TA VAL - Sentencia 76147-33-33-005-2023-00008-01 (20-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE DECISIÓN

Santiago de Cali, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE No: 76147-33-33-005-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JOSE MAURICIO RIVAS ESCOBAR

notificacionescartago@lopezquinteroabogados.com laurapulido@lopezquinteroabogados.com

DEMANDADOS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIOFOMAG

procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co fomag@fiduprevisora.com.co

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

njudiciales@valledelcauca.gov.co contactenos@valledelcauca.gov.co

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT

La Sala de De cisión de esta Corporación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia No. 246 del 26 de noviembre de 2024, mediante la cual el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cartago, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cartago, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

El señor JOSE MAURICIO RIVAS ESCOBAR, actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, elevando las siguientes:Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2023-00008-01

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PRETENSIONES:

1. Que se declare la nulidad del oficio No. N°.20231070206991 del 02 de febrero de 2023, por medio del cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.

2. En consecuencia, se reconozca y pague la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de esta.

3. Que se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG -DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con los ajustes de valor a que haya lugar , con motivo de la

3. Que se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG -DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con los ajustes de valor a que haya lugar , con motivo de la disminución del poder adquisitivo, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor; y que se reconozcan y paguen los intereses moratorios desde el día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia hasta que se efectúe el respectivo pago.

4. Que se condene a las demandadas a cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

5. Que se condene en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTA CIONES S OCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUPREVISORA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

Como HECHOS relevantes, se señalaron los siguientes:

Que el demandante laboró como docente en los servicios educativos estatales por lo cual presentó solicitud el 01 de octubre de 2019, para el reconocimiento y pago de las cesantías.

Que mediante Resolución No. 04112 del 22 de octubre de 2019, le fueron reconocidas las cesantías solicitadas; posteriormente, el FOMAG puso a disposición el dinero derivado de las mismas el 17 de enero de 2020.

Que, al observar con detenimiento, el actor solicitó las cesantías el día 01 de octubre de 2019, y el plazo para cancelarlas iba hasta el día 03 de enero de

Que, al observar con detenimiento, el actor solicitó las cesantías el día 01 de octubre de 2019, y el plazo para cancelarlas iba hasta el día 03 de enero de 2020, pero solo se hizo hasta el 17 de enero de 2020, por lo cual trascurrieron más de 19 días de mora, contados a partir de los 70 días hábiles que tenían las entidades demandadas para cancelar .

Indicó que presentó solicitud para el reconocimiento de la sanción moratoria el día 03 de octubre de 2022 ante LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓNMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2023-00008-01

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NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, con copia ante DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – FIDUPREVISORA.

Además, señaló que el 24 de enero de 2023 presentó solicitud ante la FIDUPREVISORA S.A., la cual a través de oficio No. 20231070206991 del 2 de febrero de 2023 negó la mencionada petición.

Como NORMAS VIOLADAS señaló las leyes 91 de 1989, Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006 y Ley 1955 de 2019.

Como CONCEPTO DE VIOLACIÓN, señaló, en síntesis, que la norma preceptúa la mora por el pago tardío de las cesantías parciales, que el reconocimiento se realizó de manera extemporánea, por fuera de los 70 días después de haber realizado la solicitud de las mismas, como lo indica los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

reconocimiento se realizó de manera extemporánea, por fuera de los 70 días después de haber realizado la solicitud de las mismas, como lo indica los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

1.2.- LA DEFENSA

LA FIDUPREVISORA S.A. presentó contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma, argumentando que estas no deben dirigirse contra esta entidad. Por lo anterior , propuso como excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa causa, indebida composición de la parte pasiva – Fiduprevisora S.A., inexistencia en la reclamación del derecho e innominada.

Por último, indicó que de conformidad con la Ley 1955 de 2019, se tiene que la obligación recae exclusivamente en las entidades territoriales, y que dicha entidad fiduciaria no es una entidad de carácter territorial, pues adujo que, de acuerdo con la decisión administrativa del Estado, se tiene que la fiduciaria es una entidad exclusivamente del carácter de empresa social y comercial del Estado. Por tal razón, solicitó negar la totalidad de las condenas en contra de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A. y condenar en costas a la parte actora.

El DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que la entidad territorial no está llamada a responder por concepto de reconocimiento y pago de la sanción moratoria generada por el pago extemporáneo de las cesantías parciales, pues indicó que la competencia es únicamente del FOMAG en virtud de lo establecido en la Ley

responder por concepto de reconocimiento y pago de la sanción moratoria generada por el pago extemporáneo de las cesantías parciales, pues indicó que la competencia es únicamente del FOMAG en virtud de lo establecido en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006.

Finalmente propuso como excepciones: Falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo debido, innominada, prescripción y condena en costas.

LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FOMAG no contestó la demanda.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIAMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2023-00008-01

4 El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartago, mediante sentencia No. 246 del 26 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Para ello realizó un análisis del marco legal de las cesantías y del pago a los docentes de la sanción moratoria consagrada en la Ley 1071 de 2006 y de la Sentencia de Unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, en donde el Consejo de Estado enlistó y resumió las situaciones de mora que podrían presentarse y determinó en la que deberá realizarse la contabilización del término para calcular la sanción moratoria para todos los servidores públicos, tanto si no existe respuesta de la administración como en otros eventos. Respecto al caso en concreto, hizo una relación de las pruebas aportadas al plenario así:

Por lo anterior, el A quo concluyó que no se causó mora en el pago de las

Respecto al caso en concreto, hizo una relación de las pruebas aportadas al plenario así:

Por lo anterior, el A quo concluyó que no se causó mora en el pago de las cesantías teniendo en cuenta que: i) el acto administrativo de reconocimiento se profirió dentro del término legal; ii) su notificación fue realizada personalmente al actor y iii) el pago se efectuó dentro del término estipulado para ello, esto es, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto y 55 posteriores a la radicación de la petición, conforme lo dispone el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018. Así mismo, el juzgado de primer grado, señaló que, de acuerdo a lo probado en el proceso, se evidenció que la entidad demandada puso a disposición del actor los valores reconocidos el 17 de enero de 2019 y que el FOMAG tenía hasta el 20 de enero de dicha anualidad para efectuar el pago, es decir que la entidad demandada actuó dentro del término establecido por la ley. Por ende, argumentó que el señor Rivas Escobar no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo acusado y por tal razón, declaró probada la excepción propuesta por la Fiduprevisora S.A. denominada “cobro de lo no debido”. Finalmente, decidió declarar no probada la excepción de “enriquecimiento sin justa causa” y negar las demás pretensiones de la demanda. 1.4.- EL RECURSO DE APELACIÓNMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2023-00008-01

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1.4.- EL RECURSO DE APELACIÓNMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2023-00008-01

5 La apoderada judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación, indicando no compartir la decisión de primera instancia, por lo cual señaló que el juez no realizó un estudio a las pruebas aportadas al expediente, pues mencionó que era evidente que el demandante realizó la solicitud de cesantías el 01 de octubre de 2019, y que la entidad demandada tenía plazo de expedir la resolución de reconocimiento de la mencionada prestación hasta el 23 de octubre de 2019 y que dicho acto administrativo fue notificado hasta el 28 de octubre de 2019. Por lo expuesto, argumentó que era evidente que las entidades demandadas incurrieron en mora al expedir de forma extemporánea el acto administrativo que reconoció las cesantías parciales al actor.

Adicionalmente, indicó que los términos según el nuevo decreto son los siguientes:

“Solicitud reconocimiento de cesantías: 1 DE OCTUBRE DE 2019. Fecha oportuna de notific ación de acto administrativo: 28 DE

OCTUBRE DE 2019.

Resolución de reconocimiento: Resolución No. 4112 DEL 22 DE

OCTUBRE DE 2019.

Fecha notificación: 28 DE OCTUBRE DE 2019.

Fecha oportuna para pago de cesantía: 3 DE ENERO DE 2020

Fecha pago efectivo de cesantía: 17 DE ENERO DE 2020”.

Por lo anteri or, concluyó que, si bien es cierto que el FOMAG consignó oportunamente las cesantías , también lo es que la entidad territorial excedió el

Fecha pago efectivo de cesantía: 17 DE ENERO DE 2020”.

Por lo anteri or, concluyó que, si bien es cierto que el FOMAG consignó oportunamente las cesantías , también lo es que la entidad territorial excedió el plazo determinado por la L ey 1955 de 2019 y el Decreto 0942 del 01 de junio de 2022 para expedir la resolución que reconoce y paga las cesantías parciales . Por lo tanto, adujo que trascurrieron 15 días de sanción por mora y que la responsabilidad está en cabeza de la entidad territorial Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca y Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG.

Así las cosas, solicitó revocar la sentencia de primera instancia. TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA El recurso de apelación fue admitido mediante auto Nro. 25 del 29 de enero de

2025. En el trámite de la ejecutoria las partes guardaron silencio.

Tramitada la segunda instancia, y no observándose causal de nulidad procesal que invalide la actuación, se procede a dictar sentencia, conform e a las siguientes,

II. CONSIDERACIONES Corresponde a la Sala dilucidar si el fa llo proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, a través del cual se negaron las pretensiones, se encuentra ajustado a derecho.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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3.1 PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver consiste en establecer si el demandante tiene o

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3.1 PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver consiste en establecer si el demandante tiene o no derecho a la sanción moratoria de que trata los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, por el no pago oportuno de sus cesantías y, en caso de ser afirmativo, se procederá a determinar a qué entidad le corresponde el pago.

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido por la Ley 270 de 1996, la Ley 446 de 1998 y el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, se puede otorgar un trámite preferencial “en atención a la naturaleza del asunto, por razones de seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de especial trascendencia social o por carecer de antecedentes jurisprudenciales y su solución sea de interés público con repercusión colectiva, o cuando su resolución íntegra entrañe solo la reiterada jurisprude ncia, o cuando se determine un orden temático para su elaboración y estudio pref erente, mediante acuerdo de la Sala”1.

Así las cosas, se tiene que, respecto al presente asunto, esta Sala ya se ha pronunciado con anterioridad, ratificando la misma posición en relación al tema objeto de estudio, por lo que al evidenciarse que la resol ución de esta controversia implica la reiteración jurisprudencial de esta Sala de Decisión, es procedente proferir fallo de manera prioritaria.

3.2 ARGUMENTOS DEL FALLO

controversia implica la reiteración jurisprudencial de esta Sala de Decisión, es procedente proferir fallo de manera prioritaria.

3.2 ARGUMENTOS DEL FALLO

3.2.1 LA LEY 244 DE 1195 MOFICADA Y ADICIONADA POR LA LEY 1071 DE 2006 DE 2006 – EL AUXILIO DE CESANTÍAS Y LA SANCIÓN

MORATORIA

El auxilio de cesantía es una prestación social a la que tiene derecho un trabajador y se encuentra a cargo del empleador, con el objetivo de que al encontrarse cesante pueda atender sus necesidades básicas; o estando vigente el vínculo laboral pueda ut ilizarlo en aspectos co mo educación, vivienda, mejoramiento de vivienda, etc., siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.

Así pues, respecto al pago de las cesantías a los servidores públicos y las sanciones por mora en su cancelación, la Ley 244 de 1995 en su artículo 2 estableció:

“Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

1 CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda – Subsección B, C.P. CARMELO PERDOMO CUETER, Radicación No. 25000-23-25-000-2011-01185-01. Auto del 25 de febrero de 2021.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2023-00008-01

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Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.”

De manera que, la entidad pública cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) días para cancelar las cesantías, contados a partir de la fecha en que adquiera firmeza el acto administrativo que las reconozca; pero, en caso de mora, al servidor público se le deberá reconocer y pagar un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de la prestación.

En este punto debe decirse que para el Consejo de Estado la sanción moratoria de la que trata la precitada norma, fue establecida con el objetivo de reparar los daños que se llegaren a causar al servidor público por el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas o parciales dentro de la oportunidad establecida para ello.2

Ahora bien, la Ley 1071 de 2006 adiciona y modifica la Ley 244 de 1995 y en ésta “se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”, señalándose en sus artículos 4 y 5 el reconocimiento y pago de esta prestación

ésta “se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”, señalándose en sus artículos 4 y 5 el reconocimiento y pago de esta prestación y la sanción moratoria por su pago tardío en los siguientes términos:

“Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En ca so de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

2 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, C.P.:

definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

2 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, C.P.: GERARDO ARENAS MONSALVE, radicado No. 73001-23-31-000-2004-01302-02(1872-07). Abril 08 de 2010.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2023-00008-01

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Parágrafo. En caso de mora en el pago de las c esantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

De lo anterior se desprende que la entidad empleadora o quien sea responsable del reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir el acto administrativo correspondiente en caso de cumplir con los requisitos para ello, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público.

Igualmente, se reitera que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en que haya quedado en firme el acto administrativo que ordenó la liquidación de la mentada prestación, la entidad pública debe

Igualmente, se reitera que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en que haya quedado en firme el acto administrativo que ordenó la liquidación de la mentada prestación, la entidad pública debe cancelarla; sin embargo, en caso de mora en el pago, ésta deberá reconocer un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo su cancelación.

3.2.2RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS DOCENTES OFICIALES EN MATERIA

DE CESANTÍAS.

En el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se determina que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) debe pagarles a los docentes, vinculados al 31 de diciembre de 1989, un auxilio de cesantía equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de un año laborado, sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos tres meses o, en caso contrario, sobre el salario promedio del último año. Al respecto, la norma aludida señala:

“Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (…)

3. Cesantías:

A. Para los docent es nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los

Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.”

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de eneroMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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9 de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Na cional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”

De la disposición en cita, se desprende que los docentes, dependiendo de su vinculación, tienen un sistema de cesantías aplicable a saber: i) si se trata de docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 se les pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio

vinculación, tienen un sistema de cesantías aplicable a saber: i) si se trata de docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 se les pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio sobre el último salario devengado -esté es el llamado sistema retroactivo-, y ii) en el caso de los docentes nacionales y nacionalizados, y los vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990, se realiza un pago anualizado de la prestación y el reconocimiento de un interés anual sobre el sald o de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año liquidadas anualmente y sin retroactividad.

Por otro lado, en el Decreto 2831 de 2005 se estableció el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FOMAG, encontrándose entre ellas las cesantías, y disponiéndose lo siguiente:

“Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría d e educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que

reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2023-00008-01

10 Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho

Fondo.

2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento,

certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la s ociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.

5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se encuentren en firme.

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra las d ecisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones

interpuestos contra las d ecisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabi lidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o laMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2023-00008-01

11 entidad que haga sus veces, de la entida