TA PUT - Sentencia 86001-33-33-002-2022-00162-01 (12-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA DE DECISIÓN

1 Mocoa, doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: Marco Antonio Muñoz Mera

RADICACIÓN: 86001333300220220016201

DEMANDANTE: MARIO ANDRÉS ZAMBRANO TAPIA

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Y OTROS

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO-LABORAL

Tema: - Sanción moratoria docente

SENTENCIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), la Sala Plena de esta Corporación, mediante Acuerdo No. 0003 del 2 de septiembre de 2024, estableció un orden temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. Para el efecto, priorizó, entre otros, los procesos cuya solución implique la aplicación de sentencias de unificación o de jurisprudenc ia reiterada del Consejo de Estado, como ocurre en este caso en el que se controvierte el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías de los docentes, asunto que fue objeto de unificación en la sentencia SUJ-012S2 de 18 de agosto de 2018.

En virtud de lo anterior , la Sala de Decisión, dentro del término de Ley, procede a decidir lo que en derecho corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandada - Departamento del Putumay o-,

En virtud de lo anterior , la Sala de Decisión, dentro del término de Ley, procede a decidir lo que en derecho corresponda frente a la apelación presentada por la parte demandada - Departamento del Putumay o-, contra la sentencia de 30 de agosto de 2024, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, que resolvió1

“(…) PRIMERO. - DECLARAR la Nulidad del Oficio No. 20211074264811 de fecha 20 de diciembre de 2021, proferido por la Fiducia ria la Previsora S.A., a través del cual dio respuesta negativa al derecho de petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 del 2006, radicado ante La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el día 15 de octubre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. -DECLARAR la Nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 15 de enero de 2022, por el departamento del Putumayo, al dar respuesta negativa de forma ficta al derecho de petición radicado el 15 de octubre de 2021, ante la Entidad, en donde se solicitó el pago de la Sanción Moratoria establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006 por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido.

1 Índice N° 03, redirecciona a índice N° 04 SamaiRadicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

2

motiva del presente proveido.

1 Índice N° 03, redirecciona a índice N° 04 SamaiRadicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

2 TERCERO. -DECLARAR la Nulidad del Oficio No. 20211074264811 de fecha 20 de diciembre de 2021, a través del cual la Fiduciaria La Previsora S.A. da respuesta en forma negativa al derecho de petición radicado el día 15 de octubre de 2021, tendiente al reconocimiento y pago en favor del señor MARIO ANDRÉS ZAMBRANO TAPIA respecto de la sanción moratoria contemplada en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

CUARTO. - DECLARAR la Nulidad del acto ficto negativo originado en el silencio administrativo, configurado el día 15 de enero de 2021, por medio del cual la Gobernacion del Putumayo negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías de que trata la ley 244 de 1995 modificada por la ley 1071 de 2006, al señor MARIO ANDRES ZAMBRANO TAPIA. por las razones expuestas en la parte motiva del presente.

QUINTO. - A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a al DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, a que reconozca, liquide y pague al señor MARIO ANDRÉS ZAMBRANO TAPIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 860 59728, la sanción moratoria, correspondiente a la suma resultante de los días en que la

al señor MARIO ANDRÉS ZAMBRANO TAPIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 860 59728, la sanción moratoria, correspondiente a la suma resultante de los días en que la demandada incurrió en mora, esto es, desde el desde el 15 de julio de 2021, hasta el día 10 de septiembre de 2021 . La condena implica el reconocimiento y pago de un día de salario - vigente para la época de causación, es decir para el año 2021 - por cada día de retardo dentro del transcurso de la mora.

SEXTO. - La accionada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y deberá reconocer intereses sobre los valores adeudados, si a ello hubiere lugar, en la forma prevista en el artículo 192 ibídem, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas.

QUINTO. - NO CONDENAR en costas y agencias en derecho al FONDO NACIONAL DE PREST MAGISTERIO - (DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO), parte vencida dentro del presente litigio (sic)”

I. ANTECEDENTES

1.1 Síntesis de la demanda2

Con la demanda se pretende i) la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 20211074264811 del 20 diciembre de 2021, por medio de la cual el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A, neg aron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria al demandante y ii) la declaratoria de nulidad del acto ficto o

diciembre de 2021, por medio de la cual el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A, neg aron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria al demandante y ii) la declaratoria de nulidad del acto ficto o presunto configurado el 15 de enero de 2022, sobre la petición radicada el 15 de octubre de 2021, por medio del cual Departamento del

2 Índice N° 03 redirecciona a índice N°3 / Archivo N° 01/SamaiRadicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

3 Putumayo, igualmente, dio respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, en favor del demandante, contemplada en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a las entidades demandadas a reconocer y pagar la sanción moratoria, establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006, por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido mediante resolución No. 2082 de 04 de mayo de 2021, desde el 15 de julio de 2021 hasta el 29 de septiembre de 2021. Finalmente, pidió la actualización de los valores reclamados y la condena en costas.

1.2 Hechos3

Las pretensiones, tuvieron, en resumen, el siguiente fundamento fáctico:

1. El 05 de abril de 2021, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía derecho.

2. Mediante Resolución No 2082 de 04 de mayo de 2021, la Nación1. El 05 de abril de 2021, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía derecho.

2. Mediante Resolución No 2082 de 04 de mayo de 2021, la NaciónMinisterio de Educación -FNPSM, le reconoció y ordenó el pago de las cesantías.

3. El 29 de septiembre de 2021, se pagaron las cesantías.

4. El 15 de octubre de 2021, radicó petición ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FNPSM el Departamento del Putumayo y la Fiduprevisora, solicitando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

5. Mediante oficio PUT2021EE030702 de 15 de octubre de 2021 , la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FNPSM-, remitió la solicitud a la Fiduciaria S.A, por razones de competencia.

6. El Departamento del Putumayo guardo silencio, frente a la aludida solicitud, mientras que, la Fiduprevisora SA, negó la petición, a través del oficio No. 20211074264811 de 20 de diciembre de 2021.

1.3 Intervención de los demandados:

1.3.1 Fiduprevisora S.A.4.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que la Fiduprevisora al actuar en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no en posición propia, no está llamada a asumir una eventual condena.

Propuso la excepción de cobro de lo no debido, indicando que, en su

Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no en posición propia, no está llamada a asumir una eventual condena.

Propuso la excepción de cobro de lo no debido, indicando que, en su calidad de administradora y vocera del FOMAG, efectuó el pago dentro de los términos establecidos en la ley.

3 Índice N° 03 redirecciona a índice N°3 / Archivo N° 01/Samai 4 Índice N° 03 redirecciona a índice N°3 / Archivo N° 06/SamaiRadicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

4 Adicionalmente, señaló que, al no haberse demostrado la existencia de una obligación incumplida ni la configuración de mora en el pago de la prestación reclamada por la parte actora, el reconocimiento de las pretensiones daría lugar a un enriquecimiento sin justa causa en favor del demandante, lo que a su vez generaría un detrimento patrimonial al Estado, toda vez que se verían comprometidos recursos públicos.

Recalcó que, en su condición de entidad financiera, su participación se limita a la realización del pago ordenado, pero no le corresponde asumir la responsabilidad derivada de la sanción moratoria establecida en la Ley 1955 de 2019, la cual recae en las entidades territoriales , por lo cual, propuso el medio exceptivo de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Finalmente, indicó que el demandante no demostró ni explicó con claridad desde cuándo las entidades presuntamente incurrieron en la falta que originó su reclamación, pues se limitó a hacer una referencia general del

pasiva.

Finalmente, indicó que el demandante no demostró ni explicó con claridad desde cuándo las entidades presuntamente incurrieron en la falta que originó su reclamación, pues se limitó a hacer una referencia general del plazo legal para el pago de las cesantías, sin precisar en qué momento específico se habría configurado la supuesta tardanza que sustenta su pretensión.

1.3.3 Departamento del Putumayo5.

Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, considerando que no es la entidad llamada a responder por la sanción moratoria, comoquiera que, es la Fiduciaria, como entidad encargada del manejo y administración de los recursos de FOMAG, la responsable de efectuar el pago de las prestaciones sociales a sus beneficiarios, por ende, señaló que debía declararse la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3.2 Ministerio de Educación Nacional – FNPSM6

Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, aduciendo que conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , únicamente están destinados al pago de prestaciones sociales a favor de sus afiliados, docentes, pensionados y beneficiarios, y aquellos recursos no pueden destinarse al pago de indemnizaciones económicas, ya sea por vía judicial o administrativa.

Adicionalmente, dijo que, en virtud del artículo ibidem, a partir del año 2020, la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías , recae en las entidades territoriales. En

Adicionalmente, dijo que, en virtud del artículo ibidem, a partir del año 2020, la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías , recae en las entidades territoriales. En consecuencia, no habría lugar a condenar al FOMAG, configurándose así una falta de legitimación en la causa por pasiva.

Indicó, además que, de acuerdo con pronunciamientos jurisprudenciales, la indexación en el marco del pago de la sanción moratoria agrava considerablemente la situación financiera de la administración, toda vez que este emolumento no solo contempla la actualización monetaria al momento del pago, sino que incluso supera el valor originalmente adeudado, imponiendo una carga desproporcionada para la administración.

5 Índice N° 03 redirecciona a índice N°3 / Archivo N° 08/ Samai 6 Índice N° 03 redirecciona a índice N°3 / Archivo N° 09/ SamaiRadicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

5

Asociado a lo expuesto, a gregó que, en el presente caso, no existen valores pendientes por parte de la administración que den lugar a ajustes económicos.

Finalmente, afirmó también que, el derecho de petición no fue dirigido a la administración y que uno de los requisitos formales de la demanda es la individualización del acto administrativo cuya nulidad se pretende.

1.4 La sentencia apelada7

El juzgado de primera instancia consideró procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, al encontrarse

la individualización del acto administrativo cuya nulidad se pretende.

1.4 La sentencia apelada7

El juzgado de primera instancia consideró procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, al encontrarse acreditado que se causó un periodo de mora de 55 días en el pago de las cesantías parciales a las que tenía derecho el demandante, esto es, desde el 15 de julio de 2021 al 10 de septiembre de 2021. Obligación debía ser asumida por el Departamento del Putumayo, en tanto fue la entidad que generó la tarda nza en el pago de la prestación , pues expidió el acto administrativo, de forma tardía.

Así mismo, indicó que, para efectos del cálculo de la sanción moratoria, al tratarse de una reclamación por el pago de cesantías parciales, debe tomarse como base la asignación básica mensual vigente al momento en que se causó la obligación, es decir, la correspondiente al año 2021.

Negó la indexación del valor solicitado, al concluir que la sanción moratoria constituye una penalidad de carácter económico, no obstante, ordenó que la suma total adeudada por este concepto sea ajustada conforme a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Dijo que, al radicarse la reclamación administrativa tendiente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, en un término inferior a 3 años a la fecha que se hizo exigible la obligación, el pago de lo solicitado a través del presente medio de control procedía.

Puntualizo que, el demandante es beneficiario del régimen retroactivo el cual se liquida co n el último salario devengado , por ende, no seria

a través del presente medio de control procedía.

Puntualizo que, el demandante es beneficiario del régimen retroactivo el cual se liquida co n el último salario devengado , por ende, no seria considerable aplicar la sanción contenida en la Ley 50 de 1990.

Finalmente, negó la condena en costas.

1.5 El recurso de apelaciónDepartamento del Putumayo8

Dijo que, no es la entidad competente, ni el llamado a responder por la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, comoquiera que, no se demostró efectivamente que la entidad territorial omitió actuar conforme a su competencia , de modo que, las entidades llamadas a responder por las reclamaciones administrativas son únicamente el FOMAG y la Fiduprevisora.

Manifestó que, el A quo, omitió realizar un estudio detallado de los antecedentes facticos de las actuaciones administrativas , comoquiera que, la solicitud para el reconocimiento de cesantías, se radicó el 5 de

7 Índice N° 03, redirecciona a índice N° 04 samai 8 Índice N° 03, redirecciona a índice N° 06 samaiRadicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

6 abril de 2021, la resolución que reconoció las mismas se expidió el 4 de mayo de 2021, la cual, fue notificada el 29 de junio de 2021.

Señaló que, en vigencia de la Ley 1955 de 2019, a partir del año 2020 el pago por concepto de sanción moratoria debía ser pagada por la entidad

Señaló que, en vigencia de la Ley 1955 de 2019, a partir del año 2020 el pago por concepto de sanción moratoria debía ser pagada por la entidad que incurriera en mora por su gestión, sin embargo, el articulo 324 de la ley 2294 de 2023, en su parágrafo transitorio refirió que, las sanciones moratorias que se causen antes de diciembre del año 2022 están a cargo del FOMAG.

1.7 Sobre la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No. PCSJA2312125 del 19 de diciembre de 2023 dispuso la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo y el Distrito Judicial Administrativo del Putumayo, conformado por el Circuito Judicial Administrativo de Mocoa, que comprende territorialmente a todos los municipios del departamento del Putumayo.

1.8 Actuación en segunda instancia

Con auto de 27 de noviembre de 20249 se admitió el recurso de apelación por haber sido sustentado en término.

Así mismo, dentro del lapso comprendido entre la notificación del auto que concede la apelación y la ejecutoria del que admitió el trámite en segunda instancia, los sujetos procesales no se pronunciaron , respecto del recurso de apelación interpuesto por el Departamento del Putumayo, conforme a lo regulado en el numeral 3 del artículo 247 de la 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la ley 2080 de 2021.

De otra parte, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado p or artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió del traslado para alegatos de conclusión.

De otra parte, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado p or artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió del traslado para alegatos de conclusión.

En virtud del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación, el 14 de mayo de 2025, dictó auto de mejor proveer 10, con el fin de esclarecer algunos puntos del recurso de apelación.

1.9 Concepto Ministerio Público

La delegada del Ministerio Público ante esta Corporación, se abstuvo de rendir concepto11.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal es competente para conocer el recurso de alzada interpuesto por el Departamento del Putumayo, en contra de la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa.

9 Índice N° 05/ Samai 10 Índice N° 13/ Samai 11 Índice N° 10/ SamaiRadicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

7

Sin embargo, el trámite del recurso de apelación limita el pronunciamiento de la segunda instancia exclusivamente sobre lo que es materia de impugnación, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por expresa remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico

Según el recurso de apelación interpuesto por el Departamento del Putumayo, el objeto de debate se centra en establecer si el A quo realizó

2. Problema jurídico

Según el recurso de apelación interpuesto por el Departamento del Putumayo, el objeto de debate se centra en establecer si el A quo realizó una correcta contabilización de la m ora causada al demandante, por el pago tardío de sus cesantías, y cuál es la entidad responsable en asumirla; adicionalmente, se debe determinar, si resulta la aplicación al caso concreto, del artículo 324 de la Ley 2294 de 2023 , que modificó el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

3. Respuesta al problema jurídico

El Tribunal modificará la decisión de primera instancia, toda vez que, s i bien se halló acreditada la sanción moratoria, con cargo al Departamento del Putumayo - Secretaría de Educación Departamentalpero en 73 días calendario y no en 55 como lo señaló el A quo, los cuales se causaron, al haberse notificado el acto administrativo, fuera de los términos previstos en la Ley.

Igualmente, advierte la Sala que, el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, no le es aplicable al caso , comoquiera que la solicitud de sanción moratoria fue presentada antes de su entrada en vigencia y, conforme al principio de irretroactividad de la ley , el asunto debe gobernarse al amparo de la Ley 1955 de 2019 , la cual establece que, la entidad que incumpla con los plazos previstos en la Ley y genere l a tardanza en el pago de las cesantías , es quien deberá asumir la condena por sanción moratoria, que para el caso, como ya se dijo, se trata del Departamento del Putumayo.

4. Análisis Jurídico.

pago de las cesantías , es quien deberá asumir la condena por sanción moratoria, que para el caso, como ya se dijo, se trata del Departamento del Putumayo.

4. Análisis Jurídico.

Para soportar la decisión judicial que más adelante se tomará, se procede a estudiar los argumentos, jurídicos, facticos y probatorios de la siguiente manera:

4.1 Régimen legal y jurisprudencial de la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los docentes oficiales.

Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentran cobijados por un régimen especial contenido en Ley 91 de 1989, disposición que en su artículo 15 regula lo concerniente al pago de las cesantías, así:

"Artículo 15: (...) 3°. Cesantías.

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sidoRadicado: 2022-00162

Nulidad y restablecimiento del derecho

8 modificado en los últimos tres meses, o en ca so contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 10 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 10 de enero de 1990, el Fondo

1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 10 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán somet idas a las normas generales v i g e n t e s para los empleados públicos del orden nacional".

Como se evidencia, la citada disposición nada establece frente a la sanción por la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías.

Por su parte, la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, fijó los términos para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías de los servidores del sector público, y estableció las condiciones para tramitar la solicitud, el pago de la prestación y el reconocimiento de la sanción por pago tardío, veamos:

"ART. 4°-Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad

"ART. 4°-Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ART. 5-Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PAR. -En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivoRadicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

9

salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivoRadicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

9 el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este…” (Negrillas fuera del texto).

Del contenido de la norma transcrita, se evidencia que si bien el objeto de aquella fue regular el pago de las cesantías de los servidores públicos, el legislador n o especificó expresamente en su articulado si se encuentran comprendidos los docentes afiliados al FOMAG, situación que generó que el H. Consejo de Estado planteara posturas disímiles en lo concerniente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prev ista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, para los docentes oficiales.

Así, en algunas oportunidades la Corporación señaló que no existe razón alguna para excluir a los docentes del sector oficial del derecho al pago oportuno de las cesantías desarrollado en dicho precepto legal, al considerar que al igual que los demás servidores públicos comprendidos en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, estos son sujetos destinatarios de la sanción moratoria pre vista en dichas disposiciones a modo de correctivo represivo e inclusive preventivo,

en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, estos son sujetos destinatarios de la sanción moratoria pre vista en dichas disposiciones a modo de correctivo represivo e inclusive preventivo, dada la importancia de dicha prerrogativa laboral – cesantías-, así como en aras de materializar el derecho a la igualdad y el principio in dubio pro operario, previstos en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

Contrario a la anterior tesis, en algunos pronunciamientos la Alta Judicatura también indicó que no es jurídicamente viable aplicar la sanción moratoria aludida, en garantía del principio de unida d normativa, máxime cuando los docentes se encuentran regulados por un régimen especial previsto en las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, que disponen términos diversos al previsto en el sistema general, en la medida en que las normas aplicables de manera excepcional a los afiliados al FOMAG consagraron términos inclusive más extensos, y adicionalmente, el legislador no contempló en ellas, tal penalidad.

El Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018 12, indicó que dado que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público, en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función

oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público, en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos. Criterio que se asemeja a la posición adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-336 de 2017.

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. 18 de Julio de 2018. Rad. No.: 73001-23-33-000-2014-0058001(4961-15)Radicado: 2022-00162 Nulidad y restablecimiento del derecho

10 Por su parte, el Decreto 1272 de 2018 que modificó el Decreto 1075 de 2015, reafirmó la naturaleza y finalidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el trámite de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales en cabeza de la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

En la subsección 2 de la norma en cita bajo el título “Reconocimiento y Pago de las Prestaciones Económicas a Cargo Del Fondo Nacional de

pago de las prestaciones sociales en cabeza de la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

En la subsección 2 de la norma en cita bajo el título “Reconocimiento y Pago de las Prestaciones Económicas a Cargo Del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio” , se desarrolló el procedimiento interno de respuesta y gestión del pago de las cesantías solicitadas por el interesado, en los siguientes términos:

El artículo 2.4.4.2.3.2.22, respecto al término para resolver las solicitudes de cesantías estipula un término de 15 dias hábiles siguientes a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contados a partir de la radicación completa de la solicitud del interesado.

Luego, de expedido el acto administrativ