TA VAL - Sentencia 76147-33-33-003-2024-00012-01 (20-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE DECISIÓN

Santiago de Cali, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE No: 76147-33-33-003-2024-00012-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARIA ADIELA GUTIERREZ MONA

notificacionescartago@lopezquinteroabogados.com laurapulido@lopezquinteroabogados.com

DEMANDADO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIOFOMAG

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co fomag@fiduprevisora.com.co

DEPARTAMETO DEL VALLE DEL CAUCA.

yesica.abogada2018@gmail.com monliz_a@hotmail.com mercedesarturo.juridica@gmail.com

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT

La Sala de Decisión de esta Corporación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas, contra la sentencia de primera instancia No. 129 del 30 de septiembre de 2024, mediante la cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago accedió parcialmente pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago accedió parcialmente pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

La señora MARIA ADIELA GUTIERREZ MONA, actuando a través de apoderado judicial y en e jercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - DEPARTAMENTO DEL V ALLE DEL CAUCA , elevando las siguientes:Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

2

PRETENSIONES:

1. Que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 11 de noviembre de

2023 y la resolución No. 1.210-54 03720 del 29 de diciembre de 2023, la cual fue expedida posterior al cumplimiento del acto ficto negativo, de la petición radicada ante el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG – FIDUPREVISORA, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción mora establecida en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.

2. En consecuencia, se reconozca y pague la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la

Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de esta.

3. Que se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG -DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con los ajustes de valor a que haya lugar , con motivo de la disminución del poder adquisitivo, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor; y que se reconozcan y paguen los intereses moratorios desde el día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia hasta que se efectúe el respectivo pago.

4. Que se condene a las demandadas a cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

5. Que se condene en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTA CIONES S OCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

Como HECHOS relevantes, se señalaron los siguientes:

Que la demandante laboró como docente en los servicios educativos estatales por lo cual presentó solicitud el 05 de agosto de 2021, para el reconocimiento y pago de las cesantías.

Que mediante Resolución No. 2755 del 10 de septiembre de 2021, le fueron reconocidas las cesantías solicitadas; posteriormente, el FOMAG puso a disposición el dinero derivado de las mismas el 01 de diciembre de 2021.

Que mediante Resolución No. 2755 del 10 de septiembre de 2021, le fueron reconocidas las cesantías solicitadas; posteriormente, el FOMAG puso a disposición el dinero derivado de las mismas el 01 de diciembre de 2021.

Que, al observar con detenimiento, la actora solicitó las cesantías el día 05 de agosto de 2021, y el plazo para cancelarlas iba hasta el día 17 de noviembre de 2021, pero solo se hizo hasta el 01 de d iciembre de 2021, por lo cualMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

3 trascurrieron más de 20 días de mora, contados a partir de los 70 días hábiles que tenían las entidades demandadas para cancelar .

Indicó que presentó solicitud para el reconocimiento de la sanción moratoria el día 11 de agosto de 2023, sin que se haya obtenido respuesta.

Como NORMAS VIOLADAS señaló las leyes 91 de 1989, Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006 y Ley 1955 de 2019.

Como concepto de violación, señaló, en resumen, que el espíritu garantista de la Ley 1071 de 2006 al es tablecer los términos perentorios para el reconocimiento y pago de la cesantía, estaba siendo burlado por las entidades demandadas, cuando canceló la prestación con posterioridad a los setenta (70) días después de haber realizado la petición de estas, obviando la protección de los derechos del trabajador , haciéndose el FOMAG acreedor a la sanción correspondiente por la mora en el pago de la cesantía por el incumplimiento o

días después de haber realizado la petición de estas, obviando la protección de los derechos del trabajador , haciéndose el FOMAG acreedor a la sanción correspondiente por la mora en el pago de la cesantía por el incumplimiento o retardo en el pago de esta, y con esta circunstancia se debían resarcir los daños causados a la demandante.

1.2.- LA DEFENSA

LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO presentó contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma. Argumentó que en el caso de referencia el pago de la sanción mora corresponde únicamente al ente territorial, ya que el pago extemporáneo de las cesantías se generó como consecuencia de la expedición tardía del acto administrativo que reconoció la prestación.

Por otra parte, propuso como excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva, ineptitud sustancial de la demanda por no demandar al administrativo que resolvió su situación jurídica particular , prescripción, cobro indebido de la sanción moratoria, improcedencia de la indexación y genérica.

Para terminar , solicitó ser desvinculado del proceso y condenar en costas a la parte demandante.

El DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que la entidad territorial no está llamada a responder por concepto de reconocimiento y pago de la sanción moratoria generada por el pago extemporáneo de las cesantías parciales, pues indicó que la competencia es únicamente del FOMAG. Así mismo, señaló que, si bien la

responder por concepto de reconocimiento y pago de la sanción moratoria generada por el pago extemporáneo de las cesantías parciales, pues indicó que la competencia es únicamente del FOMAG. Así mismo, señaló que, si bien la Secretaría de Educación Departamental expidió y/o notificó la resolución de forma extemporánea, la Fidu previsora pagó dentro del término estipulado, logrando con esto que no sean condenados al pago de la sanción moratoria.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

4 A su vez, advirtió que es importante tener en cuenta lo establecido en la Resolución No. 1.210-54 03720 del 29 de diciembre de 2023, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, la cual dispone:

“De tal forma, cabe mencionar que la Secretaria de Educación Departamental cumplió con las gestiones a su cargo que van desde la radicación de la petición en la plataforma ON BASE, bajo el No. 2021-CES-059221 del 06 de agosto de 2021, la expedición del acto administrativo de reconocimiento el 10 de septiembre de 2021, la notificación del mismo el día 16 de septiembre de 2021, hasta el envío del acto administrativo de reconocimiento debidamente ejecutoriado para el pago a la FIDUPREVISORA, actuación que se hizo el día 20 de septiembre de 2021, así mismo se cumplió con cada uno de los parámetros y lineamientos establecidos en la normatividad para el reconocimiento y pago de la cesantía definitiva de la señora MARIA ADIELA GUTIERREZ MONA; por su parte

de septiembre de 2021, así mismo se cumplió con cada uno de los parámetros y lineamientos establecidos en la normatividad para el reconocimiento y pago de la cesantía definitiva de la señora MARIA ADIELA GUTIERREZ MONA; por su parte la interesada no interpuso recurso alguno en contra del acto administrativo de reconocimiento para que se corrigiera la inconsistencia presentada respecto del tipo de vinculación y teniendo en cuenta que la Ley ha establecido que el pago de las prestaciones sociales se encuentra a cargo de la Fiduprevisora S.A. y que está demostrado en los documentos que reposan en el expediente administrativo que la devolución de pago lo hizo la oficina de nómina de la Fiduprevisora, pese a existir hoja de revisión en estado aprobada y que no advirtió a tiempo el error en el tipo de vinculación, por lo tanto en el caso de demostrarse que hubo mora, es el ente Fiduciario quien genero la mora, el llamado a responder;…”

Por último, propuso como excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, innominada, prescripción y condena en costas.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Administrativo del circuito de Cartago, mediante sentencia No. 129 del 30 de septiembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, tras analizar la procedencia de la sanción por mora en el pago de las cesantías de los docentes. En su fallo, el juez citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2018, en la que se abordó la aplicabilidad de la sanción moratoria para los docentes, así como los plazos que deben considerarse para su imposición en

En su fallo, el juez citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2018, en la que se abordó la aplicabilidad de la sanción moratoria para los docentes, así como los plazos que deben considerarse para su imposición en aquellos casos en los que la entidad se pronuncia tardíamente sobre la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías. El juzgado precisó que la regla aplicable para establecer el tiempo máximo con el que contaba la demandada para realizar el pago de las cesantías corresponde a 70 días posteriores a la presentación de la petición. Por lo anterior, señaló que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales data del día 5 de agosto de 2021, la cual fue resuelta mediante resolución No. 1.210-54 02755 del 10 de septiembre de 2021, notificada el 16 de septiembre de 2021 y que el plazo para obtener el pago efectivo de dichas cesantías vencía el 17 de noviembre de 2021, pero se produjo hasta el 01 de diciembre de

2021. Por tal razón, el juzgado concluyó que, a partir del día 18 de noviembre de 2021 (día siguiente a la fecha en que debió efectuarse el pago) hasta el 30Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

5 de noviembre de 2021 (día anterior al pago), se causó la sanción mora, para un total de 13 días de mora. Por otro lado, referente a la entidad responsable de pagar la sanción moratoria, indicó que, en virtud de los términos señalados en el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, los 15 días con que contaba el Departamento del Valle del Cauca –

Por otro lado, referente a la entidad responsable de pagar la sanción moratoria, indicó que, en virtud de los términos señalados en el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, los 15 días con que contaba el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación para expedir el acto administrativo, más los diez (10) días de ejecutoria, fenecieron el 10 de septiembre de 2021; sin embargo, el acto administrativo fue proferido el 10 de junio de 2021 y notificado el 16 de septiembre de 2021, es decir, por fuera del término legal. Por lo tanto, determinó que, de los 13 días de mora, la entidad territorial debería asumir 4 días. A su vez, señaló que como el FOMAG tenía plazo de realizar el pago de dicha prestación hasta el 17 de noviembre de 2021 y puso a disposición el dinero el día 01 de diciembre de 2021, le correspondía a esta entidad cancelar los 9 días restantes de la sanción por mora. Por lo expuesto, declaró la responsabilidad de las dos entidades demandadas y ordenó que el valor de la condena impuesta se ajustara con el índice de precios al consumidor, tal como lo establece el artículo 187 del CPACA. 1.4.- LOS RECURSOS DE APELACIÓN LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESENTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO interpuso recurso de apelación, indicando no compartir lo decidido en primera instancia; para ello argumentó que la solicitud de reconocimiento de prestaciones económicas debe presentarse ante la última entidad territorial de educación que haya ejercido como autoridad nominadora del afiliado. A su vez, hizo énfasis en que la Secretaría de Educación del Departamento del

argumentó que la solicitud de reconocimiento de prestaciones económicas debe presentarse ante la última entidad territorial de educación que haya ejercido como autoridad nominadora del afiliado. A su vez, hizo énfasis en que la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca envió de forma tardía los actos administrativos que están a cargo de dicho ente territorial, el primero, que es el acto administrativo que reconoce la prestación, y el segundo, la remisión de la resolución ejecutoriada al FOMAG, los cuales, argumentó, fueron expedidos de forma extemporánea. Por tal razón, adujo que la responsabilidad de pagar la sanción mora recae únicamente en el ente territorial con fundamento en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Por otra parte, señaló que la indemnización por mora no es objeto de indexación tal y como lo ha establecido el Consejo de Estado en Sala Plena de la Sección Segunda, acogiéndose a la posición de la Corte Constitucional mediante sentencia de unificación, pues por tratarse de una sanción que busca el pago oportuno de las cesantías, pero que no recompensa o indemniza al trabajador, no es un derecho laboral. De igual forma, argumentó que no procedía la condena en costas en esa instancia teniendo en cuenta el artículo 365 del CGP, que establece que solo habrá lugar a las mismas cuando estas estén objetivamente probadas en el expediente, lo cual en el caso sub examine no se evidenció.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

6 Finalmente, solicitó revocar el fallo de primera instancia y absolver al FOMAG de la condena en costas y agencias en derecho.

Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

6 Finalmente, solicitó revocar el fallo de primera instancia y absolver al FOMAG de la condena en costas y agencias en derecho. Por su parte, el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA presentó recurso de apelación adhesiva establecido en el parágrafo del artículo 322 del CGP, en el cual indicó que, no compartía la decisión del A quo, porque quedó demostrado y nunca se desvirtuó que la Resolución No. 1.210-54 02755 del 10 de septiembre de 2021 , fue comunicada por parte de la Secretaría de Educación Departamental mediante oficio No. 2021-CES-059221 del 06 de agosto de 2021 a la Fiduprevisora, lo que quiere decir que esta última entidad tuvo conocimiento de la petición desde ese entonces. A su vez, manifestó que la competencia para el reconocimiento de los derechos prestacionales de los docentes está a cargo del FOMAG, conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, especialmente el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005. Por lo anterior, reconoció que tanto el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías como el pago de las mismas fueron extemporáneos, por ende, solicitó que el pago de la sanción mora sea compartido así: 6 días de mora para el ente territorial y 6 días para la Fiduprevisora. Finalmente, manifestó compartir los argumentos expuestos por el FOMAG en el recurso de apelación referente a la indexación de la sanción mora y solicitó revocar o modificar la sentencia de primera instancia en los puntos expuestos.

TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

recurso de apelación referente a la indexación de la sanción mora y solicitó revocar o modificar la sentencia de primera instancia en los puntos expuestos. TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA El recurso de apelación fue admitido mediante el auto N.º 27 del 29 de enero de

2025. En el trámite de la ejecutoria las partes guardaron silencio.

Tramitada la segunda instancia, y no observándose causal de nulidad procesal que invalide la actuación, se procede a dictar sentencia, conforme a las siguientes,

II. CONSIDERACIONES Corresponde a la Sala dilucidar si el fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago, a través del cual se accedió parcialmente a las pretensiones, se encuentra ajustado a derecho.

3.1 PROBLEMA JURÍDICO

En los términos de los recursos de apelación, la Sala debe determinar en primer lugar a cuál de las entidades demandas le corresponde efectuar el pago de la sanción moratoria y, en segundo lugar, establecer si la sanción por mora es objeto de indexación como lo estableció el A quo en la providencia de primer grado.

CUESTIÓN PREVIAMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

7 De conformidad con lo establecido por la Ley 270 de 1996, la Ley 446 de 1998 y el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, se puede otorgar un trámite preferencial “en atención a la naturaleza del asunto, por razones de seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación

el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, se puede otorgar un trámite preferencial “en atención a la naturaleza del asunto, por razones de seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de especial trascendencia social o por carecer de antecedentes jurisprudenciales y su solución sea de interés p úblico con repercusión colectiva, o cuando su resolución íntegra entrañe solo la reiterada jurisprudencia, o cuando se determine un orden temático para su elaboración y estudio prefer ente, mediante acuerdo de la Sala”1.

Así las cosas, se tiene que, respecto al presente asunto, esta Sala ya se ha pronunciado con anterioridad, ratificando la misma posición en relación al tema objeto de estudio, por l o que al evidenciarse que la resoluc ión de esta controversia implica la reiteración jurisprudencial de esta Sala de Decisión, es procedente proferir fallo de manera prioritaria.

3.2 ARGUMENTOS DEL FALLO

3.2.1 LA LEY 244 DE 1195 MOFICADA Y ADICIONADA POR LA LEY 1071 DE 2006 DE 2006 – EL AUXILIO DE CESANTÍAS Y LA SANCIÓN

MORATORIA

El auxilio de cesantía es una p restación social a la que tiene derecho un trabajador y se encuentra a cargo del empleador, con el objetivo de que al encontrarse cesante pueda atender sus necesidades básicas; o estando vigente el vínculo laboral pueda utilizarlo en aspectos como educació n, vivienda, mejoramiento de vivienda, etc., siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.

encontrarse cesante pueda atender sus necesidades básicas; o estando vigente el vínculo laboral pueda utilizarlo en aspectos como educació n, vivienda, mejoramiento de vivienda, etc., siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.

Así pues, respecto al pago de las cesantías a los servidores públicos y las sanciones por mora en su cancelación, la Ley 244 de 1995 en su artículo 2 estableció:

“Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.”

De manera que, la entidad pública cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) días para cancelar las cesantías, contados a partir de la fecha en que

1 CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda – Subsección B, C.P. CARMELO PERDOMO CUETER, Radicación No. 25000-23-25-000-2011-01185-01. Auto del 25 de febrero de 2021.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

No. 25000-23-25-000-2011-01185-01. Auto del 25 de febrero de 2021.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

8 adquiera firmeza el acto administrativo que las reconozca; pero, en caso de mora, al servidor público se le deberá reconocer y pagar un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de la prestación.

En este punto debe decirse que para el Consejo de Estado la sanción moratoria de la que trata la precitada norma, fue establecida con el objetivo de reparar los daños que se llegaren a causar al servidor público por el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas o parciales dentro de la oportunidad establecida para ello.2

Ahora bien, la Ley 1071 de 2006 adiciona y modifica la Ley 244 de 1995 y en ésta “se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”, señalándose en sus artículos 4 y 5 el reconocimiento y pago de esta prestación y la sanción moratoria por su pago tardío en los siguientes términos:

“Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

De lo anterior se desprende que la entidad empleadora o quien sea responsable del reconocimiento y pago de las cesantías , deberá expedir el acto

se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

De lo anterior se desprende que la entidad empleadora o quien sea responsable del reconocimiento y pago de las cesantías , deberá expedir el acto

2 CONSEJO D E ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrati vo, Sección Segunda – Subsección B, C.P.: GERARDO ARENAS MONSALVE, radicado No. 73001-23-31-000-2004-01302-02(1872-07). Abril 08 de 2010.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

9 administrativo correspondiente en caso de cumplir con los requisitos para ello, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público.

Igualmente, se reitera que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en que haya quedado en firme el acto administrativo que ordenó la liquidación de la mentada prestación, la entidad pública debe cancelarla; sin embargo, en caso de mora en el pago, ésta deberá reconocer un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo su cancelación.

3.2.2RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS DOCENTES OFICIALES EN MATERIA

DE CESANTÍAS.

En el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se determina que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) debe pagarles a los docentes, vinculados al 31 de diciembre de 1989, un auxilio de cesantía equivalente a un

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) debe pagarles a los docentes, vinculados al 31 de diciembre de 1989, un auxilio de cesantía equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de un año laborado, sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos tres meses o, en caso contrario, sobre el salario promedio del último año. Al respecto, la norma aludida señala:

“Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (…)

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.”

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certifi cación de la Superintendencia

existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certifi cación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de P restaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00012-01

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De la disposición en cita, se desprende que los docentes, dependiendo de su vinculación, tienen un sistema de cesantías aplicable a saber: i) si se trata de docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 se les pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio sobre el último salario devengado -esté es el llamado sistema retroactivo-, y ii) en el caso de los docentes nacionales y nacionalizados, y los vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990, se realiza un pago anualizado de la prestación y el reconocimiento de un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año liquidadas anualmente y sin retroactividad.

Por otro lado, en el Decreto 2831 de 2005 se estableció el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FOMAG, encontrándose entre ellas las cesantías, y disponiéndose lo siguiente:

retroactividad.

Por otro lado, en el Decreto 2831 de 2005 se estableció el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FOMAG, encontrándose entre ellas las cesantías, y disponiéndose lo siguiente:

“Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada