TA COR - Sentencia 23.001.33.33.008.2024-00469-01 (31-01-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Dra. Diva María Cabrales Solano.

Montería, treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 23.001.33.33.008.2024-00469-01

Demandante: Jorge Eliecer Villadiego Navarro Demandado: Departamento de Prosperidad Social Tema: Debido proceso, dignidad humana y asistencia social

Decisión: Modificar

I. ASUNTO A RESOLVER.

Se pronuncia la Sala frente a la impugnación presentada por la parte accionada contra la sentencia de tutela de fecha del 27 de noviembre de 2024 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería por medio del cual se resolvió amparar el derecho fundamental al debido proceso, dignidad humana y asistencia social, invocados por el señor Jorge Eliécer Villadiego Navarro.

II. ANTECEDENTES.

2.1. Hechos.

El accionante, quien manifiesta ser un adulto mayor de 65 años, actualmente reside junto a su esposa, también adulta mayor, en la Vereda Los Cedros, corregimiento de Santa Lucía, municipio de Montería. Señala que, debido a su avanzada edad, no ha logrado acce der a un empleo formal y, en consecuencia, su sustento depende de la venta de pequeñas hortalizas que cultiva en el patio de su vivienda.

Expone que su vivienda es de carácter humilde, construida con tablas, con piso de tierra, y

un empleo formal y, en consecuencia, su sustento depende de la venta de pequeñas hortalizas que cultiva en el patio de su vivienda.

Expone que su vivienda es de carácter humilde, construida con tablas, con piso de tierra, y carece de condiciones mínimas para una vida digna, siendo precaria al punto de que utiliza leña para cocinar.

El accionante menciona que cumplió la edad para ser beneficiario del programa "Colombia Mayor" hace más de cinco años, programa al cual, según refiere, ya han accedido va rios de sus vecinos en similares condiciones. No obstante, manifiesta que cada vez que acudeSIGCMA

a la oficina encargada de dicho programa, se le indica que regrese en seis meses. En su más reciente intento, presentó una petición identificada con el radicado No . S-2024-44220540519, donde se le informó que figura como "potencial beneficiario", pero que debe continuar aguardando su turno para ser incluido formalmente en el programa.

El accionante considera que esta situación vulnera sus derechos fundamentales, particularmente el derecho a la igualdad, el derecho a una vida digna, y las garantías de apoyo al adulto mayor, perpetuando las condiciones de pobreza extrema en las que se encuentra.

2.2. Pretensiones

Que se protejan los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, vida en condiciones dignas y personas en extrema pobreza y los que se encuentren vulnerados, así mismo se ordene a Prosperidad Social – Programa adulto mayor, que resuelvan de fondo y coherente el derecho de petición con radicado No. S-2024-4422-0540519.

También solicita la inclusión en el programa Colombia Mayor, ya que este manifiesta que

fondo y coherente el derecho de petición con radicado No. S-2024-4422-0540519.

También solicita la inclusión en el programa Colombia Mayor, ya que este manifiesta que cumple con los requisitos exigidos para obtener este derecho.

2.3. Informe de la Entidad Accionada. La Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Prosperidad Social) responde que el señor Jorge Eliécer Villadiego Navarro se encuentra inscrito como "potencial beneficiario" del Programa Colombia Mayor en el municipio de Montería, Córdoba, ocupando el turno de priorización No. 15,12 0 según el sistema. Dicho turno está sujeto a los criterios de priorización establecidos en el artículo 2.2.14.1.35 del Decreto 1833 de 2016, los cuales son aplicados para determinar el ingreso al programa. Se explica que los turnos asignados son dinámicos y pueden variar en cada ciclo, dado que están sujetos a las nuevas inscripciones y al puntaje de priorización asignado a cada potencial beneficiario. Este sistema prioriza a los adultos mayores en mayores condiciones de vulnerabilidad, como aquellos que t ienen mayor edad, menor puntaje en el SISBÉN, alguna discapacidad o minusvalía, entre otros criterios detallados en el mencionado decreto.

En el caso concreto, el accionante se encuentra clasificado en el Grupo B3 del SISBÉN IV (pobreza moderada), lo cual significa que, de acuerdo con los criterios de priorización, tienen preferencia los adultos mayores clasificados en el Grupo A (pobreza extrema).SIGCMA

Además, se aclara que el hecho de estar inscrito como "potencial beneficiario" no garantiza

tienen preferencia los adultos mayores clasificados en el Grupo A (pobreza extrema).SIGCMA

Además, se aclara que el hecho de estar inscrito como "potencial beneficiario" no garantiza el otorgamiento inmediato del subsidio, ya que este está condicionado a la disponibilidad de cupos en el programa y al turno asignado. En este sentido, Prosperidad Social argumenta que el accionante debe respetar el derecho a la igualdad de los demás adultos mayores inscr itos, quienes también esperan ser beneficiarios del programa según las condiciones de vulnerabilidad previamente establecidas.

Finalmente, enfatizan que los criterios de priorización buscan proteger a los sectores más vulnerables, aplicando parámetros objetivos como la edad, el puntaje del SISBÉN, la discapacidad, y la situación económica del aspirante. Asimismo, hacen un llamado a entender que los cupos son limitados y dependen de las condiciones específicas del municipio, por lo cual es leg ítimo que las personas con mayores niveles de vulnerabilidad sean priorizadas.

III. LA SENTENCIA IMPUGNADA.

Mediante proveído del día veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024 ) el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Montería, resolvió amparar los derechos fundamentales del señor Jorge Eliecer Villadiego Navarro concediéndole parcialmente las pretensiones solicitadas en el escrito de tutela.

El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Montería fundamentó su decisión en varios aspectos clave. En primer lugar, destacó que los adultos mayores en situación de vulnerabilidad son sujetos de especial protección constitucional, y el Estado tiene la obligación de garantizarles condiciones mínimas de vida digna, enmarcadas en los

aspectos clave. En primer lugar, destacó que los adultos mayores en situación de vulnerabilidad son sujetos de especial protección constitucional, y el Estado tiene la obligación de garantizarles condiciones mínimas de vida digna, enmarcadas en los principios de solidaridad y progresividad. Sin embargo, aclaró que el derecho a la protección social integral no implica la obligación de otorgar beneficios de manera inmediata, ya que la asignación de recursos está limitada por la disponibilidad presupuestal y debe garantizarse bajo criterios objetivos de priorización para evitar inequidades. El juzgado concluyó que, si bien el accionante ha recibido respuesta a su solicitud y cump le con los requisitos para ser potencial beneficiario, su turno de priorización refleja un manejo justo y equitativo de los recursos públicos. Por esta razón, negó la inclusión inmediata en el programa, pero exhortó a Prosperidad Social que informe detalla damente al accionante sobre los servicios disponibles, lo asista en los trámites administrativos necesarios y garantice su acceso a los beneficios en función de los criterios establecidos. La decisión subrayó que esta medida busca equilibrar la atención a los más vulnerables sin comprometer la sostenibilidad del programa social.

De conformidad con el análisis descrito el a quo resolvió:SIGCMA

PRIMERO: Tutelar el amparo del derecho a la protección y asistencia social integral

del Señor Jorge Eliecer Villadiego Navarro.

SEGUNDO. – Exhortar al Departamento de Prosperidad Social, que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, brinde al Señor Jorge Eliecer Villadiego Navarro, toda la información

SEGUNDO. – Exhortar al Departamento de Prosperidad Social, que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, brinde al Señor Jorge Eliecer Villadiego Navarro, toda la información relacionada con los servicios y estrategias a cargo de dicha entidad, que tengan por objeto la satisfacción de las necesidades básicas de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y que resulte pertinente para atender las necesidades derivadas de su situación socioeconómica.

TERCERO. – Exhortar al Departamento de Prosperidad Social que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, le preste apoyo y asistencia al Señor Jorge Eliecer Villadiego Navarro, en los trámites administrativos que deba adelantar para solicitar su ingreso a algún servicio o estrategia a cargo de dicha entidad. Para cumplir con este objetivo, Prosperidad Social deberá (i) informar al accionante sobre la oferta de servicios para el adulto mayor en situación de vulnerabilidad, conforme se ordenó en el numeral anterior; y (ii) acompañar al accionante durante el trámite administrativo correspondiente y hasta que se hagan beneficiarios de los apoyos, asistenc ias y demás prestaciones que se deriven de dichos programas.

CUARTO. – Exhortar al Departamento de Prosperidad Social a que brinden información completa respecto de los programas, servicios, beneficios y subsidios a los que los adultos mayores en situación de vulnerabilidad tienen acceso. Esto, cuando un adulto mayor en situación de vulnerabilidad solicite el apoyo del Estado para evitar la vulneración o amenaza de alguno de los componentes del derecho a la protección y a la asistencia social integral de ese grupo poblacional. En caso de

cuando un adulto mayor en situación de vulnerabilidad solicite el apoyo del Estado para evitar la vulneración o amenaza de alguno de los componentes del derecho a la protección y a la asistencia social integral de ese grupo poblacional. En caso de considerar que carecen de competencia, la entidad debe remitir la solicitud a la autoridad administrativa que estimen competente.

IV. IMPUGNACIÓN.

Inconforme con lo resuelto por la judicatura de primera instancia, la parte accionada, eleva impugnación con el fin de que revoque la decisión por el juzgado de primea instancia, solicitando que se niegue la pretensión de acción de t utela respecto de PROSPERIDADSIGCMA

SOCIAL – PROGRAMA COLOMBIA MAYOR toda vez que la entidad ha actuado conforme a lo dispuesto en el manual operativo del p rograma, y en garantía de los derechos de los aspirantes.

En el escrito de impugnación la entidad Prosperidad Social, alega que el accionante, Jorge Eliecer Villadiego Navarro, aunque inscrito como potencial beneficiario, n o cumple actualmente con las condiciones para recibir el subsidio de manera inmediata. Esto, debido a que ocupa un turno en la lista de priorización que, de acuerdo con las regulaciones, debe ser respetado para garantizar el acceso equitativo de todos los solicitantes. Según las normas, los cupos disponibles se asignan en estricto orden, atendiendo criterios objetivos como la edad, clasificación del SISBÉN, discapacidad y otra s condiciones socioeconómicas.

Además, la entidad accionada expuso que l a orden judicial de incluir al accionante en el programa sin respetar la lista de priorización implicaría desplazar a otros adultos mayores con mayores niveles de vulnerabilidad, v ulnerando así sus derechos fundamentales. La

Además, la entidad accionada expuso que l a orden judicial de incluir al accionante en el programa sin respetar la lista de priorización implicaría desplazar a otros adultos mayores con mayores niveles de vulnerabilidad, v ulnerando así sus derechos fundamentales. La sentencia impugnada desconoce, además, la restricción presupuestal y la metodología técnica establecida para distribuir los recursos de manera progresiva y equitativa.

El demandado sostiene que la asignación de su bsidios debe regirse por los lineamientos contenidos en el Decreto 1833 de 2016 y el manual operativo del programa "Colombia Mayor", los cuales priorizan a los adultos mayores en situaciones críticas de pobreza. Otorgar el beneficio al accionante, fuera de los procedimientos establecidos, generaría un precedente negativo, contraviniendo los principios de igualdad y debido proceso y comprometiendo la sostenibilidad del programa.

Finalmente, se solicitó integrar el contradictorio con los demás adultos mayores en lista de priorización, quienes también son titulares de derechos frente a los cupos limitados del programa. Esto, con el objetivo de evitar afectaciones a terceros y garantizar que las decisiones judiciales se tomen respetando los principios de public idad, contradicción y defensa, en concordancia con las disposiciones legales y constitucionales aplicables.

V. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia de la Sala de Decisión. Sea del caso manifestar de primera medida que este tribunal es competente para conocer de la impugnación presentado por la parte accionada de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser este Tribunal el superior funcional del Juez que profirió la decisión.SIGCMA

accionada de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser este Tribunal el superior funcional del Juez que profirió la decisión.SIGCMA

4.2. Problema Jurídico. De acuerdo con lo expuesto en la sentencia de primera instancia y los argumentos desarrollados en el escrito de impugnación, corresponde a esta sala determinar si se modifica, confirma, revoca la decisión adoptada en primera instancia. Para ello, resulta imprescindible analizar, en primer lugar, si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos de procedencia establecidos en el ordenamiento jurídico. En caso de que se verifique el cumplimiento de dichos requisitos, se procederá a examinar si el juez de primera instancia ordenó la vinculación inmediata del accionante al programa “Colombia Mayor” y, en caso afirmativo, si el señor Jorge Eliecer cumple con las condiciones necesarias para adquirir este beneficio , de igual modo, se analizará si al no incluir al accionante en el referido programa se están vulnerando sus derechos a la igualdad, debido proceso y dignidad humana. De igual manera, esta instancia deberá revisar si se emitió una repuesta de fondo, clara y congruente con lo solicitado.

4.3. Generalidades y Procedencia e Inmediatez de la Acción De Tutela

Del desarrollo normativo y jurisprudencial de la normal se ha interpretado de manera pacífica y reiterada que esta acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario y es aceptada su procedencia cuando no existan otros medios de defensa judicial o cuando existiendo un medio idóneo el mismo sea ineficaz para la efectiva protección de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

aceptada su procedencia cuando no existan otros medios de defensa judicial o cuando existiendo un medio idóneo el mismo sea ineficaz para la efectiva protección de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

Para la procedencia de la tutela la Corte ha det erminado que deben estudiarse, los presupuestos relativos a: (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. Respecto a la subsidiariedad el supremo Tribunal Constitucional también ha complementado fac tores que deben observarse respecto a la posición y situación de la parte accionante en el asunto que la motiva a solicitar el amparo.

En ese orden, se tiene entonces, que existe legitimación en la causa por activa, teniendo en cuenta que la protección constitucional es solicitada directamente por la persona que considera lesionados sus derechos fundamentales, de este modo el señor Jorge Eliecer Villadiego, actuando en nombre en propio, invoca el amparo de sus derechos fundamentales que considera vulnerados debido a que la entidad no emitió una respuesta, clara precisa y de fondo, así mismo por la no vinculación al programa de “Colombia Mayor”. También existe legitimación en la causa por pasiva , teniendo en cuenta que la entidad Prosperidad Social es la entidad ante la cual se elevó la solicitud que se alega desatendida.SIGCMA

A juicio de esta unidad judicial se cumple con el requisito de inmediatez, ya que la vulneración alegada es de carácter continuo, pues la falta de acceso al subsidio sigue afectando al accionante de manera actual y permanente

En torno al requisito de subsidiariedad, ha dispuesto la Corte Constitucional, de modo reiterado, que la acción d e tutela solo procede si quien acude a ella no cuenta con otro

sigue afectando al accionante de manera actual y permanente

En torno al requisito de subsidiariedad, ha dispuesto la Corte Constitucional, de modo reiterado, que la acción d e tutela solo procede si quien acude a ella no cuenta con otro procedimiento judicial en el ordenamiento jurídico que permita la resolución de sus pretensiones; regla que tiene por objeto evitar que aquellos mecanismos sean sustituidos per se por este medi o célere e informal. En tal sentido, en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga de acudir a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales asignadas por el legislador a cada jurisdicción, salvo que se demuestre que el mismo no goza de idoneidad o eficacia, o que se evidencie un perjuicio irremediable en cuya virtud sea necesario un amparo transitorio. Ahora es menester resaltar que al ser que el tuteante es una persona de especial protección constitucional, puesto que tiene una edad de sesenta y cinco años de edad1 como también es una persona escasos recursos económicos y se encuentra una posición vulnerable.

4.5. De los derechos fundamentales invocados como vulnerados.

Asistencia social. El derecho a la asistencia social se encuentra plasmado en el artículo 2° inciso tercero de la ley 1361 de 2009, como las acciones dirigidas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden a la familia su desarrollo integral, así como su protección cuando se atente contra su estabilidad hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Derecho de petición. El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 1 de la Constitución, y es indiscutible, su categoría de fundamental. En tal sentido, la

vida plena y productiva.

Derecho de petición. El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 1 de la Constitución, y es indiscutible, su categoría de fundamental. En tal sentido, la mencionada disposición prevé que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.

También, esa disposición superior otorgó al legislador la potestad de regular el ejercicio del derecho de petición ante particulares, a efectos de garantizar los derechos fundamentales.

1 De conformidad con las sentencias T - 252 de 2017 y T -066 de 2020, los adultos mayores son sujetos de especial protección constitucional dado que existen “ situaciones de exclusión social que repercuten negativamente en el acceso a oportuni dades de orden económico, social y cultural, lo que justifica una diferenciación positiva para suprimir las barreras que se opongan a la igualdad material y enfrentar las causas que la generan”SIGCMA

“ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por m otivos de interés general o particular y a obt ener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Asimismo, la referida prerrogativa constitucional está r egulada en la Ley 1755 de 2015; norma que sustituyó el Título II, Capítulo I, de la Ley 1437 de 2011, dice:

“ARTÍCULO 13 . Objeto y modalidad es del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a pre sentar peticiones respetuosas a las

“ARTÍCULO 13 . Objeto y modalidad es del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a pre sentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resoluci ón completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Cons titución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, l a intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servic io, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de p ersona mayor cuando se trate de menores con relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.”

Concretamente, el artículo 13 de ese texto legal reprodujo lo dispuesto en el artículo 23 de la Carta, agregando que la respuesta a las peticione s, además de oportuna, debe ser «completa y de fondo» y precisó que, a través del ej ercicio de ese derecho se puede solicitar, entre otros aspectos, el reconocimiento de un derecho y la resolución de una situación jurídica. Adicionalmente, el artículo 14 ibidem, f ijó los términos con los cuales cuenta la correspondiente entidad pública o el particu lar requerido para resolver las peticiones presentadas, no obstante, cuando un determinado procedimiento administrativo

situación jurídica. Adicionalmente, el artículo 14 ibidem, f ijó los términos con los cuales cuenta la correspondiente entidad pública o el particu lar requerido para resolver las peticiones presentadas, no obstante, cuando un determinado procedimiento administrativo establezca con un término especial, éste último es de apli cación prevalente ante el plazo general que dispone la señalada norma. Al respecto, la Co rte Constitucional ha precisado que el núcleo esencial del derecho fundamental en comento está circunscrito a «la posibilidad de presentar solicitudes de manera respetuosa ante las autoridades públicas o ante los particulares en los casos previstos en la ley, surgiendo a cargo de sus destinatarios el deber de recibirlas, tramitarlas y resolv erlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido»SIGCMA

Ahora bien, las tesis que hoy se mantiene vigente 3 sobre l as características del derecho de petición vienen desde la sentencia T-377 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la cual la Corte expuso lo siguiente:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como l os derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición r eside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría l a posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse

autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera cong ruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se Concreta siempre en una respuesta escrita.”

En este punto, cabe registrar que, respecto de los requisitos de la respuesta al derecho de Petición, «oportunidad, contenido y notificación», la máxima interprete de la Constitución, en la referida sentencia T-138, explicó que la oportunidad implica la contestación dentro del término establecido para la petición y en caso de no poder realizarse dentro del mismo, deben exponerse las razones del caso y manifestar el término en el cual se dará respuesta.

Por su parte, en la misma providencia se señaló que el cont enido, es decir, lo decidido en la respuesta, debe ser i) claro, lo que implica un lenguaje sencillo y argumentos comprensibles para el peticionario; ii) de fondo, se refiere a que resuelvan todos los aspectos sobre los cuales se pronuncia el titular y solicita s ean resueltos; iii) suficiente resolver materialmente lo pedido por el peticionario sin que implique una respuesta favorable; iv) efectivo, que solucione el caso planteado, y v) congruente, guardar relación entre lo pedido y lo resuelto, y finalmente, la notificación implica la puesta en conocimiento de la respuesta al interesado, sin la cual se entenderá que no se ha decidido la petición.

entre lo pedido y lo resuelto, y finalmente, la notificación implica la puesta en conocimiento de la respuesta al interesado, sin la cual se entenderá que no se ha decidido la petición.

La formulación de la petición implica el derecho que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Asimismo, la pronta resolución implica el derecho de las personas a que las autoridades ySIGCMA

los particulares respondan las solicitudes en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal previsto para el efecto, esto es, por regla general, dentro de los 15 días siguientes a su recepción.

Importa precisar que, la respuesta de fondo no implica otorgar lo ped ido por el interesado. Conlleva el derecho que tienen las personas a que las autoridades y los particulares respondan sus peticiones de manera clara, precisa, congruente y consecuente. La claridad supone que la respuesta sea inteligible y de fácil comprens ión. La precisión exige que la respuesta atienda, de manera concreta, lo solicitado, sin información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas. La congruencia implica que la respuesta abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado. Que la respuesta sea consecuente conlleva que no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuale s la petición resulta o no procedente. La notificación de la decisión garantiza el derecho de la persona a conocer la respuesta a su solicitud, así como a impugnarla y controvertirla.

la petición resulta o no procedente. La notificación de la decisión garantiza el derecho de la persona a conocer la respuesta a su solicitud, así como a impugnarla y controvertirla.

Dignidad Humana. Finalmente, con relación al derecho a la vida digna y/o dignidad humana, manifiesta la Corte Constitucional 6 que es el fundamento y la finalidad de todos los derechos Fundamentales y los derechos humanos; uno de los pilare s del orden constitucional y un m andato que se proyecta sobre toda la organizac ión y diseño institucional del Estado.

Como consecuencia de estos atributos, la dignidad humana es un valor, un principio y un derecho subjetivo en nuestro Estado soci al y constitucional de derecho. Bajo esa perspectiva, el contenido mínimo de la dignidad humana se cifra en dos grades aristas, la primera como valor intrínseco, el cual hace referencia al elemento ontológico de la dignidad humana vinculada a la naturaleza del ser. De allí se predica el conjunto de características que le son inherentes y comu nes a todos los seres humanos y la segunda, la autonomía, concebida como elemento ético de la dignidad humana, fundamenta el libre arbitrio de los individuos, la cual permite buscar aquello que se puede entender cómo vivir bien; aspirar a una vida buena. L a autodeterminación es la pieza fundamental de esta dimensión. Una persona es autónoma cuando puede definir las reglas que han de regir su forma de vivir y obrar conforme a ellas.SIGCMA

4.6. De los requisitos para obtener el beneficio al programa de Colombia Mayor, y los criterios de Priorización

Los requisitos para obtener e l beneficio de los subsidios de la subcuenta de subsistencia

obrar conforme a ellas.SIGCMA

4.6. De los requisitos para obtener el beneficio al programa de Colombia Mayor, y los criterios de Priorización

Los requisitos para obtener e l beneficio de los subsidios de la subcuenta de subsistencia se encuentran plasmado en el artículo 2.2.14.1.31 y 2.2.12.1.35 del decreto 1833 del 10 de noviembre de 2016:

• Ser colombiano

• Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

• Estar dentro del punto de corte SISBÉN IV definido por Prosperidad Social y aprobado por la Mesa de Equidad que incluye a los adultos mayores en los grupos A, B y hasta C1, es decir que en la base de datos de SISBÉN IV actualizada al último corte entregado por el Departamento Nacional de Planeación, se ubique en un grupo igual o inferior al C01.

• Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir.

• Haber residido durante los últimos 10 años en el territorio nacional.

Criteriros de priorizacion Colombia mayor

Busca dar prioridad a todos aquellos adultos mayores que se encuentren en un estado de vulneacion, esto de conformidad al articulo con el artículo 2.2.14.1.35. del Decreto 1833 de 2016;

1. La edad del aspirante.

2. Puntaje del SISBÉN