TA VAL - Sentencia 76111-33-31-003-2017-00074-01 (31-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No. 79

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES: FANNY AMANDA VILLEGAS SÁNCHEZ Y OTROS

DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co javier.berrio@fiscalia.gov.co

NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co RADICACIÓN: 76111-33-31-003-2017-00074-01

TEMA: PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / IMPOSIBILIDAD

DEFINITIVA DE OBTENER UNA REPARACIÓN /

RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL /

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECISIÓN: CONFIRMA / NIEGA PRETENSIONES

I. EL ASUNTO

1. Profiere el Tribunal, en sede de instancia y a través de la Sala Segunda de Decisión la sentencia que corresponde en virtud d el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia del 20 de febrero de 2023 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia del 20 de febrero de 2023 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. En atención al artículo 63A de la Ley 270 de 1996, por tratarse el presente asunto de un proceso de reiteración de jurisprudencia, se le dará un trámite preferente.

II. LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

3. El extremo activo de la controversia, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2001, solicitaron se declare a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL administrativa y extracontractualmente responsables de los perjuicios de orden material e inmaterial que ad ucen les fueron ocasionados como consecuencia del daño antijurídico derivado del Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia, en que incurrieron las entidades demandadas.

4. Argumentaron que se les causó un daño antijurídico derivado de una presunta omisión en el proceso penal adelantado por los hechos ocurridosMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICACIÓN: 76111-33-31-003-2017-00074-01

DEMANDANTES: FANNY AMANDA VILLEGAS SÁNCHEZ Y OTROS

DEMANDADOS: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ Y OTRO 2 el 16 de marzo de 2008 , cuando , en la vía Cali -Buga se presentó un

DEMANDADOS: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ Y OTRO 2 el 16 de marzo de 2008 , cuando , en la vía Cali -Buga se presentó un accidente de tránsito en el que falleció el señor OLBEIN MILLÁN ANDRADE y resultó gravemente herida la señora FANNY AMANDA VILLEGAS SÁNCHEZ.

5. Explicaron que, c omo resultado de la investiga ción penal, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Guadalajara de Buga condenó a l señor JOSÉ JAEL LEAL AROCA como responsable del delito de homicidio culposo en concurso con lesiones personales culposas.

6. Sin embargo, aducen que el Tribunal Superior de Buga, mediante acción de revisión, anuló en fecha 27 de junio de 2014 la condena impuesta , al encontrar que durante el juicio no se aportó prueba suficiente sobre la identificación plena del acusado , por lo que ordenó la reposición del proceso desde la audiencia de formulación de acusación.

7. Indicaron que posteriormente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga, en fecha 6 de marzo de 2015, procedió a decretar la extinción de la acción penal por prescripción, lo que impidió continuar el proceso penal y, con ello, la imposibilidad de obtener una reparación económica dentro del incidente de reparación integral.

8. Finalmente, concluyeron que las entidades demandadas incurrieron en una responsabilidad subjetiva por el Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia , al no haber verificado la plena identificación del acusado durante la etapa de imputación, acusación y juicio oral ;

una responsabilidad subjetiva por el Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia , al no haber verificado la plena identificación del acusado durante la etapa de imputación, acusación y juicio oral ; omisión que finalmente derivó en la nulidad del proceso y, en última instancia, en la prescripción de la acción penal, lo que les impidió obtener la indemnización de perjuicios dentro del proceso penal 1. Los anteriores planteamientos fueron afianzados en el escrito de alegatos2.

III. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

9. La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN guardó silencio3.

10. La NACIÓN-RAMA JUDICIAL, solicitó se desestimaran las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que no existía falla en el servicio ni nexo de causalidad en tre las actuaciones de la administración de justicia y el daño alegado; en su defensa, manifestó que las actuaciones de los jueces se ajustaron a la normatividad vigente y no se configuró error judicial o defectuoso funcionamiento que diera lugar a responsabilidad del Estado.

11. Señaló que la prescripción de la acción penal no g eneró un daño antijurídico, pues los demandantes aún podían acudir a la jurisdicción civil para reclamar la reparación de los perjuicios ; así mismo, s ostuvo que la acción civil con tra los terceros civilmente responsables (propietaria del vehículo y aseguradora) no había prescrito, lo que desvirtúa la existencia de un daño indemnizable; lo anterior basada en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que cita y transcribe.

12. Argumentó que la decisión de anular la sentencia pena l condenatoria

de un daño indemnizable; lo anterior basada en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que cita y transcribe.

12. Argumentó que la decisión de anular la sentencia pena l condenatoria se fundamentó en un control de legalidad propio de la función judicial, sin que ello constituyera un error que generara responsabilidad patrimonial del Estado, desta cando que los jueces tienen autonomía para interpretar los

1 SAMAI, segunda instancia, índice 3, archivo 1, OneDrive, archivo digital 2, folio digital 1 a 15. 2 SAMAI, segunda instancia, índice 3, archivo 1, OneDrive, archivo digital 2, folio digital 102 a 107. 3 SAMAI, segunda instancia, índice 3, archivo 1, OneDrive, archivo digital 2, folio digital 40.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICACIÓN: 76111-33-31-003-2017-00074-01

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DEMANDADOS: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ Y OTRO 3 hechos y aplicar las normas dentro del marco de sus competencias, lo que excluye la configuración de una falla grave o arbitraria.

13. En cuanto a la imputación del daño, enfatizó que la responsab ilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de just icia requiere demostrar que la actuación estatal fue anormalmente deficiente y que esa deficiencia fue la causa directa del daño ; en este caso, sostuvo que las decisiones judiciales fueron legítimas y fundadas en derecho, por lo que no se configuró una conducta atribuible al Estado que generara la obligación de reparar perjuicios deprecados.

que las decisiones judiciales fueron legítimas y fundadas en derecho, por lo que no se configuró una conducta atribuible al Estado que generara la obligación de reparar perjuicios deprecados.

14. Propuso excepciones que denominó “Inexistencia de nexo de causalidad”, “Inexistencia de perjuicios” “Improcedencia de la acción”, y la “Innominada y/o genérica” 4.

15. En los alegatos conclusivos, la entidad reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, insistiendo en que la prescripción de la acción penal no afecta la vigencia de la acción civil contra los terceros civilmente responsables, como la aseguradora y la propietaria del vehículo involucrado en el accidente5.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

16. El a quo negó las pretensiones de la demanda tras concluir que no se configuró un daño antijurídico, pues los demandantes aún tenían la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para reclamar la reparación de los perjuicios sufridos.

17. Destacó que la prescripción de la acción penal no extinguió la acción civil contra los terceros civilmente responsables, como la propietaria del vehículo y la aseguradora, por lo que no se podía afirmar que la administración de justicia les impidió obtener la indemnización.

18. En consecuencia, negó las pretensiones de la dema nda, declarando probadas las excepciones propuestas por la demandada y exonerando al Estado de responsabilidad, bajo la tesis de que la prescripción penal, por sí sola, no constituye un daño antijurídico indemnizable6.

V. RECURSO DE APELACIÓN

probadas las excepciones propuestas por la demandada y exonerando al Estado de responsabilidad, bajo la tesis de que la prescripción penal, por sí sola, no constituye un daño antijurídico indemnizable6.

V. RECURSO DE APELACIÓN

19. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación, argumentando que el juez erró al declarar probadas las excepciones y al negar las pretensiones de la demanda , pues la decisión desconoció que la prescripción de la acción pena l fue consecuencia directa de una grave omisión de l ente acusador y la Judicatura, lo que frustró la posibilidad de obtener una reparación dentro del proceso penal.

20. Asimismo, el recurrente cuestionó la afirmación del a quo respecto a que los demandantes podían acudir a la jurisdicción civil para obtener una reparación; explicando que dicha posibilidad era incierta y precaria, pues en el incidente de reparación integral dentro del proceso penal ya se había reconocido la responsabilidad penal del acusado, y solo restaba fijar la cuantía de los perjuicios.

4 SAMAI, segunda instancia, índice 3, archivo 1, OneDrive, archivo digital 2, folio digital 33 a 39. 5 SAMAI, segunda instancia, índice 3, archivo 1, OneDrive, archivo digital 2, folio digital 96 a 101. 6 SAMAI, segunda instancia, índice 3, archivo 1, OneDrive, archivo digital 9.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICACIÓN: 76111-33-31-003-2017-00074-01

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21. En contraste, señaló que en la vía civil debían probar nuevamente la responsabilidad de un tercero, lo que generaba un riesgo procesal y una dilación indebida en la reparación del daño.

22. Finalmente, sustentó su argumento en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la pérdida de oportunidad, indicando que este daño es indemnizable cuando la víctima es privada de una posibilidad real y efectiva de obtener un beneficio jurídico; por lo que solicitó revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones señaladas7.

VI. ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

23. En los alegatos conclusivos de segunda instancia, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, argumentando que la pérdida de oportunidad alegada por los demandantes no cumpl ía con los requisitos jurisprudenciales para ser indemnizada, ya que no se acreditó que la posibil idad de obtener reparación en el proceso penal fuera cierta y definitiva8.

24. Por su parte, el extremo activo de la controversia , como el Ministerio Público guardaron absoluto silencio9.

VII. PROBLEMA JURÍDICO

25. Corresponde a esta Sala determinar si la declaratoria de la prescripción de la acción penal frustró de manera definitiva la posibilidad de las víctimas de obtener una reparación integral, constituyendo una pérdida

VII. PROBLEMA JURÍDICO

25. Corresponde a esta Sala determinar si la declaratoria de la prescripción de la acción penal frustró de manera definitiva la posibilidad de las víctimas de obtener una reparación integral, constituyendo una pérdida de oportunidad indemnizable (daño), o si, por el contrario, aún contaban con mec anismos jurídicos idóneos para ejercer su derech o a la indemnización.

VIII. TESIS DE LA SALA

26. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, al considerar que no se encuentra acreditado un daño cierto ni antijurídico, por cuanto la declaratoria de prescripción de la acción penal no impidió de manera definitiva a los demandantes el ejercicio de acciones civiles contra los terceros civilmente responsables, por lo que no puede afirmarse que se hubiese perdido la oportunidad de reparación en términos definitivos.

IX. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

27. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia está regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos:

“Fuera de los casos previstos en lo s artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.”

28. De acuerdo a lo anterior, el d efectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación autónomo de

7 SAMAI, segunda instancia, índice 11, archivo digital 6. 8 SAMAI, segunda instancia, índice 12.

28. De acuerdo a lo anterior, el d efectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación autónomo de

7 SAMAI, segunda instancia, índice 11, archivo digital 6. 8 SAMAI, segunda instancia, índice 12. 9 SAMAI, segunda instancia, índice 12.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICACIÓN: 76111-33-31-003-2017-00074-01

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DEMANDADOS: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ Y OTRO 5 responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de tutela judicial efectiva10, producto de que el servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía11.

29. Este título de atribución de responsabilidad se caracteriza por los

siguientes aspectos:

1. Se predica de las actuacion es judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales12;

1. Proviene de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia;

1. Se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado;

1. Comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo razonable13,

1. Es de carácter residual, puesto que únicame nte se configura cuando los hechos no se enmarqu en en los títulos de error jurisdiccional o

judicial en un plazo razonable13,

1. Es de carácter residual, puesto que únicame nte se configura cuando los hechos no se enmarqu en en los títulos de error jurisdiccional o privación injusta de la libertad14.

30. Finalmente, en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia bajo el régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así como la imputación fáctica y jurídica para de esa forma poder obtener una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias.

31. Por su parte, la demandada, para lograr eximir su responsabilidad, deberá demostrar la inexistencia del defecto en el funcionamiento de la administración de justicia, una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los demás elementos que constituyen el juicio de responsabilidad.

X. HECHOS PROBADOS Y RESOLUCIÓN DEL CASO

32. Se decide sobre la supuesta existencia de una dilación judicial injustificada dentro de la investigación adelantada en contra del señor JAEL LEAL AROCA por el delito de “homicidio culposo en concurso heterogéneo con lesiones personales culposas” , con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el día 16 de marzo de 2008, en la vía que conduce de Cali a Buga, en el cual resultó lesionada la señora FANNY AMANDA VILLEGAS SÁNCHEZ, y fallecido el señor OLBEIN MILLÁN ANDRADE.

10 SANTOFIMIO GAMBOA , Jaime Orlando. “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial ”.

VILLEGAS SÁNCHEZ, y fallecido el señor OLBEIN MILLÁN ANDRADE.

10 SANTOFIMIO GAMBOA , Jaime Orlando. “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial ”.

Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2016. p. 149. 11 Consejo de Estado , Sección Tercera , Subsección B , providencia del 21 de septiembre de 2017 , Rad: 25000-23-36-000-2014-01097-01(55999), C.P. RAMIRO PAZOS GUERRERO. 12 Consejo de Estado , Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001 , Rad: 25000-23-26000-1992-8304-01(13164), C.P. RICARDO HOYOS DUQUE. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 21 de septiembre de 2017, Rad: 25000-23-36-000-2014-01097-01(55999), C.P. RAMIRO PAZOS GUERRERO. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 30 de enero de 2013 , Rad: 66001-23-31-000-2000-00876-01(23769), C.P. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICACIÓN: 76111-33-31-003-2017-00074-01

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33. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, única apelante, se debe establecer si la decisión de primera

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33. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, única apelante, se debe establecer si la decisión de primera instancia que negó las pretensiones, al considerar que no se configuró un daño antijurídico, es acertada ; por lo que se deberá establecer si la prescripción de la acción penal impidió de manera definitiva que los actores accedieran a un medio de reparación efectivo, y si ello constituye una pérdida de oportunidad susceptible de indemnización.

34. En el presente caso, la parte actora afirma que la anulación de la sentencia penal condenatoria y la posterior declaratoria de prescripción del proceso frustraron una expectativa cierta y real de obtener la indemnización dentro del incidente de reparación integral; rebatiendo que la falta de impulso pr ocesal y la omisión en la acreditación de la plena identidad del acusado JAEL LEAL AROCA configuraron un defecto en la prestación del servicio de la justicia.

35. Las demandad as, p or su parte, persisten en que no existió responsabilidad subjetiva, ni un daño antijurídico atribuible a su actuación , pues la parte demandante tenía a su disposición mecanismos alternativos para reclamar los perjuicios causados, particularmente ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, contra los terceros civilmen te responsables; situación que, a falta de agotamiento de los recursos ordinarios, excluye la configuración de responsabilidad jurisdiccional.

36. Ahora bien, en punto al tema de controversia, sobre la existencia de un daño cierto, concreto y antijurídico , conviene precisar que la doctrina y

ordinarios, excluye la configuración de responsabilidad jurisdiccional.

36. Ahora bien, en punto al tema de controversia, sobre la existencia de un daño cierto, concreto y antijurídico , conviene precisar que la doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado, han establecido la verificación del daño como primer elemento que debe acreditarse en sede de responsabilidad extracontractual, pues en ausencia del mismo, se tornaría innecesario un análisis de los demás componentes.

37. Al respecto, el doctor JUAN CARLOS HENAO en su obra “El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en el

derecho colombiano y francés15, señaló:

“Se trata de tomar posición respecto de la manera como se debe estudiar la responsabilidad civil: primero se ha de estudiar el daño, luego la imputación y, finalmente, la justificación del porque se debe reparar, esto es, el fundamento.

Sí, como el caso precitado, se estudia en primer término la existencia de la falla del servicio, se trastoca la lógica misma de la res ponsabilidad civil porque es claro que aun sin aquella esta puede existir. Diferente ocurre c on el daño: su ausencia –no la de la falla del servicio - implica la inexistencia de la responsabilidad.

Es por ello que estudiar dicha falla en primer término supone dar trascendencia inmerecida a la misma, que no es un elemento inmanente de la responsabilidad, como sí lo es el daño. La prevalencia que se ha dado históricamente a la noción de falla del servicio de culpa en el derecho privado es la que en ocasiones ha impedido indemnizar daños ciertos, porque la indagación primera se hace hacia el autor de l daño y no hacia la víctima del

históricamente a la noción de falla del servicio de culpa en el derecho privado es la que en ocasiones ha impedido indemnizar daños ciertos, porque la indagación primera se hace hacia el autor de l daño y no hacia la víctima del mismo. Es una tendencia que se debe combatir, para compartir la posición jurisprudencial que se expresa que “en estas condiciones, no habiéndose

15 HENAO, Juan Carlos. “Introducción, algunas precisiones para el estudio del daño” , “I El daño es el primer elemento a estudiar en un proceso de responsabilidad” . En Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia (eds), “El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en el derecho colombiano y francés” . Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 37.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICACIÓN: 76111-33-31-003-2017-00074-01

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DEMANDADOS: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ Y OTRO 7 acreditado dicho presupuesto ontológico (el daño) de la responsabilidad deprecada, inútil resulta entrar en el análisis de los demás elementos de ésta”

38. En este mismo sentido el Consejo de Estado16 afirmó:

“El primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que, si no es posibl e establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

“En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia

mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

“En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es indispensable, en primer término deter minar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijuríd ico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”.

39. De acuerdo con lo anterior, se tiene entonces que el daño predicado por el extremo activo consiste la pérdida de una expectativa cierta y real de obtener la indemnizaci ón dentro del incidente de reparación integral , pues la deficiencia en la gestión judicial dentro del proceso penal (plena identificación del acusado), configuró el defecto que por contera despojó a los afectados de su reparación.

40. En el presente caso se tiene que la investigación penal adelantada, con ocasión de los hechos ocurridos el 16 de marzo de 2008 en la vía Cali a Buga, la Fiscalía Seccional de Buga formuló acusación por los delitos de “homicidio culposo en concurso heterogéneo con lesiones per sonales culposas”; lo cual concluyó con el fallo condenatorio del 1 de marzo de 201117, decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de

“homicidio culposo en concurso heterogéneo con lesiones per sonales culposas”; lo cual concluyó con el fallo condenatorio del 1 de marzo de 201117, decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga frente a la cual no se interpuso recurso alguno, adquiriendo firmeza.

41. Posteriormente, y a solicitud del procesado, el Tribunal Superior del Distrito Judicia l de Buga – Sala Penal -, en sede de revisión 18, profirió decisión del 27 de junio de 2014 19, mediante la cual invalidó la sentencia condenatoria, al considerar que d urante el juicio oral no se introdujo prueba suficiente sobre la identidad plena del acusado , circunstancia que debía corregirse desde la audiencia de formulación de acusación

(inclusive); por lo que s e ordenó reponer la actuación a partir de dicha etapa.

42. Sin embargo, una vez retornado el expediente y reanudado el trámite judicial, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga, mediante auto del 6 de marzo de

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28.389, C.P. HERNÁN ANDRADE RIN CÓN. La Subsección, de forma pacífica, ha re iterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) radicado No 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) radicado No 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) radicado No 42.121 del

expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) radicado No 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) radicado No 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) radicado No 42.121 del 23 de octubre de 2017; iv) rad icado No 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) radicado No 43.447 del 19 de julio de 2017; vi) radicado No 39.321 del 26 de abril de 2017, vii) radicado No. 52008 del 14 de junio de 2019, entre otras. 17 SAMAI, segunda instancia, índice 3, archivo 1, OneDrive, archivo digital 1, folio digital 18 a 36. 18 Artículo 192 de la Ley 906 de 2004 “Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad”. 19 SAMAI, segunda instancia, índice 3, archivo 1, OneDrive, archivo digital 1, folio digital 45 a 63.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICACIÓN: 76111-33-31-003-2017-00074-01

DEMANDANTES: FANNY AMANDA VILLEGAS SÁNCHEZ Y OTROS

DEMANDADOS: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ Y OTRO 8 201520, accedió a la solicitud del apoderado del p rocesado y declaró la extinción de la acción penal por prescripción y la preclusión de la investigación, con fundamento en el numeral 4 ° del artículo 82 de la Ley 599 de 2000, disponiendo e l archivo definitivo de la actuación y sin efecto

extinción de la acción penal por prescripción y la preclusión de la investigación, con fundamento en el numeral 4 ° del artículo 82 de la Ley 599 de 2000, disponiendo e l archivo definitivo de la actuación y sin efecto las medidas adoptadas en su contra.

43. Bajo esa base de análisis, cabe destacar que el Consejo de Estado21 ha señalado que cuando las víctimas no logran obtener la indemnización solicitada por la comisión de un delito debido a la declaratoria de la prescripción de la acci ón penal, se configura la pérdida de oportunidad

de obtener la reparación. Veamos:

“la pérdi da de oportunidad, como daño autónomo, demuestra que éste no siempre comporta la transgresión de un derecho subjetivo, pues la sola esperanza probable de obtener un beneficio o de evitar una pérdida mayor constituye un bien jurídicamente protegido cuya afe cción debe limitarse a la oportunidad en sí misma, con prescindencia del resultado final incierto, esto es, al beneficio que se esperaba lograr o a la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen otros tipos de daño. En otr as palabras, se ha dis tinguido entre el daño consistente en la imposibilidad definitiva de obtener un beneficio o de evitar un perjuicio, caso en el cual el objeto de la indemnización es, precisamente, el beneficio dejado de obtener o el perjuicio que no fue evitado, y aquel qu e tiene que ver con la pérdida de una probabilidad que, aunque existente, no garantizaba el resultado esperado, pese a que sí abría la puerta a su obtención en un porcentaje que constituirá el objeto de la indemnización”

aunque existente, no garantizaba el resultado esperado, pese a que sí abría la puerta a su obtención en un porcentaje que constituirá el objeto de la indemnización”

44. Ahora bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 30 de enero de 201322 estimó que para tener por acredita la pérdida de oportunidad debían reunirse los siguientes requisitos:

(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo -pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual -, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de „una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente ‟ de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondiente;

(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la pr obabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida; lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría perdido y nada