TA CHO - Sentencia 27001-33-33-004-2024-00005-01 (29-09-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintinueve (29) septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 152

RADICACIÓN: 27001333300420240000501

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: HENRY ALEXIO VELÁSQUEZ MATURANA

DEMANDADO:

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES “COLPENSIONES”

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la Sentencia No. 0016 del 13 de febrero de 202, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por el señor HENRY ALEXIO VELÁSQUEZ MATURANA , contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” , a través de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: El Sr. HENRY ALEXIO VELÁSQUEZ MATURANA nació el 06 de mayo de 1953, según se acredita la resolución ya identificadas. Cumplió sesenta (60) años de edad, exactamente el 06 de mayo del 2013.

SEGUNDO: El 1° de abril de 1994, cuando empezó a regir el Sistema General de Seguridad

según se acredita la resolución ya identificadas. Cumplió sesenta (60) años de edad, exactamente el 06 de mayo del 2013.

SEGUNDO: El 1° de abril de 1994, cuando empezó a regir el Sistema General de Seguridad Social en pensiones para el nivel territorial, mi mandante contaba con más de cuarenta (40) años de edad; luego, se hizo acreedor al beneficio del artículo 36-2º de la ley 100 de 1993, es decir, régimen de transición.

TERCERO: Mí poderdante laboró al servicio del estado colombiano y cotizó un total de 9.676 días, es decir, 1.382 semanas, equivalentes a 26 años, 10 meses y 16 días.

CUARTO: El parágrafo segundo (2°) del artículo 20 del Acuerdo N° 049 de 1990, aproba do por el Decreto 758 del año anotado, "POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO

GENERAL DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE"

CONSAGRA LA SIGUIENTE TABLA DE LOS MONTOS PORCENTUALES PARA LA

PENSIÓN DE VEJEZ:"

NÚMERO DE

SEMANAS

PORCENTAJE

TOTAL %.

INVALIDEZ

PERMANETE

TOTAL

% INVALIDEZ

PORMANENTE

ABSOLUTA

% GRAN

INVALIEZ

PENSIÓN

DE VEJEZRADICACIÓN: 27001333300420240000501

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500 45 51 51 57 45 550 48 54 54 60 48 600 51 57 57 63 51 650 54 60 60 66 54 700 57 63 63 69 57 750 60 66 66 72 60 800 63 69 69 75 63 850 66 72 72 78 66 900 69 75 75 81 69 950 72 78 78 84 72 1000 75 81 81 87 75 1050 78 84 84 90 78 1100 81 87 87 90 81 1150 84 90 90 90 84 1200 87 90 90 90 87 1250 o más 90 90 90 90 90

QUINTO: De conformidad con el número de semanas cotizadas por mi poderdante, durante los 31 AÑOS, 03) MESES Y 05 DIAS, EQUIVALENTES A 1.478 SEMANAS COTIZADAS, le correspondería para la liquidación de su pensión de vejez, un porcentaje del noventa por ciento (90%) del ingreso base de cotización.

SEXTO: El último ingreso base de cotización (IBC) para liquidar la pensión de vejez de mi

correspondería para la liquidación de su pensión de vejez, un porcentaje del noventa por ciento (90%) del ingreso base de cotización.

SEXTO: El último ingreso base de cotización (IBC) para liquidar la pensión de vejez de mi poderdante fue de $3.856.165, para determinar la tasa de reemplazo del noventa (90%), equivalente a $3.470.548, y no como procedió la entidad accionada, al liquidar la tasa de reemplazo del 75%, dand o un quantum inicial de $2.892.124, a partir del 01 de febrero del

2017.

SÉPTIMO: Respecto del requisito de procedibilidad, consistente en la conciliación extrajudicial, el Consejo De Estado, en la sentencia de tutela del 1º de septiembre del 2009, radicado Nº 1100103-15-000-2009-00817-002,, expresó que no es necesaria, por cuanto, se trata de pensiones, las cuales, son derechos ciertos e indiscutibles.

OCTAVO: Con relación a la caducidad de la acción al respecto el Consejo De Estado, ha manifestado: “CADUCIDAD DE LA ACCION - Inexistencia porque se trata de una solicitud de reliquidación de la pensión que se puede formular en cualquier tiempo / PENSION DE JUBILACION – Imprescriptibilidad.” NOVENO: Con la presente demanda, se allega copia de la resolución mediante la cual se le reconoce la pensión de vejez, sin autenticar, atendiendo el cambio jurisprudencial del Consejo De Estado, cuyo texto más significativo es el siguiente: “NO SE REQUIERE APORTAR COPIA AUTENTICA DEL ACTO ACUSADO, PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA” DÉCIMO: Tanto la Corte Constitucional, como el Consejo De Estado y la Corte Suprema de

AUTENTICA DEL ACTO ACUSADO, PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA” DÉCIMO: Tanto la Corte Constitucional, como el Consejo De Estado y la Corte Suprema de Justicia, han determinado vía legislación constitucional como legal y por línea jurisprudencial que LA PENSIÓN ES UN DERECHO FUNDAMENTAL, de acuerdo con el ar tículo 48 de la Constitución Nacional de manera general y específica respecto de las personas de la terceraRADICACIÓN: 27001333300420240000501

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edad (C.P. artículo 46, inciso 2°); por ende, al ser fundamental, siempre amerita su irrenunciable protección”.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos fácticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: Declarar la nulidad parcial de la resolución GNR 33474 del 27 de enero del 2017, dictada por COLPENSIONES, mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez al Sr. HENRY ALEXIO VELÁSQUEZ MATURANA, en cuantía de $2.892.124, efectiva a partir del 01 de febrero del 2017.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior, a título de restablecimiento del

HENRY ALEXIO VELÁSQUEZ MATURANA, en cuantía de $2.892.124, efectiva a partir del 01 de febrero del 2017.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a COLPENSIONES, reliquidar la pensión de vejez del accionante, con un ingreso base de liquidación de $3.856.165, para con una tasa de reemplazo del 90%, determinar la primera mesada pensional equivalente a $3.470.548, efectiva desde el 01 de febrero del 2017, como lo consagran los artículo 12, 13, 20, parágrafo 2°, del acuerdo Nº 090 de 1990, aprobado por el Decreto Nº 758 de 1990, d ictado por el Instituto De Seguro Social, y el artículo 21 de la ley 100 de 1993 al haber cotizado mi mandante, un total de 1.382, semanas durante toda su vida laboral y contar con más de sesenta (60) años de edad.

TERCERA: Condenar a COLPENSIONES, o a la entidad que haga sus veces, a pagarle a mi mandante, las mesadas pensionales y adicionales, desde el 01 de febrero del 2017, hasta cuando se cancele en su totalidad la obligación pensional, conforme el artículo 157 -5º del

CPACA.

CUARTA: La sentencia exigirá el cumplimiento de los artículos 188, 192 y 195-4º del CPACA”.

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio N° 160 del 28 de febrero de 2024 y se ordenó notificar a

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio N° 160 del 28 de febrero de 2024 y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio Público, como en derecho corresponde.

La entidad demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, contestó la demanda , oponiéndose a las pretensiones de la misma, y propuso las excepciones de “inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, buena fe, presunción de legalidad de los actos administrativos, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria, no configuración del derecho al pago del I.P .C., ni de indexación o reajuste alguno, pago, carencia de causa para demandar, prescripción, compensación, no procedencia al pago de costas en instituciones administradoras de seguridad social del orden público, e innominada o genérica.”

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia No. 0016 del 13 de febrero de 2025 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, concedió las súplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el A quo argumentó:

“(…) En el presente asunto, se tiene que el accionante cuenta finalmente con 1.382 semanas cotizadas en forma interrumpida entre el 3 de enero de 1990 y el 30 de noviembre de 2016.RADICACIÓN: 27001333300420240000501

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

semanas cotizadas en forma interrumpida entre el 3 de enero de 1990 y el 30 de noviembre de 2016.RADICACIÓN: 27001333300420240000501

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Adicionalmente se encuentra acreditado que el señor Henry Alexio Velásquez Maturana el día 6 de mayo de 1953, de manera que, cumplió 60 años de edad el 6 de mayo de 2013, situación que no encaja con la primera exigencia legal que trae el Acto Legislativo 01 de 2005, la cual consiste en haber cumplido los requisitos de la pensión de vejez con anterioridad al 31 de julio de 2010. Así pues, será necesario verificar si el accionante a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, 25 de julio de 2005, cotizó más de 750 semanas: En ese sentido, y con fundamento en los per iodos registrados en la Resolución No. GNR 33474 del 27 de enero de 2017, tenemos que, a la entrada en vigencia del acto legislativo en comento, el actor acreditó tener 811 semanas cotizadas, lo cual le permite mantener el régimen de transición hasta el añ o 2014, y se puede colegir que tiene una expectativa

legislativo en comento, el actor acreditó tener 811 semanas cotizadas, lo cual le permite mantener el régimen de transición hasta el añ o 2014, y se puede colegir que tiene una expectativa No puede desconocer el Despacho que la protección de los derechos adquiridos en materia pensional, obedece a la necesidad de preservar aquellas situaciones particulares y concretas que frente al tránsito legislativo se encuentran consolidadas. Así en este contexto, el derecho adquirido se traduce en el cumplimiento de cotizaciones exigidas por la ley. En el caso del régimen de transición, el cumplimiento de requisitos deviene de la norma que fue habilitad a por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando no se obtengan con fraude a la ley o abuso del derecho. Desde esta perspectiva, el accionante cumplió con uno de los supuestos que le permite conservar el beneficio de la transición, sin que la c ausación del derecho dependa de la solicitud del mismo. Así las cosas, como quiera que el actor adquirió una expectativa legítima de la extensión de los beneficios del régimen de transición hasta el año 2014, hace claridad el Despacho en que no se pretende la extensión indefinida del régimen de transición, sino la protección de un derecho adquirido frente a las hipótesis normativas consagradas en el Acto Legislativo 01 de 2005. Ahora bien, en el análisis de la pensión reconocida, se tiene que la entidad demandada liquidó la pensión de vejez del accionante con fundamento en la ley 33 de 1985, por favorabilidad. En ese orden de ideas, es claro para ésta instancia judicial que el ac to administrativo demandado debe nulitarse parcialmente pues la entidad demandada le

liquidó la pensión de vejez del accionante con fundamento en la ley 33 de 1985, por favorabilidad. En ese orden de ideas, es claro para ésta instancia judicial que el ac to administrativo demandado debe nulitarse parcialmente pues la entidad demandada le reconoció al señor Henry Alexio Velásquez Maturana su pensión de vejez, sin atender lo dispuesto en el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990. (…)”.

Y luego resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRENSE no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la resolución N° GNR 33474 del 27 de enero de 2017, por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de vejez a favor del señor Henry Alexio Velásquez Maturana, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” reliquidar la pensión de vejez del señor Henry Alexio Velásquez Maturana identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.065.345, conforme los términos y condiciones establecidas en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 y teniendo en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas y acumulad as, esto es, en un porcentaje del 90% del ingreso base de cotización.RADICACIÓN: 27001333300420240000501

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teniendo en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas y acumulad as, esto es, en un porcentaje del 90% del ingreso base de cotización.RADICACIÓN: 27001333300420240000501

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CUARTO: ORDÉNESE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” pagar al señor Henry Alexio Velásquez Maturana identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.065.345, el mayo r valor de las mesadas pensionales no pagadas, resultante de la diferencia entre las mesadas pensionales de la reliquidación aquí ordenada y las mesadas pensionales reconocidas y pagadas conforme la resolución N° GNR 33474 del 27 de enero de 2017, y hasta la fecha en que se empiece el pago regular de la reliquidación que se ordena en esta providencia, a partir del 16 de enero de 2021, por prescripción trienal, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” debe actualizar las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE, lo dispuesto en la parte motiva de esta

“COLPENSIONES” debe actualizar las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE, lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia y l a aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R=RH. Índice Final

Índice Final SEXTO: LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, debe dar cumplimiento a esta providencia en atención a lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA.

SEPTIMO: DECLÁRESE probada la excepción de prescripción, respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 16 de enero de 2021, propuesta por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

OCTAVO: Sin condena en costas.

NOVENO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación, previo las anotaciones de rigor”.

5. RECURSO DE APELACIÓN.

Dentro del término legal establecido, la parte demandada interpuso recurso de apelación manifestando su inconformidad con la decisión de primera instancia, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda. Dicho recurso se fundamentó en que, mediante la Resolución GNR 309871 del 9 de octubre de 2015, se reconoció una pensión de vejez al señor Henry Alexio Velásquez Maturana de conformidad con la Ley 33 de 1985. La mesada reconocida en 2015 ascendió a $2.568.695, quedando en suspenso el ingreso a nómina hasta tanto se allegará el

conformidad con la Ley 33 de 1985. La mesada reconocida en 2015 ascendió a $2.568.695, quedando en suspenso el ingreso a nómina hasta tanto se allegará el acto administrativo de retiro del servicio.

En ese sentido, manifiesta que, una vez revisada la historia laboral y el expediente administrativo del demandante, este acreditó un total de 9.676 días laborados, equivalentes a 1.382 semanas, todas de carácter público. Además, indica que el señor Velásquez Maturana nació el 6 de mayo de 1953 y actualmente cuenta con 63 años de edad.

De igual manera, expone que, en el caso concreto, el reconocimiento de la pensión de vejez s e efectuó considerando todos los tiempos públicos cotizados a fondos distintos al ISS —hoy Colpensiones—, en atención al precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Señala que dichoRADICACIÓN: 27001333300420240000501

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precedente establece que las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 deben incluir, para efectos de reconocimiento o reliquidación, todos los tiempos cotizados o laborados en el sector

precedente establece que las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 deben incluir, para efectos de reconocimiento o reliquidación, todos los tiempos cotizados o laborados en el sector público y privado, conforme al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

En concordancia con la Directriz 005 de 2021, considera que la sumatoria de tiempos cotizados al ISS y tiempos públicos no cotizados a dicha entidad solo resulta procedente en eventos de reconocimiento pensional, mas no e n casos de reliquidación, como ocurre en el presente asunto. Así mismo, manifiesta que, al momento de reconocer la pensión de vejez del demandante, esta fue otorgada con la sumatoria de todos los tiempos cotizados, con independencia de la caja, y bajo un IBL ajustado a la normatividad legal vigente.

En cuanto a la indexación, señala que, según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esta figura busca evitar que, a causa del proceso inflacionario, se genere un perjuicio al acreedor, en la medida en que entre el momento en que surge la obligación de pagar la prestación y aquel en que se liquida efectivamente, la misma pierde poder adquisitivo. Sin embargo, solicita no decretar la indexación, toda vez que la jurisprudencia ha establecido q ue esta solo procede cuando la condena carece de un mecanismo de actualización legal, situación que no se presenta en este caso, puesto que la pensión se actualiza anualmente conforme al IPC.

Finalmente, en relación con los intereses moratorios, manifiesta que acoge la posición jurisprudencial según la cual estos no deben reconocerse sobre eventuales

caso, puesto que la pensión se actualiza anualmente conforme al IPC.

Finalmente, en relación con los intereses moratorios, manifiesta que acoge la posición jurisprudencial según la cual estos no deben reconocerse sobre eventuales prestaciones que no se encuentran a su cargo, sino únicamente respecto de aquellas prestaciones económicas ya reconocidas y cuyo pago haya sido incumplido.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio del 7 de mayo de 2025 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la sentencia N° 0016 del 13 de febrero de 2025 y se ordena notificar al Ministerio Público y a las partes procesales, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

7. CONTROL DE LEGALIDAD

Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

8. CONSIDERACIONES:

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia proferida en primera instancia.

9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 1 del Código de Procedimiento

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelacio nes de auto s

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelacio nes de auto s susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conced a en un efecto distinto del que corresponda.”RADICACIÓN: 27001333300420240000501

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó.

10. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de

al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el r ecurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de princip ios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado por el apelante único dentro de sus razones de disconformidad. Aun cuando ello supone apartarse de los límites que de forma tradicional enmarcan la competencia del fallador de segunda instancia, habitualmente restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta inaplicable en el presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el

por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta inaplicable en el presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital para expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN ; sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO

ZAMBRANO BARRERA; sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 -23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH , San Antonio, Tolima, sentencia del 6 abril de 2018, Radicación Número: 05001 -23-31-000-2001-03068-01(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo.

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.RADICACIÓN: 27001333300420240000501

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: HENRY ALEXIO VELÁSQUEZ MATURANA

DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES “COLPENSIONES”

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co

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que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “ el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Co nstitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constituci onales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma

no puede de manera alguna modificar los preceptos constituci onales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concepto de la violación de la legalidad por el acto atacado, pese a tratarse de un derecho político reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un principio aplicable mutatis mutandi al caso bajo revisión en aras de asegurar la eficacia y supremacía de la Constitución, la Sala entiende que, pese a no haber sido planteado en la impugnación del apelante único, corresponde estudiar el cargo de desco