TA CHO - 27001333300520220002801-(28-10-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, seis (6) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN N° 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: YALILE MÁRQUEZ GONZÁLEZ

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FOMAG Y DEPARTAMENTO DEL HUILA EXPEDIENTE: 41001-33-33-005-2024-00192-01

SENTENCIA: TAH 005-25-05-082

TEMA: SANCIÓN MORATORIA

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala el recurso de apelación int erpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de enero de 2025 , proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva; a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida a esta Juri sdicción por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 1, en concordancia con la Ley 270 de 1996 2, y en atención a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

1“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia a nticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden tamb ién podrá

hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia a nticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden tamb ién podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…)” 2Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. “(…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Cons titucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso -Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas d e las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.”2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila

I. ANTECEDENTES

1. Demanda.3

La señora Yalile Márquez González , por intermedio de apoderada judicia l y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

I. ANTECEDENTES

1. Demanda.3

La señora Yalile Márquez González , por intermedio de apoderada judicia l y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, el Departamento del Huila y la Fiduprevisora S.A. , conforme a las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación:

1.1. Pretensiones.

Que se declare la nulidad del acto ficto que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006; generado por la omisión de respuesta a la petición formulada el 23 de septiembre de 2022.

A título de restablecimiento del derecho, pretendió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 d e 2006, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

Finalmente, solicita que las sumas reconocidas sean indexadas; y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos consagrados en el artículo 192 del CPACA y se condene en costas.

1.2. Hechos.

Afirmó que, en su condición de docente oficial, el 12 de agosto de 2019 solicitó a las entidades demandadas el reconocimiento y pago de sus cesantías, petición que fue resuelta favorablemente a través de la Resolución No. 6069 del 26 de agosto de 2019; cuyos dineros fueron cancelados el 21 de noviembre de 2019.

a las entidades demandadas el reconocimiento y pago de sus cesantías, petición que fue resuelta favorablemente a través de la Resolución No. 6069 del 26 de agosto de 2019; cuyos dineros fueron cancelados el 21 de noviembre de 2019.

Luego, el 23 de septiembre de 2022 , solicitó a las entidades demandadas el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. Petición que no fue resuelta por la entidad, configurándose el acto ficto negativo.

3 Documento 02Demanda.pdf, OneDrive3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila 1.3. Normas violadas:

Ley 91 de 1989: artículos 5 y 15. Ley 244 de 1995: artículos 1 y 2. Ley 1071 de 2006: artículos 4 y 5. Ley 1955 de 2019: artículo 57.

En síntesis, sostuvo que el acto enjuiciado vulnera las normas superiores en que debía fu ndarse, pues a la demandante no se le reconoció ni pagó la indemnización por mora en el pago de sus cesantías, pese a que la s entidades están obligadas a ello al tenor de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006); con lo cual, también, se trasgreden las garantías

están obligadas a ello al tenor de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006); con lo cual, también, se trasgreden las garantías mínimas laborales establecidas en el artículo 53 de la Constitución Política.

Añadió, que con la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, será responsabilidad de las entidades territoriales los eventos en que la mo ra se produzca por su falta de diligencia al resolver la solicitud de cesantías.

2. Contestación de la Demanda

2.1. Ministerio de Educación Nacional–FOMAG:4

El mandatario judicial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG se opuso a las pretensiones de la demanda. Frente a los hechos señaló que en su mayoría son ciertos y que constituyen preceptos normativos.

Luego de traer el marco normativo y jurisprudencial aplicable al presente asunto, efectuó el conteo de la mora, atendiendo a los criterios establecidos en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado, evidenciando no haberse pagado tardíamente las cesantías a la demandante, conforme al siguiente cuadro:

4 Índice 11 SAMAI4 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila Planteó las excepciones denominadas:

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila Planteó las excepciones denominadas:

a.- Prescripción: aduciendo que, la inactividad por reclamo extemporáneo de un derecho extingue la oportunidad para reclamarlo.

b.- Culpa de un tercero: aduciendo que fue el departamento quien expidió el acto administrativo de reconocimiento de la prestación por fuera del término.

c.- Improcedencia de la indexación de la sanción moratoria : aduce que la indexación del artículo 187 del CPACA no es aplicable al presente asunto, tal como concluyó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación antes citada.

d.- Improcedencia de reconocimiento de sanción moratoria por ser beneficiario del régimen retroactivo de cesantías: dado que el régimen retroactivo de cesantías excluye la aplicación de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

e.- Condena a cargo de t ítulos de tesorería del Ministerio de Hacienda : solicitando que, en caso de condena, se indique que debe ser pagada con cargo a los aludidos títulos de personería, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

f.- Ausencia del deber de pagar la sanción por parte de la entidad fiduciaria: advirtiendo que no es la entidad fiduciaria la encargada de “pagar la mora que no generó y peor aún, no tiene la posibilidad real de evitar”

d.- Excepción genérica.

2.2. Fiduciaria La Previsora S.A.:5

no generó y peor aún, no tiene la posibilidad real de evitar”

d.- Excepción genérica.

2.2. Fiduciaria La Previsora S.A.:5

El apoderado de la Fiduciaria La Previsora S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo que solicita se deniegue la totalidad de las condenas en contra de la entidad, en el entendido que, la demanda carece de sustento fáctico y jurídico.

Propuso como excepciones:

a. Falta de legitimación en la causa por pasiva.

5 Índice 12 SAMAI5 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila

b. Cobro de lo no debido.

c. Enriquecimiento sin justa causa.

d. Indebida composición de la parte pasiva – Fiduprevisora S.A.

e. Inexistencia de reclamación del derecho.

f. Excepción innominada.

2.3. Departamento del Huila6:

El ente territorial se opuso a las pretensiones de la demanda , advirtiendo que profirió el acto de reconocimiento de cesantías en tiempo, también lo notificó y remitió a la Fiduprevisora oportunamente, y que además resolvió la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria y por ello, no op eró el silencio administrativo.

remitió a la Fiduprevisora oportunamente, y que además resolvió la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria y por ello, no op eró el silencio administrativo.

Con apoyo a lo anterior, formuló como excepciones:

a.- inexigibilidad de la sanción moratoria respecto al departamento del Huila : considerando que expidió y remitió en tiempo el acto de reconocimiento de las cesantías del demandante.

b.- Excepción genérica.

3. Sentencia Apelada7

En sentencia del 29 de enero de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva negó las súplicas de la demanda, por considerar, en síntesis, que no se incurrió en mora por el pago tardío de las cesantías.

Para el efecto, expuso que en el presente asunto , aplica la tercera hipótesis establecida en la sentencia de unificación 18 de julio de 2018, encontrando que inicialmente las cesantías solic itadas el 12 de agosto de 2019 por la actora, habían sido reconocidas a través de la Resolución N° 6069 del 26 de agosto de

6 Índice 13 SAMAI 7 Índice 25 SAMAI6 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila 2019, decisión que fue notificada el 4 de septiembre de 2019 de la misma

Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila 2019, decisión que fue notificada el 4 de septiembre de 2019 de la misma anualidad y ejecutoriada el día 23 siguiente; estableciendo a partir de allí, que el acto fue expedido y notificado dentro de la oportunidad legal, por lo que la entidad demandada tenía hasta el 25 de noviembre de 2019 para cancelar la prestación reconocida; y como los dineros fueron puestos a disposición de la demandante el 21 de noviembre de 2019, no se habría incurrido en mora alguna para su pago.

Finalmente, no condenó en costas a la parte vencida por no encontrarlas causadas en el proceso.

4. La Apelación.8

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la parte actora interpuso el recurso de apelación, cuestionando la negativa a las pretensiones pese a la existencia del precedente de unificación del 18 de julio de 2018 (CE -SUJ-SII-0122018), que señala que la sanción moratoria se causa a partir de lo s 70 días siguientes a la radicación de la petición para el reconocimiento de las cesantías, y no, al vencimiento de los 45 días de la ejecutoria del acto administrativo que las reconoce.

Concretamente, manifestó que:

“No es de recibo la posición esgrimi da en la sentencia para decidir el restablecimiento del derecho, pues, sería admitir que la administración, en este caso, La Nación Ministerio de Educación Nacional -Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, expida el acto administrativo reconociendo l a cesantía solicitada -a voluntad -, esto es, cuando a bien lo

este caso, La Nación Ministerio de Educación Nacional -Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, expida el acto administrativo reconociendo l a cesantía solicitada -a voluntad -, esto es, cuando a bien lo tenga, sin el respeto del plazo para expedirlo, por cuanto, como se afirma en la providencia, el término para proferirlo “… está liberado de apremio pecuniario en tanto la ley no fija consecuenc ia alguna frente a la demora en su resolución, ….”; así las cosas, la autoridad encargada de la resolución de la petición, podría emitir el acto administrativo a su arbitrio, generando una consecuencia negativa para el servidor beneficiario, sin ningún apr emio ó sanción. Aceptar esta tesis, generaría la posibilidad de que la administración resuelva las solicitudes de reconocimiento de cesantías en un plazo indefinido pero, si cancela, dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto como lo dice la norma, no incurriría en mora, lo que haría inane la disposición normativa.

8 Índice 27 Id7 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila Bajo tal interpretación, indudablemente la norma sería inútil, innecesaria ó baladí, pues, no generaría obligatoriedad, ya que la administración estaría en la posibilidad discrecional de cumplir o no el término para expedir el acto

Bajo tal interpretación, indudablemente la norma sería inútil, innecesaria ó baladí, pues, no generaría obligatoriedad, ya que la administración estaría en la posibilidad discrecional de cumplir o no el término para expedir el acto administrativo reconociendo la prestación y, sólo tendría la obligación de cancelar el valor de la prestación dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la ejecutoria, situación que trasgred e los derechos de la demandante.

Resulta indebida la interpretación asumida por el a -quo, pues, lo jurídicamente adecuado es que el término para la causación de la mora se cuente desde que se activa la función administrativa, esto es, desde la fecha del ejercicio del derecho de petición, pues, es ahí, donde la administración está en el deber de actuar bajo el respeto de los principios referidos por el legislador en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, en especial, el debido proceso, igualdad, moralidad , responsabilidad, celeridad y eficacia ”. (Subrayado del Tribunal)

Destacó que, las sumas reconocidas deben ser indexadas, conforme lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia proferida el 26 de agosto de 2019 (radicación 68001-23-33-000-2016-00406-01).

Con base en esas consideraciones, solicitó revocar el fallo de primera instancia, en el sentido de acceder a las súplicas de la demanda en los términos aquí indicados.

5. Trámite de Segunda Instancia.

El 23 de abril de 2025, se admitió el recurso de ape lación9, interpuesto por la demandante; y el 2 de mayo siguiente, el Secretario de esta Corporación en

indicados.

5. Trámite de Segunda Instancia.

El 23 de abril de 2025, se admitió el recurso de ape lación9, interpuesto por la demandante; y el 2 de mayo siguiente, el Secretario de esta Corporación en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado , sin que ninguna de las partes hubiera presentado alegaciones, tampoco el Ministerio Público emitió concepto10.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto y en

9 Índice 5 SAMAI 10 Índice 10 Id8 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila virtud del artículo 328 del C.G.P., aplicable por remi sión del artículo 306 del C.P.A.C.A., la Sala abordará exclusivamente l os argumentos formulados por la parte demandante en su alzada.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico se contrae en determinar si a la demandante le asiste el derecho a que se le reconozca y pague la sanción moratoria por el pago

parte demandante en su alzada.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico se contrae en determinar si a la demandante le asiste el derecho a que se le reconozca y pague la sanción moratoria por el pago extemporáneo del auxilio de las cesantías parciales, prevista en el art ículo 5º de la Ley 1071 de 2006.

En caso afirmativo, si la decisión adoptada por la a quo se ajustó a lo consagrado en dicha disposición normativa, o sí, por el contrario, hay lugar a revocar la sentencia impugnada.

3. Estructura de la decisión y análisis del caso

Para resolver el problema en cuestión, el Tribunal realizará el análisis jurídico del asunto, para luego abordar el caso concreto, incluyéndose allí el estudio crítico de las pruebas en que se fundamenta la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

3.1. Análisis normativo y jurisprudencial:

3.1.1. Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías:

Debe señalarse que l as cesantías del personal docente se encuentran reguladas por la Ley 91 de 1989, que en el numeral 3 del artículo 15, dispuso:

“3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los

Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha9

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Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Ba ncaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”

Es decir, que a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre

Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”

Es decir, que a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se les conservaría el sistema de retroactividad, por el cu al se reconoce un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado, mientras que a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1º de enero de 199 0, se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad, con reconocimiento de intereses.

Sin embargo, tal distinción no hace inaplicables a los docentes oficiales las normas que regulan el procedimiento de reconocimiento de dicha presta ción, que para todos los empleados públicos fue previsto en la Ley 244 de 1995 11, modificada por la Ley 1071 de 2006 12, por cuanto tales normas al establecer un término perentorio para la liquidación y pago de las cesantías definitivas y parciales, así como al consagrar una sanción si ese término se incumple, lo que buscaron fue que la administración expidiera la resolución correspondiente en forma expedita y que el pago se hiciera de manera oportuna para evitar favorecimientos indebidos y perjuicios a los se rvidores del Estado, empleados públicos o trabajadores oficiales.

Nótese que la Ley 91 de 198913 regula el sistema para la liquidación de cesantías de los docentes, es decir, el retroactivo y el anualizado, tema distinto al regulado por la Ley 1071 de 2006 , cuyo propósito está claramente señalado

de los docentes, es decir, el retroactivo y el anualizado, tema distinto al regulado por la Ley 1071 de 2006 , cuyo propósito está claramente señalado desde el mismo título de la ley y el artículo 1º que señala su objeto, tal como se explicó en precedencia.

11 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sancio nes y se dictan otras disposiciones. 12 Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. 13 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.10 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

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Resulta claro entonces que la teleología de esta normatividad no fue señalar la forma de liquidar las cesa ntías o el régimen aplicable a los diferentes servidores del Estado, sino que hace alusión a un procedimiento unificado para todos, inclusive para trabajadores oficiales y servidores de regímenes especiales. No de otro modo se explica el contenido del artí culo 2º de la Ley 1071 de 2006, que señala como destinatarios de dicha ley a:

“(…) los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas

señala como destinatarios de dicha ley a:

“(…) los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efecto s se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.”

Luego entonces, si la Ley 1071 de 2006 se refirió a todos los trabajadores y empleados del Estado, y ésta norma es posterior a la Ley 91 de 1989, no puede decirse que el procedimiento y sanciones allí previstas no resultan aplicables a los docentes, pues no puede desconocerse su calidad de servidores del Estado, además, no existe una razón lógica para interpretar que esta reglamentación quiso discriminar justificadamente al sector de los docentes.

La anterior discusión fue definida por la Sección Segu nda del Consejo de Estado a través de la Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018 14, en la cual se sentaron distintas reglas para efectos del reconocimiento de la sanción moratoria, en virtud de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, concluyendo que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales15, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación

profesionalización los defina como empleados oficiales15, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de Unificación del 18 de J ulio de 2018, Radicación Número: 73001 -23-33-000-2014-00580-01(4961-15) Ce -Suj2-012-18, Actor: Jorge Luis Ospina Cardona, Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Del Tolima, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 15 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales.11 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

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En ese orden de ideas, a los docentes le asiste derecho al pago de la sanción

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En ese orden de ideas, a los docentes le asiste derecho al pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006. El artículo 2 de la Ley 244 de 1995 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual q uede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las misma s, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

Y el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, dispone:

“ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la

“ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

No obstante , en la mentada sentencia de unificación la Sección Segunda del Consejo de Estado , también estableció las distintas hipótesis que se pueden presentar a la hora de determinar el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas, las cuales se resumen en la siguiente tabla:12 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-005-2024-00192-01

Demandante: Yalile Márquez González, Demandados: Nación – Ministerio De Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

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Definido lo correspondiente a la normatividad aplicable para el reconocimiento

Magisterio-FOMAG, Fiduprevisora y Departamento del Huila

Definido lo correspondiente a la normatividad aplicable para el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tard