TA CHO - 27001333300520220005601-(28-10-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, abril ocho (8) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 410012333000-2014-00384-00

MEDIO DE CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE : COMFAMILIAR

DEMANDADO : MUNICIPIO DE NEIVA SENTENCIA No. : 09-04-73-25/NRD-41-1-03

ACTA No. : 25 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se profiere la sentencia que decide la primera instancia.

2. POSICIÓN DE LA PARTE ACTORA (f. 1 a 5, c. ppal.).

2.1. La Caja de Compensación Familiar del Huila (en adelante, Comfamiliar), promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Neiva, pretendiendo la nulidad de las resoluciones No. 03423 del 30 de diciembre de 2013 y No. 202 del 18 de marzo de 2014, emitidos por la demandada dentro del juicio coactivo que adelanta en su contra.

En restablecimiento del derecho, solicita que se declaren probadas las excepciones de mérito, el levantamiento de las medidas cautelares y en caso de ya haberse terminado el mencionado trámite administrativo y pagad o la obligación ejecutada, disponer en su favor el reintegro de las sumas correspondientes debidamente indexad as y se condene en costas y perjuicios al ente territorial.

2.2. El sustento fáctico señala que la demandada celebra con la “EPSS Comfamiliar”

su favor el reintegro de las sumas correspondientes debidamente indexad as y se condene en costas y perjuicios al ente territorial.

2.2. El sustento fáctico señala que la demandada celebra con la “EPSS Comfamiliar” <sic> un contrato para asegurar la prestación del servicio de salud subsidiada, el que al finalizar su ejecución, es liquidado unilateralmente por la entidad quien determina un saldo a pagar de $364’743.613,24.

Con base en este acto administrativo, se da inicio al procedimiento de cobro coactivo y se expide mandamiento de pago, sin acudir previamente a la jurisdicción contenciosa y embarga cuentas de la ejecutada por $700 ’000.000 antes de notificar le dicho mandamiento.

Una vez notificada la providencia, el 27 de noviembre de 2013 Comfamiliar interpone recurso de reposición en el que alega la nulidad del proceso por falta de competencia,Radicación: 410012333000-2014-00384-00 2

Demandante: COMFAMILIAR DEL HUILA

excepción que también propone como previa , conforme a los artículos 97-2 y 140-2 del CPC en concordancia con el artículo 509 -2 ib., ya que el estatuto tributario no regula este procedimiento específico.

Asimismo, que, ante el inminente vencimiento del plazo, presenta excepciones de fondo, sin embargo, el funcionario ejecutor, Jaime Francisco Rojas Rivera , sin tener competencia legal pues esta facultad recaía en el “Jefe de Cobro Coactivo” , no le da el trámite procesal para las nulidades procesales y las excepciones previas , resuelve todo a través de la resolución 03423 del 30 de diciembre de 2013, rechazando de

el trámite procesal para las nulidades procesales y las excepciones previas , resuelve todo a través de la resolución 03423 del 30 de diciembre de 2013, rechazando de plano las nulidades y excepciones previas y declarando no probadas las de fondo.

La referida decisión es recurrida en tiempo y el secretario de hacienda, con el aval del funcionario ejecutor , procede a confirmarla, quedando con ello agotada la sede administrativa y de suyo la habilitación de la acción ante esta jurisdicción según el artículo 835 del estatuto tributario.

2.3. En las normas violadas y en el concepto de la violación cita los artículos 6, 142, 349, 509-2 y 510 del CPC y 216 de la Ley 100 de 1993 y plantea los siguientes cargos:

2.3.1. Primer cargo. Violación directa de los artículos 6, 142, 349, 509-2 inc. final y 510 Id por falta de aplicación , afectando el debido proceso al desconocer normas procesales aplicables a l trámite del cobro coactivo , pues propuso la nulidad del mandamiento de pago por falta de competencia (art. 140.2 del CPC), lo cual obligaba al funcionario a tramitarla conforme al artículo 142 ib., pero fue omitido.

Asimismo, señala que interpone recurso de reposición con fundamento en el artículo 509-2 del CPC, el cual debió resolverse conforme al artículo 349 ib., pero el funcionario decide de forma irregular dicho recurso junto con las excepciones previas y de fondo en un solo acto administrativo.

Además, no era procedente aplicar el estatuto tributario, ni en su dimensión nacional ni municipal, por tratarse de obligaciones contractuales, no tributarias , ya que los

en un solo acto administrativo.

Además, no era procedente aplicar el estatuto tributario, ni en su dimensión nacional ni municipal, por tratarse de obligaciones contractuales, no tributarias , ya que los artículos 2 y 5 del estatuto fiscal local excluye n expresamente del régimen tributario las deudas derivadas de contratos de mutuo u obligaciones civiles o comerciales bajo régimen privado.

2.3.2. Segundo cargo . Violación directa del artículo 216 de la Ley 100 de 1993 porque el cobro coactivo promovido por l a demandada no procede, en cuanto la obligación cobrada proviene de un contrato de aseguramiento del régimen subsidiado en salud celebrado entre el municipio y la EPSS Comfamiliar, que se rige por normasRadicación: 410012333000-2014-00384-00 3

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de derecho privado al tratarse de la prestación de un servicio en el marco del sistema de seguridad social en salud.

Argumenta que, según doctrina de la Superintendencia de Salud en concepto número 0010-3000441400 del 13 de Julio de 2009 y lo dispuesto en el Decreto 050 de 2003, este tipo de contratos no está sometido al estatuto general de contratación pública (Ley 80 de 1993), sino que se rige por el derecho privado, permitiendo cláusulas excepcionales únicamente bajo causales específicas y si bien existe liquidación unilateral, esta no habilita automáticamente a la entidad territorial para iniciar cobro coactivo, sino que debe acudirse a la jurisdicción competente.

2.4. En respuesta a las excepciones (f. 377 ib.) se opone a las mismas porque no

unilateral, esta no habilita automáticamente a la entidad territorial para iniciar cobro coactivo, sino que debe acudirse a la jurisdicción competente.

2.4. En respuesta a las excepciones (f. 377 ib.) se opone a las mismas porque no tienen sustento jurídico ni procesal, insistiendo en que la demanda señala claramente las omisiones en procedimientos relacionados con el procedimiento de cobro coactivo y sobre la falta de competencia de la entidad para adelantarlo.

2.5. En el alegato conclusivo (f. 421 a 422 ib.) insiste en los argumentos de la demanda y adiciona que el acto que resuelve las excepciones en el proceso coactivo, es además nulo, por haber sido expedido por fuera del plazo legal, toda vez que el artículo 623 del estatuto tributario municipal o ETM de Neiva (acuerdo 050 de 2009) dispone que estas deben ser resueltas en el plazo de un mes, y como no se hizo en tiempo, opera el silencio administrativo positivo en favor de la ejecutada.

3. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA (f. 100 a 111, ib.).

3.1. Se opone a las pretensiones en razón a que el acto administrativo sometido a control judicial ha sido proferido con fundamento en la ley y no adolece de vicios y/o nulidades que resten validez ni eficacia al mismo, especialmente, porque las entidades públicas tienen la facultad legal de cobrar obligaciones dinerarias por la senda del cobro coactivo, conforme a los artículos 98 y 297-3 del CPACA, porque las excepciones invocadas en el citado procedimiento no se configuran dentro de las previstas en los artículos 622 y 831 del estatuto tributario municipal y nacional.

cobro coactivo, conforme a los artículos 98 y 297-3 del CPACA, porque las excepciones invocadas en el citado procedimiento no se configuran dentro de las previstas en los artículos 622 y 831 del estatuto tributario municipal y nacional.

3.2. Sobre los hechos acepta la celebración del contrato No. 410012010001 con Comfamiliar, para la administración de recursos del régimen subsidiado de salud entre junio de 2010 y marzo de 2011 y su posterior liquidación unilateral, en la que se fij a un saldo a favor del municipio por la suma de $364473.613,24.Radicación: 410012333000-2014-00384-00 4

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Reconoce, igualmente que, si bien la liquidación unilateral puede ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez adquiere firmeza, procede el cobro persuasivo y, de ser necesario, el cobro coactivo por parte de la dependencia competente con medidas cautelares que pueden adoptarse de manera simultánea con el mandamiento ejecutivo y hacerse efectivas antes de su notificación, conforme lo autoriza el artículo 630 del ETM Neiva.

No obstante, advierte que la parte actora incurre en contradicción al sustentar la excepción de falta de competencia pues inicialmente sostuvo que la entidad territorial carecía de facultad para adelantar el cobro coactivo, por lo que debía acudir a la jurisdicción contenciosa y ahora alega que el mandamiento fue suscrito por un funcionario distinto al “Jefe de Cobro Coactivo”, lo que constituye un giro en el enfoque de la excepción planteada.

Manifiesta, que las obligaciones derivadas de contratos estatales sí pueden cobrarse

funcionario distinto al “Jefe de Cobro Coactivo”, lo que constituye un giro en el enfoque de la excepción planteada.

Manifiesta, que las obligaciones derivadas de contratos estatales sí pueden cobrarse coactivamente, conforme a lo dispuesto en los artículos 98, 297 y siguientes del CPACA en los cuales se establece que contra el mandamiento de pago no procede recurso alguno, aunque en este caso se presentó recurso de reposición y en subsidio solicitud de nulidad.

Sobre las excepciones propuestas por la demandante en el proceso de cobro coactivo (carencia de competencia e improcedencia del cobro ) la entidad sostiene que no se ajustan a las previstas en los artículos 831 del estatuto tributario nacional (en adelante ETN) y 622 del ETM que solo contemplan como excepciones contra el mandamiento de pago:

“(1) el pago efectivo, (2) la existencia de acuerdo de pago, (3) la falta de ejecutoria del título, (4) la pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo hecha por autoridad competente, (5) la interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción contencioso administrativa, (6) la prescripción de la acción de cobro, y (7) la falta de título ejecutivo o la incompetencia del funcionario que lo profirió”.

Explica que la falta de competencia referida en dichas normas se refiere al funcionario que emite el título ejecutivo, no al que profiere el mandamiento de pago e incluso, si se aceptara dicha interpretación, esta quedaría superada por el artículo 98 del CPACA, que faculta a las entidades públicas para adelantar directamente el cobro coactivo de

que emite el título ejecutivo, no al que profiere el mandamiento de pago e incluso, si se aceptara dicha interpretación, esta quedaría superada por el artículo 98 del CPACA, que faculta a las entidades públicas para adelantar directamente el cobro coactivo de las obligaciones a su favor.Radicación: 410012333000-2014-00384-00 5

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Finalmente, reconoce que la demandante interpuso recurso de reposición contra la resolución 3423 de 2013, el cual fue resuelto según resolución No. 202 de 2014 confirmando lo decidido y a clara que las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago (carencia de competencia e improcedencia temporal del cobro), así como la solicitud de nulidad y el recurso de reposición, presentan idéntica argumentación, despachada s en forma desfavorable con los citados actos administrativos.

3.3. En los fundamentos de defensa refiere que no se configuran los cargos invocados contra los actos demandados, porque a la ejecutada le fue garantizado el debido proceso en las diferentes etapas procesales , incluyendo el cobro persuasivo, así como las notificaciones y respuesta a peticiones, aclarando que para la fecha de expedición de la resolución 119 de 2012 ya regía n los artículos 98 y 297 de la Ley 1437 de 2011 sobre cobro coactivo, por lo cual no resultan aplicables las normas del mentado estatuto de procedimiento civil ni las del ETM que no guardan conexión directa con el cobro coactivo, sino que se encargan respectivamente de temas ejecutivos civiles y sobre la determinación de los tributos en general y las sanciones.

mentado estatuto de procedimiento civil ni las del ETM que no guardan conexión directa con el cobro coactivo, sino que se encargan respectivamente de temas ejecutivos civiles y sobre la determinación de los tributos en general y las sanciones.

Pone de presente que el artículo 99 ib., enlista como título ejecutivo las actas de liquidación del contrato, entre otras, la que para el caso concreto fuera expedida sin que frente a la misma se hubieran planteado salvedades por la ejecutada.

Asegura que las funciones ejercidas por el funcionario emisor del mandamiento de pago estaban debidamente asignadas según las normas que definen las funciones y la estructura de la entidad, contenidos en las normas municipales (Decreto 934 del 19 de octubre de 2012 y resolución No. 277 del 23 de octubre de 2012 reemplazados con los Decretos 590 y 764 de 2016), donde no existe el cargo de “Jefe de Cobro Coactivo” como erróneamente lo plantea la parte actora, por lo tanto, no se prueba ninguna de las irregularidades aducidas en la demanda.

Por último, cita la sentencia 16718 del 26 de octubre de 2009 del Consejo de Estado donde establece que en el cobro coactivo solo pueden debatirse excepciones contra la orden de pago, pues ya se presume agotada la discusión sobre el origen y validez de la obligación, la cual debe ser clara, expresa y exigible.

3.4. Propone las siguientes excepciones :

a. Cobro de lo no debido, por cuanto no procede la devolución de suma alguna, dado que los actos que fundamentan el cobro coactivo no presentan vicio alguno y laRadicación: 410012333000-2014-00384-00 6

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que los actos que fundamentan el cobro coactivo no presentan vicio alguno y laRadicación: 410012333000-2014-00384-00 6

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cuantía reclamada en este asunto excede ampliamente el monto por el cual la demandante fue ejecutada en sede administrativa.

b. Inexistencia de violación normativa, ya que los actos fueron proferidos por autoridad competente, conforme a la ley y sin vulnerar el debido proceso.

c. La genérica o innominada, solicitando su declaratoria de oficio con base en el artículo 187 del CPACA.

3.5. En el alegato conclusivo (f. 417 a 420 ib. ) itera los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda y agrega que la demandante solamente se limit a a señalar que la resolución con la cual se agota la vía gubernativa se encontraba en término para accionar ante esta jurisdicción a través de los medios de control de reparación directa o de nulidad y restablecimiento del derecho, sin demostrar haber demandado.

4. EL MINISTERIO PÚBLICO.

No rinde concepto (f. 373, 385 y 423).

5. CONSIDERACIONES.

5.1. Competencia, legitimación y validez.

El Tribunal es competente para resolver el presente caso , de conformidad con los artículos 152-2, 156-2 y 157 del CPACA y procede a ello , por cuanto no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado, además , las partes están legitimadas en causa, dado que el demandante cuestiona los actos administrativos que desestimaron su defensa dentro del proceso de cobro coactivo iniciado en su contra y por otro lado,

circunstancias que invaliden lo actuado, además , las partes están legitimadas en causa, dado que el demandante cuestiona los actos administrativos que desestimaron su defensa dentro del proceso de cobro coactivo iniciado en su contra y por otro lado, la demandada es la autora de dich os actos, por eso el interés en que se resuelva la posición de ambas partes.

5.2. Problema jurídico.

Como se indica en audiencia inicial (f. 385 a 386 ib.), corresponde a la Sala resolver sobre la legalidad de la Resolución No. 3423 del 30 de diciembre de 2013, por medio de la cual se resuelven excepciones de auto de mandamiento de pago y de la Resolución No. 202 del 18 de marzo de 2014, por medio de la cual se resuelve desfavorablemente el recurso de reposición presentado en contra la anterior.Radicación: 410012333000-2014-00384-00 7

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En particular, precisar si el trámite del cobro coactivo (para la ejecución del saldo que a favor del municipio de Neiva resultó de la liquidación del contrato de aseguramiento de los servicios de salud subsidiada que se suscribió con la demandante) se surtió en legal forma, si era procedente su iniciación y s i la competencia está radicada en la secretaría de hacienda municipal.

La tesis del Tribunal es que deben negarse las pretensiones , porque no se ha n infringido normas superiores con los actos demandados relacionadas con la competencia de la demandada ni del funcionario ejecutor para emitir los actos administrativos acusados , además , porque en su expedición no se vulneraron derechos fundamentales de la demandante, específicamente al debido proceso administrativo.

competencia de la demandada ni del funcionario ejecutor para emitir los actos administrativos acusados , además , porque en su expedición no se vulneraron derechos fundamentales de la demandante, específicamente al debido proceso administrativo.

Para sustentar esta tesis se analizará: a) las excepciones de mérito, b) lo probado en el proceso y, c) los cargos formulados contra el acto administrativo demandado.

5.3. Las excepciones de mérito.

La demandada propone la s excepciones denominadas cobro de lo no debido, inexistencia de violación normativa y genérica o innominada, frente a las cuales esta Corporación estima que en estricto sentido no son excepciones, porque no aportan hechos nuevos que ataquen el nacimiento o exigibilidad del derecho en controversia ni las pretensiones, sino que son enteramente razones de defensa que la entidad expone con mayor detalle en otros capítulos de la contestación de la demanda, a través de los cuales defiende la legalidad de la actuación administrativa a su cargo y se han de analizar en conjunto con los argumentos expuestos por la parte actora.

5.4. Lo probado.

5.4.1. Se encuentra acreditado que entre el municipio de Neiva y Comfamiliar , en calidades de contratante y contratista, respectivamente, se celebra el contrato No. 410012010001 el 1° de junio de 2010 para administrar los recursos del régimen subsidiado de salud y en la cláusula décima novena se pactan cláusulas exorbitantes relacionadas con la facultad unilateral de la administración de interpretar, modificar, terminar, liquidar y decretar la caducidad del contrato (f. 389 a 406 ib.).

relacionadas con la facultad unilateral de la administración de interpretar, modificar, terminar, liquidar y decretar la caducidad del contrato (f. 389 a 406 ib.).

5.4.2. Con la resolución No. 0119 del 17 de septiembre de 2012 la demandada liquida unilateralmente el contrato , estableciendo un saldo a su favor y a cargo de laRadicación: 410012333000-2014-00384-00 8

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contratista por $364’743.613,24 (f. 58 a 61 ib.) contra la cual la demandada presenta oportunamente el recurso de reposición.

El recurso se desata en forma adversa al recurrente con la resolución No. 045 del 26 de diciembre de 2012 (f. 333 a 340 ib.), la cual se notifica en forma personal el 23 de enero de 2013 (f. 329 ib.).

5.4.3. Con auto del 5 de junio de 2013 suscrito por el profesional especializado de jurisdicción coactiva de la secretaría de hacienda del municipio de Neiva, se libra mandamiento de pago en contra de Comfamiliar por la suma de $364’743.613,24 más los intereses moratorios (f. 324 ib.), para cuya notificación personal se le entrega el citatorio el 6 de junio de 2013 y se le pone de presente que, de no presentarse para ello, la notificación se surte según el artículo 615 del ETM (f. 323 ib.). La notificación personal, finalmente, se surte el 25 de noviembre de 2013 según acta respectiva (f. 325 ib.).

5.4.4. El 1° de noviembre de 2013 el citado en el proceso de jurisdicción coactiva

personal, finalmente, se surte el 25 de noviembre de 2013 según acta respectiva (f. 325 ib.).

5.4.4. El 1° de noviembre de 2013 el citado en el proceso de jurisdicción coactiva decreta el embargo y retención de los dineros que en diferentes cuentas bancarias tuviera la ejecutada hasta el límite de $729 ’487.226,48 y el embargo y secuestro de inmuebles y vehículos de su propiedad (f. 231 a 232 ib.). Los respectivos oficios que comunican las medidas cautelares son tramitados el 6 de noviembre de 2013 (f. 225 a 230 ib.).

5.4.5. El 27 de noviembre de 2013 la ejecutada solicita al municipio de Neiva la nulidad de lo actuado y simultáneamente interpone recurso de reposición contra el mandamiento de pago con fundamento en el artículo 140 del CPC, alegando carencia de competencia de la entidad ejecutante , porque el contrato base de la ejecución corresponde a un contrato de aseguramiento del servicio de salud regido por normas de derecho privado y porque el artículo 5, parágrafo 1° de la Ley 1066 de 2006 excluye la obligación en comento del ámbito de aplicación del cobro coactivo regulado en la citada norma, motivos que en su sentir implican que no procede el cobro coactivo (297 a 298 ib.).

5.4.6. Igualmente, la parte ejecutada presenta el 4 de diciembre de 2013 las siguientes excepciones de mérito: i) carencia de competencia, donde itera los argumentos ya expuestos en su petición de nulidad y recurso de reposición y ii)

siguientes excepciones de mérito: i) carencia de competencia, donde itera los argumentos ya expuestos en su petición de nulidad y recurso de reposición y ii) improcedencia temporal, argumentando que la ejecución se inicia dentro del plazoRadicación: 410012333000-2014-00384-00 9

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para demandar la legalidad del acto de liquidación, por lo que, en ese término, no era viable iniciar la ejecución forzada (f. 301 a 303 ib.).

5.4.7. Las anteriores solicitudes son despachadas desfavorablemente con la resolución No. 03423 del 30 de diciembre de 2013 (f. 281 a 292 ib.), suscrita por el profesional especializado de jurisdicción coactiva y el secretario de hacienda municipal, citando los artículos 98, 99, 100 y 297 del CPACA; 140 y 509 del CPC; 2, 5 (parágrafo 1°), 615, 617, 621, 622 y 626 del acuerdo 050 de 2009 (ETM Neiva); y el Decreto 624 de 1989 (ETN), así como la sentencia C -666 de 2000 de la Corte Constitucional.

En particular, la solicitud de nulidad la rechaza de plano porque el proceso de cobro coactivo se rige por la Ley 1437 de 2011 y algunas normas del ETM de Neiva, por lo tanto, no permite remisión al CPC y la nulidad no es un medio de defensa procedente.

En torno al recurso de reposición que se sustenta en que el mandamiento de pago es improcedente por provenir de una obligación contractual , sometida al derecho

tanto, no permite remisión al CPC y la nulidad no es un medio de defensa procedente.

En torno al recurso de reposición que se sustenta en que el mandamiento de pago es improcedente por provenir de una obligación contractual , sometida al derecho privado, es rechazado de plano señalando que el ETM de Neiva no lo trae como mecanismo de defensa frente al mandamiento y además el cobro coactivo tiene sus propias reglas.

Sobre la falta de competencia alegada por vía de reposición y excepción de mérito, también la rechaza de plano pues el artículo 622-7 del ETM se refiere exclusivamente a la incompetencia del funcionario que expide el título ejecutivo y no de quien profiere el mandamiento de pago , por lo tanto , es improcedente, aunado a que la entidad ejecutante había cumplido con las exigencias legales y el acto administrativo constituye título ejecutivo válido, por lo que no se configuraba la excepción de mérito listada en la norma.

Acerca de la excepción de mérito de improcedencia temporal de la acción de cobro porque segú n el artículo 622-5 del ETM la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo impiden el cobro coactivo , se rechaza porque no se acredita la existencia de una demanda ante la jurisdicción contenciosoadministrativa contra el acto administrativo constitutivo del título ejecutivo y tampoco acredita su suspensión provisional.Radicación: 410012333000-2014-00384-00 10

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5.4.8. Contra la anterior decisión, Comfamiliar presenta recurso de reposición el 20

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5.4.8. Contra la anterior decisión, Comfamiliar presenta recurso de reposición el 20 de febrero de 2014 (f. 278 a 280 ib.), para que se revoque y en su lugar se decrete la nulidad del mandamiento y la terminación del procedimiento con la consecuente cancelación de las medidas cautelares y subsidiariamente, se declare probada la excepción de mérito de falta de competencia.

En el sustento cuestiona que el funcionario ejecutor haya tramitado y decidido en una sola actuación tanto la nulidad del mandamiento de pago como las excepciones de mérito, cuando esto debía tramitarse de forma separada conforme al CPC (vigente para la época), ya que, en su opinión, primero debe resolverse la nulidad o el recurso de reposición y solo después decidir sobre las excepciones.

De otra parte, insiste que la obligación cobrada no deriva de un impuesto, tasa o contribución, sino de un contrato de aseguramiento del servicio de salud suscrito entre el municipio de Neiva y Comfamiliar, por lo que no puede cobrarse mediante jurisdicción coactiva pues según el artículo 216 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 2° y 5° del ETM, este tipo de obligaciones no están dentro de su objeto y deben regirse por el derecho privado de donde emerge que la alcaldía - secretaría de hacienda y el funcionario ejecutor , no tienen competencia, la cual recae en el juez contencioso conforme a los artículos 104-6 y 152-5 y 7 del CCA <sic>.

El mencionado recurso es resuelto adversamente con resolución No. 202 del 18 de marzo de 2014 suscrita por el secretario de haci enda de Neiva y el funcionario

El mencionado recurso es resuelto adversamente con resolución No. 202 del 18 de marzo de 2014 suscrita por el secretario de haci enda de Neiva y el funcionario ejecutor, notificada personalmente a la ejecutada a través de apoderado el 28 de abril del mismo año, citando los mismos argumentos del recurrido (f. 264 a 275, ib.).

5.4.9. Por auto del 7 de marzo de 2016 suscrito por el profesional especializado de jurisdicción coactiva del municipio de Neiva, se da por terminado el proceso coactivo por pago total en cuanto la ejecutada efectúa el pago de $380’900.603,24 cubriendo así la totalidad del capital debidamente indexado (f. 243 ib.).

5.5. Resolución de los cargos de nulidad.

5.5.1. Primer cargo: violación directa de los artículos 6, 142, 349, 509-2 y 510 del CPC (el primero por violación del debido proceso y los demás por trámite irregular del proceso coactivo), para resolverlo se hace necesario analizar las disposiciones que rigen el cobro coactivo, la competencia y el debido proceso.Radicación: 410012333000-2014-00384-00 11

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5.5.1.1. Normas que rigen el procedimiento de cobro coactivo.

Para el tiempo de emitirse la resolución No. 0119 del 17 de septiembre de 2012 con la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 410012010001 del 1° de junio de 2010 el artículo 98 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 ( vigente desde el 2 de

la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 410012010001 del 1° de junio de 2010 el artículo 98 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 ( vigente desde el 2 de julio de 2012 según su artículo 308 ), dispuso que las entidades públicas 1 deben recaudar las obligaciones creadas a su favor que consten en documentos que presten mérito ejecutivo2 y para ello están revestidas “de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes”.

El artículo 99 Id señala que prestan mérito ejecutivo para el cobro coactivo los documentos en los que conste una obligación clara, expresa y exigible, entre otros, los contratos o los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo que declara su incumplimiento, la caducidad o, el acta de liquidación del contrato o, cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual (numeral 3).

Del mismo modo, el artículo 100 ib., consagra las reglas de procedimiento de cobro coactivo, así:

1. Los que tengan reglas especiales se someterán a las mismas. ii) Los que no cuenten con reglas especiales se regirán por lo dispuesto en el CPACA y en el ET. iii) Los relativos al cobro de obligaciones tributarias se regirán por el ET. iv) En los aspectos no previstos en el ET o en las normas especiales , se aplican, en cuanto fueren compatibles, las reglas de procedimiento de la parte primera del CPACA o en su defecto, el CGP en lo relativo al proceso ejecutivo singular.

Lo expuesto permite descartar la posición de la parte actora sobre violación del debido

cuanto fueren compatibles, las reglas de procedimiento de la parte primera del CPACA o en su defecto, el CGP en lo relativo al proceso ejecutivo singular.

Lo expuesto permite descartar la posición de la parte actora sobre violación del debido proceso y trámite irregular que se sustenta en la inaplicación de normas del CPC, pues dicho estatuto había perdido vigencia al ser derogado por el artículo 626 la Ley 1564 de 2012 (CGP) , corregido por el artículo 17 del decreto 1736 de 2012 y el auto de

1 Señaladas en el parágrafo del artículo 104 Id, o sea, todo órgano o entidad estatal, sin