TA VAL - Sentencia 76147-33-33-001-2018-00328-01 (31-01-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No. 12

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ Y OTROS

Vpevl05@gmail.com

DEMANDADOS: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co Yeliza.yunda@fiscalia.gov.co Dario.agudelo@fiscalia.gov.co

NACIÓN-RAMA JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co galdesajvalle3@cendoj.ramajudicial.gov.co RADICACIÓN: 76147-33-33-001-2018-00328-01

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD/ RÉGIMEN

SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL

DECISIÓN: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA /

NIEGA PRETENSIONES

I. EL ASUNTO

1. Profiere el Tribunal, en segunda instancia y a través de la Sala Segunda de Decisión, la sentencia que corresponde en virtud d el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia No. 155 del 31 de julio de 2024 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. En atención al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, por tratarse el presente

julio de 2024 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. En atención al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, por tratarse el presente asunto de un proceso de reiteración de jurisprudencia, se le dará un trámite preferente.

II. LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

3. Los señores JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ y YESICA IBARGÜEN RIVAS , en representación de su menor hijo JHOJAN CARDONA IBARGÜEN , y a través de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitaron se declare a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, administrativamente y patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales que aducen les fueron ocasionados como consecuencia d e la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el primero de los mencionados.

4. Como fundamentos de orden fáctico se indicó que:

5. Por petición de la Fiscalía Seccional 20 de Cartago, en audiencia del 22 de enero de 2013 , el Juzgado Primero Penal Municipal de Cartago , libróMEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76147-33-33-001-2018-00328-01

DEMANDANTE: JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ Y OTROS

DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

2 orden de captura en contra del señor JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ, con el

DEMANDANTE: JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ Y OTROS

DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

2 orden de captura en contra del señor JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ, con el beneficio de detención preventiva en su lugar de residencia, por el presunto delito de violencia contra servidor público.

6. Señaló que el señor JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ, fue dejado en libertad el 28 de marzo de 2014, por ordenes del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago con Funciones de Conocimiento de Cartago, conforme a lo dispuesto en el acto del 28 de marzo de 2014, atendiendo a que el sentido del fallo fue absolutorio; el demandante estuvo privado de la libertad por un periodo de 1 año, 2 meses y 6 días.

7. Mediante sentencia No. 35 del 5 de mayo de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Carta go con Funciones de Conocimiento de Cartago, el señor JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ , fue absuelto del delito que se le endilgó1.

8. En los alegatos de conclusión, la apoderada de dicha entidad reiteró los argumentos expuestos en la demanda2.

III. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

9. La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ pidió ser excluida del proceso, observando que no existió privación injusta de la libertad, por cuanto los funcionarios judiciales actuaron conforme a las normas sustantivas y vigentes y las pruebas allegadas al momento del proceso penal.

10. Argumentó que el demandante y su hermano agredieron al agente de

funcionarios judiciales actuaron conforme a las normas sustantivas y vigentes y las pruebas allegadas al momento del proceso penal.

10. Argumentó que el demandante y su hermano agredieron al agente de policía SEYDER MARÍN RODRIGUEZ, por lo que fueron puestos a disposición de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y posteriormente puesto en acción el aparato judicial, imponiéndose por demás la medida de aseguramiento domiciliaria.

11. En atención a lo expuesto, propuso las excepciones “inexistencia de nexo de causalidad frente a las actuaciones de la Rama Judicial, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero – falta de legitimación en la causa por pasiva por actuaciones de otras entidades, falta de legitimación en la causa por ac tiva, inexistencia de perjuicios y la genérica”.3

12. En los alegatos de conclusión, la apoderada de dicha entidad reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y manifestó que con las pruebas allegadas al proceso no logró probarse l a responsabilidad de la entidad demandada ; añadió que el demandante fue aprehendido en flagrancia y por lo tanto puesto a disposición de la justicia mediante la Policía, existiendo un hecho delictivo del que posteriormente fue absuelto4.

13. Por su parte, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que la parte actora no probó los supuestos de hecho que comprometan la responsabilidad de la entidad; objetó la estimación de la cuantía , pues en principio la misma no se ajustó a los parámetros establecidos por el Consejo de Estado y además la medida

supuestos de hecho que comprometan la responsabilidad de la entidad; objetó la estimación de la cuantía , pues en principio la misma no se ajustó a los parámetros establecidos por el Consejo de Estado y además la medida

1 SAMAI, primera instancia índice 3 documento 45. 2 SAMAI, primera instancia índice 3 documento 8. 3 SAMAI, primera instancia índice 3 documento 39. 4 SAMAI, primera instancia índice 3 documento 4.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76147-33-33-001-2018-00328-01

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3 de privación de la libertad fue impuesta en el lugar de domicilio del demandante.

14. En atención a lo expuesto, propuso la excepci ón de “ falta de legitimación en la causa por pasiva”5.

15. En los alegatos de conclusión, la apoderada de dicha entidad reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y manifestó que con lo probado en el proceso se demostró que la privación de la libertad estuvo plenamente motivada por el actuar del demandante, quien fue denunciado por el policía SEYDER MARÍN RODRIGUEZ, situación que condujo a los actos efectuados por los funcionarios de la FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN y la RAMA JUDICIAL6.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

16. El J uez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda , arguyendo que, si bien el demandado estuvo privado de la libertad por un

NACIÓN y la RAMA JUDICIAL6.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

16. El J uez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda , arguyendo que, si bien el demandado estuvo privado de la libertad por un periodo de tiempo de 1 año, 2 meses y 6 días, tal situación se llevó al margen de una investigación penal.

17. Adujo que como no fueron allegados por parte del actor las copias de los audios y videos del proceso penal, no logró probarse la responsabilidad de las entidades demandadas, citando parte de la sentencia de absolución, donde se señala que , ante la falta de prueba s, debió optar dicho fallador en su momento por la presunción de inocencia7.

V. RECURSO DE APELACIÓN

18. La parte demandante formuló recurso de apelación argumentando que, si bien los medios audiovisuales no fueron arrimados al proceso, debe ser considerado como una limitación impuesta por el sistema judicial, además de referir que las pruebas allegadas resultaban suficientes para probar la privación injusta de la libertad en contra del demandante.

19. Adujo que al momento de presentarse la demanda bastaba solo con demostrar la absolución del demandante y no allegar pruebas como los audios y videos; correspondiendo la carga de la prueba al Estado y no a la victima

20. Refirió que no se analizó de manera correcta la responsabilidad del Estado, pues en este caso, al ser una privación injusta de la libertad con la absolución de la pena se presume la existencia del daño antijurídico, salvo que se demuestre el dolo o la culpa.

21. Refirió que con la sentencia absolutoria se probó que el demandante fue

absolución de la pena se presume la existencia del daño antijurídico, salvo que se demuestre el dolo o la culpa.

21. Refirió que con la sentencia absolutoria se probó que el demandante fue víctima de un actuar abusivo por parte de la Policía Nacional y que la actuación de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el Juez de control de garantías fue desproporcionada; adicionó que la privación de la libertad no tiene porque ser una car ga para los asociados durante la investigación penal, pues es excesiva.

5 SAMAI, primera instancia indicie 3 documento 38. 6 SAMAI, primera instancia indicie 3 documento 6. 7 SAMAI, primera instancia índice 4.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76147-33-33-001-2018-00328-01

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22. Finalmente, pidió el reconocimiento y pago de los perjuicios morales solicitados en la demanda y las costas procesales a favor de los demandantes8.

VI. ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

23. La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ manifestó no estar de acuerdo con las apreciaciones hechas por el recurrente , pues no logra desvirtuar que la medida impuesta haya sido desproporcional, innecesaria o sin razón alguna o antijuridica. Añadió que la privación de la libertad obedeció a una medida de aseguramiento que cumplió con los requisitos dispuestos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, entre otras circunstancias se refirió a que

o antijuridica. Añadió que la privación de la libertad obedeció a una medida de aseguramiento que cumplió con los requisitos dispuestos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, entre otras circunstancias se refirió a que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN puede inducir a error al juez9.

24. Por otro lado la parte demandante y la entidad FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, guardaron silencio; así como el agente del Ministerio Público no presentó concepto10.

VII. PROBLEMA JURÍDICO

25. Corresponde a esta Sala determinar, en principio, sí le asistió razón al juez a quo negar las pretensiones de la demanda con base en la falta de pruebas allegadas al proceso por parte del demandante y por otr o lado, establecer conforme al régimen de respo nsabilidad aplicable al caso concreto, si la privación de la libertad del señor JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ fue o no injusta y, por tanto, si hay lugar a imputar responsabilidad a las entidades demandadas.

VIII. TESIS DE LA SALA

26. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, al considerar que la sola absolución del procesado no tiene la virtualidad suficiente para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado y generarle el deber de indemnizar el daño que pudo causarle con la privación de su libertad, pues en principio la carga de la prueba corresponde a la parte demandante y esta no logró desvirtuar que la medida impuesta al señor JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ fuera desproporcionada, innecesaria o sin razón alguna.

IX. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

demandante y esta no logró desvirtuar que la medida impuesta al señor JOHN JAIRO CARDONA PÉREZ fuera desproporcionada, innecesaria o sin razón alguna.

IX. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

A. Responsabilidad patrimonial del Estado respecto de la privación injusta de la libertad.

27. La responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual dispone que deberá responder por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades.

28. Ahora bien, el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 estableció de manera clara que el Estado deberá responder “por el defectuoso funcionamiento

8 SAMAI, primera instancia índice 8 documento 1. 9 SAMAI, segunda instancia índice 11 documento 1. 10 SAMAI, segunda instancia índice 12.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76147-33-33-001-2018-00328-01

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5 de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”. (Negrilla fuera de texto).

29. Dicha norma se complementa con el artículo 68 ibídem, al señalar que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

30. Es del caso indicar que, en la sentencia C -037 de 1996, la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del artículo 68 de la Ley 270 de

Estado reparación de perjuicios”.

30. Es del caso indicar que, en la sentencia C -037 de 1996, la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, aclaró que no toda privación de la libertad es injusta, pues de otra manera ello significaría que la repar ación de perjuicios procediera de manera automática. Concretamente dijo lo siguiente:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales , de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención” (Negrilla fuera del texto).

31. No obstante la postura de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado

consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención” (Negrilla fuera del texto).

31. No obstante la postura de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado en un principio sostuvo una tesis objetiva, en virtud de la cual la gran mayoría de casos se condenaba al Estado cuando una persona era privada de su libertad y luego recibía decisión absolutoria11.

32. Con todo, la Corte Constitucional tuvo ocasión de estudiar varias tutelas presentadas por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en contra de sentencias condenatorias bajo dicho criterio y expidió la Sentencia SU -072 de 2018, en la que consideró que la tesis asumida por el Consejo de Estado transgredía el precedente fijado en la Sentencia C-037 de 1996, citada con

anterioridad. Al respecto se mencionó que:

“Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia – aplicación del principio in dubio pro reo-, (…) el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis p revio que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 199612”(Negrillas de la Sala).

33. Por lo tanto, la Corte Constitucional indicó que, según las particularidades de cada caso, el juez debería verificar y justificar cuál es el

la Sala).

33. Por lo tanto, la Corte Constitucional indicó que, según las particularidades de cada caso, el juez debería verificar y justificar cuál es el título de imputación aplicable (subjetivo – falla del servicio – u objetivo –

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 17 de octubre de 2013, expediente Nº 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En este fallo puede encontrarse la evolución del régimen de responsabilidad aplicable a casos de privación injusta de la libertad. 12 Corte Constitucional. Sentencia SU 072 de 2018.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76147-33-33-001-2018-00328-01

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6 daño especial, riesgo excepcional –). En todo caso, precisó que el título objetivo no es predicable de todas las situaciones en las que se absuelve al procesado, sino de aquellas en las cuales se concluyera sin mayores esfuerzos su carácter de injusta, y prec isó que esto es posible en aquellos casos en los que se encuentra por el juez penal que la conducta no existió o era objetivamente atípica. Tal como se lee a continuación:

“De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el exa men individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y

Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”13 (Negrillas de la

Sala).

34. Además, expresó que independientemente del régimen a aplicar, el juez de la responsabilidad debe analizar la razonabilidad, la proporcionalidad y la legalidad de la medida de aseguramiento:

“Retomando la idea que se venía planteando, tenemos que el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. (Negrillas fuera del texto).

35. Por otro lado, la Sala Plena del Consejo de Estado , mediante sentencia

penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. (Negrillas fuera del texto).

35. Por otro lado, la Sala Plena del Consejo de Estado , mediante sentencia de unificación del 15 de ago sto de 2018 14 modificó la línea jurisprudencial que venía manejando sobre la privación injusta de la libertad y determinó el estudio de los siguientes presupuestos: 1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio- , y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva

(artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y, 3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del as unto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto.

13 Corte Constitucional. Sentencia SU 072 de 2018. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, sentencia del 15 de agosto de 2018, expediente: 66001-23-31000-2010-00235 01 (46.947)MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, sentencia del 15 de agosto de 2018, expediente: 66001-23-31000-2010-00235 01 (46.947)MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76147-33-33-001-2018-00328-01

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36. Empero lo anterior, la misma Alta Corporación a través de sentencia de tutela15 dejó sin efectos dicha providencia, al considerar que no se realizó un análisis adecuado de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de realizar el estudio de imputación de la privación injusta de la libertad, por lo tant o, ordenó a la Sección Tercera

profiriera un nuevo fallo. Consideró que:

“La exigencia de verificar actos pre procesales, como lo es, que la detención de la demandante fue generada por su propia conducta, no sólo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria, porque implica considerar, que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito y determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención; transgrediendo co n ello el principio de presunción de inocencia”. (Subraya la Sala)

37. Por tal razón, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cumplimiento del fallo de tutela citado en el párrafo anterior, expidió la providencia del 6 de agosto de 2020 16. En esta sentencia señaló que es

en cumplimiento del fallo de tutela citado en el párrafo anterior, expidió la providencia del 6 de agosto de 2020 16. En esta sentencia señaló que es necesario que el juez examine el carácter injusto de la privación de la libertad ordenada en la medida de aseguramiento, esto es, debe determinar si fue razonable, proporcional y legal:

“Con el fin de determinar si un daño podía catalogarse como antijurídico y adicionalmente, ser imputa ble a la administración, resultaba necesario examinar el carácter injusto de la privación de la libertad, a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, puesto que, el hecho que una persona resultara privada de la libertad y a la postre, terminara con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resultaba suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, sino que era imprescindible, determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración”. (Subraya la Sala)

38. Como cita textual de la sentencia de reemplazo que enlistó el Consejo

de Estado, se extrae lo siguiente:

“Concordante con lo anterior, la Corte Constitucional señaló en la sentencia SU-072 de 2018, que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C037 de 1996establece un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad; entonces, el juez es quien, en cada

Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C037 de 1996establece un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad; entonces, el juez es quien, en cada caso, debe realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad fue apropiada razonable y/o proporcionada, o en otros términos, si devino o no en injusta. (…)

Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suficiente para decl arar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración”. (Negrillas de la Sala).

39. De este recuento jurisprudencial es importante resaltar que la Corte Constitucional reiteró, en sentencia SU -363 del 2021, que el análisis de la

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejero Ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ , sentencia de tutela del 1 5 de noviembre de 2019, Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00169-01. 16 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 6 de agosto del 2020. Radicado No. 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947), M.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZMEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947), M.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZMEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76147-33-33-001-2018-00328-01

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8 culpa de la víctima como causal de exoneración debe efectuarse sobre la actuación del procesado al interior del proceso penal y no respecto de aspectos pre procesales, o de aspectos relacionados con la conducta sobre la cual se llevó a cabo la investigación, que son competencia del juez penal. Así lo dijo la Corte Constitucional:

“(…) cuando se impone el análisis de la configuración de la culpa exclusiva de la víctima en un proceso de reparación directa, el juez de la responsabilidad debe respetar los principios del debido proceso, particularmente sus componentes de presunción de inocencia y respecto al juez natura l. Esto significa, en términos concretos, que el juez de la responsabilidad del Estado no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento penal, al ser de reserva del juez ordinario – penal -. Desconocer esa configuración implicaría, por una parte, reabrir el debate sobre circunstancias fácticas y elementos que ya fueron evaluados por dicho juez (…); y, por otra parte, implicaría tratar de nuevo a quien fue procesado penalmente, ahora en el proceso administrativo, como sospechoso, así como la aplicación de un criterio peligrosista que compromete de nuevo la presunción de inocencia (…)”17.

40. En ese sentido, el Consejo de Estado a través de sentencia del 27 de

la aplicación de un criterio peligrosista que compromete de nuevo la presunción de inocencia (…)”17.

40. En ese sentido, el Consejo de Estado a través de sentencia del 27 de octubre de 202218, concluyó que el criterio actual que surgió de la evolución expuesta consiste en que, en los casos de responsabilidad por privación injusta de la libertad, independientemente del régimen de responsabilidad a implementar, el juzgador debe analizar, bajo cr iterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, si la detención de la persona es injusta, según las particularidades de cada caso.

41. Por lo tanto, el simple hecho de que una persona resulte absuelta en un proceso penal, luego de haber sido cobijada por medida de aseguramiento, no es un hecho suficiente para declarar la responsabilidad del Estado.

B. Carga de la prueba

42. Respecto al régimen probatorio establecido en La Ley 1437 de 2011, el artículo 211 hace remisión a las normas del procedimiento civil en lo que no este regulado expresamente en este Código, por lo que al remitirnos al régimen indicado en la Ley 1564 de 2012, el artículo 167 nos indica a quié n

corresponde la carga de la prueba:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incum be a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo

persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considera rá en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por est ado de

17 Sentencia SU-363 del 22 de octubre de 2021, Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS 18 Sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL, expediente No. 11001-03-15-000-2021-03774-01.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76147-33-33-001-2018-00328-01

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9 indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término neces