TA COR - Sentencia 23001333300120260028501-(09-09-2026)

SIGCMA

CO-SC578099

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

IMPUGNACIÓN DE ACCIÓN DE TUTELA

Referencia: IMPUGNACIÓN DE TUTELA Radicación: 23001333300120260028501

Demandante: LUZ MARINA VARGAS CONTRERAS

Demandados: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS1 - SSPD

Tema: Recurso de queja

Decisión: Revoca

La Sala decide la impugnación de la sentencia de fecha 29 de julio de 2026, emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

La señora Luz Marina Vargas Contreras indicó que, se encuentra en calidad de arrendataria de un inmueble ubicado en la Urbanización Panzenú de la ciudad de Montería. Aduce que, el servicio público de energía es prestado por Afinia Grupo EPM, además que se generó facturación por un valor aproximado de $7.974.490. pesos m/cte.

Afirma que, a causa de la facturación mencionada presentó reclamación ante la empresa Afinia Grupo EPM e interpuso los recursos administrativos procedentes contra la decisión adoptada. Que, al no obtener respuesta favorable, presentó recurso de queja ante la SSPD bajo radicado N° 20238604951812 del día 27 de diciembre de

empresa Afinia Grupo EPM e interpuso los recursos administrativos procedentes contra la decisión adoptada. Que, al no obtener respuesta favorable, presentó recurso de queja ante la SSPD bajo radicado N° 20238604951812 del día 27 de diciembre de

2023. Dentro del recurso solicitó revisión de las actuaciones de Afinia Grupo EPM, y decisión de fondo sobre la controversia objeto de discusión.

Indico que, desde la radicación de dicho recurso y hasta la presentación de la acción constitucional ha transcurrido un tiempo considerable sin que la SSPD haya pronunciado decisión o notificado acto administrativo. Sostuvo que, la situación le impide ejercer de manera oportuna las acciones administrativas o judiciales que considere pertinentes, o en su caso pagar la suma que le legalmente resulte exigible.

1 En adelante SSPD.Impugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

Demandante: Luz Marina Vargas Contreras

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD

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1.2. Pretensiones

Solicita el amparo de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la administración pública, así como de los principios de buena fe, eficacia y celeridad administrativa. En consecuencia, pretende que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) profiera y notifique una decisión de fondo, debidamente motivada, clara, prec isa y congruente respecto del recurso de queja mencionado. Asimismo, solicita que en dicha decisión se determine si procede la eliminación de la obligación económica objeto de controversia o, en caso contrario,

debidamente motivada, clara, prec isa y congruente respecto del recurso de queja mencionado. Asimismo, solicita que en dicha decisión se determine si procede la eliminación de la obligación económica objeto de controversia o, en caso contrario, se expongan las razones de hecho y de derecho que sustenten tal determinación.

De igual manera, depreca que se le remita copia íntegra, auténtica y foliada del expediente administrativo correspondiente al referido recurso de queja y que se le informe sobre el estado actual del trámite, la fecha de l a última actuación, el funcionario responsable de este y las razones que justifican la demora en la resolución del recurso.

1.3. Contestación de la Superintendencia de Servicios Públicos DomiciliariosSSPD

No se pronunció en la etapa procesal.

1.4. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante sentencia del 29 de julio de 2026, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, al considerar que la ausencia de elementos probatorios impedía acreditar la omisión administrativa alegada y, por consiguiente, emitir un pronunciamiento favorable respecto de las pretensiones formuladas.

En síntesis, el despacho señaló que, de conformidad con el marco normativo aplicable a las reclamaciones y los recursos interpuestos por los usuarios ante las empresas de servicios públicos domiciliarios, el recurso de queja constituye un mecanismo excepcional que procede cuando la empresa prestadora deniega la concesión del recurso de apelación. En ese sentido, su procedencia presupone que el usuario haya interpuesto previamente el recurso de apelación, de manera subsidiaria al de

excepcional que procede cuando la empresa prestadora deniega la concesión del recurso de apelación. En ese sentido, su procedencia presupone que el usuario haya interpuesto previamente el recurso de apelación, de manera subsidiaria al de reposición, y que aquel haya sido denegado por la empresa prestadora.

Al respecto, indicó que, si bien la a ccionante afirmó haber interpuesto recurso de reposición contra la decisión adoptada por Afinia y que este fue rechazado por extemporáneo, omitió aportar copia del escrito presentado ante la empresa prestadora. Dicho documento resultaba indispensable para establecer si, además del recurso de reposición, había interpuesto subsidiariamente el de apelación, circunstancia necesaria para determinar si se configuraba el presupuesto que habilitaba la procedencia del recurso de queja.

1.5. Impugnación

Dentro del término legal, la señora Luz Marina Vargas Contreras impugnó la sentencia mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.Impugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

Demandante: Luz Marina Vargas Contreras

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Sostiene que el fallo impugnado incurrió en una indebida apreciación del objeto de la acción d e tutela, toda vez que esta fue promovida con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales frente a la omisión prolongada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de proferir y notificar una decisión respecto del recurso presentado. Precisa que la vulneración alegada

protección de sus derechos fundamentales frente a la omisión prolongada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de proferir y notificar una decisión respecto del recurso presentado. Precisa que la vulneración alegada radica en la ausencia absoluta de pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa, con independencia de que esta considere procedente o improcedente el recurso formulado.

Agrega que la entidad accionada tiene el deber de pronunciarse sobre las solicitudes, peticiones y recursos sometidos a su consideración, incluso cuando concluya que estos resultan improcedentes. Afirma que acoger la tesis expuesta en el fallo de primera instancia equiva ldría a admitir que una autoridad administrativa puede guardar silencio de manera indefinida, con desconocimiento de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 23 y 29 de la Constitución Política, así como de los principios de eficacia, celeridad y debido proceso administrativo.

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia del 29 de julio de 2026 y, en su lugar, se conceda el amparo de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo.

1.6. Vista fiscal

El señor agente del ministerio público no intervino en esta oportunidad.

1.7. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha 12 de agosto de 2026, se admitió la impugnación presentada por la parte demandada, contra el fallo del 29 de julio de 2026.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Tribunal Administrativo de Córdoba asume el conocimiento del presente asunto, al considerar que es competente para resolver la impugnación interpuesta contra la

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Tribunal Administrativo de Córdoba asume el conocimiento del presente asunto, al considerar que es competente para resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida en la acción de tutela de la referencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

En primer lugar, cabe señalar que, en el caso sub examine, la parte actora presentó el escrito de impugnación contra la sentencia de primera instancia dentro del término legal previsto para tal efecto. El recurso fue concedido por el a quo y admitido por este Tribunal, razón por la cual se procede a su análisis de fondo.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) vulneró los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo de la accionante, al presuntamente omitir proferir y notificarImpugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

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CO-SC5780-99 una decisión respecto del recurso de queja presentado, con independencia de que este resulte procedente o improcedente; y, en consecuencia, establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia del 29 de julio de 2026, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería negó el amparo solicitado.

En procura de resolver el problema jurídico, la sala se pronunciará de los siguientes

el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería negó el amparo solicitado.

En procura de resolver el problema jurídico, la sala se pronunciará de los siguientes aspectos: i) Procedencia de la acción de tutela , ii ) Del recurso de queja , iii) Del derecho fundamental de petición y iv) Caso concreto.

2.2.1 Procedencia de la acción de tutela

✓ Legitimación en la causa por activa

Según el artículo 86 de la Constitución Política, artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es titular de la acción de tutela cualquier persona a la que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o amenazados, de tal forma que pueda presentarla por sí misma o por medio de un tercero que actúe en su nombre.

En el ca so sub examine la señora Luz Marina Vargas Contreras se encuentra legitimada en la causa por activa para adelantar la acción pues es quien aduce vulneración de los derechos fundamentales.

✓ Legitimación en la causa por pasiva

En cuanto a la autoridad contra la cual debe dirigirse la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que esta «(…) se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)».

En el presente asunto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) se encuentra legitimada en la causa por pasiva, toda vez que ante dicha entidad fue radicado el recurso de queja n.º 20238604951812, el 27 de diciembre de 2023, respecto del cual la accionante atribuye la presunta omisión de proferir y

entidad fue radicado el recurso de queja n.º 20238604951812, el 27 de diciembre de 2023, respecto del cual la accionante atribuye la presunta omisión de proferir y notificar una decisión.

En consecuencia, existe correspondencia entre la autoridad accionada y la conducta a la que se atribuye la presunta vulneración de los derechos funda mentales invocados, circunstancia que acredita la legitimación en la causa por pasiva de la SSPD.

✓ Examen de inmediatez

La inmediatez constituye un requisito de procedencia de la acción de tutela, en virtud del cual esta debe promoverse dentro de un término razonable y oportuno respecto del hecho o la conducta a la que se atribuye la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, en consonancia con la naturaleza urgente, inmediata y eficaz de este mecanismo constitucional.Impugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

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En el caso sub examin e, dicho requisito se encuentra satisfecho, pues la presunta vulneración se sustenta en la alegada falta de pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) respecto del recurso de queja presentado por la accionante. Por tanto, de acreditarse la omisión atribuida a la entidad accionada, esta tendría carácter continuado y sus efectos permanecerían vigentes, circunstancia que permite tener por cumplido el presupuesto de inmediatez.

✓ Examen de cumplimiento del principio de subsidiaridad

entidad accionada, esta tendría carácter continuado y sus efectos permanecerían vigentes, circunstancia que permite tener por cumplido el presupuesto de inmediatez.

✓ Examen de cumplimiento del principio de subsidiaridad

El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 consagran el carácter subsidiario de la acción de tutela. No obstante, tratándose del derecho fundamental de petición, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que este mecanismo constituye el medio judicial idóneo para obtener su protección cuando se alega la falta de respuesta por parte de una autoridad.

En el presente asunto, el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, pues la acción de tutela no está dirigida a controvertir la facturación del servicio público, la decisión adoptada por la empresa prestadora ni la procedencia del recurso de queja. Su objeto se circunscribe a obtener un pronunciamiento de l a Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) respecto del recurso presentado por la accionante, ante la alegada ausencia de respuesta.

En consecuencia, frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, la acción de tutela constituye el mecanismo judicial idóneo para procurar su protección, sin que ello implique definir, en sede constitucional, el sentido de la decisión que corresponde adoptar a la autoridad administrativa.

2.2.2. Del recurso de queja

Dado que la Ley 142 de 1994 no regula expresamente el recurso de queja, para determinar su procedencia y trámite en materia de servicios públicos domiciliarios resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento

Dado que la Ley 142 de 1994 no regula expresamente el recurso de queja, para determinar su procedencia y trámite en materia de servicios públicos domiciliarios resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)—. Al respecto, el numeral 3.º del artículo 74 del CPACA dispone:

«3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.»

Por su parte, el artículo 78 del mismo estatuto prevé:Impugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

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CO-SC5780-99 «Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.» —Subrayado fuera del texto—

A su vez, el artículo 80 del CPACA establece:

deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.» —Subrayado fuera del texto—

A su vez, el artículo 80 del CPACA establece:

«ARTÍCULO 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.» —Subrayado fuera del texto—

De las disposiciones citadas se desprende que el recurso de queja es un mecanismo de impugnación de carácter facultativo que procede cuando se rechaza el recurso de apelación. Su finalidad no consiste en resolver directamente el fondo de la controversia planteada en el recurso de apelación, sino en determinar si la decisión que negó su concesión se ajustó a derecho y, por tanto, si procede darle trámite.

En ese sentido, corresponde a la autoridad competente pronunciarse sobre el recurso de queja sometido a su conocimiento, mediante una decisión motivada que determine lo que en derecho corresponda respecto de su procedencia.

2.2.3. Del derecho fundamental de petición

Al tenor del artículo 23 de la Constitución Política, «toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés gener al o particular y a obtener pronta resolución».

A su vez, el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, mediante la cual se regula el derecho fundamental de petición, establece que, en ejercicio de este, se

particular y a obtener pronta resolución».

A su vez, el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, mediante la cual se regula el derecho fundamental de petición, establece que, en ejercicio de este, se podrá solicitar « el reconocimiento d e un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos».

De las disposiciones citadas se desprende que el derecho fundamental de petición comprende no solo la facultad de formular solicitudes ante las autoridades, sino también el derecho a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado. Esta garantía se extiende a los recursos interpuestos en sede administrativa, respecto de los cuales la autoridad competente tiene el deber de emitir y comunicar la decisión correspondiente dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

La Corte Constitucional en sentencia T -044 de 2019 2 dispuso que, para que pueda considerarse satisfecho el derecho de petición, la respuesta emitida debe cumplir las siguientes características:

2 Corte Constitucional, Sentencia T-044 de 2019, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.Impugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

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CO-SC5780-99 «(i) Prontitud . Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contes tación en el menor tiempo posible, sin que exceda los

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CO-SC5780-99 «(i) Prontitud . Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contes tación en el menor tiempo posible, sin que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2014. En aras de fortalecer esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a “falta para el servidor público y (…) a las sanciones co rrespondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.”

(ii) Resolver de fondo la solicitud . Ello implica que es necesario que sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa de modo que atienda lo solicitado y excluya inform ación impertinente, para evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso a dministrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como una petición aislada.

(iii) Notificación. No basta con la emisión de la respuesta, sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela . Ello debe ser acreditado.» -Destacado de la salaSegún la jurisprudencia la respuesta al derecho de petición además de atender los términos fijados por el legislador, ser clara y de fondo; requiere ser notificada al interesado, para que se entienda satisfecho el derecho. Así se ha señalado:

«emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el

interesado, para que se entienda satisfecho el derecho. Así se ha señalado:

«emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.»3

El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 dispone un término general de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud para dar respuesta, así lo indica:

«Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones (…)»

La Corte ha considerado que las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la respuesta que emita, lo que se traduce a que se le debe notificar debidamente la misma.

2.2.4. Caso concreto

En el sub judice la señora Luz Marina Vargas Contreras interpuso acción de tutela con el propósito de que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a que se pronuncie sobre el recurso de queja presentado el día 27 de diciembre de 2023 con radicado N° 20238604951812.

El a quo resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales invocados , al considerar que la actora omitió aportar copia del recurso presentado ante la empresa prestadora, documento que resultaba indispensable para verificar si, además de la

3 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.Impugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

Demandante: Luz Marina Vargas Contreras

3 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.Impugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

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CO-SC5780-99 reposición, formuló subsidiariamente el recurso de apelación, presupuesto que habilita la procedencia del recurso de queja.

Por su parte, la actora, inconforme con la decisión de primera instancia, adujo que fallo impugnado incurre en un error de apreciación del objeto de l a acción de tutela, puesto que, la presentación de la acción constitucional tuvo como finalidad la protección de sus derechos fundamentales frente la omisión prolongada de la SSPD al proferir y notificar alguna decisión.

De las pruebas obrantes en el expediente se encuentra acreditado que la señora Luz Marina Vargas Contreras presentó ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), el 27 de diciembre de 2023, recurso de queja, cuya copia fue aportada con el escrito de tutela4:

Acreditada la presentación del recurso de queja ante la SSPD, surgía para esa autoridad el deber de impartirle el trámite correspondiente y emitir un pronunciamiento expreso sobre este. En efecto, el numeral 3.º del artículo 74 del CPACA consagra la queja como el mecanismo procedente contra la decisión que rechaza el recurso de apelación. Por su parte, el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 3.º del artículo 24 del Decreto 1369 de 2020 atribuyen a la SSPD competencias relacionadas

apelación. Por su parte, el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 3.º del artículo 24 del Decreto 1369 de 2020 atribuyen a la SSPD competencias relacionadas con los recursos promovidos por los usuarios frente a las decisiones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

En ese contexto, una vez puesto el recurso en conocimiento de la entidad accionada, esta no podía guardar silencio ni abstenerse de emitir un pronunciamiento. El ejercicio de la función administrativa comporta el deber correlativo de tramitar y resolver las actuaciones sometidas a conocimiento de la autoridad competente.

4 Ver folios 10 – 11 del archivo 01Demanda202600285.pdf del expediente digitalizado.Impugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

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Si bien no existe una disposición especial que establezca expresame nte el término para resolver el recurso de queja en esta materia, ello no releva a la Administración de su deber de decidirlo oportunamente. Sobre el particular, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en Concepto 218241 de 2021, señaló que, ante la ausencia de un término especial, resultan aplicables las reglas generales previstas en los artículos 13 y 14 del CPACA para la resolución de peticiones.

En ese orden, la falta de pronunciamiento sobre un recurso sometido al conocimiento de la Administración compromete el derecho fundamental de petición y, según las circunstancias del caso, el debido proceso administrativo. Por ello, aun cuando la

En ese orden, la falta de pronunciamiento sobre un recurso sometido al conocimiento de la Administración compromete el derecho fundamental de petición y, según las circunstancias del caso, el debido proceso administrativo. Por ello, aun cuando la SSPD considerara que el recurso de queja era improcedente, extemporáneo o no reunía los presupuestos necesarios para su trámite, estaba obligada a adoptar y comunicar una decisión motivada en tal sentido. La eventual ausencia de requisitos para la prosperidad del recurso no constituye justificación para omitir todo pronunciamiento.

Ahora bien, lo anterior no implica que la SSPD deba acceder a las pretensiones de la accionante ni que, por vía de tutela, corresponda determinar la procedencia del recurso de queja o definir el sentido de la decisión administrativa. La protección constitucional se circunscribe a garantizar que la autoridad competente emita una respuesta expresa, motivada, clara y congruente respecto del recurso presentado y la comunique a la interesada por el medio legalmente procedente.

Así las cosas, acreditada la presentación del recurso de queja y ante la ausencia de prueba de una decisión debidamente comunicada a la accionante, la Sala concluye que se vulneró su derecho fundamental de petición. En consecuencia, revocará la sentencia proferida el 29 de julio de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería y, en su lugar, concederá el amparo, en los términos que se precisarán en la parte resolutiva de esta providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Córdoba, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Córdoba, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha 29 de julio de 202 6, emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Luz Marina Vargas Contreras y, en su lugar, AMPARAR su derecho fundamental de petición, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

(SSPD) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubie re hecho, emita una decisión clara, de fondo, motivada y congruente respecto del recurso de queja n.º 20238604951812, radicadoImpugnación de tutela Radicación: 23001333300320260028501

Demandante: Luz Marina Vargas Contreras

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CO-SC5780-99 por la señora Luz Marina Vargas Contreras el 27 de diciembre de 2023, y la comunique o notifique a la interesada por el medio legalmente procedente.

La presente orden no condiciona el sentido de la decisión que deba adoptar la SSPD ni implica que deba acceder a las pretensiones de la accionante, pues corresponde a dicha autoridad, en el marco de sus competencias, determinar lo que en derecho proceda respecto del recurso presentado.

ni implica que deba acceder a las pretensiones de la accionante, pues corresponde a dicha autoridad, en el marco de sus competencias, determinar lo que en derecho proceda respecto del recurso presentado.

TERCERO: Por Secretaría, librar las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Notificar esta providencia a las partes e interesados, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: En caso de que la presente providencia no sea seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, DEVOLVER el expediente al juzgado de origen, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NADIA PATRICIA BENÍTEZ VEGA

Magistrada Ponente5

MARÍA VIRGINIA LORDUY VILLARREAL

Magistrada

RONALD CASTELLAR ARRIETA

Magistrado

5 Los suscritos manifiestan que en la elaboración del presente escrito se utilizaron herramientas tecnológicas de apoyo basadas en inteligencia artificial, como ChatGPT y Copilot, únicamente como medio auxiliar, sin que ello sustituya el juicio profesional ni la responsabilidad que le corresponde. Toda la información, citas normativas y referencias jurisprudenciales han sido verificadas personal y directamente, asumi