TA VAL - Sentencia 11001-03-15-000-2024-05318-01 (14-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: KATIA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ GARCÉS

RADICACIÓN: 76001-33-33-011-2018-00213-00

DEMANDANTE: Nelson Ricardo Cañón Aramendez pa.le.ro39@hotmail.com

DEMANDADO: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

(Casur) judiciales@casur.gov.co Claudia.caballero803@casur.gov.co claudiacaballero86@hotmail.com MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho TEMA: Reconocimiento de asignación de retiro personal del nivel ejecutivo ASUNTO: Sentencia de reemplazo

Sentencia No.29

CUESTION PREVIA

Con la presente providencia, se procede a dictar nuevamente s entencia de segunda instancia dentro del presente asunto, en reemplazo de la sentencia del trece de septiembre de 2024, en cumplimiento de la s entencia de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Luís Eduardo Mesa Nieves, del 30 de enero de 2025 , notificada el 11 de febrero de 2025, dentro de la acción de Tutela, con radicado 11001-03-15-000-2024-05318-01, en la que se consideró que el caso del demandante debía haberse estudiado bajo las normas que regulan el reconocimiento de la asignación de retiro para los

dentro de la acción de Tutela, con radicado 11001-03-15-000-2024-05318-01, en la que se consideró que el caso del demandante debía haberse estudiado bajo las normas que regulan el reconocimiento de la asignación de retiro para los oficiales, esto es, el Decreto 1212 de 1990.OBJETO DE LA DECISIÓN

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2020, por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. E -00003-201813885-CASUR ID.342518 de fecha 17 de julio de 2018, suscrito por el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por medio de la cual se niega el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, el reconocimiento y pago a favor del señor NELSON RICARDO CAÑÓN ARAMÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.398.032, la asignación de retiro en la cuantía y con las partidas a que hace referencia el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, a partir del 30 de abril de 2015, acorde con lo expuesto en esta providencia.

cuantía y con las partidas a que hace referencia el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, a partir del 30 de abril de 2015, acorde con lo expuesto en esta providencia.

De igual manera, ORDENAR a la CA JA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL reconozca el tiempo del servicio militar obligatorio prestado por el señor NELSON RICARDO CAÑÓN ARAMÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.398.032, a efectos del reconocimiento y pago de la asigna ción de retiro ordenada en este proveído.

TERCERO: Las sumas que resulten de la condena anterior, se indexarán de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia, en la forma que se indica en la parte motiva de esta providencia y devengarán intereses moratorios a partir de dicho momento, siguiendo las indicaciones del artículo 192 del CPACA.

QUINTO: ORDENAR dar cumplimiento a esta providencia con observancia a lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada y a favor del demandante; en consecuencia se FIJA como agencias en derecho a favor de la parte demandante el 4% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia.

SÉPTIMO: LIQUIDAR los gastos del proceso en firme esta providencia, devolver los remanentes si los hubiere y archivar las diligencias, previas las anotaciones respectivas en el programa Justicia XXI.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.1.- Las pretensiones

Mediante escrito radicado el 24 agosto de 2018 el accionante1 formuló

respectivas en el programa Justicia XXI.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.1.- Las pretensiones

Mediante escrito radicado el 24 agosto de 2018 el accionante1 formuló demanda por conducto de apoderado judicial en la que solicitó:

• Se declare la nulidad del Oficio E-00003201813885-CASUR ID.342518 del 17 de julio de 2018, con el que la Dirección General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó el reconocimiento y pago de la asignación mensual de retiro al demandante.

-A título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la entidad demandada realizar el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al demandante en calidad de intendente retirado y así mismo le sean pagadas las sumas dejadas de percibir por concepto de las primas y demás emolumentos e incrementos legales, desde el 30 de abril de 2015, fecha en que se le retiró del servicio activo y hasta cuando le sea reconocida la asignación de retiro mencionada.

-Finalmente, solicitó se condene a la demandada a que cumpla la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y a pagar las costas del proceso.

1.2.- Los hechos

En síntesis, son los siguientes:

-El demandante se vinculó a la Policía Nacional desde el 19 de enero de 1999 y allí permaneció hasta el 30 de abril de 2015 , fecha esta última en que le fue notificada la Resolución 457 del 17 de marzo de 2015 con la que fue retirado del servicio por destitución; lapso que constituyó un tiempo de servicios de: 16 años, 4 meses y 18 días.

notificada la Resolución 457 del 17 de marzo de 2015 con la que fue retirado del servicio por destitución; lapso que constituyó un tiempo de servicios de: 16 años, 4 meses y 18 días.

-Manifiesta que, debido al tiempo laborado elevó derecho de petición ante la demandada con la que solicitó el reconocimiento de una asignación mensual

1 Nelson Ricardo Cañón Aramendez.de retiro, la cual fue denegada mediante el Oficio E-00003201813885-CASUR ID.342518 del 17 de julio de 2018.

-Considera que con la negativa del reconocimiento pensional a su favor, la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.

1.3. Fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de la violación

La parte actora invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 21, 25, 29, 42, 48, 53, 83, 121, 122, 123, 124, 125, 209, 211, 218, 222, 238 y 278 de la Constitución Política; Decreto 1091 de 1995, Ley 923 de 2004, artículos 2 y 3, Decreto 4433 de 2004, artículos 1, 2 y 14 parágrafo , Decreto Ley 1212 de 1990, Decreto 262, artículo 47, Decreto 1157 de 2004 y Ley 153 de 1887, artículos 12 y ss.

Consideró que la entidad demandada desconoció el precedente jurisprudencial para el personal del nivel ejecutivo, vinculado antes del 31 de diciembre de 2004, según el cual , los tiempos que se deben tener en cuenta

ss.

Consideró que la entidad demandada desconoció el precedente jurisprudencial para el personal del nivel ejecutivo, vinculado antes del 31 de diciembre de 2004, según el cual , los tiempos que se deben tener en cuenta para acceder a la asignación de retiro, así como en aplicación del principio de favorabilidad, son los establecidos en el Decreto 1212 de 1990 y no lo consagrado en el Decreto 754 de 2019.

Adujo que se desconoció la Ley 923 de 2004, al haber aumentado el tiempo de servicio que debía ser acreditado por el personal vinculado, que fueron retirados por mala conducta o destitución, ya que pasó de 15 años de servicios a 20 años, a fin de acceder al reconocimiento de su asignación de retiro.

2.- La contestación de la demanda

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se opuso a todas y cada una de las pretensiones incoadas , ya que considera que al demandante nunca le fueron modificadas sus condiciones para aspirar a una asignación de retiro, ya que su caso debía regirse por la normatividad que regulaba al nivel ejecutivo dela Policía Nacional , esto es, el Decreto 1858 de 2012, según el cual el demandante debía haber acreditado un tiempo de servicios de 20 años y solo demostró haber estado vinculado a la fuerza policial, 15 años, 4 meses y 18 días, por lo que no podía serle reconocida la asignación de retiro solicitada.

Formuló las excepciones de carencia del derecho que se reclama y sostenibilidad económica.

En audiencia inicial del 12 de marzo de 2020, el a quo celebró audiencia inicial en la que fijó el litigio, incorporó las pruebas documentales aportadas por las

sostenibilidad económica.

En audiencia inicial del 12 de marzo de 2020, el a quo celebró audiencia inicial en la que fijó el litigio, incorporó las pruebas documentales aportadas por las partes, las partes presentaro n sus alegatos de conclusión de conclusión de forma oral y se ordenó proferir sentencia dentro de los 10 días siguientes.

3.- La sentencia recurrida

El J uzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali accedió a las pretensiones al considerar que el demandante tenía derecho a que se le estudiara su caso con base en lo establecido en el Decreto 1212 de 1990, al ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 3º de la Ley 923 de 2004, según el cual, procedía el reconocimiento a su fav or de una asignación mensual de retiro con ocasión de su salida de la Policía Nacional en razón de la causal de destitución, siempre que acreditara contar con más de 15 años de servicios a la Policía Nacional, lo que sí fue demostrado por el demandante con las pruebas allegadas al plenario.

4.-El recurso de apelación

En oposición a la anterior decisión, la apoderada de la parte demandada interpuso recurso de apelación y sustentó su inconformidad en que para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro le era exigible la acreditación de 20 o 25 años de servicios, como quiera que su situación se hallaba regulada por lo establecido en los Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012 que así lo establecen para la causal de retiro de destitución, que

hallaba regulada por lo establecido en los Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012 que así lo establecen para la causal de retiro de destitución, que fue aquella con base en la cual salió del servicio de la Policía Nacional.En consecuencia, debe descartarse que su situación pensional se encontrara regulada por los Decretos 1212 y 1213 de 1990, que solo exigían acreditar un tiempo de servicios de 15 años, como erróneamente lo consideró el a quo en el presente caso y por lo tanto solicita se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.

6.- Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 21 de abril de 2021 fijó como fecha para celebrar la audiencia de conciliación del artículo 192 del CPACA, el 30 de abril de 2021, la cual fue declarada fallida y concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación incoado por el apoderado de la parte demandada.

El mencionado recurso fue admitido el 4 de noviembre de 2021 , en el que además se informó a las partes que podían pronunciarse dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de dicho proveído y el Ministerio Público podría conceptuar dentro de los diez días al vencimiento del término anterior; términos en los que las partes y el Ministerio Público guardaron silencio2.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Según el artículo 153 del CPACA, esta Corporación tiene competencia para conocer en segunda instancia el proceso. Conforme al artículo 320 del Código General del Proceso, el análisis se limitará a las razones de inconformidad

1. Competencia

Según el artículo 153 del CPACA, esta Corporación tiene competencia para conocer en segunda instancia el proceso. Conforme al artículo 320 del Código General del Proceso, el análisis se limitará a las razones de inconformidad presentadas por la parte demandada en contra de la decisión de primera instancia.

2. Validez de la prueba recaudada

2 Samai, anotación 10.El material probatorio presentado con la demanda y el auto de pruebas fue sometido a contradicción entre las partes y será valorado bajo el principio de comunidad de la prueba, las reglas de sana crítica, lógica y experiencia. Esto se alinea con la providencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2013 3, que otorga valor a las pruebas documentales no cuestionadas en su veracidad tras el proceso de contradicción, respetando la buena fe y la lealtad procesal.

3. Problema jurídico

La Sala debe establecer, si el señor Nelson Ricardo Cañón Aramendez en su calidad de capitán retirado de la Policía Nacional tiene derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro en aplicación del régimen de transición contemplado en el artículo 3º, ordinal 3.1 de la Ley 923 de 2004 y con ello, de las previsiones del Decreto 1212 de 1990 o si por el contrario, su situación se encuentra regulada por el Decreto 754 de 2019, por el cual se fijó el régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004.

4. Tesis de la Sala

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia ya que por encontrarse el

que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004.

4. Tesis de la Sala

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia ya que por encontrarse el demandante en servicio activo de la Policía Nacional para el 31 de diciembre de 2004, fecha de entrada en vi gencia de la Ley 923 de 2004, a la luz de la jurisprudencia administrativa reciente, debía considerarse beneficiario del régimen de transición contenido en dicha norma y en consecuencia, al remitir este a lo dispuesto en la normativa anterior, esto es, el Decreto 1212 de 1990, debía acreditar la prestación de 15 años de servicios a la entidad para acceder al reconocimiento de la asignación mensual de retiro, los que probó con holgura puesto que laboró para la accionada por espacio de 16 años, 4 meses y 18 días.

5. Marco normativo y jurisprudencial

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente: 05001-2331-000-1996-00659-01 (25.022), C.P.: Enrique Gil Botero.Para soportar la decisión se abordarán las siguientes temáticas: i) marco normativo y jurisprudencial de la asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional y ii) el caso concreto.

5.1. Marco normativo y jurisprudencial de la asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional

En primer lugar, se tiene que el Decreto 1212 de 1990, con el que se reformó el Estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, estableció en su artículo 144, los requisitos para acceder al reconocimiento de la

En primer lugar, se tiene que el Decreto 1212 de 1990, con el que se reformó el Estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, estableció en su artículo 144, los requisitos para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro en los siguientes términos:

Artículo 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada , o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se re tiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equ ivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.

Parágrafo 1. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio,

Parágrafo 1. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio, será equivalente al nov enta y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este Decreto.

Parágrafo 2 . Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, conti nuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.

Posteriormente se profirió la Ley 180 de 1995 que , amparada en facultades suficientes y necesarias, modificó el artículo 6º de la Ley 62 de 1993, consagrándose el nivel ejecutivo de la Policía Nacional como parte de la estructura de dicha Institución y en el parágra fo del artículo 7°, dispuso lo siguiente:La creación del nivel ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacio nal ingresen al nivel ejecutivo.

Por su parte, el Decreto 132 de 1995, «por el cual se desarrol la la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional» posibilitó que los agentes en servicio activo ingresaran al nivel ejecutivo 4, así como también dispuso su sujeción al régimen salarial y prestacional que para ellos fuera determinado por el Gobierno Nacional5.

La citada norma en el artículo 82 señaló: «el ingreso al nivel ejecutivo de la

sujeción al régimen salarial y prestacional que para ellos fuera determinado por el Gobierno Nacional5.

La citada norma en el artículo 82 señaló: «el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar, ni desmejorar, en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional», y a su vez dispuso en su artículo transitorio 1º, la incorporación automática del personal de agentes a dicho nivel, en los siguientes términos:

El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que se encontraba incorporado a la Policía Nacional, en el momento en que se declaró inexequible parcialmente el Decreto 41 de 1994, quedará automáticamente incorporado a la carrera que regula el presente Decreto, en el mismo grado, con la misma antigüedad que ostentaba, sin que para ello sea necesario ningún otro requisito y sin que se produzca solución de continuidad en la prestación del servicio policial para todos los efectos legales.

Como desarrollo de lo anterior, a través del Decreto 1091 de 1995 se expidió el régimen de asignaciones y prestaciones del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el cual reguló los salarios y prestaciones del personal perteneciente al referido nivel, y en su artículo 51 determ inó frente a la asignación de retiro lo siguiente:

Artículo 51. Asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo

terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 49 de este Decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas, en las siguientes condiciones:

4 Artículo 13. 5 Artículo 15.a) Al cumplir veinte (20) años de servicio y ser retirado por cualquiera de las siguientes causas:

1. Llamamiento a calificar servicio.

2. Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.

3. Por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial.

4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta (60) años de edad las mujeres.

b) Al cumplir veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o separado por cualquiera de las siguientes causas:

1. Por solicitud propia.

2. Por incapacidad profesional.

3. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.

4. Por conducta deficiente.

5. Por destitución.

6. Por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días.

7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 d el Decreto 132 de 1995.

Parágrafo. También tendrá derecho al pago de asignación mensual de retiro el

7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 d el Decreto 132 de 1995.

Parágrafo. También tendrá derecho al pago de asignación mensual de retiro el personal del nivel ejecutivo de que trata el literal b) de este artículo, cuando cumpla los siguientes requisitos:

1. Veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y

2. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta (50) años de edad las mujeres.

No obstante, el Consejo de Estado con sentencia del 14 de febrero de 20076, declaró la nulidad del referido artículo ya que no le era dado a l Gobierno Nacional modificar el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública al ser esta materia del resorte exclusivo del Legislador y, además, porque existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo. Lo que se explicó en profundidad en los siguientes términos:

(…) cuando se trate de regular prestaciones sociales que pretendan cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, como en este caso la

6 Sección Segunda, C.P. Alberto Arango Mantilla, radicación 11001-03-25-000-2004-0010901(1240-04).asignación de retiro , deberá tener en cuenta la ley marco, entre otros presupuestos, la edad, el tiempo de servicio, el monto, el ingreso base de liquidación (factores), régimen de transición y demás condiciones que aseguren el reconocimiento de dicha prestación, puesto que - se repite - existe una cláusula de reserva legal.

En esas condiciones, la regulación de tales presupuestos o requisitos no puede ser

liquidación (factores), régimen de transición y demás condiciones que aseguren el reconocimiento de dicha prestación, puesto que - se repite - existe una cláusula de reserva legal.

En esas condiciones, la regulación de tales presupuestos o requisitos no puede ser diferida o trasladada ni siquiera al legislador extraordinario, esto es, al Gobierno Nacional, como se señala en la cita da sentencia de la Corte Constitucional, y menos podría desarrollarse mediante decretos administrativos expedidos por el Ejecutivo con fundamento en una ley marco (Ley 4ª de 1992) que no podía habilitarlo para tal efecto.

Adicionalmente, dirá esta Sala q ue al regularse nuevas disposiciones en materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al Nivel Ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de quienes permanecieron como suboficia les o agentes en la Institución Policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición, se estarían desconociendo, asimismo, unos postulados constitucionales (arts. 13, 48 y 53) y legales (art. 7º - parágrafo - de la Ley 180 de 1995), que amparan y pr otegen de manera especial los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima . Si bien no existe derecho a un régimen prestacional inmodificable o que no pueda variarse, el ejercicio de un derecho adquirido sólo es dable exigirlo en la medida en que el mismo se haya causado, esto es, que haya ingresado al patrimonio de la persona exhibiendo un justo título. Pero, lo

inmodificable o que no pueda variarse, el ejercicio de un derecho adquirido sólo es dable exigirlo en la medida en que el mismo se haya causado, esto es, que haya ingresado al patrimonio de la persona exhibiendo un justo título. Pero, lo cierto es que en este particular ca so el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tantose repite - era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo.

Al desvirtuarse entonces, dentro de este proceso, la legalidad que amparaba la norma acusada - artículo 51 del Decreto 1091 de 1994 -, esta Sala procederá a retirarla del ordenamiento jurídico, por viol ar la Constitución Política y la Ley (… ) (negrilla por fuera del texto original).

Luego, el Legislador en ejercicio de las facultades otorgadas por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, profirió la Ley 923 de l 30 de diciembre de 2004 en la que se establecieron las pautas que debía aplicar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública y que específicamente en su artículo 2º dispuso lo siguiente:

Artículo 2. Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:

asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:

2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme adisposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de la misma.

[…]

2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adqu irido el derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal.

En el artículo 3º ibidem se establecieron los elementos mínimos del régimen pensional y de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, en los siguientes términos:

Artículo 3. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:

3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito

fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.

A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la f echa de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal (…).

Norma cuyas implicaciones explicó el Consejo de Estado en sentencia del 21 de enero de 20217, en los siguientes términos:

47. Del aparte en cita se destaca que a los miembros que se encuentren en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia la Ley 923 de 2004: (i) no se les exigirá un tiempo de servicio superior al establecido en las disposiciones anteriores, sin que pueda ser superior a 20 años de servicios cuando el retiro se produzca a solicitud propia, ni inferior a los 15 años de servicios cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal y (ii) se respetaron tiempos los mínimos y máximos previstos en el Decreto 1212 de 1990 para el reco nocimiento de la asignación de retiro.

7 Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado 63001-23-33-0002017-00469-01 (2349-2019).Ahora bien, la Ley 923 fue reglamentada por el Decreto 4433 de 2004, que en su artículo 25 frente a la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo dispuso lo siguiente:

Artículo 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional.

Los Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del servicio activo desp ués de veinte (20) años, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicit