TA QUI - Sentencia 63-001-2333-000-2025-00094-00 (30-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO

SALA CUARTA DE DECISIÓN

M.P. LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN

Armenia, Quindío, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

ACCIÓN: DE CUMPLIMIENTO.

RADICACIÓN: 63-001-2333-000-2025-00094-00.

ACCIONANTES: JULIO NÉSTOR GÓMEZ RAMÍREZ Y OTROS.

ACCIONADO: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.– -

SAE.

INSTANCIA: PRIMERA.

ASUNTO: SENTENCIA.

Sentencia 013-001-2025

I. OBJETO DE DECISIÓN.

Agotadas las etapas previstas para la acción de cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o actos administrativos, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío procede a dictar en primera instancia la sentencia que en derecho corresponde.

II. ANTECEDENTES.

2.1. La Demanda1.

Julio Néstor Gómez Ramírez, Julio Néstor Gómez Orrego, Jorge Gómez Orrego, Adriana Gómez Orrego, Luz Patricia Gómez Orrego y Nathalie Jaramillo Azcárate actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de cumplimiento consagrada en el art. 87 de la Carta Política y reglamentada en la Ley 393 del 17 de enero de 1997, promovieron demanda en contra de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S -en adelante SAEpretendiendo, de un lado, la declaratoria de procedencia del

enero de 1997, promovieron demanda en contra de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S -en adelante SAEpretendiendo, de un lado, la declaratoria de procedencia del trámite y, del otro, ordenar a la entidad accionada dar cumplimiento inmediato a la Resolución de fecha 27 de enero de 2025, por medio de la cual, la Fiscalía Séptima Seccional de Extinción de Dominio profirió orden de archivo respecto de un proceso de extinción de dominio y a su vez, levantó las medidas cautelares impuestas con antelación sobre los inmuebles y sociedades comerciales allí referenciados, 18 de los cuales, eran de su propiedad.

2.1.1. Hechos.

Al interior del escrito introductorio, se expusieron los siguientes fundamentos fácticos:

§ La Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Séptima Seccional de Extinción de Dominio, mediante Resolución del 27 de enero de 2025 expedida al interior del proceso con radicación 110016099067202400229, decidió archivar la acción de extinción del derecho de dominio respecto de 43 bienes, de los cuales 18 eran objeto de la adenda, detallando a continuación con la matrícula inmobiliaria cuáles eran de propiedad de cada uno de los accionantes.

§ El 17 de febrero de 2025 la Fiscalía Séptima Seccional de Extinción de Dominio, como consecuencia de la expedición de dicho acto, profirió el oficio con radicación 10255400013791 dirigido a la SAE, con asunto “levanta medidas cautelares de embargo y secuestro”, en el que le solicitó disponer la entrega de los bienes que fueron objeto de archivo y se encontraban afectados con la medida desde el 01

10255400013791 dirigido a la SAE, con asunto “levanta medidas cautelares de embargo y secuestro”, en el que le solicitó disponer la entrega de los bienes que fueron objeto de archivo y se encontraban afectados con la medida desde el 01 de junio de 2005, dentro de los cuales se enlistaron los 18 bienes de propiedad

1 SAMAI Índice 00003 – Tribunal.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO.

ACCIÓN: DE CUMPLIMIENTO.

RADICACIÓN: 63-001-2333-000-2025-00094-00.

ACCIONANTES: JULIO NESTOR GÓMEZ RAMÍREZ Y OTROS.

DEMANDADO: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES-SAS. ___________________________________________________________________________

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de los actores; tal oficio fue comunicado electrónicamente a la SAE al día siguiente, por lo que resultaba de obligatorio cumplimiento.

§ La SAE fue informada por la propia Fiscalía de la decisión adoptada y en razón a ello, le correspondía cumplir con lo ordenado y proceder a la entrega inmediata de los inmuebles a sus legítimos propietarios, como quiera que habían transcurrido más de 7 meses desde el momento en que fue notificada del levantamiento de las medidas cautelares y en total 20 años desde que los bienes se afectaron, lo cual devenía en que la SAE estuviera ejerciendo una indebida administración al no estar legitimada para ello.

§ Los accionantes se habían dirigido en varias oportunidades a la SAE para reclamar la entrega de sus propiedades, en algunas ocasiones no obtuvieron respuesta y en otras, la entidad afirmó “estar inmersa en una maraña de trámites administrativos (…)” que en todo caso los actores no estaban en la obligación de

reclamar la entrega de sus propiedades, en algunas ocasiones no obtuvieron respuesta y en otras, la entidad afirmó “estar inmersa en una maraña de trámites administrativos (…)” que en todo caso los actores no estaban en la obligación de soportar.

§ La SAE no solo había sido negligente, sino que omitió el cumplimiento de la orden, vulnerando así los derechos de acceso a la administración de justicia, al uso y goce de la propiedad privada legítimamente adquirida y el derecho colectivo de los ciudadanos tendiente a que se cumplieran las normas y actos administrativos, haciendo más “gravosa, dispendiosa y humillante la situación”.

§ Recabó en que el acto incumplido, correspondía a la Resolución proferida por la Fiscalía Séptima Seccional de Extinción de Dominio, de fecha 27 de enero de 2025, la cual ordenó el archivo de la acción de extinción del derecho de dominio y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas sobre los inmuebles allí referenciados, órdenes que resultaban de obligatorio cumplimiento en virtud de lo dispuesto en el art. 192 de la Ley 1708 de 2014 y los arts. 87 de la Constitución y 8° de la Ley 393 de 1997.

2.2. Trámite.

Surtido el reparto2 respectivo, el conocimiento del asunto fue asignado al suscrito Magistrado y el 17 de septiembre de 2025 la Secretaría de la Corporación3 lo ingresó al Despacho para impartir el trámite correspondiente.

Luego, a través de auto del 22 de septiembre hogaño4, con fundamento en las previsiones del art. 10 de la Ley 393 de 19975 se inadmitió la adenda con miras a que

al Despacho para impartir el trámite correspondiente.

Luego, a través de auto del 22 de septiembre hogaño4, con fundamento en las previsiones del art. 10 de la Ley 393 de 19975 se inadmitió la adenda con miras a que se: i.) indicara el lugar de residencia de los demandantes, ii.) aportara la constitución en renuencia generada por la señora Luz Patricia Gómez Orrego y, iii.) enviara por medio electrónico la demanda y sus anexos tanto a la entidad accionada como al Ministerio Público, siguiendo lo reglado en el numeral 86 del art. 162 del CPACA 2 SAMAI Índice 00003 Archivo 2.ActaDeRepartoDe 1ª DelTribunal(.pdf) NroActua 2– Tribunal. 3 SAMAI Índice 00005 – Tribunal. 4 SAMAI Índice 00006 – Tribunal. 5 “(…) ARTICULO 10. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. La solicitud deberá contener:

1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción.

2. La determinación de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido. Si la Acción recae sobre Acto Administrativo, deberá adjuntarse copia del mismo. Tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia.

3. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento.

4. Determinación de la autoridad o particular incumplido.

5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del inciso segundo del artículo 8º de la presente Ley, y que consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva.

6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer.

consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva.

6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer.

7. La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.

PARAGRAFO. La solicitud también podrá ser presentada en forma verbal cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, sea menor de edad o se encuentre en situación de extrema urgencia. (…)”. 6 ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: 8. <Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO.

ACCIÓN: DE CUMPLIMIENTO.

RADICACIÓN: 63-001-2333-000-2025-00094-00.

la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO.

ACCIÓN: DE CUMPLIMIENTO.

RADICACIÓN: 63-001-2333-000-2025-00094-00.

ACCIONANTES: JULIO NESTOR GÓMEZ RAMÍREZ Y OTROS.

DEMANDADO: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES-SAS. ___________________________________________________________________________

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modificado por el art. 35 de la Ley 2080 de 2021; para sanear los defectos anotados, se concedió a la parte actora el término de 02 días.

De manera oportuna7, el extremo interesado allegó escrito de subsanación8, contentivo de información atinente a la residencia de los accionantes, que para todos corresponde al Departamento del Quindío (municipios de Armenia y Calarcá); en cuanto a la constitución en renuencia faltante, remitió solicitud radicada por la señora Luz Patricia Gómez Orrego ante la SAE, con fecha 31 de julio de 2025 y asunto “entregar de manera inmediata y material los inmuebles de propiedad de Luz Patricia Gómez Orrego, inmueble matrícula 280-156128”, así como constancia de haber enviado la demanda, sus anexos y el escrito de subsanación tanto a la SAE como al Ministerio Público.

Mediante providencia del 01 de octubre de 20259, se admitió el libelo en contra de la SAE, corriéndole traslado por el término de 03 días para que ejerciera su derecho de defensa y solicitara o allegara las pruebas que pretendiera hacer valer en el trámite; según se verifica en el proceso la SAE guardó silencio y el Ministerio Público no

defensa y solicitara o allegara las pruebas que pretendiera hacer valer en el trámite; según se verifica en el proceso la SAE guardó silencio y el Ministerio Público no se pronunció.

Posteriormente, el 17 de octubre del año que avanza10 se dictó auto de pruebas, por medio del cual se incorporaron como tal las aportadas por la parte actora con el escrito introductorio y la subsanación, tras advertir que el extremo pasivo y el Ministerio Público no intervinieron en el trámite, dando por clausurado el período probatorio. El proceso ingresó el 21 de octubre de los corrientes 11 al Despacho para proferir sentencia.

III. CONSIDERACIONES.

3.1. Competencia para conocer de la acción de cumplimiento y dictar sentencia.

El art. 3°12 de la Ley 393 de 1997 preceptúa que “de las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo”. (Resaltado fuera del texto original). A su turno, el numeral 1413 del art. 152 del CPACA, preceptúa que los Tribunales Administrativo en primera instancia conocerán de los procesos relativos al cumplimiento de normas con fuerza de Ley o actos administrativos que se dirijan en contra de autoridades del orden nacional o las personas privadas de ese mismo ámbito que desempeñen funciones administrativas.

Sobre el particular, el Consejo de Estado se ha pronunciado indicando:

“(…) En relación con (sic) las acción de cumplimiento, es importante precisar que la Ley

personas privadas de ese mismo ámbito que desempeñen funciones administrativas.

Sobre el particular, el Consejo de Estado se ha pronunciado indicando:

“(…) En relación con (sic) las acción de cumplimiento, es importante precisar que la Ley 1395 de 2010 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPCA-, fijaron una regla de competencia funcional para indicar el juez al cual le corresponde su conocimiento en atención a la autoridad a la que se le solicita la observancia de la ley o acto administrativo. En ese orden de ideas, a los jueces administrativos les corresponde en primera instancia conocer de los asuntos dirigidos contra autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local; y por 7 Según se observa en constancia secretarial del 26 de septiembre de 2025 (SAMAI Índice 00011 – Tribunal), el auto que inadmitió la demanda se notificó por estado el 23 de septiembre de 2025, por ende, el término para subsanar transcurrió los días 24 y 25 de septiembre; la parte actora, allegó escrito de subsanación el 25 de septiembre de 2025 (SAMAI Índice 00010 – Tribunal 8 SAMAI Índice 00010 – Tribunal. 9 SAMAI Índice 00012 – Tribunal. 10 SAMAI Índice 00019 – Tribunal. 11 SAMAI Índice 00023 – Tribunal. 12 Artículo 3.-Competencia. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.

conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo. Parágrafo.- Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria. 13 ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. (…).TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO.

ACCIÓN: DE CUMPLIMIENTO.

RADICACIÓN: 63-001-2333-000-2025-00094-00.

ACCIONANTES: JULIO NESTOR GÓMEZ RAMÍREZ Y OTROS.

DEMANDADO: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES-SAS. ___________________________________________________________________________

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su parte, a los tribunales se les asignó el conocimiento en primer grado, cuando la

DEMANDADO: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES-SAS. ___________________________________________________________________________

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su parte, a los tribunales se les asignó el conocimiento en primer grado, cuando la acción se dirige contra autoridades del orden nacional. Respecto de la regla de competencia territorial no se presentaron modificaciones, por lo que se conservó lo previsto en el artículo 3 de la Ley 393 de 1997 que indica que se debe presentar en el domicilio del accionante. (…)”14 (Resaltado fuera del texto original).

En ese sentido, emerge que como en el caso examinado, la acción de cumplimiento se dirige contra la SAE, a tono con lo definido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 1700 del 16 de octubre 2024 15, la misma “es una sociedad organizada como Sociedad por Acciones Simplificada, comercial, de economía mixta, del orden nacional, autorizada por la ley, de naturaleza única; descentralizada por servicios, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (…) conformada por un 99,9% de capital estatal y un 0,1% de capital privado, aunado a que “de conformidad con lo dispuesto en el literal f) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de 199816 la SAE forma parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En consecuencia, desde el punto de vista orgánico, dicha entidad tiene naturaleza pública, independientemente de su régimen jurídico”, y bajo ese entendido, se colige que como se está demandando a una entidad del orden nacional y además, la residencia de la totalidad de los demandantes se encuentra en el Departamento del Quindío, la competencia para conocer del trámite recae en este Tribunal.

está demandando a una entidad del orden nacional y además, la residencia de la totalidad de los demandantes se encuentra en el Departamento del Quindío, la competencia para conocer del trámite recae en este Tribunal.

Para el efecto, se resalta además que según las limitaciones impuestas por la Corte Constitucional sobre la materia17, los Jueces Civiles conocerían de este tipo de acciones solamente en los eventos en que se pretendiera el cumplimiento de leyes o actos administrativos relacionados con Planes de Ordenamiento Territorial y usos del suelo por parte de entidades públicas o particulares en ejercicio de funciones administrativas.

Superado lo anterior, se tiene que el art. 3018 de la Ley 393 de 1997 -norma especialdispone que, en los aspectos no regulados allí, se debe dar aplicación al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACAen lo que sea compatible con la naturaleza de las acciones de cumplimiento, motivo por el cual, conforme al el numeral 219 del art. 125 del CPACA, la Sala Cuarta de Decisión de este Tribunal, es competente para para proferir en primera instancia la sentencia que en derecho corresponde en este asunto.

3.2. Legitimación en la causa y oportunidad de la demanda.

Al tenor de lo dispuesto en los arts. 420 y 821 de la Ley 393 de 1997, los presupuestos de legitimación en la causa por activa y por pasiva se acredita n, por cuanto la titularidad de las acciones de cumplimiento se encuentra en cabeza de cualquier persona, y en el caso particular, los actores están representados en debida forma mediante apoderado22; de igual modo, reclaman el cumplimiento de una resolución proferida por una autoridad que a su juicio trae implícito un deber respecto de la SAE,

persona, y en el caso particular, los actores están representados en debida forma mediante apoderado22; de igual modo, reclaman el cumplimiento de una resolución proferida por una autoridad que a su juicio trae implícito un deber respecto de la SAE, 14 Consejo de Estado, sentencia del 12 de junio de 2014, actor: Comisión Colombiana de Juristas, accionado: Presidencia de la República y otro, proceso con radicación No. 25000-23-41-000-2014-00118-01(ACU). 15 Sala Plena de la Corte Constitucional Auto 1700 del 16 de octubre 2024, expediente CJU-5690, por medio del cual se resolvió un conflicto negativo e competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio y el Juzgado 4 Civil del Circuito de la misma ciudad 16 Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. “Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: […] f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta”. 17 Ver Autos 951 de 2021 y 442 de 2023 proferidos por la Corte Constitucional, en los cuales, la Corporación grosso modo

concluyó que “(…)En virtud del principio de especialidad y según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 388 de 1997, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer de una acción cumplimiento cuando se pretenda el cumplimiento de leyes o actos administrativos relacionados con planes de ordenamiento territorial y usos del suelo por parte de entidades públicas o particulares en ejercicio de función administrativa.(…)”. 18 Artículo 30.- Remisión. En los aspectos no contemplados en esta Ley se seguirá el Código Contencioso Administrativo en lo que sea compatible con la naturaleza de las Acciones de Cumplimiento. 19 ARTÍCULO 125. DE LA EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021.

El nuevo texto es el siguiente: > La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…). 20 Artículo 4.-Titulares de la Acción. Cualquier persona podrá ejercer Acción de Cumplimiento frente a normas con fuerza material de Ley o Actos Administrativos. (…) 21 Procedibilidad. La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. (…) 22 SAMAI Índice 000 04 Archivos 5.DocumentosDelApoderadoAccionantes(.pdf) NroActua 4 y

4.PoderesIntegrantesParteDemandante(.pdf) NroActua 4TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO.

ACCIÓN: DE CUMPLIMIENTO.

RADICACIÓN: 63-001-2333-000-2025-00094-00.

ACCIONANTES: JULIO NESTOR GÓMEZ RAMÍREZ Y OTROS.

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entidad que se itera, es de naturaleza pública independientemente de su régimen jurídico.

En cuanto a la oportunidad de la acción, se observa que con ocasión a lo dispuesto en el art. 723 ibidem y el numeral 1º, literal e) del art. 16424 del CPACA, la misma puede interponerse en cualquier tiempo.

3.3. Problema Jurídico y metodología para solucionarlo.

Le corresponde a la Sala Cuarta de Decisión de esta Corporación determinar concretamente si: ¿la acción de la referencia resulta procedente para obtener el cumplimiento de la Resolución de fecha 27 de enero de 2025, proferida por la Fiscalía Séptima Seccional de Extinción de Dominio, mediante la cual, entre otras cosas se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas sobre los inmuebles allí referenciados, generando a cargo de la SAE la obligación de efectuar su entrega material, al fungir como depositaria de los bienes o haberes sometidos a extinción de dominio?

Para dar solución al problema jurídico planteado se acudirá a la regulación jurisprudencial y normativa relacionada con la acción de cumplimiento, el tipo de actos que profiere la Fiscalía General de la Nación y sus Fiscales delegados, así como a la

Para dar solución al problema jurídico planteado se acudirá a la regulación jurisprudencial y normativa relacionada con la acción de cumplimiento, el tipo de actos que profiere la Fiscalía General de la Nación y sus Fiscales delegados, así como a la naturaleza de las actuaciones que se adelantan en los procesos de extinción de dominio.

3.4. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío declarará la improcedencia de la acción de cumplimiento, porque con la misma no se está persiguiendo el cumplimiento de un acto administrativo sino de una providencia judicial.

El art. 8725 Superior contempla que toda persona tiene la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo, precepto constitucional que fue reproducido en el art. 1° de la Ley 393 de 199726 y posteriormente, en el art. 14627 del CPACA.

En armonía con lo descrito, los arts. 8 y 9 de la citada Ley 393 de 1997, por medio de la cual se reglamenta el procedimiento aplicable a las acciones de cumplimiento, dispuso en lo pertinente que, la misma sería improcedente cuando:

“(…) Artículo 8º.- Procedibilidad. La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. (…)

También procederá para el cumplimiento de normas con fuerza de Ley y Actos

Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. (…)

También procederá para el cumplimiento de normas con fuerza de Ley y Actos Administrativos, lo cual no excluirá el ejercicio de la acción popular para la reparación del derecho.

(…)

Artículo 9º.- Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela. 23 Artículo 7.-Caducidad. Por regla general, la Acción de Cumplimiento podrá ejercitarse en cualquier tiempo y la sentencia que ponga fin al proceso hará tránsito a cosa juzgada, cuando el deber omitido fuere de aquellos en los cuales la facultad de la autoridad renuente se agota con la ejecución del primer acto. Pero si el deber omitido fuere de aquellos cuyo cumplimiento pueda demandarse simultáneamente ante varias autoridades o en diferentes oportunidades en el tiempo, podrá volver a intentarse sin limitación alguna. Sin embargo será improcedente por los mismos hechos que ya hubieren sido decididos y en el ámbito de competencia de la misma autoridad. 24 ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: (…) f) En los demás casos expresamente establecidos en la ley. 25 “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”. 26 Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política. 27 ARTÍCULO 146. CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Toda persona podrá acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previa constitución de renuencia, para hacer efectivo el cumplimiento de cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO.

ACCIÓN: DE CUMPLIMIENTO.

RADICACIÓN: 63-001-2333-000-2025-00094-00.

ACCIONANTES: JULIO NESTOR GÓMEZ RAMÍREZ Y OTROS.

DEMANDADO: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES-SAS. ___________________________________________________________________________

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Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante.

Parágrafo. - La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos. (…)” (Resaltado fuera del texto original).

Corolario de lo anterior, se infiere que la acción de cumplimiento es el mecanismo con el que cuentan los ciudadanos para materializar los mandatos contenidos en Leyes o

de normas que establezcan gastos. (…)” (Resaltado fuera del texto original).

Corolario de lo anterior, se infiere que la acción de cumplimiento es el mecanismo con el que cuentan los ciudadanos para materializar los mandatos contenidos en Leyes o actos administrativos y al ser de origen constitucional, goza de un trámite especial, preferente y tiene un carácter subsidiario28; en ese sentido, el legislador estableció una serie de requisitos cuyo acatamiento determina la procedibilidad o prosperidad de las pretensiones elevadas a través de dicha acción constitucional, temática que fue abordada por el Consejo de Estado29, señalando que:

“(…) Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

1. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)30.

1. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.

1. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º).

El artículo 8° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”

El artículo 8° señal