al 20 ED one drive)1

Nubia Amparo Arango Abella, solicita la nulidad de las Resoluciones No. 434 del 24 de junio de 2013 y No. 736 del 24 de septiembre de 2013, expedidas por la gobernación - secretaria de educación del Huila en representación de la NaciónMinisterio de Educación, donde le negó el reconocimiento de la relación l aboral con el señor Geovanny Vargas Rojas (q.e.p.d) y el pago de prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o post mortem, como beneficiaria del causante.

El sustento fáctico señaló que el señor Geovanny Vargas Rojas, prest ó sus

aportes a la seguridad social y el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o post mortem, como beneficiaria del causante.

El sustento fáctico señaló que el señor Geovanny Vargas Rojas, prest ó sus servicios personales como docente a través de órdenes de prestación de servicios del 22 de febrero de 1988 al 23 de mayo de 1990, en idéntico calendario y jornada

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laboral que los profesores de planta del servicio educativo público, cumpliendo las mismas labores, recibiendo órdenes directas y diarias de los directivos, quienes además le proporcionaban los elem entos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Indicó que el señor Geovanny Vargas Rojas mantuvo una relación de carácter laboral con el departamento del Huila, porque se dieron todos los requisitos : salario, subordinación pues recibía y cumplía órdenes de sus superiores y efectuó la prestación personal al servicio público encomendado, en situación similar a los demás funcionarios de la entidad territorial del sistema educativo e indica, que la entidad nunca le reconoció ni pago las prestaciones sociales ni los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones).

Afirma que el señor Geovanny Vargas Arango laboró como docente oficial del 22 de febrero de 1988 al 23 de mayo de 1990 ; (fecha en que falleció ) y reunía el número de semanas cotizadas en el régimen de prima media con prestación

Afirma que el señor Geovanny Vargas Arango laboró como docente oficial del 22 de febrero de 1988 al 23 de mayo de 1990 ; (fecha en que falleció ) y reunía el número de semanas cotizadas en el régimen de prima media con prestación definida para causar la pensión de sobreviviente, porque contaba con más de 26 semanas cotizadas al sistema en el último año anterior al día de su muerte , por lo que considera que se debe aplicar por principio de retrospectividad el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1o de abril de 1994.

Así mismo, aduce que convivió bajo el mismo techo con Geovanny Vargas Rojas desde el año 1986 hasta el momento de su fallecimiento y de esa unión procrearon a su hija Jesikka Dulmay Vargas Arango; por lo que en su calidad de cónyuge supérstite y/o compañero sobreviviente, dependía económicamente del causante, pues er a quien suministraba todo para la congrua subsistencia del hogar hasta su muerte.

Finalmente, asegura que present ó petición a las demandadas para que se le reconociera la relación laboral, el pago de las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social y la pensión de sobreviviente o post mortem , la cual fue respondida de manera negativa a través de los actos demandados.

Citó como vulne rados los artículos 1, 2, 13, 23, 25, 29, 41, 43 y 53 de la Constitución Política; 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 , el decreto 3135 de 1968 y las sentencias C-154/1997 y C-08/19983

Constitución Política; 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 , el decreto 3135 de 1968 y las sentencias C-154/1997 y C-08/19983

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Aunque no señaló expresamente las causales de anulación, de la argumentación traída en el acápite de fundamentos de derecho es posible establecer que invocó como tal, el haberse expedido el acto administrativo demandado con infracción y desconocimiento de las normas super iores en que debió fundarse y vulneración al principio de igualdad, por no habérsele reconocido el tiempo de servicios laborado por su cónyuge con los efectos pensionales correspondientes y darle un trato diferente respecto a los demás servidores públicos docentes.

En los alegatos de conclusión (f. 221-223 ED one drive)2 señala que se debe dar aplicación al artículo 46-2 y 48 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, esto es reconocerle la pensión mensual vitalicia de sobreviviente en calidad de esposa del causante, incluyendo todos los factores salariales : asignación básica, auxilio de transporte mensual, auxilio de alimentación mensual, prima de navidad, prima de vacaciones y demás devengados por el causante en el último año de servicio y condenar a las demandadas a pagar le actualizados todos los retroactivos de las mesadas pensionales con sus primas y demás derechos laborales correspondientes a partir del día siguiente al fallecimiento del causante.

el último año de servicio y condenar a las demandadas a pagar le actualizados todos los retroactivos de las mesadas pensionales con sus primas y demás derechos laborales correspondientes a partir del día siguiente al fallecimiento del causante.

Afirma que l e negaron la pensión de sobrevivientes como esposa del docente, porque en su caso no aplica el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, pue s los docentes tienen un régimen especial de pensiones post-mortem, ya que deben llevar 18 años al servicio al momento de su muerte de acuerdo con la Ley 114 de 1913, lo cual fue aclarado por el Consejo de Estado en varias sentencias.

Agrega que la aparente contradicción entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 114 de 1913 debe resolverse a la luz del artículo 53 constitucional, aplicando el principio de favorabilidad y según el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C-461 del 12 de octubre de 1995 o sea, haber cotizado 26 semanas dentro el último año o 50 semanas en los tres años anteriores que trae el artículo 42 de la Ley 100 por ser aplicables según la época de los hechos

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2.2. POSICIÓN DE LA DEMANDADA

2.2.1. NACION – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Se opuso a las pretensiones (f. 161 a 165 ED OneDrive)3 porque lo pretendido

2.2. POSICIÓN DE LA DEMANDADA

2.2.1. NACION – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Se opuso a las pretensiones (f. 161 a 165 ED OneDrive)3 porque lo pretendido va en contra de precisas disposiciones que regulan el sistema pensional en el magisterio colombiano y no es posible que se ordene este reconocimiento y frente a los hechos, indica que se atiene a lo probado en el proceso y solamente acepta como cierto que se presentó la petición p ensional y la expedición de los actos administrativos a través del cual se negó la solicitud.

Propuso las siguientes excepciones: a) buena fe; b) legalidad de la actuación; c) indebida acumulación de pretensiones y d) inexistencia de la obligación.

Al alegar de conclusión (f. 219 y 220, ED OneDrive) reitera los argumentos de defensa y las excepciones planteadas, indicando que a los docentes nacionalizados (hombres y mujeres) y a los nacionales (mujeres) que tenían 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 se les podía aplicar la Ley 6 de 1945.

También informa que el FOMAG, reconoce dos pensiones . a): post mortem 20 años para los beneficiarios d e aquellos docentes que hayan cumplido 20 años como mínimo al servicio continuo o discontinuo y no se tiene en cuenta la edad (Ley 12 de 1975 y Ley 71 de 1988) y b) post-mortem 18 años a los beneficiarios del docente que haya cumplido como mínimo 18 años de servicio continuo o discontinuo al momento del fallecimiento ,sin importar la edad (decreto 224 de

del docente que haya cumplido como mínimo 18 años de servicio continuo o discontinuo al momento del fallecimiento ,sin importar la edad (decreto 224 de 1972 y Ley 71 de 1988) y su disfrute es por 5 años; pero en el presente caso no se reúnen los requisitos de tiempo mínimo, por tanto queda debidamente probada la inexistencia de la obligación a cargo del MEN.

2.2.2. DEPARTAMENTO DEL HUILA

Se opuso a las pretensiones (f. 176 a 184 ED OneDrive)4 porque considera que no le asiste razón a la demandante en cuanto al derecho que le pudiera asistir al

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extinto, G EOVANNY VARGAS ROJAS y frente a los hechos, indica que no le constan, porque no se encontró en el archivo de la entidad el expediente ni historia laboral del señor Geovanny Vargas Rojas, por lo que considera le corresponde a la actora probar la situación fáctica anunciada.

Solamente acepta que en la Resolución No. 434 del 24 de junio de 2013, aparece que la señora NUBIA AMPARO ARANGO elevo petición el 08 de febrero de 2013 ante la administración departamental para que se declare que existió una relación laboral con el señor GEOVANNY VARGAS ROJAS, por su desempeñó como docente por órdenes de prestación de servicios y por tanto tiene derecho al reconocimiento

ante la administración departamental para que se declare que existió una relación laboral con el señor GEOVANNY VARGAS ROJAS, por su desempeñó como docente por órdenes de prestación de servicios y por tanto tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales no reconocidas.

Propuso las siguientes excepciones: a) prescripción y b) falta de la prueba de la calidad con que se comparece al proceso.

Guardo silencio durante el termino para alegar de conclusión (f. 224 ED one drive)5

2.2.3. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

No rinde concepto (f. 1438 C.8).

2.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva en sentencia del 28 de febrero de 2020 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó la existencia de una relación laboral ni los elementos constitutivos de esta (prestación personal del servicio, subordinación y remuneración).

Para ello, analizó la diferencia entre el c ontrato de prestación de servicios y el contrato realidad y concluye que no se probó la estructuración de los elementos de la relación laboral , particularmente, la prestación personal del servicio y la remuneración por cuenta de la misma y por eso no procede declarar la existencia del contrato realidad en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las

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formas ni el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y, la pensión de

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formas ni el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y, la pensión de sobreviviente deprecadas.

Afirma que los certificados expedidos por el presidente de la JAC de la vereda La Unión y el director del núcleo de desarrollo No. 14 de la Argentina Huila, no son prueba de la existencia de la prestación personal del servicio docente, ya que no obran dentro del expediente las órdenes o contratos de prestación de servicios suscritos entre las entidades demandas y el señor Geovanny Vargas Rojas.

Lo mismo ocurre en cuento a la remuneración, tampoco obra prueba que dé certeza de la existencia de este elemento y que permita concretar el valor de los honorarios que efectivamente se cancelaron al señor Geovanny Vargas Rojas, toda vez que sólo se registran oficios expedidos por integrantes de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Unión con destino al Tesorero Municipal de La Argentina, en los cuales se autoriza el pago de unas sumas de dinero al causante para los años 1988 y 1989 en virtud de la ejecución de contratos como docente de la Vereda, documentos que no establecen la existencia del contrato ni la cuantía de la remuneración recibida y su periodicidad.

2.4. RECURSO DE APELACION DE LA DEMANDANTE (f. 28 al 30 ED id)6

La apelación se interpuso en tiempo por la demandante contra la anterior decisión, para que se revoque y en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades de que trata el artículo 53 de la Constitución , se

La apelación se interpuso en tiempo por la demandante contra la anterior decisión, para que se revoque y en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades de que trata el artículo 53 de la Constitución , se reconozca la relación laboral docente que se dio entre el señor Geovanny Vargas Roja y el departamento del Huila , independientemente de la apariencia contractual y atendiendo la carga dinámica de la prueba, indicando que el juez debió ordenar a las entidades demandadas presentar las pruebas en su poder, como contratos y órdenes, dado que el particular puede operar bajo esta carga.

También argumenta la presunción de subordinación, según la cual, acreditada la prestación personal del servicio, se presume la existencia de la subordinación laboral y corres ponde al empleador desvirtuarla salvo en los hechos notorios y presunciones legales, donde la carga puede trasladarse.

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Agrega que la valoración probatoria del juzgado no consideró suficientes las certificaciones presentadas para acreditar la prestación personal del servicio , sosteniendo que las pruebas presentadas demuestran la existencia de una relación laboral entre Geovanny Vargas Rojas y las entidades demandadas amen de reafirmar que Nubia Amparo Arango dependía económicamente de Geovanny Vargas Rojas, quien aportaba para la subsistencia del hogar.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA. CONSIDERACIONES.

de reafirmar que Nubia Amparo Arango dependía económicamente de Geovanny Vargas Rojas, quien aportaba para la subsistencia del hogar.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA. CONSIDERACIONES.

3.1. ACTUACIONES PROCESALES

El recurso se admite por auto del 17 de junio de 2021 y al no haberse solicitado pruebas en esta instancia, ingresa al despacho para proferir sentencia.

3.2. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con los artículos 152-2 y 156-3 del CPACA (factores funcional, objetivo y territorial) y a ello procede, pues no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado , las partes están legitimadas en causa porque l a demandante reclama la nulidad de los actos administrativos en donde las demandadas le niegan la existencia de una relación laboral y el pago con l as correspondientes prestaciones sociales y la pensión post mortem de su compañero Geovanny Vargas Rojas (q.e.p.d), por eso el interés en la decisión que se adopte.

3.3. Problema jurídico.

Atendiendo lo previsto en el artículo 328 del CGP, aplicable por integración normativa con el artículo 306 del CPACA, corresponde a la Sala los reparos de la recurrente presentados en el recurso y que plantean al Tribunal resolver:

1. ¿Debe revocarse la decisión de primer grado, por cuanto están demostrados los elementos de la relación laboral entre el señor Geovanny Vargas Rojas (q.e.p.d) y las demandadas , que ameritan anular los actos demandados, declarar la configuración del contrato realidad y restablecer el derecho de la demandante?8

elementos de la relación laboral entre el señor Geovanny Vargas Rojas (q.e.p.d) y las demandadas , que ameritan anular los actos demandados, declarar la configuración del contrato realidad y restablecer el derecho de la demandante?8

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1. De responderse afirmativamente lo anterior: ¿Se cumplen los requisitos para reconocer la pensión post-mortem o pensión de sobreviviente a la señora Nubia Amparo Arango como cónyuge sobreviviente del señor Geovanny Vargas Rojas , a partir del 1o de abril de 1994 aplicando retrospectivamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993?

El Tribunal estima que se debe confirmar la decisión recurrida, porque la parte actora no acreditó los elementos esenciales de la relación laboral del señor Geovanny Vargas Rojas (q.e.p.d) con el departamento del Huila o la NaciónMinisterio de educación Nacional durante los años 1988, 1989 y 1990, por consiguiente, no hay lugar a declarar la existencia de la relación laboral ni el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o post mortem a favor de la demandante como cónyuge su pérstite, al no haber realizados cotizaciones al sistema de seguridad en pensiones con anterioridad a su fallecimiento.

Dicha tesis se sustenta en el análisis de: a) el marco jurídico del contrato de prestación de servicios, b) el contrato realidad, c) Programa de Escuela Nueva y

sistema de seguridad en pensiones con anterioridad a su fallecimiento.

Dicha tesis se sustenta en el análisis de: a) el marco jurídico del contrato de prestación de servicios, b) el contrato realidad, c) Programa de Escuela Nueva y d) el caso en concreto a la luz de los hechos probados.

3.4. El contrato de prestación de servicios.

El artículo 32-3 de la Ley 80 de 1993 regula el contrato de prestación de servicios a efectos de que las entidades estatales puedan vincular personas naturales para “desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”, cuando “no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados” y se celebren “por el término estrictamente indispensable”.

Así, dicho contrato tiene unos parámetros o requisitos que son de su esencia: a) de orden subjetivo (solo para personas naturales), b) funcional (actividades relacionadas con el funcionamiento de la administración o r equieran conocimientos especializados), c) estructural (no las puede cumplir el personal de planta) y, d) temporal (el tiempo indispensable), de manera que el desconocimiento de alguno de ellos hace que se desfigure y ha llevado a que el9

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Consejo de Estado 7, señale que no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales porque las actividades las ejercen los contratistas con total autonomía e independencia y revisten la calidad de transitorias.

Consejo de Estado 7, señale que no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales porque las actividades las ejercen los contratistas con total autonomía e independencia y revisten la calidad de transitorias.

Aunque el artículo 32-3 de la Ley 80 establece que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han admitido que tal dis posición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo, caso en el cual y por mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la realidad frente a las formas, debe concluirse, que si bajo el ropaj e externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la Administración8.

La Corte Constitucional9 ha analizado las diferencias entre el contrato de carácter laboral y el de prestación de servicios, haciendo énfasis en el elemento subordinación, sí:

“b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esen cial de este contrato . Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas. Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no

según las estipulaciones acordadas. Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios”. (Subraya la Sala)

Pero también hizo referencia a la temporalidad del contrato de prestación de servicios y la consecuente creación de cargos en caso contrario:

“c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de enero 26 de 2012, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 50001-23-31-000-2005-10518-02(1094-10). 8 SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, M.P. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, sentencia del 27 de octubre de 2022, Radicado: 23001-23-33-000-2013-00390-01 (3612-2015, ) demandante: Julio César Suárez Hernández y demandado: E.S.E. CAMU de San Pelayo 9 Corte Constitucional, sentencia C-154 de 1.997, M.P. Hernando Herrera Vergara.10

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que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”. (Subrayas fuera del texto)

Adicionalmente, la misma decisión concluyó:

“En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contra to de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente”.

El Consejo de Estado en la sentencia citada 10 trae a colación la sentencia de

derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente”.

El Consejo de Estado en la sentencia citada 10 trae a colación la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 donde fijó los criterios para identificar cuando se desnaturaliza el contrato de prestación de servicios en una relación laboral con efectos prestacionales, así:

“2.3.2.1. Los estudios previo s. En el caso del contrato estatal de prestación de servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de id oneidad y/o experiencia que permiten contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

“(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las

de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las

10 sentencia del 27 de octubre de 2022, Radicado: 23001-23-33-000-2013-00390-01 (3612-2015, ) demandante: Julio César Suárez

Hernández y demandado: E.S.E. CAMU de San Pelayo11

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condiciones pact adas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la prá ctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial”.

2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdene s, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál

obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.13

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las siguientes circunstancias:

1. El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

1. El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

1. La dirección y contr ol efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de las actividades

exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probat orio que exponga una actividad de control, vigilancia, impos