TA VAL - Sentencia 76-001-33-33-021-2023-00256-01 (31-01-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Sentencia

PROCESO No. 76-001-33-33-021-2023-00256-01

DEMANDANTE: LUIS CARLOS ALOMIA LARGACHA

abogada1lopezquinteroarmenia@gmail.com luiscarlosalomialargacha5@hotmail.com DEMANDADO: NACIÓN-MINEDUCACIÓN NACIONALFOMAG y el DISTRITO DE SANTIAGO

DE CALI

procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.com notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co fomag@fiduprevisora.com.co ojuridica@mineducacion-gov.co notjudicial@fiduprevisora.com.co t_msalazar@fiduprevisora.com.co notificiacionesjudiciales@cali.gov.co salazaridaly1958@gmail.com

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Magistrado Ponente: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada NaciónMineducación-fomag en contra de la sentencia No. 148 del 19 de julio de 2024 mediante la cual el juzgado veintiuno administrativo del circuito de Cali - Valle accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Luis Carlos Alomia Largacha solicitó la nulidad del acto ficto configurado el 21 de septiembre de 2023 respecto de la petición presentada el 21 de junio de 2023 mediante el cual se le negó el reconocimiento

ANTECEDENTES

El señor Luis Carlos Alomia Largacha solicitó la nulidad del acto ficto configurado el 21 de septiembre de 2023 respecto de la petición presentada el 21 de junio de 2023 mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes. Lo anterior , con fundamento en que cotizó al ISS 37.29 semanas, se vinculó como mensajero al servicio de la alcaldía municipal de Buenaventura el día 30 de marzo de 1995 y hasta el 30 de noviembre de 1997 y posteriormente se vinculó como docente al servicio de la secretaría de educación del Departamento del Valle del Cauca mediante contrato de prestación de servicios por los siguientes periodos: 10 de noviembre de 2001 al 15 de diciembre de 2001 y del 08 de enero de 2002 al 05 de julio de 2002 . Que posteriormente fue vinculado como docente en provisionalidad durante los2

siguientes periodos: 25 de junio de 2003 al 31 de diciembre de 2007, 28 de abr il de 2010 al 02 de julio de 2015, 28 de abril de 2010 al 02 de julio de 2015 y del 07 de octubre de 2016 a la fecha de presentación de la demanda. Que al cumplir los 60 años de edad y 20 años de servicio oficial solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, sin que la entidad se haya pronunciado al respecto.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFOMAG1

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que el demandante no cumple con los requisitos legales para acceder al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación , teniendo en cuenta que se vinculó

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que el demandante no cumple con los requisitos legales para acceder al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación , teniendo en cuenta que se vinculó como docente al FOMAG con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 por lo que el régimen aplicable es el de prima media establecido en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003. Consideró que no es posible tener en cuenta los contratos de orden de prestación de servicios, por ser de naturaleza civil y no laboral.

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI2

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que respecto del acto ficto se trata de una actuación de mala fe por parte del apoderado del demandante que conoce que dichas peticiones se deben radicar a través de la plataforma “Humano en línea” conforme al Decreto 942 de 2022 del Ministerio de Educación, por ende su solicitud fue presentada por fuera de los parámetros establecidos en la norma.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El juzgado accedió a las pretensiones de la demanda. Encontró que el demandante contaba con un tiempo total de servicio de 20 años y 6 meses entre públicos y privados, así como por OPS que consideró válidos para efectos pensionales de acuerdo a postura de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016, que demuestran su vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 por ende tiene derecho a una pensión equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, conforme la Ley 71 de 1988, acreditando la edad al tener 63 años al momento de radicar la solicitud pensional.

RECURSO DE APELACIÓN4

equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, conforme la Ley 71 de 1988, acreditando la edad al tener 63 años al momento de radicar la solicitud pensional.

RECURSO DE APELACIÓN4

El Fomag apeló la sentencia. Indicó que el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por la Ley 33 de 1985, toda vez que su vinculación o afiliación al Fomag surgió con posterioridad al 27 de junio de 2003esto es el 10 de octubre de 2016-, bajo la vigencia de la Ley 812 de 2003 por ende se le aplica el régimen contemplado en la Ley 100 de 1993. Que tampoco cumple con el tiempo de servicios porque

1 Ver archivo 0012 del expediente digital en el índice 0003 de Samai segunda instancia. 2 Ver archivo 0013 del expediente digital en el índice 000 3 de Samai segunda instancia. 3 Ver archivo 0021 del expediente digital en el índice 000 3 de Samai segunda instancia. 4 Ver archivo 0022 del expediente digital en el índice 000 3 de Samai segunda instancia3

no se cuenta con la copia de las OPS las cuales deben t ener la fecha de vinculación para ser tomadas en cuenta como tiempos laborados y que revisado el sistema se evidencia que dichas OPS no cuentan con soporte de cotizaciones pensionales, por ende, no pueden ser tenidas en cuenta para el estudio de la solicitud. Finalmente, impugnó la condena en costas, indicando que el juzgado erró al aplicar el criterio objetivo.

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Solo alegó la parte demandante. Indicó que le asiste el derecho a la pensión por aportes al demandante por

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Solo alegó la parte demandante. Indicó que le asiste el derecho a la pensión por aportes al demandante por haberse vinculado a la docencia antes del 26 junio de 2003 y no bajo los preceptos de la Ley 100 de 1993.5

CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala establecer si el señor Luis Carlos Alomia Largacha tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes conforme la Ley 71 de 1988.Asi mismo, si era dable condenar en costas en primera instancia.

TESIS DE LA SALA

Se confirmará la decisión de instancia , teniendo en cuenta que el demandante cumple con los requisitos contenidos en la Ley 71 de 1988 para la pensión de jubilación. Por otra parte, sobre el argumento de apelación de la condena en costas, al revisar la sentencia de primera instancia se observa que contrario a lo dicho por el apelante, el juzgador no condenó en costas, razón por la cual no se hará pronunciamiento alguno.

Para resolver los anteriores planteamientos, el tribunal analizará los siguientes aspectos: (i) Régimen pensional de los docentes

Mediante la Ley 100 de 1993, se instituyó el Sistema de Seguridad Social Integral, que tuvo como objetivo, amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones que pretendía n proteger a los ciudadanos de las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se pudieran ver sometidos.

pensiones y otras prestaciones que pretendía n proteger a los ciudadanos de las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se pudieran ver sometidos.

Sin embargo, al definir su ámbito de aplicación, la Ley 100 de 1993 en su artículo 279 excluyó del Sistema Integral de Seguridad Social, entre otros, a los docentes afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO creado por la Ley 91 de 1989.

5 Ver en el índice 00011 Samai segunda instancia.4

Ahora bien, la mencionada excepción fue reafirmada por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, modificatorio del artículo 48 de la Carta Política, que al efecto dispuso expresamente en el parágrafo transitorio 1º lo siguiente:

“Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 81 2 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".

Al tenor de la norma constitucional, para determinar cuál es el régimen aplicable a este sector (docentes), resulta menester remitirnos al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la cual reguló dos eventos:

a) El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraban

resulta menester remitirnos al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la cual reguló dos eventos:

a) El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraban vinculados antes de la entrada en vigencia de dicha Ley (junio 26 de 2003) al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley. b) Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la referida Ley (junio 26 de 2003), quienes deben ser afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, su régimen prestacional es el señalado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

De lo anterior, se deduce que dependiendo del momento en el cual se haya vinculado el docente, se definirá el régimen pensional aplicable, por lo que, si se trata de una persona vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se le respetarán l a aplicación de las leyes que venían regulando su situación.

Las premisas normativas expuestas permiten además expresar que, el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100 de 1993 únicamente se aplica a los docentes que se vincularon con posterioridad al 26 de junio de 2003 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003), mientras que, a los docentes oficiales que se encontraban vinculados con anterioridad a esa fecha, se les aplica el régimen general consagrado en la Ley 33 de 1985 y demás disposiciones vigentes, habida cuenta que la Ley 91 de

a los docentes oficiales que se encontraban vinculados con anterioridad a esa fecha, se les aplica el régimen general consagrado en la Ley 33 de 1985 y demás disposiciones vigentes, habida cuenta que la Ley 91 de 1989, la Ley 60 de 1993 y la Ley 115 de 1994, no establecieron un régimen especial para las pensiones de jubilación docente, como tampoco lo hacía el Estatuto Nacional Docente6.

No sobra resaltar, que la Subsección B de la Sección Segunda de tal Corporación había venido sosteniendo que, para el reconocimiento de pensión por aportes a favor de un docente, era menester que este hubiese servido por lo menos 20 años de servicio doce nte y además, gozara del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido que a la entrada en vigencia del dicho Sistema de

6 Decreto Ley No. 2277 de 1979.5

Seguridad Social Integral, tuviere 35 o más años de edad en el caso de las mujeres o 40 o más años de edad para los hombres, o 15 o más años de servicio cotizados.

Sin embargo, de manera más reciente la Subsección B mediante sentencia del 6 de julio de 20237 deja atrás esta postura y señala que la cobertura docente en cuanto a la pensión por ap ortes se da en virtud de su vinculación anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003:

«Ahora bien, cabe precisar que, en el caso de los educadores, el criterio de la Sala mayoritaria ha sido aplicar la Ley 71 de 1988 siempre que el interesado satisfaga los requisitos preceptuados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del régimen de transición y haber prestado sus servicios para

aplicar la Ley 71 de 1988 siempre que el interesado satisfaga los requisitos preceptuados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del régimen de transición y haber prestado sus servicios para la docencia oficial no menos de veinte (20) años, del que se ha apartado el suscrito ponente20.

Sin embargo, por razones de equidad y justicia social, en virtud del principio pro homine, resulta menester rectificar esa postura, comoquiera que, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo 1 de 2005, respecto del régimen pensional de los docentes al servicio educativo oficial procede distinguir entre la aplicación de dos sistemas normativos, según las fechas de vinculación del maestro y la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio), esto es, los conformados por (i) las Leyes 91 de 1989 (letra B del numeral 2 del artículo 15) y 33 de 1985 o 71 de 1988 (en caso de acumulación de tiempo públicos y privados) y (ii) las Leyes 812 de 2003 (artículo 81) y 100 de 1993, las primeras concernientes al régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores estatales y las segundas atinentes al de prima media con prestación definida del sistema integral de seguridad social.

Por consiguiente, quienes con anterioridad al 27 de junio de 2003 estuviesen vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad21 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de

nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad21 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si e s mujer, cuando se acrediten 20 años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios.

(…) En conclusión, resulta procedente aplicar la Ley 71 de 1988, con observancia de lo antes enunciado, sin necesidad de acudir a la transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el régimen pensional de los docentes está sujeto a la fecha de vinculación al sector educativo oficial, según se anotó, y aquella norma también rige a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley 33 de 1985. (…) Por tanto, comoquiera que el actor efectuó aportes al entonces ISS y al Fomag por más de 20 años de servicios, resulta evidente que el régimen prestacional aplicable a su caso es el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994 y, en ese sentido, al tener más de 60 años de edad (cumplidos el 6 de octubre de 201622, con los cuales adquirió el estatus pensional), contrario a lo determinado por el a quo,

1988 y el Decreto 2709 de 1994 y, en ese sentido, al tener más de 60 años de edad (cumplidos el 6 de octubre de 201622, con los cuales adquirió el estatus pensional), contrario a lo determinado por el a quo, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicios, en aplicación de lo estipulado en los artículos 6º. y 8º. del Decreto 2709.

Por último, la Sala advierte que si bien la letra g del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 se refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la regulación vigente a la promulgación de la citada Ley, razón por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud d e la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes.» (Negrilla fuera de texto).

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia dictada dentro de la radic ación No. 15001 -23-33-0002020-00011-01 (4469-2022), CP Carmelo Perdomo Cuéter (con salvamento de voto de César Palomino Cortés).6

(ii) Régimen pensional previsto en la ley 33 de 1985

2020-00011-01 (4469-2022), CP Carmelo Perdomo Cuéter (con salvamento de voto de César Palomino Cortés).6

(ii) Régimen pensional previsto en la ley 33 de 1985 La Ley 33 de 1985 consagró el régimen pensional “general” de todos los empleados oficiales, y en su artículo 1º estableció la regla ordinaria para la pensión de los empleados oficiales de todos los niveles, niveló la edad pensional para hombres y mujeres en 55 años de edad, a la vez que consagró excepciones a sus normas, veamos:

“Artículo 1º. - El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya det erminado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse ant es de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

Parágrafo 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de tra bajo las de cuatro (4) o más horas

Parágrafo 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de tra bajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.

Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.

Parágrafo 3º. En todo caso, los empleados oficiales que, a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley.”

Ahora, sobre los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación pensional, éstos fueron determinados en la Ley 62 de 1985, que subrogó en lo pertinente la citada Ley 33, así:

Ahora, sobre los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación pensional, éstos fueron determinados en la Ley 62 de 1985, que subrogó en lo pertinente la citada Ley 33, así:

“Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remunerac ión del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; ho ras extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso7

obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.” (iv) Régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988

El legislador previó la posibilidad de obtener pensión a partir de la suma de aportes hechos como servidor público y trabajador del sector privado en la Ley 71 de 1988, que en su artículo 7° dispone:

"Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias

"Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intend encial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer."

El artículo 7 de la L ey 71 de 1988, fue reglamentada, entre otros, por el Decreto 2709 de 1994, que en su artículo 1° contempla que la pensión a la que hace referencia la citada ley se denomina pensión por aportes y la define así:

“Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 70 de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes. Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 arios o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público."

Respecto de las normas anteriormente tran scritas, el Honorable Consejo de Estado ha explicado que para la época de expedición de la Ley 71, el Instituto de Seguros Sociales tenía como función principal la afiliación

social del sector público."

Respecto de las normas anteriormente tran scritas, el Honorable Consejo de Estado ha explicado que para la época de expedición de la Ley 71, el Instituto de Seguros Sociales tenía como función principal la afiliación de los trabajadores del sector privado, de ahí que la norma citada se refiera a los aportes hechos a las cajas y fondos públicos, por una parte, y al Instituto de Seguros Sociales, por otra8.

Así las cosas, a efectos de obtener el reconocimiento de la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, el trabajador o trabajadora debe cumplir los siguientes requisitos del artículo 7° de la citada Ley 71 de 1988, anteriormente transcrito:

• Tener 60 años de edad si es hombre o 55 años si se es mujer, • 20 años de servicios con aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados como servidor público y trabajador del sector privado.

En el evento de cumplirse con los anteriores requisitos el trabajador o trabajadora tendrá derecho al reconocimiento de una pensión equivalente al 75% del salario base de liquidación, como lo dispone el artículo 8° del Decreto 2709 de 1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988, así:

8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: OSCAR DARÍO AMAYA NAVAS, veintisiete (27) de noviemb re de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: I1001 -03-06-000-2017-00116-00(C)8

"Artículo 8°. MONTO DE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES. El monto de la pensión

mil diecisiete (2017), Radicación número: I1001 -03-06-000-2017-00116-00(C)8

"Artículo 8°. MONTO DE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES. El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75% del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley."

Sobre el salario base para la liquidación de la pensión por aportes, el artículo 6° del mismo Decreto, estipuló:

"Artículo 6°. SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACION DE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley. Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente."

La anterior norma, inicialmente fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997; no obstante, mediante la sentencia del 15 de mayo de 20149, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de este último artículo, al considerar que desconoció la finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio legislativo.

Dentro de los argumentos que se tomaron en cuenta para tomar tal determinación se encuentran los siguientes:

de este último artículo, al considerar que desconoció la finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio legislativo.

Dentro de los argumentos que se tomaron en cuenta para tomar tal determinación se encuentran los siguientes:

“(…)la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo para las per sonas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios de l a normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen de transición pensional”.

Conforme a lo expuesto, la regla jurídica para determinar el ingreso base de liquidación de las personas que tengan derecho a la pensión de j ubilación por aportes es la establecida en el artículo 6º del Decreto 2709, norma que recobró vigencia a partir del tal declaratoria de nulidad, y por ende la pensión por aportes estipulada en la Ley 71 de 1988, se deberá liquidar con el 75% del salario pr omedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

(v) De los factores salariales que constituyen el ingreso base para liquidar el monto de la pensión de jubilación de los docentes oficiales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de sentencia del 25 de abril

(v) De los factores salariales que constituyen el ingreso base para liquidar el monto de la pensión de jubilación de los docentes oficiales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de sentencia del 25 de abril de 2019 10, estableció cuáles son los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las

9 Consejo de Estado, sentencia del 15 de mayo de 2014, Consejero Ponente: Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, radicado No. 11001-03-25-000-2011-0062000 (2427-2011). 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS , sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, expediente: 680012333000201500569 -01.9

pensiones ordinarias de jubilación de los docentes oficiales vinculados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, indicando lo siguiente:

“De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la

vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a lo