TA CHO - 27001333300520220005301-(28-10-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P. José Miller Lugo Barrero

Neiva, seis (6) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO D EL

DERECHO

DEMANDANTE WILSON HERNÁNDEZ MALES

DEMANDADO NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL

RADICACIÓN 4100133330042019002880 1

DECISIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

APROBADO EN SALA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando c ausal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2023 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. LA DEMANDA1

Wilson Hernández Males, por intermedio de su apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita que se declare la existencia y nulidad del acto ficto negativo, derivado de la falta de respuesta oportuna y de fondo por parte de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional , mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión, así como el reajuste de la indemnización.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar la pensión

reconocimiento y pago de la pensión, así como el reajuste de la indemnización.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar la pensión por sanidad o invalidez, en cuantía del noventa y cinco por ciento (95%) mensual de lo equivalente al salario devengado por un Cabo Tercero, a partir de

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la fecha de retiro de las filas de la institución. Asimismo, reconocer y pagar la indemnización plena o el reajuste de la indemnización ya reconocida, a que legalmente tenga derecho, conforme a la disminución de la capacidad médico laboral que le da derecho al acceso a la pensión de sanida d o invalidez , conforme a los parámetros determinados en el artículo 3°, numeral 3.5, parágrafo 2° de la Ley 923 de 2004, indemnización que no es incompatible con la prestación personal.

Así mismo, solicita se reconozca y pague el equivalente a 100 salarios mínimos legales me nsuales vigentes al momento que se dicte la respectiva sentencia, como reparación de los perjuicios causados, y que tales sumas sean indexadas al momento del pago. Artículos 138 y 192 del CPACA

1.1. Sustenta lo anterior en los siguientes HECHOS:

sentencia, como reparación de los perjuicios causados, y que tales sumas sean indexadas al momento del pago. Artículos 138 y 192 del CPACA

1.1. Sustenta lo anterior en los siguientes HECHOS:

• Que Wilson Hernández Males ingresó al Ejército Nacional en óptimas condiciones de salud, situación que se presume al haber sido declarado apto para el servicio.

• Durante su permanencia en la institución, sufrió diversas lesiones que quedaron registradas en su historia clínica y que, con el tiempo, han afectado de manera progresiva su estado de salud y calidad de vida.

• Que el 17 de diciembre de 2016 fue retirado de la institución sin que se le otorgara una pensión de sanidad o invalidez, a pes ar de su estado de salud, el cual ha seguido continuamente deteriorándose.

• Desde su retiro no ha recibido tratamiento ni asistencia médica regular por parte de la entidad, lo que ha agravado su condición hasta alcanzar un grado de discapacidad laboral del 100%, lo que lo ha imposibilitado para desempeñar cualquier actividad laboral, dependiendo económicamente de sus familiares.

• Si bien el Ejército Nacional reconoció una indemnización, esta no tuvo en cuenta de manera justa y proporcional la magnitud de la afectación en la salud del demandante ni las consecuencias derivadas de su discapacidad. La omisión de la entidad ha significado una vulneración de sus derechos, en especial el acceso a la seguridad social y a una vida digna.

• Que, dado su estado de salud, presentó una solicitud formal ante la entidad demandada para el reconocimiento de su pensión y el reajuste dePágina 3 de 35

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• Que, dado su estado de salud, presentó una solicitud formal ante la entidad demandada para el reconocimiento de su pensión y el reajuste dePágina 3 de 35

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la indemnización que le fue otorgada. No obstante, la entidad guardó silencio y omitió emitir una respuesta oportuna y de fon do dentro del término legal, configurando así un acto administrativo negativo ficto o presunto, en los términos del artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Considera como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; relacionados con la protección de la dignidad humana, el derecho a la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y la administración de justicia. Artículos 2 y 3, del CPACA; que regulan los principios de la función administrativa y la garantía de los derechos de los administrados. Artículo 9, del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la protección especial del trabajador y sus derechos laborales. Artículo 3, numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004 y su reglamentación en el Decreto 1157 de 2014 y el Decreto 4433 de 2004, que regulan el acceso a la pensión de sanidad o invalidez para miembros de la Fuerza Pública.

Decreto 4433 de 2004, que regulan el acceso a la pensión de sanidad o invalidez para miembros de la Fuerza Pública.

Sostiene que la entidad accionada vulneró el derecho a la seguridad social y a la protección de su salud al no reconocerle la pensión de sanidad o invalidez, a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente . Que, conforme al artículo 2 de la Consti tución, el Estado tiene el deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales, entre ellos la seguridad social y la atención en salud. Sin embargo, en este caso, la falta de respuesta de la entidad demandada configura una omisión que desconoce estos principios.

Indica que el artículo 83 del CPACA establece que, ante la ausencia de respuesta en el plazo legal, se configura un acto administrativo negativo ficto o presunto , lo que impide al demandante acceder a los beneficios que legalmente le corresponden.

Que el desconocimiento de la normatividad aplicable al régimen especial de la Fuerza Pública y la falta de un pronunciamiento de fondo han afectado los derechos del demandante, generando un perjuicio que debe ser corregido a través de la nulid ad del acto ficto y el reconocimiento de la pensión e indemnización reclamadas.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2.

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Demandante: Wilson Hernández Males

Demandado: Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

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La Nación – Ministerio de Defensa Nacional se opone a las pretensiones de la demanda, en raz ón a que care ce de a poyo en hechos c oncretos y fundamentos jurídicos que permitan establecer el monto y origen de cada uno de los perjuicios.

Sostiene que el acto acusado no resolvió de fondo la solicitud de pensión de invalidez, ya que la reclamación administrativa presentada ante el Ejército Nacional se centró en la solicitud de exámenes médicos, atención quirúrgica y terapéutica, siendo la pensión una pretensión subsidiaria. Por lo tanto, la negativa de la entidad se dirigió únicamente a la petición principal, sin que existiera una decisión definitiva sobre la pensión.

Asimismo, que el demandante no agotó la conciliación prejudicial, requisito de procedibilidad necesario en este caso, pues su reclamación inicial no implicaba prestaciones periódicas ni un derecho cierto e indiscutible. Además, el actor no expuso ni sustentó causales específicas de nulidad del acto ficto que alega.

Por otro lado, que no se ha demostrado que la enfermedad o disminución padecida por el demandante tenga origen en la prestación del servicio militar. La prueba presentada, basada en un informe pericial, carece de elementos suficientes para acreditar el vínculo entre la discapacidad y el servicio, ya que no se especifica el origen de la afección ni se presentan fundamentos técnicos

prueba presentada, basada en un informe pericial, carece de elementos suficientes para acreditar el vínculo entre la discapacidad y el servicio, ya que no se especifica el origen de la afección ni se presentan fundamentos técnicos que lo respalden. En consecuencia, al no estar probada la relación de causalidad, la solicitud de pensión de invalidez no puede prosperar.

Finalmente, p ropuso como excepciones las de “Inepta demanda por inexistencia de reclamación administrativa frente a la pensión de invalidez como pretensión principal – acto demandado no corresponde a las pretensiones”, “Falta de requisito de procedibilidad – conciliación extrajudicial”, “Régimen aplicable – junta médico laboral – requisito previo al reconocimiento de la pensión de invalidez del personal militar”, ”Dictamen pericial presentado en la demanda no es prueba idónea para determinar la disminución de la capacidad laboral del señor Osvaldo Devia García” , “Ausencia de prueba de los presupuestos de hecho” , “Calidad e inexistencia del acto demandado”, “L egalidad del supuesto acto atacado”, “Incumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de invalidez art. 30 del Decreto 4433 del 2004”, “Pensión de invalidez – inaplicabilidad de la Ley 100 de 1993”, “Ausencia de desviación de poder y falsa motivación”, “Origen de los diagnósticos – enfermedad de origen común – inexistencia de relación con el servicio – límites de la responsabilidad objetiva” y “Relatividad del derecho a la igualdad”.Página 5 de 35

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derecho a la igualdad”.Página 5 de 35

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3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, m ediante sentencia proferida el 31 de enero de 2023, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas la s excepciones de fondo denominadas: (…).

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto producto de la petición radicada el 27 de octubre de 2017, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en cuanto a la solicitud de reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, que reconozca y pague una pensión de invalidez a favor de WILSON HERNÁNDEZ MALES, en los términos dispuestos en la Ley 923 de 2004 y el numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto 1157 de 2014, consistente en el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, a partir del 17 de diciembre de 2016, fecha de su retiro.

La base de liquidación de la pensión de invalidez será el sueldo básico de un Cabo

1858 de 2012, a partir del 17 de diciembre de 2016, fecha de su retiro.

La base de liquidación de la pensión de invalidez será el sueldo básico de un Cabo Tercero, conforme el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 1157 de 2014.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: DISPONER que en el evento de que se le haya cancelado valor alguno al accionante por concepto de indemnización por disminución de la capacidad sicofísica, la demandada deberá descontar dichas sumas debidamente indexadas.

SEXTO: ABSTENERSE de condenar en costas, en los términos señalados por el ordinal 5º del artículo 365 del CGP. (…)”

Para llegar a la anterior decisión , el a quo fundamentó su decisión en la obligación del Estado de garantizar la protección de los miembros de la Fuerza Pública, quienes prestan un servicio continuo y riesgoso en beneficio del orden público y la soberanía nacional. Resulta desproporcionado que ingresen en condiciones óptimas y sean retirados con afectaciones en su salud sin recibir las prestaciones que legalmente les corresponden.

Que la omisión de respuesta por parte de la administración no puede trasladarse al peticionario, pues genera incertidumbre jurídica. La falta de un pronunciamiento oportuno vulnera los principios de buena fe y efica cia de la función pública, además de constituir una carga desproporcionada para el administrado.

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función pública, además de constituir una carga desproporcionada para el administrado.

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Consideró que, si bien la entidad demandada argumentó que la pérdida de capacidad laboral debía ser determinada exclusivamente por organismos médico-laborales militares, el demandante acreditó su afectación mediante peritajes especializados, los cuales constituyen prueba válida para determinar su estado de invalidez.

Concluyó que el demandante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, dado que su disminución de la capacidad laboral supera el 50 % y ocurrió en servicio activo. Que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, no es necesario que la afección sea causada directamente por el servicio, sino que basta con que se haya originado o manifestado durante la prestación del mismo.

Determinó que la pensión de invalidez y la indemnización plena por disminución de la capacidad psicofísica no son incompatibles, por lo que ambas pueden ser reconocidas de manera simultánea. Sin embargo, si el demandante ya recibió una indemnización, la administración podrá descontarla debidamente indexada. Por último, no concedió el pago de perjuicios morales, dado qu e no se aportaron pruebas suficientes que acreditaran su existencia.

4. RECURSO DE APELACIÓN4.

indexada. Por último, no concedió el pago de perjuicios morales, dado qu e no se aportaron pruebas suficientes que acreditaran su existencia.

4. RECURSO DE APELACIÓN4.

La demandada recurre la sentencia argumentando que, la decisión de primera instancia incurrió en errores de apreciación fáctica y jurídica al conceder la pensión de invalidez al demandante.

Sostiene que la solicitud principal del demandante no fue el reconocimiento de la pensión de invalidez, sino la realización de nuevos exámenes médicos y la prestación de atención médica. Que la pensión solo podía analizarse una vez se determinara la pérdida de capacidad laboral mediante los organismos médico -laborales militares, razón por la cual la negativa administrativa se refirió únicamente a la pretensión principal y no a una solicitud directa de pensión.

Enfatiza que la Junta Médico-Laboral o el Tribunal Médico -Laboral de Revisión Militar y de Policía son las únicas instancias competentes para determinar la pérdida de capacidad laboral en el régimen especial de la Fuerza Pública. Que el juez de primera instancia otorgó la pensión sin que existiera un

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dictamen oficial de estas instancias, desconociendo la normativa vigente que rige el reconocimiento de prestaciones en el sector castrense.

Demandado: Ministerio de Defensa –Ejército Nacional Rad. 41001333300420190028801

dictamen oficial de estas instancias, desconociendo la normativa vigente que rige el reconocimiento de prestaciones en el sector castrense.

En mismo sentido, cuestiona la validez probatoria del peritaje presentado por el demandante, al considerar que no cumple con los requisitos exigidos por la ley para determinar la disminución de la capacidad laboral. Que dicho informe no fue elaborado por la entidad competente ni garantiza los principios de objetividad y contradicción.

Finalmente, que la enfermedad diagnosticada al demandante no tiene una relación clara con el servicio militar, pues no existen pruebas que acrediten que la afectación fue adquirida o agravada en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, solicita la revocatoria del fallo y que se nieguen las pretensiones.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia de conformidad con los artículos 125, 153 y 243 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala establecer si en los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandada, procede revocar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, por ende, definir si debe ser anulado el acto ficto negativo originado a consecuencia de la falta de respuesta a la petición que se elevara el demandante el día 27 de

primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, por ende, definir si debe ser anulado el acto ficto negativo originado a consecuencia de la falta de respuesta a la petición que se elevara el demandante el día 27 de octubre de 2017 , mediante el cual la NACIÓN – MINISTERIO DE D EFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL negó al señor Wilson Hernández Males el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.

3. TESIS DE LA SALAPágina 8 de 35

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La sentencia de primera instancia será revocada y se negará las pretensiones, toda vez que, la prueba pericial allegada por el demandante y valorada por la primera instancia y con la cual se aspiró a acreditar la pérdida de la capacidad laboral no es suficiente, y por lo tanto, no puede ser estimada para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez.

Para tal efecto, se abordarán los siguientes aspectos: i) Régimen especial de pensión de invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares; ii) Valoración de los dictámenes sobre disminución de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerzas Militares y de Policía; iii) Precedente jurisprudencial respecto de la aplicación del régimen general a los miembros de la fuerza pública en virtud del principio de favorabilidad; iv) lo probado y, v) caso en concreto.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

la aplicación del régimen general a los miembros de la fuerza pública en virtud del principio de favorabilidad; iv) lo probado y, v) caso en concreto.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

4.1. Régimen especial de pensión de invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares.

La seguridad social, según el artículo 48 de la Constitución Política, es un servicio público esencial que debe ser gestionado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad establecidos en la ley. En este marco, el legislador tiene la facultad de diseñar el sistema de seguridad social dentro de estos lineamientos y en armonía con las disposiciones constitucionales.

En desarrollo de este mandato, la Ley 100 de 1993 estructuró el Sistema de Seguridad Social Integral, cuyo propósito es garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas y asegurarles una calidad de vida digna. Este sistema comprende la responsabilidad del Estado, la sociedad y las instituciones, así como los recursos destinados a la cobertura de prestaciones económicas, servicios de salud y beneficios complementarios.

Dicho sistema se compone de los regímenes generales de pensiones, salud, riesgos laborales y los servicios sociales complementarios contemplados en la Ley 100 de 1993. Sin embargo, esta normativa, en su artículo 279, exceptúa de su aplicación a los miembros de la Fuerza Pública, quienes cuentan con un régimen especial diseñado en atención a la naturaleza de sus funciones, responsabilidades y riesgos asociados a su labor.Página 9 de 35

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con un régimen especial diseñado en atención a la naturaleza de sus funciones, responsabilidades y riesgos asociados a su labor.Página 9 de 35

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Tanto en el régimen general como en los sistemas exceptuados, se han previsto mecanismos de protección para atender situaciones de invalidez, con el fin de garantizar el sustento de aquellas personas cuya capacidad laboral se ha visto significativamente disminuida, afectando su posibilidad de generar ingresos y cubrir sus necesidades básicas, así como las de su núcleo familiar. En virtud de esta condición de vulnerabilidad, la Constitución, en sus artículos 13, 47, 54 y 68, establece una protección especial para estas personas, la cual ha sido desarrollada en diversas disposiciones normativas.

Este principio de protección también se encuentra reconocido en instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 28 establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los programas y beneficios de jubilación para las p ersonas en condición de discapacidad.

En ese orden, en lo atinente a los llamados Soldados Profesionales, se tiene que el Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grum etes de las Fuerzas Militares”, estableció en el artículo 2° que para efectos de determinar, clasificar

sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grum etes de las Fuerzas Militares”, estableció en el artículo 2° que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalidez e indemnización los Soldados y Grumetes quedaban sometidos al “(r)reglamento General de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979, reglamentó la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, en la que se estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones. No obstante, la prestación establecida respecto de los miembros de cada entidad tenía en c omún la exigencia de una disminución en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%.

Lo anterior fue derogado por el Decreto 094 de 1989, mediante el cual se reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y S uboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y Per sonal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y se establecieron los distintos procedimientos a seguir para determinar el grado de invalidez, el reconocimiento de la pensión y las autoridades que participarían del procedimiento.Página 10 de 35

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autoridades que participarían del procedimiento.Página 10 de 35

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Con respecto de las condiciones para acceder al derecho a la pensión de invalidez por parte de los Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, el artículo 90 del Decreto 094 de 1989, señaló que:

“…A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así: (…)”.

Igualmente, en los artículos 19, 21 y 25, se estableció que las autoridades médico - laborales competentes para determinar la disminución de la capacidad sicofísica, serían:

“Artículo 19 Organismos Médico - laborales Militares y de Policía. Con excepción de lo determinado en los artículos 6º y 70 para los exámenes sicofísicos en el exterior, la capacidad sicofísica d el personal de que tra ta el presente Decreto, será determinada únicamente por las autoridades Médico - Militares y de Policía.

Parágrafo. Son autoridades Médico - Militares y de Policía:

a) Los Médicos Generales, Médicos Especialistas y Odontólogos al servicio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

b) Junta Médica Científica.

Parágrafo. Son autoridades Médico - Militares y de Policía:

a) Los Médicos Generales, Médicos Especialistas y Odontólogos al servicio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

b) Junta Médica Científica.

c) Junta Médica -Laboral.

d) Tribunal Médico Laboral de Revisión.

Artículo 21. Junta Médico - Laboral Militar o de Policía. Su finalidad es la de llegar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de inde mnizaciones cuando a ello hubiere luga r. Estará integrada por tres (3) médicos , que puedan ser Oficiales de Sanidad o médicos al servicio de la Unidad o Guarnición, entre los cuales debe figurar el Médico Jefe de la respectiva Brigada, Base Naval, Base A érea o Departamento de Policía; Médicos permanentes a la planta de p ersonal del Hospital Militar Central, o a la de ot ros establecimientos hospitalarios de las Fuerzas Militares de la Policía Nacional: Cuando el caso lo requiera la Junta podrá asesorarse de médicos especialistas, odontólogos y demás profesionales que considere necesarios. Será presidida por el Oficial o médico más antiguo” (…).

Artículo 25º. - Tribunal Médico - Laboral de Revisión Militar y de Policía. El Tribunal Médico - Laboral y de revisión, es la misma autoridad en materia Médico - Militar y policial. Como tal conoce en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico - Laborales.

Tribunal Médico - Laboral y de revisión, es la misma autoridad en materia Médico - Militar y policial. Como tal conoce en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico - Laborales.

En consecuencia, podrá aclarar, ratificar, modificar, o revocar tales decisiones.”

Luego, mediante Decreto 1796 de 2000 se reguló “la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y asp ectos sobrePágina 11 de 35

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incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e in formes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y p ersonal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993", y en relación con la pérdida de la capacidad sicofísica, estableció que cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75 % o currida durante el se rvicio, el personal tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional,

superior al 75 % o currida durante el se rvicio, el personal tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que allí se indican.

En cuanto al Informe Administrativo por Lesiones, se dispone:

“Artículo 24. Informe administrativo por lesiones. Es obl