TA VAL - Sentencia 17001-33-33-003-2021-00254-01 (28-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 043

Magistrado Ponente: GONZALO PERDOMO CABRERA

Radicación: 17001333300320210025401

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho laboral

Demandante: Armando Castrillón Grajales

Apoderado: Jorge Alberto Mejía Jiménez

jorgemejia_abogado@hotmail.com;

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Apoderada: Vanesa Patricia Daza Torres

vanesa.daza@fiscalia.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Ministerio Público: Procurador 136 Judicial II para Asuntos

Administrativos ochaves@procuraduria.gov.co; Asunto: Prima especial de servicios

Decide la Sala Transitoria el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia No. 288-2023 del 29 de septiembre de 2023 , por medio de la cual el Juzgado 403 Administrativo Transitorio del Circuito de Manizales accedió a las pretensiones de la demanda.

1.- ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento el derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el señor Armando Castrillón Grajales interpuso demanda, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

restablecimiento el derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el señor Armando Castrillón Grajales interpuso demanda, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.- Se inapliquen las siguientes normas: artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008, 4 del Decreto 722 de 2009, 8 del Decreto 1388 de 2010, 8 del Decreto 1039 de 2011, 8 del Decreto 0874 de 2012, 8 del Decreto 1024 de 2013 y 8 del Decreto 194 de 2014. Por cuanto establecieron cada año una prima especial no salarial equivalente al 30% de la remuneración básica mensual, que fue descontada de la remuneración mensual devengada por jueces y fiscales de la Rama Judicial y sobre la cual se liquidaron todas las prestaciones de dichos funcionarios en cada calenda.2

1.2.- Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo configurado frente a la petición elevada el 25 de enero de 2021.

1.3.- Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento de l derecho, se condene a la Nación – Fiscalía General de la Nación a: “…Reintegrar y pagar al [demandante] (…) el mayor valor a reliquidar y lo pagado a título de salario, bonificación por servicio, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, y demás emolumentos prestacionales desde el momento en que [el demandante] es Fiscal de la República de Colombia, hasta que permanezca vinculado a la Fiscalía General de la Nación,

auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, y demás emolumentos prestacionales desde el momento en que [el demandante] es Fiscal de la República de Colombia, hasta que permanezca vinculado a la Fiscalía General de la Nación, en dicho cargo, por tal m otivo, deberá reliquidar teniendo en cuenta como base la totalidad de la remuneración básica mensual de cada año y los demás factores salariales, esto sin deducir o descontar de esta remuneración el 30% - o más – por la denominada “prima especial” de servicios. (…) …Reintegrar [al demandante] la bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, y demás emolumentos prestacionales teniendo como base el 100% de la remuneración básica mensual de cada año y los demás factores salariales, sin deducir o descontar de esta remuneración el 30% - o más – por la denominada “prima especial” de servicios. (…) …Pagar la indexación monetaria de la mayor diferencia de los anteriores valores prestacionales y salariales re liquidados y dejados de percibir, de forma continua según el índice de Precios al Consumidor, desde el momento de su ingreso como Fiscal de la República hasta su pago total. (…) …Incluir en nómina y pagar a mi mandante la asignación básica mensual más la “prima especial” de servicios equivalente al treinta por ciento (30%) – o más – dejado de percibir por [el demandante], el cual tendrá efectos directos y consustanciales en las vacaciones, prestaciones sociales (bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses a

de percibir por [el demandante], el cual tendrá efectos directos y consustanciales en las vacaciones, prestaciones sociales (bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, y demás emolumentos prestacionales), Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y riesgos laborales) y demás acreencias laborales. (…) …Ajustar dichas sumas de conformidad con las normas adjetivas y sustancias del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo – Ley 1437 de 2011 – y demás preceptos jurídicos que tratan la materia. (…) …Se declare el pago de las costas y perjuicios que con ocasión de este proceso se generan y en favor del demandante. (Sic)”

2.- Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes HECHOS, en síntesis:

2.1.- El señor Armando C astrillón Grajales se encuentra vinculado a la Fiscalía3

General de la Nación, donde desempeña el cargo de fiscal delegado ante los jueces categoría circuito desde el 2 de diciembre de 1996 hasta la actualidad.

2.2.- Durante el tiempo de vinculación ha venido devengando además del salario una prima especial de servicios que se cancela mensualmente.

2.3.- El Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de abril de 2014 declaró la nulidad de los artículos consignados en varios decretos reglamentarios del emolumento, los que regularon la prima especial , al establecer que el 30% del salario corresponde a dicho rubro.

2.4.- El 25 de enero de 2021 elevó reclamación administrativa solicitando l a

emolumento, los que regularon la prima especial , al establecer que el 30% del salario corresponde a dicho rubro.

2.4.- El 25 de enero de 2021 elevó reclamación administrativa solicitando l a reliquidación de todas las prestaciones y factores salariales incluyendo el 30% de la denominada prima especial de servicios a que afirma, tiene derecho.

Al momento de interponer la demanda la administración no dio respuesta a la solicitud.

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La entidad demanda1 contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, bajo la formulación de los siguientes argumentos:

El Consejo de Estado mediante sentencia de unificación SUJ -023CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 abordó el reconocimiento de la prima especial para e l personal de servidores de la Fiscalía General de la Nación, disponiendo como reglas para su reconocimiento.

Con fundamento a ello, propuso las excepciones como sigue:

3.1.- Prescripción

De acuerdo con lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, el fenómeno de la prescripción trienal se configura respecto de las diferencias anteriores al 25 de enero de 2018 , toda vez que la parte demandante radicó su reclamación administrativa el 25 de enero de 2021.

3.2.- Carencia de objeto

Al respecto, refirió que con las sentencia s de nulidad de los decretos que reglamentaron el emolumento entre los años 1993 a 2002 quedó establecido que el 30% pagado a título de prima especial conformaba el salario por lo que debían reliquidarse las prestaciones sociales integrando dicho porcentaje.

1 Apoderada Vanesa Patricia Daza Torres4

30% pagado a título de prima especial conformaba el salario por lo que debían reliquidarse las prestaciones sociales integrando dicho porcentaje.

1 Apoderada Vanesa Patricia Daza Torres4

No obstante, a partir del año 2003, con ocasión de la expedición del Decreto 3549 de 2003 se derogó el Decreto 685 de 2002 y suprimió el artículo relacionado con la prima del 30%. Desde esa calenda, los salarios y prestaciones se liquidaron con base al 100% de salario, por lo cual, carecen de objeto las pretensiones de la parte demandante. Además, desconocer lo previsto en la norma comporta extralimitación de las funciones de acuerdo con el artículo 6° de la Carta Política, lo que acarrea consecuencias de tipo fiscal y disciplinarias para el funcionario que lo autorice.

A esto añade, que no es posible efectuar ningún reconocimiento en materia de prima especial desde el 1º de enero de 2021, puesto que el Decreto 272 de 2021 fijó su valor en el equivalente al 30% del salario básico, es decir, como un monto adicional a la asignación básica.

3.3.- Inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación

Con relación a este medio exceptivo, la parte demandada argumenta que no procede ningún reconocimiento de la prima especial como factor salarial frente a las prestaciones diferentes a la pensión de jubilación, según el parámetro sentado por el Consejo de Estado mediante la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020.

3.4.- Improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992

diciembre de 2020.

3.4.- Improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992

En lo que concierne a esta excepción, la parte demandada indica que el reconocimiento de la prima especial no puede superar el límite establecido en el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992 , verbo y gracia, en aquellos casos en los que los Fiscales perciben la bonificación por compensación, puesto que el tope de remuneración no puede superar el 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de Alta Corte, conforme con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1102 de 2012.

4.- SENTENCIA APELADA

El Juzgado 403 Administrativo Transitorio del Circuito de Manizales a través de la Sentencia No. 288-2023 del 29 de septiembre de 2023, resolvió, lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARASE LA NULIDAD del acto ficto o presunto configurado a partir del silencio administrativo negativo asumido por la entidad demandada frente a la reclamación administrativa formulada el 25 de enero de 2021 por la parte actora, mediante el cual negó al actor la solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial de servicios sin factor salarial como un concepto adicional al 100% de su asignación básica, de conformidad con lo argumenta en esta providencia.5

SEGUNDO. DECLARAR NO PROBADAS las excepcio nes denominadas

“CARENCIA DE OBJETO”, “INAPLICABILIDAD COMO FACTOR SALARIAL

DIFERENTE AL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓND E LA PENSIÓN DE

SEGUNDO. DECLARAR NO PROBADAS las excepcio nes denominadas

“CARENCIA DE OBJETO”, “INAPLICABILIDAD COMO FACTOR SALARIAL

DIFERENTE AL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓND E LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN” E “IMPROCEDENTE DE EXTRALIMITAR EL LIMITE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 4ª DE 1992 CUMPLIMIENTO DE UN DE BER LEGAL”, propuesta por la entidad accionada de acuerdo a lo señalado en los considerandos.

TERCERO. DELCARA PROBADA la excepción denominada PRESCRIPCIÓN también propuesta por la entidad accionada, conforme los argumentos de esta providencia.

CUARTO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho SE ORDENA a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, proceda:

a) A reconocer y pagar al señor ARMANDO CASTRILLON GRAJALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.265.960 expedida en Manizales, la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el treinta por ciento (30%) adicional al cien por ciento (100%) del salario básico que ha devengado como Fiscal Delegado desde el 25 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, en razón de la prescripción trienal.

b) Teniendo en cuenta, que la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es factor salarial únicamente para los aportes a pensión hasta el 2020, se debe reliquidar, con inclusión del valor

b) Teniendo en cuenta, que la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es factor salarial únicamente para los aportes a pensión hasta el 2020, se debe reliquidar, con inclusión del valor de la prima especial de servicios (30%) y el ciento por ciento (100%) del salario básico, los aportes a pensión del señor ARMANDO CASTRILLON GRAJALES, efectuando la correspondiente devolución de la diferencia de los aportes al Fondo de Pensiones al cual está afiliado, sin perjuicio de lo consagrado en el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021.

QUINTO. SE ORDENA a la entidad demandada dar cumplimiento al presente fallo en los términos previstos en el artículo 187 (inciso final), en el artículo 192 y en el numeral 4 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, previniéndose a la parte demandante sobre la carga prevista en el inciso segundo del artículo 192 citado.

SEXTO. NIEGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO. SIN COSTAS, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. (…)”

El a quo sustentó su decisión en la sentencia del Consejo de Estado SUJ-023-CES2-2020 del 15 de diciembre de 2020 que estableció reglas de unificación respecto del reconocimiento y pago de la prima especial de los Fiscales que se acogieron al régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993 o vincularon con posterioridad.6

Según la cual el emolumento constituye un incremento al salario básico mensual de los empleados beneficiarios, por tanto, tienen derecho a las diferencias que por

régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993 o vincularon con posterioridad.6

Según la cual el emolumento constituye un incremento al salario básico mensual de los empleados beneficiarios, por tanto, tienen derecho a las diferencias que por prima especial les resulten a favor. A partir de la Ley 476 de 1998 los funcionarios del ente acusador tienen derecho al emolumento como adicional al salario básico y desde el año 1998 les asiste derecho a reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su asignación básica, esto es, con la inclusi ón del 30% que les fue descontado a título de prima especial.

Lo que afirma, guarda sintonía con el artículo 53 constitucional donde se estipulan los principios y derechos irrenunciables de los trabajadores.

Fue así como refiriéndose a la falta de reglamentación del emolumento después del año 2002 la jurisprudencia de unificación determinó que el operado debía aplicar el principio de progresividad y no regresividad derivados de la relación de derecho administrativo laboral, pues una vez alcanzado determinado nivel de protección del derecho social, existe prima facie presunción de inconstitucionalidad de todo retroceso.

Por ende, la prima especial debe pagarse como una adición del salario básico, sin carácter salarial, y es así como las prestaciones sociales deben liquidarse sobre el 100 del sueldo básico, es decir, sin descuento alguno por concepto de prima.

Frente a la prescripción señaló que, acogiendo la sentencia unificadora según la cual “el reconocimiento del derecho puede pedirse en cualquier tiempo, cosa distinta es el efecto económico de este derecho, es decir, el valor mensual del

Frente a la prescripción señaló que, acogiendo la sentencia unificadora según la cual “el reconocimiento del derecho puede pedirse en cualquier tiempo, cosa distinta es el efecto económico de este derecho, es decir, el valor mensual del mismo, que si está sometido al término de prescripción trienal (…)” (Negrillas del texto original).

A su vez, frente al caso concreto encontró probado que el demandante elevó reclamación administrativa el 25 de enero de 2021 y la entidad no dio respuesta, configurándose así el acto ficto o presunto negativo. Asimismo, se acreditó que el actor se ha venido desempeñando como empleado del ente acusador en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos y del Circuito; que ha devengado el 100% de su salario en la liquidación de las prestaciones sociales, sin embargo, no se le reconoció la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como valor adicional a su salario o sobresueldo.

En conclusión, el restablecimiento del derecho se traducirá sólo en el pago del 30% que el demandante no recibió a título de prima especial, sin que comprenda la reliquidación de las prestaciones canceladas porque no se presentó el indebido descuento del 30% de su salario.

Finalmente, declaró probada la prescripción de lo dejado de percibir desde el 25 de enero de 2018 teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se elevó el 25 de enero de 2021. Y se abstuvo de condenar en costas puesto que no se evidenció su causación.7

5.- EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme la parte demandada2 con el fallo de primera instancia interpuso recurso

de enero de 2021. Y se abstuvo de condenar en costas puesto que no se evidenció su causación.7

5.- EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme la parte demandada2 con el fallo de primera instancia interpuso recurso de apelación en su contra, bajo los siguientes argumentos:

Luego de citar la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, decantó el contenido del artículo 187 del C.G.P. relacionado con el contenido de la sentencia, para concluir que “el numeral CUARTO de la sentencia no se encuentra analizado ni sustentado, por ello debe hacerse el estudio sobre la materia, lo cual se omitió. (Sic)”.

Agrega también que la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 no analizó lo relacionado con la prescripción de los aportes a pensión, sobre el tema debe tenerse en cuenta la Sentencia 13392 del 30 de julio de 2004 señaló que los aportes fiscales por remisión del artículo 54 de la Ley 383 de 1997 y, en tal virtud, la acción de cobro de los aportes al Sistema de Segurida d Social Integral prescribe en el término de cinco (5) años, contabilizados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles al tenor del artículo 817 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, solicitó la revocatoria del numeral cuarto de la providencia apelada y en su lugar, negar dicha pretensión, porque no fue pedida por el extremo actor, lo que ubica la decisión en un fallo ultra petita y, atendiendo el principio de congruencia – entendido como una garantía del derecho fundamental al debid o procesoel juez sólo puede pronunciarse con base en lo pretendido, lo probado y excepcionado dentro del proceso.

congruencia – entendido como una garantía del derecho fundamental al debid o procesoel juez sólo puede pronunciarse con base en lo pretendido, lo probado y excepcionado dentro del proceso.

4.1.- La Fiscalía ha liquidado y cancelado la asignación y prestaciones sociales de sus servidores, de acuerdo con lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que en los mismos se establece que: “Ninguna autor idad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10º de la Ley 4ª de 1992”.

4.2.- La Fiscalía ha liquidado y cancelado al demandante el 10 0% de sus prestaciones con el 100% del salario asignado para su cargo. A partir del año 2003, los decretos salariales de la Fiscalía General de la Nación no establecieron porcentaje alguno por concepto de prima especial de servicio. Por esta razón, la entidad no continuó pagando el 30% como prima especial.

4.3.- De acuerdo con la regla No. 5 fijada en materia de prescripción en la sentencia de unificación SUJ -023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, las diferencias de los periodos anteriores al 11 de diciembre de 2017 se encuentran prescritas.

2 Apoderada Vanesa Patricia Daza Torres8

4.4.- La prima especial de servicios únicamente constituye factor salarial para la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. La expresión “sin carácter salarial” fue declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C – 279 de 1996.

determinación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. La expresión “sin carácter salarial” fue declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C – 279 de 1996.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 reiteró que: “2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación”.

4.5.- En el presente caso se debe n aplicar los topes fijados en la regla No. 3 de la providencia de unificación atrás citada, en concordancia con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1251 de 2009.

Debe tenerse en cuenta que el cargo del demandante se encuentra enlistado en el Decreto 1251 de 2009, y que l a remuneración anual de los funcionarios allí contemplados tiene un límite, uno para el año 2009 y otro para el año 2010. Ese límite de remuneración se circunscribe a lo que por todo concepto percibe anualmente un Magistrado de Alta Corte.

Por lo tanto, l a sentencia apelada debió contemplar los topes establecidos en el Decreto 1251 de 2019 para así respetar la regla de la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020.

6.- TRÁMITE DE INSTANCIA

El recurso de apelación fue concedido mediante auto No. 0522 del 11 de abril de 2024 del Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Maizales y recibido por reparto en esta instancia el 16 de mayo de 2024.

El recurso de apelación fue concedido mediante auto No. 0522 del 11 de abril de 2024 del Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Maizales y recibido por reparto en esta instancia el 16 de mayo de 2024.

Con posterioridad, el 17 de julio de l año inmediatamente anterior por auto interlocutorio No. 268, se admitió el recurso de alzada, concediendo a las partes e intervinientes la posibilidad de pronunciarse sobre el mismo, hasta antes de la ejecutoria de tal providencia; y al agente del Ministe rio Público hasta antes del ingreso del expediente para fallo, para emitir concepto.

Dentro de esa oportunidad la parte demandante no se pronunció y el Ministerio Público no emitió concepto.

7.- CONSIDERACIONES

7.1.- Competencia y marco de análisis en segunda instancia

En los términos del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 y del Acuerdo PCSJA2512255 del 24 de enero de 2025 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.9

De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la Corporación debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.

No obstante, en el evento en que ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el Tribunal se encuentra facultado para resolver sin limitaciones.

7.2.- Problemas jurídicos

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandada se

la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el Tribunal se encuentra facultado para resolver sin limitaciones.

7.2.- Problemas jurídicos

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandada se deben resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el fenómeno jurídico de la prescripción trienal debe recaer sobre la obligación de la administración de pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones?; (ii) ¿la condena al pago de las diferencias generadas por concepto de aportes pensionales a raíz del reconocimiento de la prima especial de servicios reclamada por la parte demandante conllevó al desconocimiento del principio de congruencia externa de la sentencia?.

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se abordará el estudio de los siguientes puntos: 7.3.- La prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; 7.4.- Imprescriptibilidad de la obligación de la administración de realizar aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Deber del juez administrativo de pronunciarse sobre el particular en su proveído; 7.5.- Pruebas relevantes; 7.6.- Análisis del caso concreto; 7.7.- Condena en costas.

7.3.- La prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

El artículo 14 de la Ley 4 de 1992, estableció que:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Ad ministrativo,

superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Ad ministrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.10

Luego, la Ley 332 de 1996 incluyó a “los fiscales de la Fiscalía General de la Nación” como beneficiarios y ordenó que la mencionada prima hiciera parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación.

Más adelante, la Ley 476 de 1998 aclaró el artículo 1 de la ley citada anteriormente, en el sentido de que la excepción allí consagrada, alude a la Ley 4 de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993 ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima

refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993 ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona n, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

Sobre la interpretación de estas normas, la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso AdministrativoSección SegundaSala Plena de Conjueces, C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba, Expediente No. 730 01-23-33-0002017-00568-01-00, N.I. 5472 -2018, unificó la jurisprudencia respecto a la prima especial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se vincularon de manera posteri or a la entidad. Del aludido pronunciamiento, se resalta lo siguiente:

“cada uno de estos pronunciamientos conducen a la conclusión inicial de la exclusión del reconocimiento de la prima especial a los funcionarios de la fiscalía que acogieron el régimen salarial del decreto 53 de 1993 o a quienes se hayan vinculado con posterioridad. sin embargo, la sala se apartará de lo afirmado por las siguientes razones: 1. aunque en algunos de los fallos se afirmó que la ley 476 de 1998 tenía una función

el régimen salarial del decreto 53 de 1993 o a quienes se hayan vinculado con posterioridad. sin embargo, la sala se apartará de lo afirmado por las siguientes razones: 1. aunque en algunos de los fallos se afirmó que la ley 476 de 1998 tenía una función de a claración, lo cierto es que en las providencias referenciadas no se hizo una confrontación directa con esta norma sino sólo con la ley 4ª de 1992; 2. como ya se afirmó, la ley 476 terminó reconociendo este derecho a partir del año 1998 al generarse una ant inomia; 3. así las cosas, a partir de este momento el ejecutivo contó con la autorización normativa para regular esta prestación, y; 4. la consecuencia real de los fallos de nulidad simple luego de algunas contradicciones fue el reconocer que el 30% que se pagó en aplicación de los decretos expedidos hasta el año 2002 por el gobierno nacional, hacía parte del salario y, por tanto, no se canceló el sobresueldo que se reguló en el artículo 14 de la ley marco. por contera, se arriba a una segunda conclusión: a partir del año 1998, los funcionarios de la fiscalía tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico, es decir adicional al 100% que se paga como asignación básica.”

Con fundamento en esos razonamientos para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, la referida sentencia de unificación fijó las siguientes reglas respecto de la prima especial:

“UNIFICAR JURISPRUDENCIA respecto a la prima especial de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 y su reconoci miento a aquellos Fiscales que acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se hayan vinculado de manera posterior a la

de la ley 4ª de 1992 y su reconoci miento a aquellos Fiscales que acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se hayan vinculado de manera posterior a la entidad, en los siguientes términos:11

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignació n mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos