TA CHO - 27001333300520210012801-(30-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, veinticinco (25) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN N° 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: ILVER RUBIEL MUÑOZ ÑAÑEZ

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FOMAG, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y

FIDUPREVISORA SA EXPEDIENTE: 41001-33-33-010-2023-00130-01

SENTENCIA: TAH 005-25-02-032

TEMA: SANCIÓN MORATORIA

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG contra la sentencia del 28 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva ; a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida a esta Jurisdicción por el artículo 18 de la Ley 446 de 19981, en concordancia con la Ley 270 de 19962, y en atención a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

1“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de

1“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden tambi én podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su im portancia jurídica y trascendencia social. (…)” 2Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. “(…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Cons titucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.”2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros

ANTECEDENTES

1. Demanda

El señor ILVER RUBIEL MUÑOZ ÑAÑEZ, por intermedio de apoderado judicial y

ANTECEDENTES

1. Demanda

El señor ILVER RUBIEL MUÑOZ ÑAÑEZ, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda 3 contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, Departamento del Huila y la Fiduprevisora SA, conforme a las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación:

1.1. Pretensiones:

Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio HUI2023EE000475 del 11 de enero de 2023 , proferido por el Departamento del Huila, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

A título de restablecimiento del derecho, pretendió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

Finalmente, solicita que las sumas reconocidas sean indexadas; y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos consagrados en el artículo 192 del CPACA y se condene en costas.

1.2. Hechos4:

Afirmó que, el demandante el 4 de septiembre de 2020 solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento del Huila el retiro de cesantías parciales y/o definitivas, petición que fue resuelta favorablemente a través de la Resolución No. 4797 del 22 de septiembre de 2020; cuyos dineros fueron pagados

de Educación del Departamento del Huila el retiro de cesantías parciales y/o definitivas, petición que fue resuelta favorablemente a través de la Resolución No. 4797 del 22 de septiembre de 2020; cuyos dineros fueron pagados efectivamente el 29 de diciembre de 2020.

Luego, el 17 “Sic” de diciembre de 2020 , solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento del Huila el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

3 Expediente Digital Samai, Primera Instancia, índice 3. 4 Ibídem, páginas 4 - 5.3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros Petición que fue resuelta negativamente por la entidad, mediante Oficio HUI2023EE000475 del 11 de enero de 2023.

1.3. Normas violadas:

Ley 91 de 1989: artículos 5 y 15. Ley 244 de 1995: artículos 1 y 2. Ley 1071 de 2006: artículos 4 y 5.

En síntesis, sostuvo5 que la ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la ley 1071 del año 2006, regulo el pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, estableciendo un término perentorio para el reconocimiento de las mismas de 15 días después de radicada la solicitud y 45

1071 del año 2006, regulo el pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, estableciendo un término perentorio para el reconocimiento de las mismas de 15 días después de radicada la solicitud y 45 días para proceder al pago, con posterioridad a la expedición del acto administrativo.

Añadió que, aunque la normativa y la jurisprudencia establecen que entre el reconocimiento y pago de las cesantías no se puede superar los 70 días hábiles después de haberse radicado la solicitud, el FOMAG ha realizado el pago por fuera de los términos, lo que conlleva a la sanción moratoria para la entidad.

Finalmente, trajo a colación la Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJSII-012 del 18 de julio de 2018, la cual “…además de abordar el tema referido a la naturaleza del empleo de docente del sector oficial, estudió el momento a partir del cual se hace exigible la sanción moratoria en el evento en que la administración guarde silencio frente a la solicitud de reconocimiento de las cesantías o se pronuncie de manera tardía, e igualmente clarificó cuáles el salario a tener en cuenta para liquidar la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas y parciales, prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y si resulta procedente la actualización del valor de la sanción moratoria una vez se dejó de causar y hasta la fecha de la sentencia que la reconoce…”.

2. Contestación de la Demanda

2.1. Ministerio de Educación Nacional–FOMAG6

5 Páginas 5 a 7, ibídem.

2. Contestación de la Demanda

2.1. Ministerio de Educación Nacional–FOMAG6

5 Páginas 5 a 7, ibídem. 6 Expediente electrónico Samai, Primera Instancia, índice 12.4 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros La mandataria judicial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG se opuso a las pretensiones de la demanda, en el entendido que, el acto administrativo demandado no se encuentra inmerso en causal alguna de nulidad . Además, advirtió que, conforme a la Ley 1955 de 2019, la eventual mora que se genere a partir del año 2020 será responsabilidad del ente territorial.

Con base en esos argumentos, planteó las excepciones denominadas:

a.- Falta de legitimación por pasiva del FOMAG : Conforme a lo señalado en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

b.- Legalidad de los Actos Administrativos Atacados de Nulidad: Señaló que, los actos a dministrativos emitidos por la entidad se e ncuentran ajustados a derecho.

c.- Buena Fe : En el entendido que, el demandante ha actuado de buena fe, como quiera que, los pagos de prestaciones sociales en el régimen excepcional de los docentes dependen no solo del correcto diligenciamiento de los respectivos actos administrativos por parte de la entid ad territorial que

como quiera que, los pagos de prestaciones sociales en el régimen excepcional de los docentes dependen no solo del correcto diligenciamiento de los respectivos actos administrativos por parte de la entid ad territorial que pertenece el docente y del visto bueno de la entidad fiduciaria, sino también de la disponibilidad presupuestal.

2.2. Departamento del Huila7:

La entidad territorial contestó extemporáneamente.

2.3. Fiduprevisora SA8:

Guardó silencio.

3. Sentencia Apelada9

El 28 de octubre de 2024 , el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva declaró no probadas las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad y iii) Buena fe,

7 Expediente electrónico Samai, Primera Instancia, índice 27. 8 Ibídem. 9 Expediente electrónico Samai, Primera Instancia, índice 28.5 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros propuestas por la Nación -Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y accedió a las súplicas de la demanda, por considerar, en síntesis, que la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG incurrió en mora por el pago tardío de las cesantías del demandante y no condenó en costas.

considerar, en síntesis, que la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG incurrió en mora por el pago tardío de las cesantías del demandante y no condenó en costas.

Expuso, que la solicitud de reconocimiento, liquidación y pago de cesantías parciales del demandante se radicó el 04 de septiembre de 2020, por lo que la Secretaría de Educación de Departamental del Huila, tenía a su cargo la función de expedir el acto correspondiente, contaba con el plazo de 15 días previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, el cual vencía el 25 de septiembre de 2018, y como quiera que, la Resolución No. 4797 de 2020 por la cual se reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial, fue proferi da el 22 de septiembre de 2020, NO superó el término antes señalado.

Señaló frente al pago de las cesantías que, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, a través de la FIDUPREVISORA S.A ., realizó el mismo el día 29 de diciembre de 2020, de ahí que, consideró probada la tardanza en el pago del auxilio, al haberse excedido los setenta (70) días hábiles siguientes al momento en que se radicó la solicitud de cesantías de conformidad con la Ley 1071 de 2006.

Finalmente, estableció que no se configuró la prescripción trienal de la sanción moratoria y no condenó en costas a la parte vencida.

4. La Apelación

4.1. Nación-Ministerio de Educación Nacional-FOMAG.

moratoria y no condenó en costas a la parte vencida.

4. La Apelación

4.1. Nación-Ministerio de Educación Nacional-FOMAG.

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG interpuso recurso de apelación10, señalando que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 contiene la prohibición legal de condenar al FOMAG por mora en el pago de las cesantías generadas a partir de 2020 , en la medida que dicho Fondo no puede utilizar recursos para el pago de indemnizaciones económicas.

10 Ibídem, índice 30.6 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros Por otra parte, indicó que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 942 de 2022, y en el evento en que la sanción por mora resulte imputable a las dos entidades, es decir al Departamento del Huila y a la Sociedad Fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG, deberá calcularse y pagarse de forma proporcional según los días de retraso en el reconocimiento o e n el pago que corresponda para cada entidad.

Concluyó que, no le asiste responsabilidad alguna al FOMAG, por cuanto la eventual mora, es responsabilidad del ente territorial , por lo que , solicitó se modifique la sentencia de primera instancia.

corresponda para cada entidad.

Concluyó que, no le asiste responsabilidad alguna al FOMAG, por cuanto la eventual mora, es responsabilidad del ente territorial , por lo que , solicitó se modifique la sentencia de primera instancia.

5. Trámite de Segunda Instancia

El 30 de enero de 2025, se admitió el recurso de apelación 11, interpuesto por la Nación Ministerio de Educación Nacional-FOMAG; y el 6 de febrero siguiente, el Secretario de esta Corporación en armonía a lo consagrado en el artículo 247-5º del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado12.

5.1. Alegatos de conclusión:

5.1.1. La parte demandante , la Nación Ministerio de Educación NacionalFOMAG, el Departamento del Huila y la Fiduprevisora SA, guardaron silencio.

5.1.3. El Ministerio Público, no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto y en virtud del artículo 328 del C.G.P., aplicable por remi sión del artículo 306 del C.P.A.C.A., la Sala abordará exclusivamente l os argumentos formulados por la Nación Ministerio de Educación Nacional-FOMAG en el recurso interpuesto.

11 Expediente digital Samai, Segunda instancia, índice 5 12 Ibídem, índice 10.7

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Nación Ministerio de Educación Nacional-FOMAG en el recurso interpuesto.

11 Expediente digital Samai, Segunda instancia, índice 5 12 Ibídem, índice 10.7 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros

2. Problema Jurídico

El problema jurídico se contrae en determinar si al demandante le asiste el derecho a que se le reconozca y pague la sanción moratoria por el pago extemporáneo del auxilio de las cesantías parciales, prevista en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006; con indexación de la suma que resulte por dicho concepto, entre el día siguiente a la finalización de su causación y la ejecutoria de esta sentencia.

En caso afirmativo, si la decisión adoptada por el a quo se ajustó a lo consagrado en dicha disposición normativa ; o sí, por el contrario, hay lugar a revocar la sentencia impugnada.

3. Estructura de la decisión y análisis del caso

Para resolver el problema en cuestión, el Tribunal realizará el análisis jurídico del asunto, para luego abordar el caso concreto, incluyéndose allí el estudio crítico de las pruebas en que se fundamenta la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

3.1. Análisis normativo y jurisprudencial:

crítico de las pruebas en que se fundamenta la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

3.1. Análisis normativo y jurisprudencial:

3.1.1. Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías:

El primer cuestionamiento a la sentencia gira en torno a la aplicabilidad al sector docente de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, prevista en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006. Debe señalarse que las cesantías de este personal se encuentran reguladas por la Ley 91 de 1989, que en el numeral 3 del artículo 15, dispuso:

“3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año labor ado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.8

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinc ulados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinc ulados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existente s al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del s istema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”

Es decir, que a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se les conservaría el sistema de retroactividad, por el cual se reconoce un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado, mientras que a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad, con reconocimiento de intereses.

Sin embargo, tal distinción no hace inaplicables a los docentes oficiales las normas que regulan el procedimiento de reconocimiento de dicha prestación, que para todos los empleados públicos fue previsto en la Ley 244 de 1995 13,

Sin embargo, tal distinción no hace inaplicables a los docentes oficiales las normas que regulan el procedimiento de reconocimiento de dicha prestación, que para todos los empleados públicos fue previsto en la Ley 244 de 1995 13, modificada por la Ley 1071 de 200614, por cuanto tales normas al establecer un término perentorio para la liquidación y pago de las cesantías definitivas y parciales, así como al consagrar una sanción si ese término se incumple, lo que buscaron fue que la administración expidiera la resolución correspondiente en forma expedita y que el pago se hiciera de manera oportuna para evitar favorecimientos indebidos y perjuicios a los servidores del Estado, empleados públicos o trabajadores oficiales.

Nótese que la Ley 91 de 198915 regula el sistema para la liquidación de cesantías de los docentes , es decir, el retroactivo y el anualizado, tema distinto al regulado por la Ley 1071 de 2006, cuyo propósito está claramente señalado

13 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sancion es y se dictan otras disposiciones. 14 Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. 15 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.9 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez,

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros desde el mismo título de la ley y el artículo 1º que señala su objeto, tal como se explicó en precedencia.

Resulta claro entonces que la teleología de esta normatividad no fue señalar la forma de liquidar las cesantías o el régimen aplicable a los diferentes servidores del Estado, sino que hace alusión a un procedimiento unificado para todos, inclusive para trabajadores oficiales y servidores de regímenes especiales. No de otro modo se explica el contenido del artículo 2º de la Ley 1071 de 2006, que señala como destinatarios de dicha ley a:

“(…) los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los p articulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.”

Luego entonces, si la Ley 1071 de 2006 se refirió a todos los trabajadores y empleados del Estado, y esta norma es posterior a la Ley 91 de 1989, no puede decirse que el procedimiento y sanciones allí previstas no resultan aplicables a los docentes, pues no puede desconocerse su calidad de servidores del Estado, además, no existe una razón lógica para interpretar que esta reglamentación

decirse que el procedimiento y sanciones allí previstas no resultan aplicables a los docentes, pues no puede desconocerse su calidad de servidores del Estado, además, no existe una razón lógica para interpretar que esta reglamentación quiso discriminar justificadamente al sector de los docentes.

La anterior discusión fue definida por la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de la Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018 16, en la cual se sentaron distintas reglas para efectos del reconocimiento de la sanción moratoria, en virtud de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, concluyendo que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales17, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de Unificación del 18 de J ulio de 2018, Radicación Número: 73001 -23-33-000-2014-00580-01(4961-15) Ce-Suj2-012-18, Actor: Jorge Luis Ospina Cardona, Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Del Tolima, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Del Tolima, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 17 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales.10 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley.

En ese orden de ideas, a los docentes le asiste derecho al pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006. El artículo 2 de la Ley 244 de 1995 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá

establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

Y el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, dispone:

“ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pa go de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

No obstante, en la mentada sentencia de unificación la Sección Segunda del

repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

No obstante, en la mentada sentencia de unificación la Sección Segunda del Consejo de Estado también estableció las distintas hipótesis que se pueden presentar a la hora de determinar el reconocimiento de la sanción moratoria11 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-010-2023-00130-01

Demandante: Ilver Rubiel Muñoz Ñañez, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG y Otros por el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas, las cuales se resumen

en la siguiente tabla:

Definido lo correspondiente a la normatividad aplicable para el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías y las distintas hipótesis que al respecto se pueden presentar, lo subsiguiente es determinar el salario base de liquidac ión de la sanción moratoria , ante lo cual la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018, determinó el salario base de liquidación en el caso de las cesantías parciales y las definitivas en los siguientes términos:

18 Se consideran los supuestos de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cueles, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificac ión por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificac ión por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

TÉRMINO PAGO

CESANTÍA

CORRE

MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado

siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 18 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO R