TA PUT - Sentencia 52001-33-33-001-2016-00480-01 (18-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA DE DECISIÓN

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Mocoa, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: Marco Antonio Muñoz Mera RADICACIÓN: 52001333300120160048001

DEMANDANTE: MUNICIPIO DE MOCOA

DEMANDADO: LILIANA CAICEDO CALDERÓN

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

Tema: - Reclasificación empleado municipal

SENTENCIA

La Sala de Decisión, dentro del término de Ley, procede a decidir lo que en derecho corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandante, contra la sentencia del 12 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, que resolvió1

“PRIMERO: DECLARAR la Nulidad de la Resolución N° 02762 del 31 de diciembre de 2015, expedida por el Alcalde Municipal de Mocoa, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración dejar sin efectos de todas las actuaciones administrativas y los actos que se hayan expedido o ejecutado con fundamento en la Resolución N° 02762 del 31 de diciembre de 2015, expedida por el Alcalde Municipal de Mocoa, por ser violatorio de la Constitución y la Ley

TERCERO: No condenar en costas (…)”

ANTECEDENTES 1.1 Síntesis de la demanda2

Con la demanda se pretende la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la Resolución N° 02762 del 31 de diciembre

ANTECEDENTES 1.1 Síntesis de la demanda2

Con la demanda se pretende la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la Resolución N° 02762 del 31 de diciembre de 2015, por medio de la cual, el Municipio de Mocoa, reclasificó a un funcionario Municipal (…)”

1.2 Hechos3

Las pretensiones, tuvieron, en resumen, el siguiente fundamento fáctico:

1. La señora Liliana Caicedo Calderón , se desempeñaba como técnico administrativo de la Secretaria de Administrativa y Financiera Municipal del Municipio de Mocoa, código 367, grado 07.

1 Índice N° 10 páginas 463-472/Samai 2 Índice N° 10 página 3/Samai 3 Índice N° 10 páginas 4-5/SamaiRadicado: 2016-00480 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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2. El 31 de diciembre de 2015, el alcalde municipal, dispuso reclasificar a funcionarios sin previa autorización del Concejo Municipal, tal como lo establece el artículo 313 numeral 6 de la Carta Política, alterando vigencias futuras que comprometieron la ejecución presupuestal y los programas de las administraciones futuras.

3. Entre los cargos modificados, a través de Resolución N° 02762 del 31 de diciembre de 2015 , se reclasificó el cargo de la señora Liliana Caicedo Calderón del código 367 grado 07 al código 367 grado 08nivel técnico, cuyas funciones las seguiría desemp eñando en la Secretaria de Financiera Municipal, para el efecto se señaló “Para mayor

Caicedo Calderón del código 367 grado 07 al código 367 grado 08nivel técnico, cuyas funciones las seguiría desemp eñando en la Secretaria de Financiera Municipal, para el efecto se señaló “Para mayor eficacia, eficiencia y asegura r el cumplimiento de su labor misional, se considera obligatorio lograr el cumplimiento oportuno, útil y efectivo de los procesos administrativos, por lo tanto, se hace necesario e indispensable reclasificar el empleo desempeñado por LILIANA CAICEDO CALDERÓN , entendiendo que un empleo se reclasifica cuando, modificada o no denominación dentro de un mismo nivel jerárquico o cuando el funcionario supera su nivel de estudios como tecnólogos o profesional, se redefinen sus funciones se le asignen mayores calidades para su desempeño y se ubique un grado superior de la escala salarial correspondiente”

4. No obstante, lo anterior, dijo que el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 228 del Decreto 019 de 2012 y los artículos 95 a 97 del Decreto 1227 de 2005, establecen que los procesos de reformas organizacionales de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, deben motivarse o fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.

5. Señaló que en aplicación del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, con oficio DM 00122 del 4 de febrero de 2016, la administración, solicitó a la demandada el consentimiento expreso y por escrito para realizar la revocatoria directa de la Resolución N° 02762 del 31 de diciembre de

oficio DM 00122 del 4 de febrero de 2016, la administración, solicitó a la demandada el consentimiento expreso y por escrito para realizar la revocatoria directa de la Resolución N° 02762 del 31 de diciembre de 2015, quien, mediante escrito del 9 de febrero de 2016, manifestó su negativa.

6. El 12 de febrero de 2016, se adelantó una mesa de diálogo con el Ministerio del Trabajo, el Municipio de Mocoa, y el Sindicado de la misma municipalidad, acordando que autorizaban al Alcalde Municipal para que cancele los salarios del mes de enero de 2016 y siguientes, con base en el nivel laboral y salarial que se venía pagando hasta el 30 de diciembre de 2015, sin que ello implique renuncia al incremento legal o convencional del año 2016, ni tampoco la renuncia a los efectos jurídicos del acto administrativo de reclasificación efectuados el día 31 de diciembre de 2015, mientras la jurisdicción contenciosa administrativa defina sobre la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo.

1.3 Intervención de la demandada:

1.3.1 Liliana Caicedo Calderón 4.

Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, considerando que el acto administrativo demandado es legal, en tanto que en ningún momento la reclasificación correspondió a una

4 Índice N° 10 páginas 163-172/SamaiRadicado: 2016-00480 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

3 reforma a la planta de personal, a la modificación de las escalas de remuneración, a la modificación de las funciones de las dependencias,

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

3 reforma a la planta de personal, a la modificación de las escalas de remuneración, a la modificación de las funciones de las dependencias, pues las misma se encontraban asignadas en el manual de funciones de la entidad. Así entonces, la reclasificación del cargo se efectuó dentro de la misma planta para mejorar las necesidades del servicio (artículo 2 Ley 909 de 2004), la cual se encontraba creada por el Concejo, por lo cual no se requería de un estudio técnico, conforme lo establece el artículo 46 de la Ley 909 de 2004.

Adujo que el alcalde en uso de su potestad reglamentaria podía crear y suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalando funciones específicas y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes, conforme al artículo 315 Constitucional , y a los artículos 91, 132 y 294 de la Ley 136 de 1994.

Añadió que, que ninguna de las pruebas apor tadas, dan cuenta que el acto demandado afectó el pres upuesto, por encima de lo asignado para la vigencia del año 2016, que requiriera la aprobación del concejo. En tal sentido, el Decreto N° 0014 de 4 de enero de 2016, por el cual, se constituyeron cuentas por pagar, no hacía referencia a las cuentas que la administración haya tenido pendientes de pago a corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, pues el mismo tenía efectos fiscales a partir del 2016.

Asociado a lo expuesto dijo que, el rubro anterior, le permitía a la administración realizar aju stes a la nómina . Por tanto, no podía

del año inmediatamente anterior, pues el mismo tenía efectos fiscales a partir del 2016.

Asociado a lo expuesto dijo que, el rubro anterior, le permitía a la administración realizar aju stes a la nómina . Por tanto, no podía manifestar que no contaba con los recursos suficientes para el pago de los dineros adeudados como resultado de la reclasificación realizada, cuando por otra parte, ha bía realizado una nómina paralela para pagar contratos de prestación de servicios que podía cubrir con personal de planta de la entidad.

Puntualizó que la estructura administrativa se encontraba acorde con lo establecido en el Decreto 785, donde se prevé el sistema de nomenclatura y clasificación de los cargos.

1.4 La sentencia apelada5

El Juzgado de instancia precisó que toda variación en la planta de personal de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial, debe soportarse en estudios técnicos con los que se evidencie que la modificación de cargos (supresión, reclasificación, fusión), tiene como fin el mejoramiento del servicio, aprovechamiento de recursos o racionalización del sector público, para que finalmente, dicha situación, no sea considerada como una decisión caprichosa de la administración, conforme lo establecen los artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 regulado por la Ley 909 de 2004.

Adujo que, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la elaboración de un estudio técnico es el sustento de la reforma a las plantas de personal, que compromete la legalidad del proceso de reestructuración administrativa y su inobservancia genera como consecuencia, la nulidad de los actos.

elaboración de un estudio técnico es el sustento de la reforma a las plantas de personal, que compromete la legalidad del proceso de reestructuración administrativa y su inobservancia genera como consecuencia, la nulidad de los actos.

Señaló que, la entidad demandante en virtud del numeral 6 del artículo 313 Constitucional, refirió que, el alcalde municipal de Mocoa, usurpó las

5 Índice N° 10 páginas 463-472/SamaiRadicado: 2016-00480 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

4 funciones de la Corporación, en razón a que reestructuró la planta de personal y las escalas de remuneración, sin contar con competencias para ello.

En punto de lo anterior el juez dijo que, de lo probado en el expediente i) el alcalde no contaba con autorización expresa del Concejo para realizar modificaciones a la planta de personal de la alcaldía, ii) no contaba con un estudio técnico que autorizara la modificación de la planta de personal, no contaba con la autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil y iii)tampoco contaba con la disponibilidad presupuestal que avalara la reclasificación del cargo, el cual implica un incremento de gastos de funcionamiento.

Manifestó que, si en gracia de discusión fuera procedente la reclasificación del cargo, de todos modos, fue posible verificar que el acto enjuiciado, fue falsamente motivado, pues está demostrado que, la demandada ocupaba el cargo iden tificado con el código 367 grado 07 asignado a la Secretaría Administrativa y financiera Municipal, sin embargo, se la reclasificó al código 367 grado 08 nivel técnico y revisada la planta de personal vigente a la fecha de los hechos y el manual de

asignado a la Secretaría Administrativa y financiera Municipal, sin embargo, se la reclasificó al código 367 grado 08 nivel técnico y revisada la planta de personal vigente a la fecha de los hechos y el manual de funciones establecido mediante Resolución 00295 del 28 de febrero de 2013 y el Decreto 00035 del 6 de febrero de 2013, el código 367 grado 08 tenía un (1) sola vacante a 31 de diciembre, y no era en la Secretaria Financiera y Administrativa, ni tampoco fue ocupado por la señora Caicedo, de modo, que el alcalde creó un cargo adicional para adecuarlo a la demandada.

Por lo expuesto, sostuvo que, a l reclasificar el cargo en los términos expuestos, el Alcalde Municipal creó un cargo nuevo y por tanto modificó la planta de personal de la Alcaldía y en esa medida resulta ba viable la causal de nulidad invocada por la actora, pues no está acreditada la autorización del Concejo Municipal para realizar la modificación de la planta de personal ni se cuenta con los estudios técnicos que la avalen, máxime cuando la actuación administrativa demandada afecta el patrimonio del Municipio.

Finalmente, negó la condena en costas.

1.5 El recurso de apelación-parte demandada6

Señaló que, el A quo realizó un indebido análisis del caso, al señalar que la reclasificación de un cargo, debe encontrarse soportado en un estudio técnico, cuando la Ley 909 en ningún lado hace esa exigencia, pues dicho estudio técnico, solo se requiere para efectos de reforma en la planta de personal, lo cual, no sucedió.

Indicó que, no se tuvo en cuenta que, la estructura de la administración

estudio técnico, solo se requiere para efectos de reforma en la planta de personal, lo cual, no sucedió.

Indicó que, no se tuvo en cuenta que, la estructura de la administración municipal, se encontraba soportada en el Acuerdo 016 del 4 de septiembre de 2015, en el cual, se señalaron las distintas denominaciones de empleo, el código y grado, y en relación con el caso que hoy se estudia, la reclasificación del cargo corresponde a la modificación del grado salarial del trabajador, y por lo tanto, ello, no implicó una reforma o modificación de la estructura administrativa, ni la violación del artículo 96 del Decreto 1227 regulado por la Ley 909 de 2004, en tanto que, la reclasificación no se adecua a los supuestos de la referida normativa,

6 Índice N° 10 páginas 475-485 /SamaiRadicado: 2016-00480 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

5 además que su cumplimiento se exige cuando se asciende a un trabajador (artículo 125 ibidem).

Refirió que, frente a la falt a de competencia del alcalde para expedir el acto acusado, el juez de instancia únicamente se limitó a indicar que en virtud del artículo 313 Constitucional, son los Concejos Municipales, los facultados para determinar la estructura de la administración mu nicipal, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, sin realizar un estudio adecuado de las atribuciones y de las competencias que la Ley y la Constitución entregaron al ejecutivo, pues al tenor del artículo 315 de

las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, sin realizar un estudio adecuado de las atribuciones y de las competencias que la Ley y la Constitución entregaron al ejecutivo, pues al tenor del artículo 315 de la CP y del artículo 9 1 de la Ley 136 de 1994, le asiste al alcalde la competencia de “crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado”.

Por lo expuesto, sostuvo que el alcalde cuenta con amplias facultades para el manejo de su planta de personal y la escala de remuneración que apruebe la Corporación Municipal, y por lo tanto, puede realizar las modificaciones que estime para lograr el buen funcionamiento de la entidad, siempre y cuando no se afecte la estructura administrativa.

Insistió en que el acto enjuiciado no modificó las funciones de ninguna de las dependencias, por cuanto, las mismas, se encuentran asignadas en el manual de funciones de la entidad y del mismo modo, señaló que no se modificó las escalas de remuneración, comoqui era que la reclasificación se realiza a una escala ya establecida en el referido manual de funciones.

Manifestó que en virtud del numeral 3 artículo 2 de la Ley 909 de 2004, la ley orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva prestación del servicio, destacándose la “flexibilidad en la organización y gestión de la función pública, para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y a la capacitación para aumentar

efectiva prestación del servicio, destacándose la “flexibilidad en la organización y gestión de la función pública, para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y a la capacitación para aumentar los niveles de eficacia”

Destacó igualmente, que en virtud de los artículos 132 y 294 del Código del Régimen Municipal, el alcalde también se encuentra facultado para realizar ajustes a la planta de personal, toda vez que el artículo 132 señala como atribuciones del representante legal, 1 . Cumplir y hacer cumplir la constitución, leyes, ordenanzas, acuerdos, y Decretos que estén en vigor (…) 7.nombrar y remover libremente empleados de su oficina, 8.dictar los actos necesarios para la administración del personal que presta sus servicios en el municipio de conformidad con el artículo 294, el cual establece que, la expedición de actos relacionados con el nombramiento, remoción y creación de situaciones administrativas del personal que presta sus servicios en la administración central de los municipios corresponde a los alcaldes.

Concluyó que, con la expedición del acto administrativo demandado se realizó una reclasificación de los cargos dentro de la estructura administrativa al amparo de lo establecido en el Acuerdo No. 016 del 4 de septiembre de 2015, el cual fue deliberadamente inobservado y en ningún momento se usurpó funciones del Honorable Concejo Municipal de Mocoa, puesto que en el referido acuerdo ya se había definido la estructura y la escala de remuneración. Por manera que la reclasificación del cargo de la demandada, mediante Resolución No. 02762 del 31 d eRadicado: 2016-00480 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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del cargo de la demandada, mediante Resolución No. 02762 del 31 d eRadicado: 2016-00480 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

6 diciembre de 2015, se encontraba ajustada a derecho, pues ya hacía parte de la estructura de la administración.

1.6 Sobre la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No. PCSJA2312125 del 19 de diciembre de 2023 dispuso la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo y el Distrito Judicial Administrativo del Putumayo, conformado por el Circuito Judicial Administr ativo de Mocoa, que comprende territorialmente a todos los municipios del departamento del Putumayo.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño mediante Acuerdo No. CSJNAA24-124 del 24 de mayo de 2024, redistribuyó 776 procesos de primera y segunda instancia de los despachos 001, 002, 003, 004, 005 y 006 del Tribunal Administrativo de Nariño a los despachos 001, 002 y 003 del Tribunal Administrativo del Putumayo, y asignó a este despacho, el conocimiento del medio de control de la referencia

1.7 Actuación en segunda instancia

Con auto del 9 de septiembre de 20197 se admitió el recurso de apelación, por haber reunido los requisitos de ley, y con providencia de 15 de octubre de 20198, se dispuso correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir concepto respectivamente, oportunidad en la cual, se pronunció el extremo demandado, reiterando los argumentos de la alzada9, además de indicar que, la inexis tencia de

Público para alegar de conclusión y emitir concepto respectivamente, oportunidad en la cual, se pronunció el extremo demandado, reiterando los argumentos de la alzada9, además de indicar que, la inexis tencia de disponibilidad presupuestal no invalida el reconocimiento de un derecho, como lo era la reclasificación de un cargo, toda vez que, una vez estructurado, la entidad deb ía adelantar y tramitar las acciones necesarias para su pago, máxime si se revisara el presupuesto municipal, se encuentra que la partida de gastos de personal es global y con cargo a la misma, a partir del cual, la administración cubre todos los gastos de personal, incluidos los contratos de prestación de servicios, por lo tanto, no podía manifestarse la falta de recursos para la reclasificación.

Por su parte, la entidad demandante , insistió en los motivos de la demanda10.

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal es competente para conocer del recurso de alzada interpuesto en contra de la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa.

Sin e mbargo, el trámite del recurso de apelación limita el pronunciamiento de la segunda instancia exclusivamente sobre lo que es materia de impugnación, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por expresa remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico

7 Índice N° 10 páginas 493-494 /Samai 8 Índice N° 10 páginas 498-499 /Samai 9 Índice N° 10 páginas 502-514 /Samai

2. Problema jurídico

7 Índice N° 10 páginas 493-494 /Samai 8 Índice N° 10 páginas 498-499 /Samai 9 Índice N° 10 páginas 502-514 /Samai 10 Índice N° 10 páginas 515-517 /SamaiRadicado: 2016-00480 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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En los términos del recurso de apelación interpuesto por el extremo demandado, el objeto de debate se centra en establecer , si era procedente la reclasificación del cargo de la señora Liliana Caicedo Calderón.

3. Análisis Jurídico.

Para dar respuesta al problema jurídico y para soportar la decisión judicial que más adelante se tomará, se procede a estudiar los argumentos, jurídicos, fácticos y probatorios de la siguiente manera:

3.1 Sobre la modificación en las plantas de personal de la administración municipal

En lo que atañe a la modificación de las plantas de personal en la administración municipal, el Consejo de Estado11 ha señalado: “(…) Ahora bien, el proceso de reestructuración de las plantas de personal en la rama administrativa se encuentra compuesto por una serie de etapas que son necesarias para su prosperidad y que comienzan con la elaboración del estudio técnico, luego, la propuesta de modificación de la pl anta de personal, el concepto técnico favorable y el concepto de viabilidad presupuestal. En relación con los estudios técnicos, tanto el Artículo 41 de la Ley 443 de 199828 como el Artículo 148 del Decreto 1572 de 199829 y los Artículos 7° y 9°

concepto técnico favorable y el concepto de viabilidad presupuestal. En relación con los estudios técnicos, tanto el Artículo 41 de la Ley 443 de 199828 como el Artículo 148 del Decreto 1572 de 199829 y los Artículos 7° y 9° del Decret o 2504 de 1998 30, establecen que cuando de la modificación de cualquier planta de personal se trate, la misma debe estar precedida por estudio técnico que la justifique, que debe fundamentarse en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la administración, dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general, con el análisis de aspectos tales como los procesos técnicomisionales y de apoyo, la evaluación de la prestación de l os servicios y, la evaluación de las funciones asignadas, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleados.

Debe tenerse en cuenta que, con posterioridad a la normativa antes citada en la jurisprudencia del Alto Tribunal, se expidió la Ley 909 de 200412, que en su artículo 46 modificado por el artículo 228 del Decreto 19 de 2012, señaló:

"Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificacio nes o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología

así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal.

Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de

11 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B” Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00590-00(1643-15) 12 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposicionesRadicado: 2016-00480 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

8 Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, deberá ser aprobada el Departamento Administrativo de la Función Pública."

Por su parte el Decreto reglamentario 1227 de 2005 de la Ley 909 de 2004 en sus artículos 95, 96 y 97 estableció:

ARTÍCULO 95. Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en ra zones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo

entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en ra zones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.

PARÁGRAFO. Toda modificación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.

ARTÍCULO 96. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de:

96.1. Fusión, supresión o escisión de entidades. 96.2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad. 96.3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. 96.4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones. 96.5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de servicios 96.6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 96.7. Introducción de cambios tecnológicos. 96.8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad. 96.9. Racionalización del gasto público.

cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad. 96.9. Racionalización del gasto público. 96.10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, ef iciencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

PARÁGRAFO 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad. proporcionalidad y prevalencia del interés general.

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales.

TÍCULO 97. Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas empleos deberán basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos:

97.1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.Radicado: 2016-00480 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

9 97.2. Evaluación de la prestación de los servicios. 97.3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos."

De lo anterior se colige que las modificaciones en la planta de personal de la administración municipal del orden nacional o territorial, debe soportarse en estudios técnicos, donde se evidencia que la modificación de cargos, se hace por la necesidad del servicio o por la modernización de la planta de personal y tiene como finalidad el mejoramient o del

de la administración municipal del orden nacional o territorial, debe soportarse en estudios técnicos, donde se evidencia que la modificación de cargos, se hace por la necesidad del servicio o por la modernización de la planta de personal y tiene como finalidad el mejoramient o del servicio, aprovechamiento de recursos o la racionalización de los mismos.

Sobre las facultades de los concejos y alcaldes municipales

El artículo 313 de la Constitución Política, le asignó a los Concejos Municipales, las siguientes funciones:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.

3. Autorizar al alcalde para celebrar cont ratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públi cos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.

(…)

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. (...)

Por su parte el artículo 315 de la Carta Política, les asignó a los alcaldes, las funciones:

1. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

Por su parte el artículo 315 de la Carta Política, les asignó a los alcaldes, las funciones:

1. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenan