TA COR - Sentencia 23001333301120260029501-(08-09-2026)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA VIRGINIA LORDUY VILLARREAL

Montería, ocho (08) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Acción de Tutela Radicación: 23001 33 33 011 2026 00295 01

Accionante: Nelson David Montes Villalba Accionado: Nación – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS) Vinculados: Departamento Nacional de Planeación (DNP) Participantes inscritos en la Convocatoria No. 975 de 2026 “Becas para el Cambio” Formación en Maestrías y Doctorados, adelantada por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación Tema: Igualdad - No Discriminación - Debido Proceso Administrativo - Educación Superior Decisión: Confirma sentencia de tutela

Se pronuncia la Sala frente a la impugnación presentada por el accionante, contra el fallo de tutela datado 30 de julio de 202 6, proferido por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Montería que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

El señor Nelson David Montes Villalba promovió acción de tutela contra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), con vinculación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo y a la educación.

Expuso que participó en la Convocatoria No. 975 de 2026 denominada “ Becas para el

de Planeación (DNP), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo y a la educación.

Expuso que participó en la Convocatoria No. 975 de 2026 denominada “ Becas para el Cambio”, creada mediante la Resolución 0273 de 2026 en desarrollo del proyecto de fortalecimiento del talento humano para la ciencia, la tecnología y la innovación. Señaló que su propuesta de maestría obtuvo una calificación de 91 puntos sobre 100 y fue considera da pertinente y recomendada por los evaluadores; sin embargo, sostuvo que el sistema de puntuación incorporó un “enfoque diferencial” que otorgó hasta quince puntos adicionales por condiciones relacionadas con el sexo femenino, la pertenencia a grupos étnicos, la residencia en territorios PDET o ZOMAC, la clasificación en el Sisbén y la procedencia de instituciones públicas.

Indicó que tales factores, además de ser valorados en la puntuación general, fueron nuevamente utilizados como criterios de desempate dentro del banco de elegibles, lo que, a su juicio, generó un doble beneficio para determinados grupos poblacionales y alt eró el principio de mérito que debía regir la selección de los beneficiarios. Afirmó que dicho modelo de evaluación favoreció de manera desproporcionada a mujeres y a otros grupos priorizados, excluyendo a postulantes que, como él, obtuvieron altos puntaje s por mérito académico y científico, pero no reunían la totalidad de las condiciones objeto de priorización.

1.2. Pretensiones

El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo y a la educación; en consecuencia, pidió inaplicar, por vía de excepción

1.2. Pretensiones

El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo y a la educación; en consecuencia, pidió inaplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad, el criterio denominado “ Enfoque diferencial ” y los criterios de desempate asociados previstos en la Convocatoria No. 975 de 2026 “Becas para el Cambio”,

1 Ver PDF 01DemandaPágina 2 de 13 23.001.33.33.011.2026.00295.01 Decide Impugnación de Tutela

por considerar que otorgan ventajas indebidas a determinados grupos poblacionales y desvirtúan el principio de mérito.

Como consecuencia de ello, solicitó ordenar la recalificación y conformación del banco de elegibles con fundamento exclusivo en los criterios de mérito académico y científico, así como disponer la adecuación de futuras convocatorias a parámetros que garanticen la igualdad y la selección objetiva. De igual manera, requirió la adopción de medidas provisionales consistentes en la suspensión de la publicación del banco definitivo de elegibles, de las adjudicaciones y de los desembolsos derivados de la convocato ria mientras se resolvía la acción constitucional.

1.3. Contestación

1.3.1. El Ministerio de Ciencias2 solicitó negar el amparo al considerar que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante y que las actuaciones adelantadas se ajustaron estrictamente a los términos de referencia de la Convocatoria 975 de 2026 “ Becas para el Cambio”.

Explicó que los criterios de enfoque diferencial cuestionados fueron establecidos con

ajustaron estrictamente a los términos de referencia de la Convocatoria 975 de 2026 “ Becas para el Cambio”.

Explicó que los criterios de enfoque diferencial cuestionados fueron establecidos con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política, en el CONPES 4182 de 2026 y en la política pública orientada a reducir brechas territoriales, socioeconómicas, étnicas y de género en el acceso a la formación avanzada. Sostuvo que tales criterios constituyen acciones afirmativas legítimas encaminadas a garantizar la igualdad material y no implican una discriminación injustificada ni excluyen a quienes no pertenecen a los grupos priorizados, pues todos los aspirantes son evaluados inicialmente bajo los mismos criterios técnicos y únicamente reciben puntajes adicionales quienes acreditan documentalmente las condiciones previstas en la convocatoria.

Agregó que dichos factores no constituyen requisitos habilitantes, no garantizan por sí solos la financiación ni sustituyen la evaluación académica y científica de las propuestas. Asimismo, afirmó que no se vulneró el debido proceso, toda vez que el proced imiento de evaluación se desarrolló conforme a reglas previamente publicadas y conocidas por los participantes, quienes contaban con un mecanismo específico de aclaraciones para controvertir los resultados preliminares antes de la conformación del banco definitivo de elegibles.

Sostuvo que la acción de tutela incumplía el requisito de subsidiariedad, dado que el accionante disponía de mecanismos administrativos y judiciales ordinarios para controvertir su inconformidad. Finalmente, señaló que la participación en una convocatoria de financiación no genera un derecho adquirido a recibir recursos públicos ni la afectación del derecho a la

accionante disponía de mecanismos administrativos y judiciales ordinarios para controvertir su inconformidad. Finalmente, señaló que la participación en una convocatoria de financiación no genera un derecho adquirido a recibir recursos públicos ni la afectación del derecho a la educación, por cuanto la asignación de los apoyos depende del cumplimiento de requisitos objetivos, del mérito y de la disponibilidad presupuestal.

1.3.2. El Departamento Nacional de Planeación (DNP)3 solicitó negar el amparo y desvincular a la entidad del trámite constitucional, al sostener que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante y que carece de competencia respecto de los hechos cuestionados.

Explicó que, conforme al marco normativo del Sistema General de Regalías, sus funciones se limitan a la coordinación y articulación de políticas públicas y al acompañamiento técnico en determinados procesos, sin que le corresponda estructurar, administrar, operar, evaluar o hacer seguimiento a las convocatorias financiadas con recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Señaló que dichas competencias recaen exclusivamente en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), en su condición de Secretaría Técnica del OCAD CTeI, entidad responsable de elaborar los términos de referencia, definir los criterios de selección, adelantar la evaluación de los proyectos y conformar los bancos de elegibles. Agregó que el Documento CONPES 4182 de 2026 únicamente declaró la importancia estratégica del proyecto de inversión y habilitó su financiación, sin regular las condiciones

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estratégica del proyecto de inversión y habilitó su financiación, sin regular las condiciones

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particulares de la Convocatoria 975 de 2026 ni atribuir al DNP funciones relacionadas con la definición o modificación de los criterios de evaluación cuestionados.

Con fundamento en ello, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de hecho atribuible a autoridad distinta , por considerar que cualquier decisión relacionada con la convocatoria corresponde exclusivamente a l Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

1.3.3. Los vinculados no hicieron pronunciamiento.

1.4. Sentencia Impugnada4

El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Montería declaró improcedente la acción de tutela bajo estudio, por cuanto consideró que la controversia planteada recaía directamente sobre los términos de referencia de la convocatoria, los cuales constituyen un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, susceptible de control a través de los medios ordinarios previstos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En ese sentido, concluyó que la acción de tutela no satisfacía el requisito de subsidiariedad, dado que el accionante contaba con mecanismos judiciales idóneos para controvertir la legalidad y constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas, incluso mediante la solicitud de medidas cautelares. Igualmente, estimó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional ni una

legalidad y constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas, incluso mediante la solicitud de medidas cautelares. Igualmente, estimó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional ni una controversia de naturaleza constitucional que desbordara las competencias del juez administrativo.

Adicionalmente, precisó que, prima facie, los criterios de enfoque diferencial previstos en la convocatoria no podían considerarse contrarios a la Constitución, toda vez que el artículo 13 Superior autoriza la adopción de acciones afirmativas orientadas a garantizar la igualdad material y a superar situaciones históricas de desigualdad.

1.5. Impugnación5

El accionante Nelson David Montes Villalba , impugnó la sentencia de primera instancia solicitando su revocatoria integral y la concesión del amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mérito y al acceso a la educación superior en condiciones de equidad.

Sostuvo que el juez a quo incurrió en un error al analizar el asunto como un simple debate de legalidad administrativa, cuando en realidad se trata de una controversia de naturaleza constitucional derivada de la utilización del sexo como criterio de diferenciación dentro de la Convocatoria No. 975 de 2026 “ Becas para el Cambio ”. Afirmó que el fallo omitió aplicar el juicio integrado de igualdad en escrutinio estricto, exigible cuando una medida estatal establece tratamientos diferenciados fundados en una categoría sospechosa como el sexo, y que se limitó a presumir la constituc ionalidad de la actuación administrativa sin examinar la proporcionalidad y necesidad de los criterios cuestionados.

establece tratamientos diferenciados fundados en una categoría sospechosa como el sexo, y que se limitó a presumir la constituc ionalidad de la actuación administrativa sin examinar la proporcionalidad y necesidad de los criterios cuestionados.

Manifestó que la acción de tutela sí satisface el requisito de subsidiariedad, pues los mecanismos contencioso-administrativos no resultan eficaces para impedir la consolidación de los efectos de la convocatoria, toda vez que los recursos públicos ya fuero n asignados mediante la Resolución 0714 de 2026, que publicó el banco definitivo de elegibles y financiables. En su criterio, la ejecución de dichos recursos tornaría ilusoria una eventual decisión favorable de la jurisdicción contenciosa, configurándose u n perjuicio irremediable sobre su proyecto académico y profesional.

Asimismo, sostuvo que la información contenida en el banco definitivo de elegibles corroboró empíricamente la afectación denunciada, al evidenciar que en la modalidad de maestría nacional fueron financiadas 899 propuestas, de las cuales 730 correspondieron a mujeres, equivalentes al 81 % de los beneficiarios, mientras que únicamente 169 correspondieron a hombres. A partir de esos datos, argumentó que la asignación de puntajes por enfoque

4 Fallo PDF 11Sentencia del cuaderno de primera instancia 5 Impugnación PDF 13ImpugnacionAccionante del cuaderno de primera instanciaPágina 4 de 13 23.001.33.33.011.2026.00295.01 Decide Impugnación de Tutela

diferencial y su posterior utilización como criterios de desempate produjeron un efecto desproporcionado que desplazó el mérito académico y científico como eje principal de la selección.

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diferencial y su posterior utilización como criterios de desempate produjeron un efecto desproporcionado que desplazó el mérito académico y científico como eje principal de la selección.

Igualmente, reiteró que la convocatoria otorga un doble beneficio a las mujeres y a los demás grupos priorizados, pues las mismas condiciones que generan puntaje adicional dentro del criterio de enfoque diferencial vuelven a ser utilizadas como factores pr eferentes de desempate, lo que calificó como una vulneración del principio de selección objetiva y una forma de non bis in idem administrativo. Señaló que el Ministerio de Ciencias no acreditó estudios técnicos que justificaran la asignación de tres puntos por cada condición diferencial ni demostró que no existieran medidas menos restrictivas para alcanzar las metas de inclusión previstas en el CONPES 4182 de 2026.

Finalmente, adujo que el juez de primera instancia incurrió en defectos de motivación al omitir pronunciarse sobre aspectos centrales de la demanda, entre ellos la alegada duplicidad de beneficios, la incidencia real de la medida sobre los resultados de la convocatoria y la existencia de alternativas menos gravosas para alcanzar los mismos fines de inclusión, como la implementación de bolsas de cupos o cuotas diferenciadas que preservaran la competencia por mérito dentro de cada grupo poblacional. Por estas razones, solicitó revocar la sentencia impugnada y acceder a las pretensiones de la tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia de la Sala de Decisión

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante

impugnada y acceder a las pretensiones de la tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia de la Sala de Decisión

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser este Tribunal el superior funcional del Juez que profirió la decisión.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción de tutel a resulta procedente para controvertir los criterios de enfoque diferencial y de desempate previstos en la Convocatoria No. 975 de 2026 “Becas para el Cambio”, a partir del cumplimiento del requisito de subsidiariedad y de la acreditación de alguna situación que habilite la intervención excepcional del juez constitucional. De no superarse dicho examen preliminar, por existir medios ordinarios de defensa judicial idóneos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no demostrarse un daño inminente, grav e, urgente e impostergable, la Sala deberá confirmar la improcedencia de la acción, sin que resulte necesario abordar el estudio material de los cargos formulados contra las reglas de la convocatoria.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales, reconocido por la Constitución Política a todas las personas. De su desarrollo normativo y jurisprudencial se ha interpretado de manera pacífica que esta acción tiene carácter subsidiario y solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial o cuando, aun existiendo, estos resultan ineficaces para la protección efectiva de los derechos

normativo y jurisprudencial se ha interpretado de manera pacífica que esta acción tiene carácter subsidiario y solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial o cuando, aun existiendo, estos resultan ineficaces para la protección efectiva de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. En tales eventos, la tutela puede operar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2.4. Procedencia de la Acción de Tutela

Para la procedencia de la tutela la Corte Constitucional ha determinado que deben estudiarse los presupuestos relativos a: i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva, ii) la inmediatez y iii) la subsidiariedad. Respecto a la subsidiariedad la Corte Constitucional también ha complementado factores que deben observarse respecto a la posición y situación de la parte accionante en el asunto que la motiva a solicitar el amparo.

Legitimación por activa: El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, dan cuenta que toda persona puede ejercer el recurso de amparo, pudiendo impetrarse, así: “(i) en forma directa, (ii) por intermedio de un representante legal (caso de losPágina 5 de 13 23.001.33.33.011.2026.00295.01

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menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso) o (iv) a través de agente oficioso (cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover s u propia defensa)”.6

En el sub examine, la legitimación por activa se encuentra acreditada, toda vez que la acción

oficioso (cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover s u propia defensa)”.6

En el sub examine, la legitimación por activa se encuentra acreditada, toda vez que la acción fue promovida directamente por quien afirma resultar afectado por las reglas de evaluación y selección previstas en la convocatoria cuestionada.

Legitimación por pasiva. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela se dirigirá contra la autoridad o el representante de la entidad que presuntamente vulneró o amenazó los derechos fundamentales. Bajo ese entendido, se vinculó como extremo pasivo al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación , entidad encargada de diseñar, administrar y ejecutar la convocatoria objeto de controversia . Igualmente, se vinculó al Departamento Nacional de Planeación, entidad que alegó falta de legitimación por pasiva al sostener que no participó en la definición de las reglas específicas de la convocatoria ; no obstante, dicha circunstancia corresponde al análisis de fondo sobre su eventual responsabilidad en los hechos alegados y no afecta , en este estadio, la procedencia formal del mecanismo constitucional.

Inmediatez. Implica que la acción de tutela sea promovida dentro de un término razonable, prudencial y cercano a la ocurrencia de la situación que se alega afectó los derechos fundamentales, con ello se evita que el transcurso del tiempo desvirtúe su transgresión o amenaza.

La Sala observa que la tutela fue presentada dentro de un término razonable, por cuanto el accionante cuestionó reglas contenidas en una convocatoria cuyos resultados se encontraban en desarrollo y cuyos efectos continuaban produciéndose al momento de la p resentación de

La Sala observa que la tutela fue presentada dentro de un término razonable, por cuanto el accionante cuestionó reglas contenidas en una convocatoria cuyos resultados se encontraban en desarrollo y cuyos efectos continuaban produciéndose al momento de la p resentación de la acción constitucional. Adicionalmente, en el trámite de impugnación alegó la expedición de la Resolución 0714 de 2026, mediante la cual se publicó el banco definitivo de elegibles y financiables, circunstancia que demuestra la actualidad de la controversia y la permanencia de los efectos que estima lesivos de sus derechos fundamentales.

Ahora bien, sobre el requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la acción de tutela tiene naturaleza residual, de modo que solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando el medio ordinario previsto en el ordenamiento jurídico resulte ineficaz para lograr la protección efectiva del derecho presuntamente vulnerado.

La Corte ha precisado que el requisito de subsidiariedad debe analizarse en cada caso concreto y flexibilizarse cuando la controversia involucra directamente la protección de derechos fundamentales, la utilización de criterios sospechosos de diferenciación o la configuración de un perjuicio irremediable7. Además, ha explicado que la sola existencia de una controversia constitucional no releva automáticamente al accionante de demostrar que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes o ineficaces para la protección de sus derechos8. Por ello, cuando se discuten actos administrativos de alcance general, corresponde verificar si existe un riesgo real de consumación de un perjuicio irremediable que

los mecanismos ordinarios resultan insuficientes o ineficaces para la protección de sus derechos8. Por ello, cuando se discuten actos administrativos de alcance general, corresponde verificar si existe un riesgo real de consumación de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención inmediata del juez constitucional9.

Con el ánimo de determinar si es procedente responder a las pretensiones formuladas por el accionante, la Sala: (i) recordará las reglas jurisprudenciales sobre el principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela, con énfasis en su procedencia excepcional frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto; actos administrativos, y para la protección de derechos e intereses colectivos y (ii) aludirá a los elementos del perjuicio irremediable como presupuesto de la tutela excepcional en los eventos mencionados; y (iii) de superarse este análisis previo se procederá a resolver el problema de fondo, como ya viene referido por la Corte en la Sentencia T-097 de 2014.

6 Sentencia T-776 de 2011 Corte Constitucional 7 Ver Sentencia SU355 de 2015, Sentencia SU-067 de 2022, entre otros 8 Ver Sentencia SU-355 de 2015, SU-691 de 2017: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/su691 -17.htm 9 Ver Sentencia T-097 de 2014: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T -097-14.htmPágina 6 de 13 23.001.33.33.011.2026.00295.01 Decide Impugnación de Tutela

En el asunto objeto de estudio, la Sala observa que el accionante controvierte algunas de las

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En el asunto objeto de estudio, la Sala observa que el accionante controvierte algunas de las reglas de evaluación y selección contenidas en la Convocatoria No. 975 de 2026 “Becas para el Cambio”, creada mediante la Resolución 0273 de 2026, al considerar que estas incorporan tratamientos diferenciados que desconocen su derecho fundamental a la igualdad y alteran el mérito como criterio de acceso a los recursos públicos destinados a la formación a vanzada, haciendo especial énfasis en el ítem del género registrado en el documento de identidadsexo-.

Así pues , vale decir que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos judiciales para controvertir la legalidad de los actos administrativos de carácter general que regulan convocatorias públicas, particularmente a través de los medios de control atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como la posibilidad de solicitar medidas cautelares encaminadas a la protección provisional de los derechos e intereses comprometidos. Sin embargo, la Sala observa qu e la controversia planteada no se circunscribe exclusivamente a un debate de legalidad administrativa o de interpretación de los términos de referencia de la convocatoria, sino que involucra de manera directa el alcance del derecho fundamental a la igualdad frente a la adopción de criterios de diferenciación fundados, entre otros aspectos, en categorías respecto de las cuales la jurisprudencia constitucional ha reconocido una especial relevancia para el control constitucional.

Asimismo, se advierte que , al momento de interponerse la acción constitucional el procedimiento de selección se encontraba en curso y que, con posterioridad a la presentación

reconocido una especial relevancia para el control constitucional.

Asimismo, se advierte que , al momento de interponerse la acción constitucional el procedimiento de selección se encontraba en curso y que, con posterioridad a la presentación de la demanda inicial y al fallo de primera instancia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación expidió la Resolución No. 0714 de 2026 , mediante la cual se conformó el banco definitivo de elegibles y financiables , dentro de l cual no se encuentra el accionante . Esta circunstancia permite concluir que los efectos de las reglas cuestionadas no solo mantienen actualidad, sino que continúan produciendo consecuencias concretas respecto de los participantes de la convocatoria.

En ese contexto, la Sala considera que, aunque el accionante dispone de mecanismos judiciales ordinarios para controvertir la validez de la convocatoria, tales instrumentos no resultan plenamente eficaces para brindar una respuesta oportuna frente al probl ema constitucional planteado, consistente en determinar si las reglas de evaluación y selección incorporaron criterios que, en el caso concreto, pudieron afectar el derecho fundamental a la igualdad. Ello por cuanto la resolución definitiva de la controver sia en sede ordinaria podría producirse una vez consolidado el proceso de adjudicación y ejecución de los recursos objeto de la convocatoria, escenario que podría tornar inane el examen constitucional solicitado respecto de la situación particular alegada por el accionante.

Adicionalmente, la presunta afectación invocada no se proyecta únicamente sobre consecuencias futuras de la convocatoria, sino que, según lo expuesto en la demanda, se habría materializado durante el propio proceso de evaluación y conformación del banco de

Adicionalmente, la presunta afectación invocada no se proyecta únicamente sobre consecuencias futuras de la convocatoria, sino que, según lo expuesto en la demanda, se habría materializado durante el propio proceso de evaluación y conformación del banco de elegibles, circunstancia que exige verificar de manera inmediata si las reglas aplicadas son compatibles con las garantías constitucionales invocadas.

En consecuencia, la procedencia de la presente acción de tutela no se fundamenta en la sola invocación de derechos fundamentales ni en la relevancia constitucional de la controversia, sino en la insuficiente eficacia de los mecanismos ordinarios para brind ar una protección oportuna frente a la presunta vulneración alegada. Si bien existen medios judiciales para controvertir los actos administrativos que regulan la Convocatoria No. 975 de 2026, la controversia planteada involucra la aplicación concreta de criterios de diferenciación cuyo impacto sobre el derecho fundamental a la igualdad es cuestionado por el accionante y cuyos efectos continúan produciéndose. Por ello, la Sala considera satisfecho el requisito de subsidiariedad y procederá al estudio de fondo del asunto.

2.5. Fundamento jurisprudencial

➢ El derecho a la igualdad y su dimensión material

La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que el artículo 13 de la Constitución no consagra una concepción meramente formal de la igualdad, sino un mandato de igualdadPágina 7 de 13 23.001.33.33.011.2026.00295.01 Decide Impugnación de Tutela

material que impone al Estado la obligación de remover los obstáculos que impiden a determinadas personas o grupos acceder efectivamente a oportunidades y beneficios

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material que impone al Estado la obligación de remover los obstáculos que impiden a determinadas personas o grupos acceder efectivamente a oportunidades y beneficios sociales.

En esa medida, la igualdad no se satisface únicamente mediante la aplicación uniforme de las normas, sino que exige adoptar medidas que compensen situaciones históricas o estructurales de exclusión. Por ello, el inciso segundo del artículo 13 superior faculta y, en determinados eventos, obliga a las autoridades a promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, así como a adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que dichas medidas no constituyen excepciones al principio de igualdad, sino manifestaciones de éste, en cuanto buscan corregir desigualdades existentes y garantizar una participación efectiva de sectores histó ricamente subrepresentados en distintos ámbitos de la vida social.10

➢ Las acciones afirmativas como instrumento de igualdad material

La Corte ha definido las acciones afirmativas como aquellas medidas diferenciadas adoptadas por el Estado con el propósito de favorecer a grupos que han padecido situaciones históricas de discriminación, exclusión o desventaja, con el fin de alcanzar condiciones de igualdad real y efectiva.

En la Sentencia C-371 de 2000, la Corte reconoció la legitimidad de las acciones afirmativas orientadas a prom