TA COR - Sentencia 23001-23-33-000-2016-00506-00 (19-09-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz

Montería, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Medio De Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001233300020160050600

Demandante: Bélgica Sofía Martínez Humanez y otros Demandado: E.S. E Camu Chimá Tema: Reconocimiento y pago de cesantías y sanción moratoria Decisión: Sentencia accede a las pretensiones de la demanda

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, dentro del proceso de la referencia, previos los siguientes.

I. ANTECEDENTES

1.1 Hechos

Se indica que l os demandantes laboraron al servicio de la E .S.E Camu Chimá durante los periodos que a continuación se enuncian:

Bélgica Sofia Martínez Humanez laboró en la E.S.E Camu Chimá desde el 1 de mayo de 1979 y el 30 de agosto de 2014, desempeñando el cargo de auxiliar de servicios generales.

Adolfina Ramos Redondo laboró en la E.S.E Camu Chimá desde el 4 de mayo de 1987 hasta el 15 de agosto de 2014, desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería.

Otilia Del Carmen Borja Pacheco laboró en la E .S.E Camu Chimá desde el 21 de febrero de 1978 hasta el 30 de septiembre de 2014, desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería.

Otilia Del Carmen Borja Pacheco laboró en la E .S.E Camu Chimá desde el 21 de febrero de 1978 hasta el 30 de septiembre de 2014, desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería.

Rosmira García Cordero laboró en la E.S.E Camu Chimá desde el 31 de mayo de 1979 hasta el 15 de agosto de 2014, desempeñando el cargo de promotora de salud.

Marcos Raúl Muñoz Galeano laboró en la E.S.E Camu Chimá desde el 11 de abril de 1985 hasta el 30 de septiembre de 2014, desempeñando el cargo de celador.

Se señala que, a la fecha de sus vinculaciones, la E.S.E Camu Chimá estaba adscrita a la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, sin embargo, mediante Resolución No. 1353 del 6 septiembre de 1996 se ordenó proceso de descentralización realizando una transferencia de recursos humanos, pero manteniendo las mismas condiciones prestacionales y salariales para los empleados. Y una vez adquirida la pensión de vejez, los demandantes presentaron renuncias a sus cargos, y fueron aceptadas por la entidad en los siguientes actos:

Bélgica Sofia Martínez Humanez , mediante resolución 029 del 30 de agosto de 2014, se le aceptó la renuncia a partir de la misma fecha.

Adolfina María Ramos Redondo, mediante resolución 020 del 15 de agosto de 2014, se le aceptó la renuncia a partir de la misma fecha.Radicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

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Otilia Del Carmen Borja Pacheco, mediante resolución 031 del 30 de septiembre de 2014, se

aceptó la renuncia a partir de la misma fecha.Radicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

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Otilia Del Carmen Borja Pacheco, mediante resolución 031 del 30 de septiembre de 2014, se le aceptó la renuncia a partir de la misma fecha.

Rosmira García Cordero, mediante resolución 021 del 15 de agosto de 2014, se le aceptó la renuncia a partir de la misma fecha.

Marcos Raúl Muñoz Galeano, mediante resolución 032 del 30 de diciembre de 2014, se le aceptó la renuncia. Se deja constancia de que en la resolución existe un error en la fecha de su expedición, la cual indica que se acepta a partir del 30 de diciembre de 2014 , sin embargo, es desde el 30 de septiembre de 2014.

Que presentaron solicitudes de reconocimiento y pago de auxilio de cesantías en las siguientes fechas:

Bélgica Sofia Martínez Humanez radicó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías el 15 de octubre del 2014. Adolfina María Ramos Redondo radicó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías el 19 de octubre del 2014. Otilia del Carmen Borja Pacheco radicó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías el 10 de octubre del 2014. Rosmira García Cordero radicó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías el 19 de octubre del 2014. Marcos Raúl Muñoz Galeano radicó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías el 10 de octubre del 2014. Afirman que la entidad demandada no dio respuesta a las peticiones con las que pretendían

del 2014. Marcos Raúl Muñoz Galeano radicó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías el 10 de octubre del 2014. Afirman que la entidad demandada no dio respuesta a las peticiones con las que pretendían obtener el pago de las cesantías. No obstante, l a E.S.E Camu Chimá certificó por concepto de cesantías lo siguiente:

NOMBRE

CESANTÍAS

CAUSADAS

ANTICIPOS

REALIZADOS

VALOR PENDIENTE

DE PAGO

Bélgica Sofia Martínez Humanez $45.116.985

$35.303.788

$9.813.197 Adolfina María Ramos Redondo $47.393.100

$20.969.202

$26.423.898 Otilia del Carmen Borja Pacheco $63.669.081

$45.607.288

$18.061.793 Rosmira García Cordero $47.183.292

$19.977.256

$27.206.036 Marcos Raúl Muñoz Galeano $38.074.144

$14.465.479

$33.073.188

Agrega que en varias oportunidades han solicitado el pago de las prestaciones sociales causadas y adeudadas, tanto en forma verbal como escrita, sin que haya sido posible obtener el reconocimiento y pago.

1.2 PretensionesRadicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

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Con la demanda se pretende que se declare la nulidad del acto ficto o presunto por medio del

1.2 PretensionesRadicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

3

Con la demanda se pretende que se declare la nulidad del acto ficto o presunto por medio del cual el representante legal de la E.S.E. Camu Chimá negó el reconocimiento y pago de las cesantías causadas a los señores Bélgica Sofia Martínez Humanez, Adolfina Ramos Redondo, Otilia Del Carmen Borja Pacheco, Rosmira García Cordero y Marcos Raúl Muñoz Galeano.

Y como restablecimiento del derecho, solicitan que se condene a la E.S.E. Camu Chimá a reconocer y pagar a los demandantes inherentes al cargo desempeñado, el auxilio de cesantías causado y acumulado a la fecha de su retiro.

Que se condene a la E.S. E. Camu Chimá a reconocer y pagar a los demandantes la suma de un día de salario por cada día de retardo en el pago del auxilio de cesantías, a partir de la fecha en que se hizo exigible el pago y hasta la fecha en la cual se efectúe el mismo.

En consecuencia, se ordene a la E.S.E Camu Chimá cancelar las costas y agencias en derecho; asimismo, que se ordene realizar el pago conforme al IPC según lo previsto en el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y se dé cumplimiento a la sentencia en términos del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de la violación.

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: Decreto 1042 de 1978, 1045 de 1978,

195 de la Ley 1437 de 2011.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de la violación.

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: Decreto 1042 de 1978, 1045 de 1978, artículo 45, Decreto 1335 de 1968, artículos 5 a 11, ley 244 de 1995 y ley 1071 de 2006.

Como concepto de la violación, se refirió a la naturaleza del auxilio de cesantías, al régimen de cesantías aplicable a los docentes y a la sanción moratoria por la no consignación oportuna de dicha prestación, y a cómo la entidad demandada, la E.S.E Camu Chimá está vulnerand o las disposiciones legales respecto a reconocer y pagar las prestaciones sociales.

II. TRÁMITE PROCESAL

2.1 Admisión de la demanda

Mediante auto de veinticuatro (24) de julio de 2017, se admitió la demanda, ordenando notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio Público, como en efecto se realizó.

2.2. Contestación de la demanda – E.S.E Camu Chimá

No contestó la demanda.

2.3 Audiencia inicial (artículo 180 del C.P.A.C.A.)

Se llevó a cabo audiencia inicial el 18 de junio de 2019, en donde se tuvo por no contestada la demanda por parte de la entidad accionada en la oportunidad procesa l. Se tuvo por aportadas las pruebas documentales allegadas con la demanda, y se determinó fijar el litigio, de admitieron y decretaron las pruebas aportadas y solicitadas.

2.4 Alegatos de conclusión

las pruebas documentales allegadas con la demanda, y se determinó fijar el litigio, de admitieron y decretaron las pruebas aportadas y solicitadas.

2.4 Alegatos de conclusión

A través de auto de fecha 16 de septiembre de 2019 , dispuso correr traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público para que alegaran de conclusión y rindan concepto.

La parte actora intervino en esta etapa procesal, ratificando los argumentos expuestos en la demanda, indicando que respecto al régimen de cesantías aplicable es el retroactivo debido a laRadicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

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fecha de ingreso de los demandantes . Así mismo, conforme a las pruebas presentadas, reitera que se encuentra probada la relación laboral entre los demandantes y la E.S.E Camu Chimá, previa transferencia que realizó la E.S.E Hospital San Vicente de Paú l. Agrega que los demandantes tienen derecho al reconocimiento del auxilio de cesantías toda vez que se allegó certificado emitido por el representante legal de la entidad donde consta la existencia de dicha deuda y el valor causado a la fecha de renuncia.

Adicionalmente indica que no ha operado la prescripción de los derechos como quiera que se reclamó y acudió a la jurisdicción en tiempo.

La parte demandada E.S.E Camu Chimá no intervino en esta etapa procesal.

El Agente del Ministerio Público no intervino en esta oportunidad.

2.5. Control de legalidad. No advierte la Sala causal de nulidad que invalide el trámite del proceso e impida tomar una decisión.

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

3.1 Competencia

2.5. Control de legalidad. No advierte la Sala causal de nulidad que invalide el trámite del proceso e impida tomar una decisión.

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

3.1 Competencia

La Sala determina que es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, numeral 2, del C.P.A.C.A, dado que las pretensiones de la demanda superan el monto de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes estipulados en dicha normatividad.

3.2 Problema jurídico

Conforme al litigio fijado en auto de fecha 18 de junio de 2019, le corresponde a la Sala resolver si procede o no la declaración de nulidad del acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo frente a las reclamaciones elevadas por los demandantes, por medio de las cuales solicitaron el reconocimiento y pago de las cesantías causadas durante la vigencia laboral con la entidad demandada, así como también la indemnización por el no pago oportuno de las cesantías, por cada uno de los periodos reclamados por los demandantes.

Derivado del eventual éxito de la pretensión relativa a la legalidad del acto, deberá la Sala resolver sobre las pretensiones solicitadas en la demanda.

3.3 Premisa normativa y jurisprudencial.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre las generalidades de las cesantías definitivas con carácter retroactivo.

3.3.1 Del régimen de cesantías aplicable a los servidores públicos del sector salud.

El auxilio de cesantías en principio fue contemplado como un derecho en favor de los trabajadores

retroactivo.

3.3.1 Del régimen de cesantías aplicable a los servidores públicos del sector salud.

El auxilio de cesantías en principio fue contemplado como un derecho en favor de los trabajadores del sector privado a través de la Ley 10 de 1934, otorgándole un carácter indemnizatorio que operaba por el despido que no fuere originado en mala conducta o por incumplimiento del contrato; y en virtud de la Ley 6 de 1945, se extendió a los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

Fue así como la Ley 6.ª de 1945 en el Art. 17, señaló que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantía a razón de unRadicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

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mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado con posterioridad al 1.º de enero de 19421.

A su turno, mediante el Art. 1° del Decreto 2767 de 1945 se extendieron la totalidad de las prestaciones sociales consagradas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 a los empleados de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios, que incluyó el auxilio de cesantías2.

Más adelante, la Ley 65 de 1946 se refirió al carácter indemnizatorio de la cesantía al establecer que este auxilio debe ser pagado ind ependientemente del motivo del retiro, de modo que se le sustrajo de su carácter sancionatorio para el empleador y correlativamente indemnizatorio para

que este auxilio debe ser pagado ind ependientemente del motivo del retiro, de modo que se le sustrajo de su carácter sancionatorio para el empleador y correlativamente indemnizatorio para el trabajador, y se convirtió en una prestación social, que fue recogida así en el Código Sustantivo del Trabajo; la citada ley modificó las disposiciones sobre cesantías, beneficios que también fueron extendidos a los trabajadores de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios.

Por su parte, el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946 definió los parámetros para su liquidación y el Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 previó que se tendría derecho a dicho auxilio, el empleado inscrito o no en carrera administrativa, sea cual fuere la causa de su retiro, con la aclaración de que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese lapso. Es así como, tal régimen de cesantías era de carácter retroactivo, por cuanto para su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el último salario devengado.

Posteriormente, mediante el Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), como un establecimiento público vinculado al otro Ministerio de Desarrollo Económico, que, dentro de sus objetivos previstos en el Art. 2° señaló:

“a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales; b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del empleado o trabajador; c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del Estado;

b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del empleado o trabajador; c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del Estado; d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de seguridad social y a la futura unificación de sus servicios; e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y establecer sistemas adecuados y reservas suficientes para atender oportunamente el pasivo a cargo del Estado por tal concepto, y f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no inflacionaria de proyectos de especial importancia para el desarrollo económico y social (…)”

Dicho Decreto estableció que se debían liquidar y entregar al Fondo Nacional del Ahorro las cesantías de los empleados públicos y trabaj adores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del estado del orden nacional, con excepción de las de los miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa nacional.

En relación con la liquidación de las cesantías, el artículo 27 del citado Decreto 3118 de 1968, señaló:

1 «ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio so lamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942. […]».

cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio so lamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942. […]». 2 «Artículo 1.º Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y obreros al servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en uno de los casos de excepción, de corresponderá probarlo.»Radicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

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“…Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.”

Es decir, desde la expedición del referido Decreto 3118 de 1968, empezó en el sector público el desmonte de la retroactividad de la prestación referida, para dar paso al sistema de liquidación anualizado, que en principio no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial, quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías dispuesto en las Leyes 6.ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo.

anualizado, que en principio no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial, quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías dispuesto en las Leyes 6.ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo.

Se observa entonces, que en los distintos niveles del sector oficial (nacional - departamental y municipal) se aplicaban diversos regímenes prestacionales, por ello el legislador con la intención de unificarlos expidió la Ley 10 de 19903, prescribiendo en cuanto al régimen prestacional de los empleados de la salud del nivel territorial, lo siguiente:

“Articulo 30. Régimen de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos. Las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que presten servicios de salud aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto sean compatibles, los principios y reglas prop ios del régimen de carrera administrativa, y les reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo que contemplen las convenciones colectivas de trabajo.

A los empleados públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17 de la presente Ley”. (Negrilla fuera de texto)

De esta manera, los empleados del sector salud pertenecientes al nivel territorial y sus entes descentralizados, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10 de 1990, en materia prestacional se regían por las mismas disposiciones que los naci onales, por lo que, para la liquidación y pago de sus cesantías debía recurrirse a las prescripciones del Decreto 3118 de

prestacional se regían por las mismas disposiciones que los naci onales, por lo que, para la liquidación y pago de sus cesantías debía recurrirse a las prescripciones del Decreto 3118 de 1968, que prevé el modelo anualizado administrado por el Fondo Nacional del Ahorro.

A su vez, el Decreto 1919 de 27 de agosto de 2002, que extendió el régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, a los servidores del orden territorial, en el artículo 3º previó: «[...] Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000 [...]».

De igual forma, mediante sentencia del 26 de abril de 20184, la Sección Segunda del Consejo de Estado, estudió el régimen de cesantías retroactivas para los empleados públicos de las seccionales de salud a nivel territorial, por lo que en el mismo determinó que:

“Tratándose los accionantes de funcionarios del sector salud del orden territorial, es oportuno precisar el régimen de cesantías que les es aplicable, para lo cual se ha de partir del momento en que se produjo su vinculación laboral, de manera que si esta fue anterior a la

3 “Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones”

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda , Subsección B . Sentencia de 26 de abril de 2018.

3 “Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones”

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda , Subsección B . Sentencia de 26 de abril de 2018. Radicación 44001-23-33-000-2015-00041-01(0261-17)Radicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

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Ley 10 de 1990, la aludida prestación se rige por lo consagrado en el literal a) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y los artículos 1° del Decreto 2767 de 1945, 1° de la Ley 65 de 1946 y 1°, 2°, 5° y 6° del Decreto 1160 de 1947, es decir el régimen de retroacti vidad, que era la regla general para los empleados del orden territorial, mientras que para los servidores del nivel nacional, después de la expedición del Decreto 3118 de 1968, lo era la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, incluso aquellos pertenecientes al sector salud. (Subrayas de la Sala). De esta manera, los empleados del sector salud pertenecientes al nivel territorial y sus entes descentralizados, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10 de 1990, en materia prestacional se regían po r las mismas disposiciones que los nacionales, por lo que, para la liquidación y pago de sus cesantías debía recurrirse a las prescripciones del Decreto 3118 de 1968, que prevé el modelo anualizado administrado por el Fondo Nacional del Ahorro. ” (Negrilla fuera de texto)

3.3.2 Sanción moratoria conforme a la Ley 244 de 1995.

que prevé el modelo anualizado administrado por el Fondo Nacional del Ahorro. ” (Negrilla fuera de texto)

3.3.2 Sanción moratoria conforme a la Ley 244 de 1995. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre las generalidades de la sanción moratoria.

El artículo 1° de la Ley 244 de 1995-subrogado por el artículo 4° de la Ley 1071 de 2006dispone que la entidad empleadora o aquella que tenga a cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir el acto administrativo correspondiente, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud del peticionario -sin perjuicio de solicitudes incompletas que deban subsanarse, para que inicie el señalado plazo -. Asimismo, el artículo 2° ídem, dispone que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir del momento en que quede en firme el acto administrativo de reconocimiento parcial o definitivo de cesantías, para efectuar el pago de la prestación.

Por su parte, el parágrafo único del artículo 2. ° de la Ley 244 de 1995 -subrogado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006 -, establece que “...la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas…”. (Se destaca)

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 (exp. 4961-15, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), precisó a partir de qué fecha se causa la sanción

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 (exp. 4961-15, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), precisó a partir de qué fecha se causa la sanción moratoria cuando no se dio respuesta a la petición de cesantías, o la expedición del acto fue extemporánea. Es así, como el aludido cuerpo colegiado adujo que:

La Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social - cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. (Se resalta).

De lo anterior se desprende que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en l a sentencia referida, sentó jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se

De lo anterior se desprende que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en l a sentencia referida, sentó jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere, la sanción moratoria se causa 65 o 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento de las cesantías, dependiendo si en ese momento se encontraba rigiendo el Decreto 01 de 1984 o la Ley 1437 de 2011, por efectos del plazo para interponer los recursos.Radicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

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Adicionalmente, en esa providencia, se revisaron otras situaciones que dan lugar a la mora penalizada pecuniariamente, las cuales, por efectos prácticos, se describen en el siguiente cuadro:

Hipótesis Notificación Ejecutoria Término pago cesantía Causación sanción moratoria PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, de spués de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición Acto escrito en tiempo Personal 10 días siguientes a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación

posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición Acto escrito en tiempo Personal 10 días siguientes a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación Acto escrito en tiempo Electrónica 10 días después de la certificación de acceso al acto. 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación. Acto escrito en tiempo Aviso 10 días posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso Acto escrito en tiempo Sin notificar o notificado fuera de término 10 días posteriores al intento de notificación personal 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto administrativo Acto escrito en tiempo Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia Acto escrito en tiempo Interpuso recurso Después de notificado el acto que decide el recurso 45 días a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve el recurso Acto escrito, recurso sin resolver Interpuso recurso Después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recurso

3.3.3 De la carga dinámica de la prueba. La carga de la prueba es el deber u obligación de una de las partes del proceso de probar los

siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recurso

3.3.3 De la carga dinámica de la prueba. La carga de la prueba es el deber u obligación de una de las partes del proceso de probar los hechos que invoca como ciertos; esta afirmación también es conocida como el principio de “onus probandi”. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia5 expuso: “En las controversias judiciales, por regla general, cada una de las partes acude al juez con su propia versión de los hechos, esto es, que presenta enunciados descriptivos o proposiciones fácticas a partir de las cuales pretende generar un grado de convencimiento tal, que sea suficiente para que se emita un pronunciamiento favorable al ruego que se eleva ante la jurisdicción. Dicho de otro modo, en el punto de partida de toda controversia procesal, cada uno de los extremos del litigio intenta convencer al juez de que las descripciones que presenta coinciden con la realidad y, a partir de aquéllas, justamente, propicia el litigio.” El artículo 167 6 del Código General del Proceso, se codificó la regla “ Carga dinámica de la prueba”; propende un papel más activo para el Juez durante proceso, quienes, mediante las

5Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: Edgardo Villamil Portilla, veinticinco (25) de mayo de dos mil diez (2010), Radicación número: 23001-31-10-002-1998-00467-01. 6C.G.P. ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran

número: 23001-31-10-002-1998-00467-01. 6C.G.P. ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.Radicado Nº23-001-23-33-000-2016-00506-00

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facultades otorgadas por la norma, pueden distribuir la carga de la prueba entre las part