TA CHO - 27001333300520220006601-(28-10-2022)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado ponente: Enrique Dussán Cabrera Neiva Primero (01) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Reparación Directa Demandante Román Galindo Carreño y otros Demandado La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional Radicación 41 001 33 33 005 2017 00084 01 Asunto Sentencia N° 046 Acta No. 022 De la fecha.

1. ASUNTO.

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del 09 de diciembre de 2019, mediante la cual el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, concedió las pretensiones de la demanda y condenó en costas.

2. LA DEMANDA1.

2.1. Pretensiones.

A través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, los demandantes Alcibiades Galindo Carreño, Beatriz Galindo Carreño, Cielo Galindo Carreño, Angela Maria Galindo Carreño, Ligia Galindo Carreño, Luz Maritza Galindo de Fierro, Adela Galindo de Trujillo, Alcides Galindo Carreño, Diomar Luvy Galindo Carreño, Maria Yoanes Galindo Carreño, Román Galindo Carreño , en calidad de hermanos de la víctima, pretenden que se declare a la demandada responsable, por la muerte d el señor Octavio Galindo Carreño, ocasionada el 9 de diciembre de 2006, por miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Infantería No. 26 Cacique

demandada responsable, por la muerte d el señor Octavio Galindo Carreño, ocasionada el 9 de diciembre de 2006, por miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza de Garzón (H), en el municipio de Tesalia (H).

Como consecuencia de lo anterior, solicitan el reconocimiento y pago de los perjuicios morales, materiales y daño en la vida en relación.

2.2. Los Hechos.

Según lo indicado en la demanda, el 9 de diciembre de 2006, el señor Octavio Galindo Carreño, fue dado de baja por miembros del Ejército Nacional, adscritos al Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza de Garzón (H), en hechos ocurridos en el municipio de Tesalia (H).

1 Folios 1-18 escrito de demanda expediente físico, cuaderno 1 primera instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 2 de 18

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Manifiesta que por estos hechos, se adelantó investigación penal por parte del Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar de Pitalito (H), bajo el radicado 053/2006, archivada mediante auto del 27 de agosto de 2007 y posteriormente con auto del 3 de marzo de 2008, se profirió resolución inhibitoria.

Precisa que la Fiscalía de Derechos Humanos, al encontrar la referencia

radicado 053/2006, archivada mediante auto del 27 de agosto de 2007 y posteriormente con auto del 3 de marzo de 2008, se profirió resolución inhibitoria.

Precisa que la Fiscalía de Derechos Humanos, al encontrar la referencia del occiso , en otro proceso, solicitó la remisión de las diligencias , proponiendo colisión de competencias positiva y mediante auto del 17 de noviembre de 2015, determinó dudas acerca de las circ unstancias de modo, tiempo y lugar en que falleció Octavio Galindo Carreño, por lo que solicitó a la Justica Penal Militar la remisión de la investigación preliminar No. 296/06.

Con base en lo anterior, las diligencias fueron asignadas a la Fiscalía 39 de Derechos Humanos, dando apertura a la investigación No. 10002, mediante auto del 30 de agosto de 2016, para establecer si la muerte de Octavio Galindo Carreño, corresponde a un denominado “ Falso Positivo”.

Por último, precisa que, a partir del 30 de agosto de 2016, fecha en la que la Fiscalía da apertura a la investigación penal, se considera que el daño fue descubierto, por lo que a partir de esta fecha los demandantes estaban habilitados para demandar por reparación directa.

2.3. Fundamentos de derecho.

Cita el artículo 2, 6, 11 y 90 de la Constitución Política.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2.

El apoderado judicial frente a los hechos manifiesta que el demandante no probó las circunstancias de ocurrencia de los hechos esbozadas en la demanda y de las cuales pretende se declare la responsabilidad de la entidad demandada. No se probó que los miembros del Ejército

no probó las circunstancias de ocurrencia de los hechos esbozadas en la demanda y de las cuales pretende se declare la responsabilidad de la entidad demandada. No se probó que los miembros del Ejército Nacional, hubiesen participado de manera ilegítima o con extralimitación de sus funciones.

Lo anterior, si se tiene en cuenta, que no existe decisión de fondo, en la que se haya sancionado o endilgado responsabilidad a algún militar por la muerte de Octavio Galindo Carreño.

Aunado a lo anterior, precisa que lo realmente ocurrido fue el resultado de la reacción armada del personal militar cuando fue atacado por el

2 Folios 271-289 expediente físico, cuaderno 2 primera instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 18

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señor Octavio Galindo Carreño con arma de fuego, en el momento en que el occiso se encontraba desarrollando actividades delictivas, portando material de guerra y al ser descubierto reaccionó disparando en contra de los militares y estos a su vez, hicieron uso de sus armas de dotación, y en el intercambio de disparos resultó lesionado Galindo Carreño. Razón por la cual, considera se configura la culpa exclusiva de la víctima.

Propuso las excepciones de: i) Ausencia de prueba de los presupuestos de hecho. ii) Ausencia de responsabilidad – Inexistencia de falla en el servicio. iii) Cul pa exclusiva de la víctima . iv) Diferencias entre civil y

de la víctima.

Propuso las excepciones de: i) Ausencia de prueba de los presupuestos de hecho. ii) Ausencia de responsabilidad – Inexistencia de falla en el servicio. iii) Cul pa exclusiva de la víctima . iv) Diferencias entre civil y combatiente. v) Legítima defensa y cumplimiento de un deber legal. vi) Uso legítimo de las armas de fuego por parte del personal militarprincipio de proporcionalidad. vii )Inexistencia de prueba de los perjuicios. viii) Carga de la prueba.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3.

El a quo, luego de plantear el problema jurídico efectuó un estudio de la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado, señalando que el régimen de responsabilidad de los daños causados con armas de dotación oficial en operaciones militares y procedimientos de policía, se enmarca en la responsabilidad subjetiva bajo el título de falla del servicio, debiéndose probar que la entidad demanda al momento de emplear el uso de la fuerza letal mediante armas de dotación oficial, lo hizo de manera desproporcionada o excesiva.

Respecto al daño jurídico , considera se encuentra demostrado con la muerte violenta del señor Octavio Galindo Carreño, ocasionada el 9 de diciembre de 2006, en la vía Pacarní del municipio de Tesalia (H) que conduce a Río Negro, a causa de las múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

Al iniciar el análisis del material probatorio , considera que existe inconsistencias entre las versiones rendidas por los militares que participaron en la operación desarrollada el día de los hechos,

arma de fuego.

Al iniciar el análisis del material probatorio , considera que existe inconsistencias entre las versiones rendidas por los militares que participaron en la operación desarrollada el día de los hechos, denominada operación “Alpha”, Misión táctica “ Inmortal I” adelantada por la compañía “Acorazado” al mando del ST. Wilmer Díaz Chamorro, perteneciente al Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza.

Aduce, que estas incoherencias frente a las circunstancias de ocurrencia de los hechos del 9 de diciembre de 2006, advertidas por la Fiscalía 39 Coordinadora DFNEDH -DIH de Neiva, fueron la causa por la cual la Fiscalía le solicitó al Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar la

3 Folios 345 a 363 expediente físico, cuaderno 2 primera instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 18

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remisión de las diligencias, asumiendo por competencia la investigación penal.

Precisa que, las declaraciones rendidas por los militares ante la Fiscalía, en contraste con los restantes testimonios recaudad os, no generan certeza, frente a los hechos ocurridos previamente a l fallecimiento del señor Octavio Galindo Carreño y, no existe elemento de convicción del enfrentamiento armado que aduce la entidad demandada ocurrió el 9

certeza, frente a los hechos ocurridos previamente a l fallecimiento del señor Octavio Galindo Carreño y, no existe elemento de convicción del enfrentamiento armado que aduce la entidad demandada ocurrió el 9 de diciembre de 2006 y, que en respuesta a ello se generó su actuación.

Como tampoco se advierte que los miembros del Ejército Nacional, respondieron a este ataque efectuado por parte de particulares; es decir no se demostró que la muerte de la víctima hubiese ocurrido en razón de su propia culpa tal y como lo sostiene la demandada.

De igual manera , adujo que, si bien es cierto el análisis practicado al arma de fuego encontrada en el lugar de los hechos, arrojó un resultado positivo, el mismo solo demuestra que el arma fue percutida después de su última limpieza, sin embargo, de la muestra de residuos de disparo tomada a Octavio Galindo Carreño, no obra resultado alguno, por lo que no se logró acreditar qu e él fue quien disparó la pisto la encontrada.

Al efectuar examen de proporcionalidad entre la respuesta de los miembros de la fuerza pública ante la agresión de la que supuestamente fueron objeto por parte de Galindo Carreño, considera que no hay un elemento que proporcione un mínimo de convicción que llevara a concluir que el occiso si disparó el arma encontrada en el lugar de los hechos, tampoco que él la portara y que con la misma hubiese puesto en peligro a los uniformados ; circunstancia que adujo la entidad demandada para justificar el uso de las armas en contra de la víctima e invocar la causal de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

en peligro a los uniformados ; circunstancia que adujo la entidad demandada para justificar el uso de las armas en contra de la víctima e invocar la causal de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Finalmente considera que, si se probó que la entidad incumplió con el mandato de pro teger la vida de las personas , como resultado del uso desproporcionado de la fuerza con la que obró, configurándose una falla del servicio imputable al Ejército Nacional, por haberse presentado una ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida.

En virtud del material probatorio recaudad o y analizado, estimó no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y declaró patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes, por violación a los Derechos Humanos , por parte deTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 18

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personal uniformado adscrito al Batallón de Infantería No. 26 “Cacique Pigoanza”.

5. RECURSO DE APELACIÓN.

La apoderada de la parte demandada4, solicita revocar la sentencia de primera instancia , por considerar que existen suficientes elementos probatorios, que llevan a determinar que el comportamiento de los militares si se encontraba amparado en una causal de justificación , como es actuar en legítima defensa , ante la agresión originada por el occiso y sus acompañantes.

probatorios, que llevan a determinar que el comportamiento de los militares si se encontraba amparado en una causal de justificación , como es actuar en legítima defensa , ante la agresión originada por el occiso y sus acompañantes.

Precisa que de las declaraciones y de los documentos recaudados, se puede establecer claramente que no se trató de una ejecución extrajudicial sino, de un enfrentamiento armado originado por Octavio Galindo Carreño y sus acompañantes, quienes con su actuar causaron en los uniformados una reacción en legítima defensa , en salvaguarda de su vida.

Considera que, de la versión rendida por los militares, se pude concluir que, ante los disparos perpetrados por parte de dos personas los militares reaccionaron con sus armas d e dotación en protección de su integridad. De igual manera, se acreditó que el occiso si portaba un arma y que la misma fue percutida, y aunque la prueba de absorción atómica no es concluyente, ello no desvirtúa la existencia del arma y que la misma sea del occiso.

Por el contrario, aduce que no se allegó prueba que acredite que los miembros del Ejército Nacional, hubiesen actuado de manera ilegítima, con extralimitación de sus funciones o cualquier otra situación que genere responsabilidad de la entidad demandada. Y que en el presente asunto se deben negar las p retensiones de la demanda, como quiera que se encuentra acreditada la causal de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

6.1. Demandante5

Se ratifica en los fundamentos presentados en los alegatos de

responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

6.1. Demandante5

Se ratifica en los fundamentos presentados en los alegatos de conclusión de primera instancia y solicita se mantenga incólume la decisión proferida por el a quo.

4 Folios 369-391 expediente físico, cuaderno principal 2 primera instancia. 5 Expediente Digital OneDrive Segunda Instancia.Documento 014, folio 2.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 18

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6.2. Demandada La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional6

Reitera en su integridad los planteamientos esgrimidos en el recurso de apelación, solicitando revocar la sentencia del a quo por haberse configurado la causal de exclusión de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

De igual manera solicita se analice la caducidad del medio de control de reparación directa, como quiera que se han proferido recientes decisiones rechazando demandas o negando las pretensiones, en casos similares al aquí debatido, por haberse presentado la caducidad del medio de control invocado.

Lo anterior de conformidad, al pronunciamiento efectuado en l a Sentencia de Unificación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) del

del medio de control invocado.

Lo anterior de conformidad, al pronunciamiento efectuado en l a Sentencia de Unificación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) del 29 de enero de 2020, en donde se precisó lo siguiente:

“…Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asu nto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desapa rición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.”

Precisa que, en el presente asunto, se puede evidenciar que hay prueba suficiente para acreditar que los demandantes tuvieron conocimiento oportuno de los hechos y, por el contrario, no se demostró la ocurrencia de una situación que hubiese impedido dar iniciado a la presenta acción.

Concluye que los hechos ocurrieron en el año 2006 y la demanda fue radicada en el año 2017 y pese a esto la parte demandante aduce que

de una situación que hubiese impedido dar iniciado a la presenta acción.

Concluye que los hechos ocurrieron en el año 2006 y la demanda fue radicada en el año 2017 y pese a esto la parte demandante aduce que solo los conoció en el año 2015; sin embargo, est e argumento no es acreditado.

6.3. Ministerio Público7

No presentó concepto.

6 Expediente Digital OneDrive Segunda Instancia.Documento 012, folio 3-22. 7 Expediente Digital OneDrive Segunda Instancia.Documento 016, folio 1TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 18

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7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

7.1. Competencia.

Como el proceso es de competencia de los jueces administrativos en primera instancia de conformidad con el artículo 155 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011, al ser objeto de apelación conforme el artículo 243 esta Corporación es competente al así preverlo el artículo 153 ibidem.

7.2. Asunto jurídico a resolver.

Conforme al recurso de alzada y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe establecerse si en el presente asunto se presentó la caducidad de la Acción de Reparación Directa.

De no haber caducado el presente medio de control, se debe

328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe establecerse si en el presente asunto se presentó la caducidad de la Acción de Reparación Directa.

De no haber caducado el presente medio de control, se debe determinar, si La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, es responsable por los daños , derivados de la muerte del señor Octavio Galindo Carreño, ocurrida el 09 de diciembre de 20 06, la cual fue ocasionada por miembros del Ejército Nacional, o si se debe revocarse la sentencia impugnada por haberse probado la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

7.3. Régimen de responsabilidad aplicable

Con el propósito de otorgar seguri dad jurídica, evitando dejar situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial; por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judici al, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción8, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, concretando el concepto de derechos adquiridos.

8 Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05: “(...) el derecho al acceso a la administración de

adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, concretando el concepto de derechos adquiridos.

8 Consejo de Estado, sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05: “(...) el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionaliz ar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adqui eran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 18

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La caducidad, considerada como un mecanismo que brinda seguridad jurídica, se entiende también como una limitación al ejercicio del derecho de acción, que opera por la falta de activid ad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 9, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la potestad de accionar.

requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 9, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la potestad de accionar.

En ese orden tenemos que el numeral 2º literal i) del artículo 164 del CPACA, establece los plazos para la presentación en tiempo de la demanda de reparación directa en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…)

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposi bilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia…”

Como se ve, la regla para contabilizar la caducidad del medio de control de reparación directa resulta ser clara, en tanto el CPACA dispone expresamente que los dos (2) años para ejercer la acción se contarán a partir del suceso por acción u omisión generador del daño o cuando la persona tuvo conocimiento del mismo, siempre que demuestre el impedimento de haberlo conocido en la fecha de su estructuración.

Ahora bien, en cuanto a la determinación del momento en que inicia la caducidad en los casos donde se analizan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier asunto en donde se tenga una

Ahora bien, en cuanto a la determinación del momento en que inicia la caducidad en los casos donde se analizan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier asunto en donde se tenga una pretensión indemnizatoria por parte del Estado, el órgano de cierre jurisprudencial10 unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:

“PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de

9 Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la de manda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro d el cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado” 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de jurisprudencia por importancia jurídica del 29 de enero de 2020, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033)TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 18

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Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los af ectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley…”

Lo anterior fue sustentado en los siguientes términos:

“(…) Las premisas establecidas por el legislador en materia de responsabilidad patrimonial del Estado comparten la misma finalidad de la imprescriptibilidad de la acción penal frente a los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pues en los dos ámbitos operan reglas en virtud de las cuales el término pertinente no resulta exigible hasta tanto se cuente con elementos para identificar a quien le resulta imputable el daño pertinente.

En el primer evento –el penal– esta situación se predica de los autores y partícipes

resulta exigible hasta tanto se cuente con elementos para identificar a quien le resulta imputable el daño pertinente.

En el primer evento –el penal– esta situación se predica de los autores y partícipes del delito, bajo la imprescriptibilidad de la acción y, en el segundo –en materia de responsabilidad patrimonial del Estado –, dicho supuesto versa sobre los particulares que ejerzan funciones administrativas y las entidades que estén llamadas a indemnizar los perjuicios causados, caso en el que se aplica el término de caducidad solo desde el momento en que el afectado tuvo la posibilidad de saber que resultaron implicadas en los hechos.

En suma, las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado , al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra.

Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas : i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad

el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley. (Subrayado fuera del texto)

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los d elitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quie n acude a la administración de justicia…”TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 18

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La anterior decisión fue acogida por la Corte Constitucional, en Sentencia SU-312 de 2020, mediante la cual unificó su jurisprudencia sobre la materia, en la cual precisó que la providencia de unificación del Consejo de Estado se mostraba respetuosa de los postulados constitucionales sobre

Sentencia SU-312 de 2020, mediante la cual unificó su jurisprudencia sobre la materia, en la cual precisó que la providencia de unificación del Consejo de Estado se mostraba respetuosa de los postulados constitucionales sobre acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y reparación patrimonial por los daños causados por el Estado, así como con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Dere