TA VAL - Sentencia 76147-33-33-001-2018-00079-01 (20-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: DOCTORA LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Procede esta Corporación en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia No. 028 del 18 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

Los señores JORGE ANDRÉS GUTIÉRREZ CARDONA; AMILBIA DEL SOCORRO CARDONA QUINTERO; LEYDI JHOHANA CARDONA QUINTERO y VÍCTOR ALFONSO GUTIÉRREZ CARDONA, quienes actúan en nombre propio y en representación de su hijo menor MARLON ESTIBEN GUTIÉRREZ SANDOVAL , por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , pidiendo se les declare administrativamente responsables de todos los perjuicios que les fueron causados como consecuencia de la privación de la libertad, presuntamente injusta a la que fue sometido el señor JORGE ANDRÉS GUTIÉRREZ

CARDONA.

2. HECHOS

La Sala se permite sintetizar los hechos de la demanda, así:

libertad, presuntamente injusta a la que fue sometido el señor JORGE ANDRÉS GUTIÉRREZ

CARDONA.

2. HECHOS

La Sala se permite sintetizar los hechos de la demanda, así:

Que la Fiscalía 12 Seccional de Sevilla (V), adelantó investigación signada con el SPOA 767366000186201300567, contra el señor Jorge Andrés Gutiérrez Cardona por hecho s ocurridos el día 15 de junio de 2013, en la finca La Linda de la vereda Morro Azul de Sevilla, cuando tres personas encapuchadas y armadas con pistolas tipo revolver y una escopeta, vestidos con prendas del ejército, procedieron a hurtar varios elementos.

Que el día 21 de noviembre de 2013, se libró orden de captura contra el señor Jorge Andrés Gutiérrez Cardona, la cual se hizo efectiva en la fecha.

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA EXPEDIENTE: 76147-33-33-001-2018-00079-01

DEMANDANTE: JORGE ANDRÉS GUTIÉRREZ CARDONA Y OTROS

luiseduardo.osorio@gmail.com; luiseduardoosoriocorrea@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓNRAMA JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co ASUNTO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIATribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 2 de 16 Proceso No 76147-33-33-001-2018-00079-01 Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

Proceso No 76147-33-33-001-2018-00079-01 Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

Que el 21 de noviembre de 2013, se celebró audiencia preliminar ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, quien legalizó la captura; la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de Hurto Calificado y Agravado, Concierto para Delinquir y Fabricación, Tráfico, Porte y Tenencia de Armas de Fuego o Municiones; y finalmente, se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Que la Fiscalía Séptima Seccional de Sevilla presentó escrito de acusación contra el señor Jorge Andrés Gutiérrez Cardona el día 21 de enero de 2014 ; el 05 de junio de 2014 se celebró la audiencia preparatoria; y finalmente, surtidas las etapas del juicio oral, el Juez de Conocimiento mediante Sentencia No. 057 del 30 de junio de 2015, lo condenó a 12 años de prisión, por el delito de hurto calificado y agravado, y lo absolvió de los delitos de Concierto para Delinquir y Fabricació n, Tráfico, Porte o Tenencia de Arma de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones

Que inconformes con la decisión, tanto la defensa como la Fiscalía General de la Nación, interpusieron recurso de apelación, el cual fue resu elto por el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, absolviendo al aquí demandante por el delito de Hurto Calificado y Agravado, en aplicación del principio de in dubio pro reo.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Guadalajara de Buga, absolviendo al aquí demandante por el delito de Hurto Calificado y Agravado, en aplicación del principio de in dubio pro reo.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. RAMA JUDICIAL1

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que todas las actuaciones surtidas al interior del proceso penal al que se vi o enfrentado el actor fueron desarrolladas en apego de las normas sustantivas y procesales vigentes, por cuando el hecho delictivo sí existió y al momento de la legalización de la captura se contaba con los indicios suficientes de que estaba comprometido en los delitos investigados.

Sostuvo que, la medida de aseguramiento impuesta por el respectivo Juez tuvo su origen en la solicitud elevada por la Fiscalía y en los elementos materiales probatorios que ella exhibió para tal fin; pero en todo caso, debe tenerse en cuenta que en la etapa procesal que se dictó la medida de aseguramiento, el Juez de Control de Garantías no realiza ninguna valoración probatoria y por tal razón no define la responsabilidad penal del investigado, pues se trata de un estado procesal donde su labor se circunscribe a v erificar el cumplimiento de los requisitos consagrados en los artículos 250 Constitucional, 308 de la Ley 906 de 2004; y a constatar, que la medida de aseguramiento se adecúa al test de proporcionalidad, razonabilidad y ponderación.

Finalmente indicó que , nos encontramos ante el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima toda vez que como se pudo demostrar en el juicio, el señor Jorge Andrés Gutiérrez Cardona actuó de manera consciente y voluntaria, pues conocía que el

Finalmente indicó que , nos encontramos ante el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima toda vez que como se pudo demostrar en el juicio, el señor Jorge Andrés Gutiérrez Cardona actuó de manera consciente y voluntaria, pues conocía que el material probatorio encontrado en la casa de la señora María Gloria Villegas Hilvanado, correspondía al que había sido denunciado como hurtado.

3.2. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2

El apoderado de la mencionada entidad contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, bajo la consideración de que le corresponde al Fiscal solicitar la imposición de la medida de aseguramiento si considera que los elementos materiales

1Cuaderno 03 folios 69 y siguientes del expediente digital de primera instancia. 2 Cuaderno 03 folios 48 a 55 del expediente digital de primera instancia.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 3 de 16 Proceso No 76147-33-33-001-2018-00079-01 Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

probatorios puestos a su disposición son suficientes para ello, pero en todo caso, la decisión de privar o no de la libertad al imputado recae exclusivamente en el Juez con Funciones de Control de Garantías quien cuenta con plena autonomía para ello , según el proced imiento establecido en la Ley 906 de 2004.

Señaló que, en el presente asunto no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de su representada, pues la privación de la libertad del actor se produjo en aras del cumplimiento de un deber constitucional y legal

Señaló que, en el presente asunto no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de su representada, pues la privación de la libertad del actor se produjo en aras del cumplimiento de un deber constitucional y legal por la gravedad del delito investigado, y los señalamientos que hiciera la señora María Gloria Villegas Hilvanado, quien manifestó que los elementos hurtados habían sido llevados a su casa por parte del señor Gutiérrez Cardona.

Finalmente, precisó que en el proceso penal tramitado contra el demandante obró de conformidad con las obligaciones y funciones establecidas en el artículo 250 de la Constitución Política y todas aquellas disposiciones legales, tales como el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y las normas tanto sustanciales como procedimentales penales vigentes para la época de los hechos.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago, mediante Sentencia No. 028 del 18 de marzo de 2024, negó las pretensiones de la demanda, con el argumento de que la medida de aseguramiento impuesta al señor Gutiérrez Cardona, cumplió con los requisitos necesarios para su procedencia.

5. RECURSO DE APELACIÓN4

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando se a revocada, para lo cual además de reiterar lo expuesto en el escrito de demanda, señaló que, el presente asunto debe ser estudiado bajo el régimen de responsabilidad objetivo de daño especial , y no subjetivo como lo consideró el A quo en aplicación de la sentencia SU -072-2018 de la Corte Constitucional, y las sentencias de

demanda, señaló que, el presente asunto debe ser estudiado bajo el régimen de responsabilidad objetivo de daño especial , y no subjetivo como lo consideró el A quo en aplicación de la sentencia SU -072-2018 de la Corte Constitucional, y las sentencias de unificación del 15 de agosto de 2018 y 06 de agosto de 2020 del Consejo de Estado, pues el señor Jorge Andrés estuvo privado de la libertad entre el 21 de noviembre d e 2013 y el 16 de febrero de 2016, y la aplicación retroactiva de la jurisprudencia viola los principios de favorabilidad, legalidad, confianza legítima, libertad, garantías judiciales y debido proceso.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Concedido el recurso de apelación por parte del a quo mediante Auto No. 211 del 25 de abril de 2024, fue admitido en esta instancia con Auto de fecha 14 de junio de 2024.

7. PRONUNCIAMIENTOS DE LAS PARTES EN ESTA INSTANCIA

Dentro del término de ejecutoria de la providencia antes mencionada, únicamente se pronunció la Nación – Rama Judicial, reiterando lo expuesto en el escrito de contestación.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Este Tribunal es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la

3 Índice 12 del aplicativo Samai – expediente de primera instancia. 4 Índice 13 del aplicativo Samai – expediente de primera instancia.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 4 de 16 Proceso No 76147-33-33-001-2018-00079-01 Reparación Directa

4 Índice 13 del aplicativo Samai – expediente de primera instancia.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 4 de 16 Proceso No 76147-33-33-001-2018-00079-01 Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

sentencia emitida en este proceso en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

2. CONFLICTO JURÍDICO

En esta instancia la controversia se contrae a establecer, si debe confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al considerar que la medida de aseguramiento emitida contra el demandante cumplió con los presupuestos legales para su imposición; o, si, por el contrario, conforme se solicita en el recurso de apelación, en aplicación del régimen de responsabilidad objetivo, se debe d eclarar la responsabilidad de las entidades demandadas como consecuencia de la privación de la libertad del demandante por los delitos de Hurto Calificado y Agravado, Concierto para Delinquir y Fabricación, Tráfico, Porte y Tenencia de Armas de Fuego o Municiones.

De igual forma, y solo en caso de considerarse injusta la privación de la libertad padecida por el señor Jorge Andrés Gutiérrez Cardona, deberá establecerse qué entidad debe responder patrimonialmente por el daño antijurídico que de tal circunstancia se derive.

3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS EN LOS QUE SE

IMPUTA RESPONSABILIDAD POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD

El estudio que el tema amerita debe partir de la consideración de que, el Consejo de Estado

3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS EN LOS QUE SE

IMPUTA RESPONSABILIDAD POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD

El estudio que el tema amerita debe partir de la consideración de que, el Consejo de Estado mediante sentencia del 15 de agosto de 20185, unificó su jurisprudencia en torno al tema de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad en el sentido de precisar lo siguiente:

1.- Que en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de l a Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

2.- Que adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

3.- Que si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

3.- Que si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

4.- Que el juez, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia , puede encau sar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

No obstante, el mismo Consejo de Estado a través de sentencia de tutela6 dejó sin efectos la referida sentencia de unificación, al considerar que no se había realizado un análisis

5 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Bogotá, 15 de agosto de 2018. Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO. Proceso radicación No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947), Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros. Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, CP: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00169-01.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 5 de 16 Proceso No 76147-33-33-001-2018-00079-01 Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

adecuado del eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de

Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

adecuado del eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de efectuar el estudio de imputación de la privación injusta de la libertad en el caso concreto y, por lo tanto, ordenó a la Sub Sección respectiva que profiriera un nuevo fallo.

En cumplimiento de la referida orden de tutela el Consejo de Estado profirió una sentencia de reemplazo el 6 de agosto de 2020 7, en la que, si bien no se consignaron de nuevo las reglas de unificación anteriores, si fueron acogidas al momento de decidir , por lo que se concluye que siguen vigentes.

En concreto en esa nueva providencia se sostuvo que: “El hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suf iciente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración”.

A partir de la aludida unificación y su posterior sentencia de r eemplazo, la citada Corporación8 ha cambiado su postura en el sentido de afirmar en cuanto al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, que la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, y que en aplicación del principio iura novit curia corresponde al juez de conocimiento definir frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motiv ación que consulte razones,

principio iura novit curia corresponde al juez de conocimiento definir frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motiv ación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Así mismo que, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste.

En este punto, la Sala recuerda que, en desarrollo de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, mediante la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), el Consejo de Estado había diseñado un régimen de responsabilidad objetivo para estos casos, con el que se buscó proteger el derecho ambulatorio de las personas y el restablecimiento del desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad, el que operaba cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, supuestos que, se encontraban previstos en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 – antiguo Código Penal -, cuya aplicación siguió considerándose procedente aun después de la derogatoria de esta disposición.

Se sostenía entonces que, el régimen de responsabilidad objetivo tenía ocurrencia cuando la absolución del privado de la libertad o su equivalente se daba, por las causales del citado artículo 414 del Decreto ley 2700 de 1991, y además por la aplicación del principio de in

la absolución del privado de la libertad o su equivalente se daba, por las causales del citado artículo 414 del Decreto ley 2700 de 1991, y además por la aplicación del principio de in dubio pro reo, adicionado jurisprudencialmente.

Según la posición jurisprudencial del 2013, el régimen en cita, se aplicaba cuando la libertad del procesado, se daba por las siguientes causales:

7 C. de E. Sección Tercera. Sentencia de agosto 6 de 2020. Rad. No. 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947). CP. Dr. José Roberto Sáchica Méndez. 8 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. CONSEJERO

PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES. Bogotá D.C., siete (7) de d iciembre de dos mil veintiuno (2021). Referencia: REPARACIÓN DIRECTA. Radicación: 52001233100020090002001 (53917). Demandante: EDILBERTO FABIÁN LEITON PANTOJA Y OTRO. Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO. Tema: Privación injusta de la libertad. Indebida identificación e individualización de procesado. Decreto Ley 2700 de 1991. Se acreditó un daño antijurídico.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 6 de 16

Proceso No 76147-33-33-001-2018-00079-01 Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

1. Porque el detenido no cometió el delito, ii) El hecho delictivo no existió,

Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

1. Porque el detenido no cometió el delito, ii) El hecho delictivo no existió, iii) La conducta por la cual fue detenido no era típica o, iv) Por aplicación del principio in dubio pro reo.

En estos eventos la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la oc urrencia del daño mismo, es decir, de la pri vación material de la libertad, análisis que no implicaba la verificación de la legalidad de la medida cautelar, es decir, si ella contradecía el ordenamiento jurídico o si se produjo al margen del derecho. Se precisó que, en tales casos, el Estado para exonerarse de responsabilidad, debía probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompía la imputación de la responsabilidad y se desestimaba el deber de responder para la Administración.

En la actualidad, según la nueva posición jurisprudencial del Consejo de Estado, adoptada en la sentencia del 15 de agosto de 20189, en armonía con el artículo 90 Constitucional, el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, lo que, implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño de manera directa, para luego establecer la presencia de los demás elementos de la responsabilidad y

lesión indemnizable, lo que, implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño de manera directa, para luego establecer la presencia de los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que se encuentre predeterminado el régimen de responsabilidad a aplicar, sino que el juez de conocimiento lo escogerá en cada caso, de acuerdo con las particularidades del proceso en concreto.

En otras palabras, en desarrollo de la nueva posición jurispru dencial, el examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, exige la constatación de si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales se adoptó tienen correspondencia con los cánones legales y constitucionales, así como, si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, e igualmente, si la medida era necesaria, razonable y proporcional.

Por ello, destaca el Consejo de Estado que, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue en la medida en que, en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, se responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que encuentran amparo en el ordenamiento. Del mismo modo, de berá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo, su propia detención, a fin de establecer si le corresponde asumir las consecuencias de su actuación.

detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo, su propia detención, a fin de establecer si le corresponde asumir las consecuencias de su actuación.

No sobra agregar que, con anterioridad a esta nueva postura del Consejo de Estado, la Corte Constitucional en sentencia SU-072 de 2018, había considerado que, el precedente jurisprudencial de respo nsabilidad marcadamente objetivo que había adoptado aquella Corporación en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 desconocía el precedente sentado por esa misma Corte en sentencia C-037 de 1996 mediante la cual se declaró exequible condicionadamente el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de Administración de Justicia – del que emana la responsabilidad Estatal en materia de privación injusta de la libertad.

9 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Bogotá, 15 de agosto de 2018. Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO. Proceso radicación No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947), Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros. Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 7 de 16 Proceso No 76147-33-33-001-2018-00079-01 Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

Dicha disposición establece que: “ Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Es tado reparación de perjuicios. ”; y sobre su alcance, la sentencia CDicha disposición establece que: “ Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Es tado reparación de perjuicios. ”; y sobre su alcance, la sentencia C037 de 1996 había sostenido que el término “injustamente”, “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la lib ertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. (…) la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.” Bajo esos condicionamientos, la norma fue declarada exequible.

Partiendo de lo anterior, la Corte Constitucional concluyó que el precedente del Consejo de Estado, hasta ese momento aplicable en materia de responsabilidad Estatal por privación injusta de la libertad, contenido en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, se apartaba de lo decidido en la sentencia C -037 de 1996 bajo el argumento de que, las consideraciones expuestas en esa providencia constitucional solo daban cabida a un régimen de responsabilidad subjetivo, lo cual no resultaba acorde a lo dispuesto en el artículo 90 Superior, por cuanto, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996 que declaró su exequibilidad condicionada definieron un régimen de imputación concreto a emplear en materia de responsabilidad estatal por priva ción injusta de la libertad y por

que declaró su exequibilidad condicionada definieron un régimen de imputación concreto a emplear en materia de responsabilidad estatal por priva ción injusta de la libertad y por tanto, es al juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia , a quien corresponde establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso.

Igualmente, indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 que “a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de cosas, independientemente de estar o no normados.”

También destacó la Corte que, en dos de los eventos de absolución enlistados en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 19 91, esto es: i) cuando el hecho punible no existió o, ii) cuando la conducta desplegada fuese objetivamente atípica – no constituya delito - era posible “predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.”; debido a que, estando en los inicios de la investigación y para

desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.”; debido a que, estando en los inicios de la investigación y para efectos de privar preliminarmente de la libertad al investigado, se debe tener claro, por lo menos, que el hecho si se presentó y que puede ser objetivamente típico, por l o que en estos casos, el juez administrativo puede ser laxo en el proceso probatorio y valorativo para imputar el daño.

Precisó la Corte en esa misma providencia que, los otros dos eventos de absolución: i) el procesado no cometió el delito, e ii) in dubio pro reo , no podían ser abordados bajo un régimen objetivo de responsabilidad, ya que estos, “exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma.”Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 8 de 16 Proceso No 76147-33-33-001-2018-00079-01 Reparación Directa Jorge Andrés Gutiérrez Cardona y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

Concluye la mencionada Corporación que “la única interpretación posible –en perspectiva judicial-- del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan

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