TA SAN - Auto 686793333002-2005-01835-02 (08-09-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo de Santander

Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez

Auto que revoca el que negó el decreto de prueba testimonial Bucaramanga, ocho (8) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante E.S.E. Hospital San Antonio de Puente Nacional juridico@esesanantoniopuentenacionalsantander.gov. co carlosguasca66@gmail.com Demandadas Nelly Ovalle de Mosquera, identificada con C.C. No. 28.306.640 ovallenelly1@gmail.com saidsarmientoabogado@gmail.com

María Mercedes González de Aguilera Luz María Francelina Argüellez Gabrielina Pardo de Masmela Olimpia Aguilera Pardo Rosa Elena Molano de Suarez abogadojosetorres@gmail.com

Dora Linda Núñez Blanca Gloria Martínez Parra Marlene Ovalle Roncancio Flor Mari González López Glas.elyza@gmail.com

Mary de los Dolores Ortiz Prieto, Cecilia Inés Rodríguez de Quitian, María Consuelo Cifuentes Mejía, Leonor Ardila Ovalle, Mariela Córdoba de Garzón Clara Susana Rodríguez de Gerena. fredyalejo30@hotmail.com

Gloria Nelly Puentes de Ariza Ministerio público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 judicial II para asuntos administrativos xmora@procuraduria.gov.co; Radicado y link de

fredyalejo30@hotmail.com

Gloria Nelly Puentes de Ariza Ministerio público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 judicial II para asuntos administrativos xmora@procuraduria.gov.co; Radicado y link de expediente 686793333002-2005-01835-02 Tema Prueba testimonial. En virtud del principio de libertad probatoria, las partes pueden emplear cualquier medio de prueba legalmente permitido para acreditar los hechos que sustentan su posición. Se revoca auto que rechaza su decreto. Corresponde al Despacho resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la demandada, Nelly Ovalle de Mosquera, contra el auto proferido el 10 de abril deRadicado: 686793333002-2005-01835-02

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: E.S.E. Hospital San Antonio de Puente Nacional

Demandados: Nelly Ovalle de Mosquera

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, mediante el cual se negó el decreto de unos testimonios. I.Antecedentes

A. La providencia apelada1

En auto del 10 de abril de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil negó la práctica de los testimonios solicitados por la señora Nelly Ovalle de Mosquera, consistentes en las declaraciones de las señoras Helena Velazco de A riza, Elsa María Parra y Gabrielina Pardo de Masmela. A juicio del a quo, la prueba conducente e idónea para acreditar los periodos laborados

Mosquera, consistentes en las declaraciones de las señoras Helena Velazco de A riza, Elsa María Parra y Gabrielina Pardo de Masmela. A juicio del a quo, la prueba conducente e idónea para acreditar los periodos laborados por la demandada con anterioridad a 1977 es la certificación laboral expedida por la entidad demandante, y no la p rueba testimonial solicitada. Por lo anterior, requirió a la demandante para que allegara la certificación.

B. La apelación2

La demandada Nelly Ovalle solicita que se revoque el auto. Reconoce que la prueba idónea para acredita r los tiempos de servicio es la documental, no obstante, sostiene que, con el fin de esclarecer los hechos relacionados con el reconocimiento pensional, estos también se pueden demostrar mediante la recepción de testimonio. Afirma que las declaraciones son relevantes para su defensa, pues el Hospital expone de manera equivocada las fechas de los extremos de la relación laboral, las cuales resultan determinantes para el reconocimiento de la prestación. Agrega que la demandante induce a error al juez al señalar una fecha distinta de aqu ella en la que realmente laboró. II.Consideraciones

A. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto que negó el decreto de una prueba es procedente teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 181 del

CCA3.

B. Acerca de la competencia De conformidad con el artículo 133 del CCA4, el Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de los autos dictados en primera instancia por los juzgados administrativos de su distrito.

1 Expediente en Samái. Documento: 19AUTOQUEDECRET_20050183500AUTODECRE(.pdf)

segunda instancia de las apelaciones de los autos dictados en primera instancia por los juzgados administrativos de su distrito.

1 Expediente en Samái. Documento: 19AUTOQUEDECRET_20050183500AUTODECRE(.pdf) 2 Expediente en Samái. Documento: 20_MemorialWeb_Recurso(.pdf) 3 “ARTÍCULO 181. Modificado por el art. 57, Ley 446 de 1998 Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, s egún el caso; o por los jueces administrativos. (…)

8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica. 4 ARTÍCULO 133. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia:

1. De las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las ape laciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.»Radicado: 686793333002-2005-01835-02

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C. Problema jurídico y su resolución ¿Se deben decretar los testimonios solicitados por la demandada, Nelly Ovalle,

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C. Problema jurídico y su resolución ¿Se deben decretar los testimonios solicitados por la demandada, Nelly Ovalle, para que declaren sobre los periodos en que laboró para la demandante?

Tesis: sí Fundamento: El principio de libertad probatoria faculta a las partes a emplear cualquier medio de prueba permitido por la ley, siempre que sea pertinente, conducente y útil. En este caso, la demandada rechaza la afirmación de la parte actora sobre los periodos en que lab oró, y pretende demostrar un tiempo distinto al certificado por su empleadora mediante la recepción de los testimonios de las personas que conocieron directamente la prestación de servicios.

Los testimonios resultan conducentes porque la ley autoriza este medio de prueba para acreditar hechos controvertidos. En particular, no existe disposición legal que restrinja la demostración de las labores de un trabajador únicamente a la certificación de servicios, menos aun cuando lo cuestionado es precisamente la v eracidad de dicha certificación. Además, los testimonios s on pertinentes, pues se refieren a un punto central del litigio como es la determinación de los periodos laborados, asunto relevante para establecer el cumplimiento de los requisitos pensionales ; y son útiles, en la medida en que pueden aportar elementos de juicio para esclarecer la verdad sobre los extremos temporales de la relación laboral. Negar la práctica de estas declaraciones implicaría restringir el derecho de defensa de la demandada, y equivaldría a un prejuzgamiento, al asumir que la única prueba válida es la aportada por la contraparte , sin permitir a la demandada controvertirla con sus propios medios de prueba.

la demandada, y equivaldría a un prejuzgamiento, al asumir que la única prueba válida es la aportada por la contraparte , sin permitir a la demandada controvertirla con sus propios medios de prueba. En consecuencia, los testimonios solicitados cumplen los criterios legales y deben ser decretados, sin perjuicio de la valoración que corresponda al juez hacer de ellos en la sentencia.

D. Marco jurídico El artículo 175 del CPC5, aplicable por remisión expresa del artículo 168 del CCA, reconoce como medios de prueba la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros y los documentos, entre otros, para formar el convencimiento del juez sobre los hechos materia de discusión.

A su turno, el artículo 178 ibidem 6, dispone que « las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas». En este marco, u na prueba es conducente cuando la ley la a utoriza para acreditar determinado hecho, pertinente cuando guarda relación directa o indirecta con el objeto del litigio y es útil si aporta información relevante para esclarecer los hechos

5 Artículo 175.Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

6 Artículo 178.Rechazo in limine. Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las leg almente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas .Radicado: 686793333002-2005-01835-02

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander controvertidos, es decir, que el hecho no esté lo suficientemente acreditado con otra prueba7. En virtud de lo anterior, el juez debe hacer una valoración de las pruebas solicitadas por los sujetos procesales a fin de establecer si estas son útiles, pertinentes y necesarias para resolver la controversia. En caso contrar io, deben ser rechazadas para evitar dilaciones injustificadas. Ahora bien, s obre el rechazo de la prueba testimonial para acreditar hechos que en materia laboral suelen constar en documentos, la jurisprudencia del Consejo de Estado8 ha advertido que, en ciertos casos, resulta procedente acudir a aquella . Para el alto tribunal no se puede exigir de manera rigurosa que un hecho se pruebe únicamente con documentos, porque estos pueden no existir por razones ajenas a la administración o al empleado. En esa línea, esa corporación ha enfatizado que, en casos excepcionales en los que se presenta una carencia absoluta de prueba documental para acreditar el tiempo de servicio, es viable acudir a la prueba testimonial con dicho propósito.

empleado. En esa línea, esa corporación ha enfatizado que, en casos excepcionales en los que se presenta una carencia absoluta de prueba documental para acreditar el tiempo de servicio, es viable acudir a la prueba testimonial con dicho propósito. No obstante, para este Despacho, dicha hipótesis no constituye la única excepción que habilita el uso de la prueba testimonial en materia laboral . También resulta admisible cuando, como en el presente asunto, posiblemente exista una certificación laboral que acredite los ti empos de servicios, sin embargo, su veracidad es controvertida por el trabajador al estimar que la entidad se equivoca con los extremos de la relación laboral. En tales circunstancias, la prueba testimonial se erige en un medio conducente, pertinente y útil para controvertir las afirmaciones de la demandante y, al mismo tiempo, confrontar el contenido del documento que ésta aporte, en virtud del principio de libertad probatoria, el cual faculta a las partes a emplear cualquier medio de prueba legalmente permitido para acreditar los hechos que sustentan su posición. La actividad probatoria en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se rige por el principio de libertad probatoria 9 que establece que, salvo las excepciones expresamente señaladas por la ley, las partes pueden presentar cualquier medio de prueba que consideren pertinente, conducente y útil. A su turno, el juez puede apreciar libremente dichas pruebas, a partir de una valoración racional y de acuerdo con la sana crítica10. Además, el rechazo de una prueba está sometido a las causales expresamente previstas por el legislador, conforme al principio de taxatividad. En consecuencia, el juez no puede excluir de la valoración probatoria un medio de prueba oportunamente solicitado o

crítica10. Además, el rechazo de una prueba está sometido a las causales expresamente previstas por el legislador, conforme al principio de taxatividad. En consecuencia, el juez no puede excluir de la valoración probatoria un medio de prueba oportunamente solicitado o aportado con fundamento en criterios distintos a los expresamente previstos en la ley,

7 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2013, M.P: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, rad: 15001-23-31-000-2010-0093302(19227) y Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de enero de 2013, M.P: Gustavo Eduardo Gomez Aranguren, rad: 25000 -23-25-0002007-01109-02(1732-10) 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de julio de 2018, C.P Rafael Francisco Suarez Vargas, Rad. 68001-23-33-0002013-00156-01(0581-14) y Subsección B, sentencia del 15 de abril de 2004, C.P: Tarsicio Cáceres Toro, rad: 73001 -23-31-000-1996-14450-01 9 Se emplea el término «principio» para respetar el lenguaje utilizado por la jurisprudencia; sin embargo, debe aclararse que la libertad probatoria es en realidad una regla, dado que sus supuestos de aplicación y consecuencias están claramente definidos y no dependen de una pond eración en la que eventualmente sea limitado o sacrificado para proteger principios contrarios. 10 Se entiende por sana critica el método racional de valoración probatoria a partir de las reglas de la lógica, la experiencia y la ciencia. Su aplicación

eventualmente sea limitado o sacrificado para proteger principios contrarios. 10 Se entiende por sana critica el método racional de valoración probatoria a partir de las reglas de la lógica, la experiencia y la ciencia. Su aplicación en los procesos que se adelantan en esta jurisdicción se fundamenta en el art. 176 del CGP. La norma dispone: ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidad es prescritas en la ley sustanci al para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.Radicado: 686793333002-2005-01835-02

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander como lo sería una apreciación basada en lo que usualmente ocurre en determinados procesos. A partir de las anteriores reglas que regulan la materia, el Consejo de Estado11 ha precisado el alcance del principio de libertad probatoria en los siguientes términos: Ahora bien, respecto a la figura de la libertad probatoria, cualquier medio de prueba debe ser empleado para acreditar hechos y circunstancias que sean objeto de debate en los mismos, siempre que se respeten las garantías constitucionales y se cumplan los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad del medio de prueba (…). Esta Corporación ha sostenido respecto al principio de libertad probatoria, lo siguiente:

siempre que se respeten las garantías constitucionales y se cumplan los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad del medio de prueba (…). Esta Corporación ha sostenido respecto al principio de libertad probatoria, lo siguiente: “la parte está autorizada a hacer uso de cualquiera de los medios de prueba previstos en dicha normativa e incluso, de cualquier otro innominado que tenga la potencialidad de dar fe sobre el acaecimiento del hecho . Sin embargo, en algunas ocasio nes, para privilegiar derechos o intereses superiores, la ley prohíbe el uso de algunos de ellos dentro de determinados procesos judiciales”12. Por lo tanto, el anterior planteamiento le permite al juez de lo contencioso administrativo, siguiendo los parámetros de la sana crítica, en los cuales “se conjugan “las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” 13; tener la libertad de evaluar las pruebas que se alleguen al proceso judicial, y que busquen acreditar cada situación en particular (…). En virtud del principio de libertad probatoria, corresponde al juez analizar si los medios de prueba allegados al proceso, cualquiera que sea su naturaleza, permiten acreditar de manera suficiente los hechos objeto de debate.

E. Análisis del caso En el presente caso, la parte demandante solicita la nulidad de las resoluciones que reconocieron la pensión a las demandadas y, en consecuencia, la reliquidación de la prestación para que se ajuste a la Constitución y a la ley.

En cuanto a la señora Nelly Ovall e, se afirma que su vínculo laboral con la entidad se extendió del 1 de enero de 1995 al 31 de marzo de 2000. No obstante, la demandada

En cuanto a la señora Nelly Ovall e, se afirma que su vínculo laboral con la entidad se extendió del 1 de enero de 1995 al 31 de marzo de 2000. No obstante, la demandada sostiene que laboró durante un periodo distinto, lo cual pretende demostrar con los testimonios de las señoras Helena Velazco de Ariza, Elsa María Parra y Gabrielina Pardo de Masmela. Expone que ellas pueden declarar sobre el tiempo que realmente trabajó con el Hospital San Antonio de Puente Nacional, hecho determinante para el reconocimiento de la pensión. La prueba testim onial solicitada reúne los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad. Es conducente, porque la prueba testimonial no está prohibida por la ley. No existe una disposición que excluya la posibilidad de que un testigo declare sobre el tiempo efectivamente trabajado cuando la parte demandada controvierte precisamente la versión presentada por la contraparte. Es pertinente, en tanto guarda relación directa con el objeto del proceso, pues busca contrastar la veracidad de los hechos narrados en la demanda y la certificación laboral

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de julio de 2021, c.p. MILTON CHAVES GARCÍA, Rad. 11001-0315-000-2018-01569-01(PI) 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de febrero de 2016, rad, 2010 - 00099 - 02. M.P. Danilo Rojas Betancourth

13 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique; Lecciones de Derecho Procesal – Tomo 3 Pruebas Civiles; segunda edición; Bogotá D.C., Escuela de Actualización Jurídica, 2018, pág. 308Radicado: 686793333002-2005-01835-02

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander expedida por la empleadora. Su finalidad es esclarecer el tiempo real de servicios prestados por la señora Nelly, aspecto que se discute en este proceso y sobre el que se fundamenta la tesis de la defensa. Es útil, porq ue puede aportar elementos de juicio para esclarecer si existe una discrepancia entre lo certificado por la entidad y lo afirmado por la demandada . De este modo, el juez podrá valorar integralmente la prueba documental junto con la testimonial, para determinar, en el fallo, no antes, si aquella corresponde o no a la realidad fáctica del vínculo laboral. Los testimonios, en este contexto, constituyen un medio probatorio idóneo para contrastar la información documental y garantizar el esclarecimiento de los hechos relacionados con los extremos temporales de la relación laboral, los cuales son determinantes para el reconocimiento de la prestación pensional. Negar su práctica equivaldría a restringir el derecho de defensa de la demandada , pues se le impediría controvertir la prueba documental allegada por su contraparte. Además, el rechazo de pruebas está sometido al principio de taxatividad, de manera que

equivaldría a restringir el derecho de defensa de la demandada , pues se le impediría controvertir la prueba documental allegada por su contraparte. Además, el rechazo de pruebas está sometido al principio de taxatividad, de manera que el juez no puede excluir de la valoración probatoria un medio oportunamente solicitado con base en cri terios distintos a los expresamente previstos en la ley. En este caso, la negativa a decretar la prueba testimonial no se sustentó en una prohibición legal expresa, sino en una apreciación genérica según la cual los tiempos de servicio únicamente se pueden acreditar con documentos . Tal criterio desconoce el principio de libertad probatoria y vulnera el derecho a probar que le asiste a las partes, como componente del derecho fundamental al debido proceso. Asimismo, r echazar la prueba testimonial en estas condiciones equivale a hacer un prejuzgamiento. Desde el inicio del proceso se le estaría diciendo a la parte que la única prueba válida es la aportada por la contraparte, frustrando así sus expectativas legítimas de demostrar con sus propios medios la veracidad de sus argumentos, en este caso, los extremos de la relación laboral para efectos pensionales. Lo anterior no supone, en manera alguna, anticipar la valoración que de los testimonios deberá hacer el juez en la sentencia. Es en ese momento procesal en el que el juez hará una valoración integral de las pruebas documentales y testimoniales que hayan sido practicadas en el proceso, a la luz de los principios de la sana crítica. Por las anteriores razones, se revocará el auto recurrido y, en su lugar, se decretará la práctica de los testimonios. En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

Por las anteriores razones, se revocará el auto recurrido y, en su lugar, se decretará la práctica de los testimonios. En mérito de lo expuesto, el Despacho RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 10 de abril de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, mediante el cual se negó el decreto de unos testimonios.

SEGUNDO: DECRETAR como prueba los testimonios de las señoras Helena Velazco de Ariza, Elsa María Parra y Gabrielina Pardo de Masmela, solicitados oportunamente por la parte demandada Nelly Ovalle de Mosquera.Radicado: 686793333002-2005-01835-02

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Demandante: E.S.E. Hospital San Antonio de Puente Nacional

Demandados: Nelly Ovalle de Mosquera

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, previas las constancias de rigor en el sistema de gestión judicial SAMAI.

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