TA VAL - Sentencia 76-109-33-33-002-2022-00136-01 (27-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Santiago de Cali, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN No.: 76-109-33-33-002-2022-00136-01

M. DE CONTROL: NULIDAD Y REST. DEL DERECHO - LABORAL

DEMANDANTE: SHARON GENESSA CUELLAR TORRES.

sharongenessacuellartorres@gmail.com aldemaro2004@gmail.com

DEMANDADO: HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.

juridicahlap@gmail.com

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 0169 del 6 de diciembre de 2024, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura (V), mediante la cual se acogieron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Sharon Genessa Cuellar Torres, actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra el HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E., solicitando la declaración de nulidad del acto administrativo contenido en el oficio del 22 de septiembre de 2022, mediante el cual le fue negado el reconocimiento y pago de las acreencias laborales insolutas derivadas de la relación laboral entre las partes, así como la sanción moratoria por

administrativo contenido en el oficio del 22 de septiembre de 2022, mediante el cual le fue negado el reconocimiento y pago de las acreencias laborales insolutas derivadas de la relación laboral entre las partes, así como la sanción moratoria por la omisión en la cancelación de las cesantías definitivas al término de la relación laboral.

En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó el pago de las acreencias laborales insolutas correspondientes al período comprendido entre el 2 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, requirió el pago de la sanción moratoria por la omisión en el pago oportuno de las cesantías definitivas al finalizar la relación laboral. Finalmente, solicitó el pago de costas procesales y la indexación de las sumas condenadas.

Como fundamento de lo anterior, indicó que prestó sus servicios laborales al HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E. en el cargo de auxiliar de enfermería, desde el 2 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, bajo contrato a término fijo y como supernumeraria.2

Señaló que, durante la vigencia de la relación laboral, no disfrutó de vacaciones ni le fueron pagadas las primas de vacaciones, además de que no fue afiliada a un fondo de cesantías.

Alegó que, al finalizar la relación laboral y hasta la fecha de presentación de la demanda, la entidad demandada omitió el pago de la liquidación laboral, la cual ascendía a la suma de $10.993.940.

Manifestó que, a través de su apoderado, presentó un derecho de petición el 23 de agosto de 2022 ante la entidad demandada, solicitando, entre otros aspectos,

ascendía a la suma de $10.993.940.

Manifestó que, a través de su apoderado, presentó un derecho de petición el 23 de agosto de 2022 ante la entidad demandada, solicitando, entre otros aspectos, el pago de las acreencias laborales adeudadas. Dicha petición fue resuelta tras una acción de tutela el 22 de septiembre de 2022, remitiendo a la actora tres archivos que certificaban las acreencias laborales pendientes de pago y los pagos realizados durante la vigencia de la relación laboral. Se entiende que el documento restante correspondió a la respuesta a la petición.

Como NORMAS VIOLADAS se invocaron las siguientes:

Artículos 1, 13, 25, 29, 47, 53, 54, 95 y 366 de la Constitución Política de Colombia. Ley 1071 de 2006. Ley 1346 de 2009. Ley 244 de 1995.

Dentro del CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN, la parte actora sostuvo que el acto demandado fue expedido con infracción de la norma en que deb ía fundarse. Explicó que la obligación es exigible a partir del momento en que se causa la mora en el pago de las cesantías, es decir, una vez vence el plazo con el que cuenta la entidad para efectuar el pago de las cesantías definitivas o parciales. Además, indicó que la sanción moratoria no solo requiere la existencia de la mora, sino que también debe mediar una reclamación expresa de dicha sanción por parte del interesado para lograr su reconocimiento y pago.

Alegó que el pago de las cesantías constituye una situación jurídica susceptible de ser reconocida en sede judicial, dado que la entidad obligada a responder por la

interesado para lograr su reconocimiento y pago.

Alegó que el pago de las cesantías constituye una situación jurídica susceptible de ser reconocida en sede judicial, dado que la entidad obligada a responder por la prestación ha incumplido las disposiciones que regulan la materia, incurriendo en una mora injustificada en su pago.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA1

La entidad demandada, Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E., en primer término, reconoció que la demandante estuvo vinculada a la institución en distintos períodos mediante los siguientes actos administrativos:

• Contrato laboral No. GRH-0525, del 2 al 31 de diciembre de 2018. • Resolución No. G-RH 036, del 1 de enero al 30 de junio de 2019.

1 Ver archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia.3

• Resolución No. G-RH 067-2020, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020.

No obstante, señaló que en el escrito de la demanda no se aportó certificación laboral que acreditara dichos períodos. Asimismo, afirmó que solo se puede corroborar la vinculación de la demandante entre el 2 y el 31 de diciembre de 2018, mientras que los demás períodos y formas de contratación no corresponden a la realidad.

Respecto a las demás afirmaciones de la parte demandante, manifestó que se atendrá a lo probado en el proceso, con excepción de lo relacionado con la presentación de la petición del 23 de agosto de 2022, sus pretensiones y la posterior acción de tutela, hechos que reconoció como ciertos.

atendrá a lo probado en el proceso, con excepción de lo relacionado con la presentación de la petición del 23 de agosto de 2022, sus pretensiones y la posterior acción de tutela, hechos que reconoció como ciertos.

Acto seguido se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que a la demandante “(…) no le asiste fundamento para la viabilidad de lo solicitado, por lo tanto, respetuosamente solicito señor juez, sea usted quien dirima por intermedio de esta jurisdicción contenciosa administrativa la controversia existente. (…)”.

Finalmente propuso las excepciones de buena fé, prescripción y la genérica o innominada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura (V), mediante sentencia No. 0169 del 6 de diciembre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda.

Para fundamentar su decisión, formuló como problema jurídico la determinación de la legalidad del acto administrativo contenido en el Oficio S/N del 22 de septiembre de 2024.

A continuación, hizo referencia a las vinculaciones laborales de la señora Cuellar Torres con el Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata E.S.E., establecidas mediante resoluciones y contratos, así como a la reclamación administrativa presentada y a las liquidaciones de prestaciones sociales.

Posteriormente, realizó un análisis normativo y jurisprudencial sobre el reconocimiento y pago de derechos laborales y prestacionales de los empleados públicos, abordando temas como la liquidación y pago de prestaciones sociales, la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías y la procedencia del ajuste de valor conforme al IPC en estos casos.

públicos, abordando temas como la liquidación y pago de prestaciones sociales, la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías y la procedencia del ajuste de valor conforme al IPC en estos casos.

En cuanto al caso concreto, el A quo determinó que la parte actora tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales generadas entre el 2 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, por haber prestado sus servicios como auxiliar de enfermería (Código 412). Asimismo,

2 Ver archivo 008ED_7_Sentencia_00220220.pdf del expediente de SAMAI de segunda instancia.4

reconoció la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías causadas en el mismo período.

Esta conclusión se basó en el material probatorio, que acreditó que la señora Cuellar Torres fue vinculada inicialmente mediante contrato laboral a término fijo por 29 días, y posteriormente mediante resoluciones de nombramiento. También se estableció la existencia de las contraprestaciones derivadas de dichas vinculaciones.

El A quo expuso que, dada la naturaleza de su nombramiento, la actora, en su calidad de empleada pública, tenía derecho al pago de la liquidación de cesantías, intereses de cesantías, prima de servicio, prima de Navidad, bonificación por servicios prestados, bonificación especial de recreación, vacaciones y prima de vacaciones, de conformidad con el Decreto Ley 1045 de 1978 y la Ley 344 de

1996. Además, determinó que la omisión en el pago de estos emolumentos vulneraba el ordenamiento jurídico, por lo que resultaba procedente declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio S/N del 22 de septiembre de

1996. Además, determinó que la omisión en el pago de estos emolumentos vulneraba el ordenamiento jurídico, por lo que resultaba procedente declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio S/N del 22 de septiembre de 2022 y ordenar el pago de todas las prestaciones sociales causadas durante el período laborado, teniendo en cuenta las interrupciones respectivas.

El juzgado explicó que, conforme a los lineamientos del Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018, cuando la administración no resuelve una solicitud de cesantías parciales o definitivas, o lo hace de manera extemporánea, la sanción moratoria se configura después de 70 días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud. En el presente caso, al no haberse proferido el acto administrativo que reconocía las cesantías definitivas dentro del término legal, la sanción moratoria empezó a correr desde el 6 de diciembre de 2022, tal como lo detalló el juzgado de instancia.

Finalmente, el juzgado declaró no probada la excepción de prescripción y condenó al Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. a reconocer y pagar a favor de la demandante las prestaciones sociales causadas por la prestación de sus servicios como auxiliar de enfermería (Código 412) durante los períodos comprendidos entre el 2 y el 31 de diciembre de 2018, del 1 de enero al 30 de junio de 2019, del 2 de julio al 31 de diciembre de 2019 y del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, ordenó el pago de la sanción moratoria generada por el retraso en el

2 de julio al 31 de diciembre de 2019 y del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, ordenó el pago de la sanción moratoria generada por el retraso en el pago de las cesantías definitivas, la cual se causó a partir del 6 de diciembre de 2022 y deberá mantenerse hasta que la entidad efectúe el pago correspondiente.

DEL RECURSO DE APELACIÓN3

La parte demandada presentó recurso de apelación, argumentando en primer término que el apoderado de la señora Cuellar no tenía facultades para solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías

3 Ver archivo 006ED_8_761093333002202200.pdf del expediente de SAMAI de segunda instancia.5

definitivas, sino únicamente para reclamar la sanción moratoria por el no pago de las cesantías anualizadas.

Seguidamente, sostuvo que no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, al considerar que la sanción moratoria es una penalidad y no un derecho laboral. En ese sentido, señaló que dicha sanción constituye una imposición legal del legislador al empleador que incumple con la obligación de pagar las cesantías anualizadas o definitivas. Bajo esta premisa, argumentó que la sanción moratoria no es un asunto de naturaleza laboral, sino una penalidad derivada del incumplimiento del pago de las cesantías, por lo que debió cumplirse con el requisito de procedibilidad respecto a este concepto.

Además, alegó que el fallo de primera instancia no se pronunció sobre la prescripción de las prestaciones sociales correspondientes al período del 2 al 31 de

con el requisito de procedibilidad respecto a este concepto.

Además, alegó que el fallo de primera instancia no se pronunció sobre la prescripción de las prestaciones sociales correspondientes al período del 2 al 31 de diciembre de 2018. Sostuvo que, pese a la existencia de interrupciones en la relación laboral, el juez de primera instancia condenó al hospital al pago de prestaciones sociales de los años 2018, 2019 y 2020 como si se tratara de un vínculo laboral único e ininterrumpido. Sin embargo, indicó que la parte demandante presentó la reclamación administrativa como acto interruptor de la prescripción el 23 de agosto de 2022, cuando ya se encontraban prescritos los derechos laborales y las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales derivadas del vínculo laboral correspondiente al período del 2 al 31 de diciembre de 2018.

Respecto a este último punto, argumentó que ni en la reclamación presentada el 23 de agosto de 2022 ni en la demanda se formuló una pretensión relacionada con la declaración de existencia de una relación laboral sin solución de continuidad entre el 2 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. En consecuencia, sostuvo que, al reconocer dicha continuidad, se desconoció el principio de congruencia.

Con base en estos argumentos, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Mediante Auto No. 049 del 27 de enero de 2025, el A quo concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y ordenó remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

Mediante Auto No. 049 del 27 de enero de 2025, el A quo concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y ordenó remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

El recurso de apelación fue admitido mediante Auto No. 059 del 20 de febrero de 2025, informándose a las partes que podrían pronunciarse respecto del recurso interpuesto.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN SEGUNDA INSTANCIA6

La parte demandante4 expresó que el demandado tuvo la oportunidad procesal para proponer las excepciones previas de ineptitud sustantiva de la demanda por causa de poder insuficiente y de omisión en el requisito de procedibilidad de la conciliación extraprocesal administrativa. Aludió que, de acuerdo con el artículo 102 del CGP, los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por la parte que tuvo la oportunidad de proponer dichas excepciones.

Explicó que el poder aportado con la demanda era suficiente y así lo consideró el juez de primera instancia. Señaló que, si la parte demandada lo consideraba insuficiente o impreciso, ello le habilitaba para tramitar por vía exceptiva la aptitud sustantiva de la demanda; de lo contrario, como efectivamente sucedió, por tener vocación de subsanabilidad, dicha excepción quedaba subsanada.

Sostuvo que el recurso pretende revivir la oportunidad procesal para proponer excepciones previas y que la apelación “(…) está insuficientemente motivada, no aporta nada nuevo a la discusión y solo se limita a pretender que el tribunal le reviva etapas procesales que ya han fenecido y, al mismo tiempo, castigue a la

excepciones previas y que la apelación “(…) está insuficientemente motivada, no aporta nada nuevo a la discusión y solo se limita a pretender que el tribunal le reviva etapas procesales que ya han fenecido y, al mismo tiempo, castigue a la parte demandante, que ya no tiene ninguna etapa procesal para defenderse de las excepciones previas que propone en esta instancia. (…)”.

Por lo tanto, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

No obra dentro del sumario pronunciamiento del apelante o concepto alguno remitido por el Ministerio Público.

Tramitada la segunda instancia y no observándose ninguna causal de nulidad procesal que invalide la actuación, se procede a dictar sentencia conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala dilucidar si el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura (V), a través del cual accedió a las pretensiones de la demanda, se encuentra ajustado a derecho.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver en esta instancia consiste en determinar si los hechos alegados por la parte demandada pudieron ser objeto de excepciones previas y, en consecuencia, no pueden ser invocados en esta etapa procesal. Asimismo, corresponde establecer si procede la declaración de existencia de una relación laboral sin solución de continuidad entre las partes, comprendida entre el 2 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, o si, por el contrario, operó el fenómeno de la prescripción respecto de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales correspondientes al período del 2 al 31 de diciembre de 2018.

el fenómeno de la prescripción respecto de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales correspondientes al período del 2 al 31 de diciembre de 2018.

4 Ver archivo 011_MemorialWeb_Otro -MEMORIALPRONUNCIAMI.pdf del expediente de SAMAI de segunda instancia.7

ARGUMENTOS DEL FALLO

Teniendo en cuenta el problema jurídico planteado, debe realizarse un análisis de la normatividad y jurisprudencia aplicable al presente asunto

PRESCRIPCIÓN

Frente a la prescripción, reiteró la mencionada sentencia de unificación del Consejo de Estado, la aplicación del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, donde se estableció que las acciones que emanen de derechos laborales prescriben en tres años, los cuales se deben contabilizar a partir de la exigibilidad de la obligación.

“…Término de prescripción y momento a partir del cual se inicia

145. En lo atinente a la prescripción de derechos laborales en el orden administrativo, el Decreto 3135 de 1968 (que previó la integración de la Seguridad Social entre el sector público y el privado y reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y los trabajadores oficiales) estableció,

en su Artículo 41, lo siguiente:

Artículo 41.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

146. El mencionado precepto fue posteriormente reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en su Artículo 102, precisó y reiteró el mismo lapso:

Artículo 102.- Prescripción de acciones.

146. El mencionado precepto fue posteriormente reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en su Artículo 102, precisó y reiteró el mismo lapso:

Artículo 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

[…]

147. Ahora, si bien lo expuesto no deja de ser un conjunto limitado de normas, ha tenido la virtualidad de generar un amplio debate al interior de esta corporación, debido a las variadas interpretaciones a que puede dar lugar. De hecho, a día de hoy, pueden identificarse cuatro momentos o tesis en lo que concierne a la jurisprudencia del Consejo de Estado frente al tema de la prescripción.71 Con todo, esta Sección unificó su criterio y, en la actualidad, cualquier asunto qu e involucre periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter], estableció a efectos de declarar probada la excepción de prescripción en los

contratos de prestación de servicios:

[…] en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.

de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.

148. En la misma providencia, más adelante se señaló lo siguiente:8

[…] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

149. En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral (…)”

Así se deriva de la jurisprudencia del Consejo de Estado en cita que, para la contabilización de los tres años de prescripción de acciones que emanen de derechos laborales, en tratándose de contratos con interrupciones, es a partir de la fecha de finalización, por lo que el quien pretende el reconocimiento de tales derechos, deberá reclamarlos dentro de los tres años siguientes a la terminación del respectivo vínculo contractual.

Por su parte, la misma Sección Segunda, mediante sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, con radicación número: 23001-23-33del respectivo vínculo contractual.

Por su parte, la misma Sección Segunda, mediante sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, con radicación número: 23001-23-33000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, señaló:

“…Si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “…primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador. Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la

autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.(…)” (Subraya la Sala)

CASO CONCRETO

Descendiendo al caso en concreto, se advierte en el expediente la existencia de los siguientes documentos relevantes para la resolución del asunto:9

Se encuentra en el sumario el Contrato Laboral a Término Fijo Inferior a un (1) año No. GHR-0525, suscrito el 2 de diciembre de 20185 entre las partes del presente proceso, cuyo objeto era la contratación de los servicios personales de la señora Sharon Genessa Cuellar en el cargo de auxiliar de enfermería a tiempo completo, para el período comprendido entre el 2 y el 31 de diciembre de 2018. Dicho contrato se encuentra acompañado de la respectiva acta de inicio6.

Asimismo, se observa en el expediente la Resolución No. G-RH-036 de 20197, mediante la cual se nombró a la hoy demandante en el cargo de auxiliar en el área de salud (enfermería), Código 412, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, acto que cuenta con su correspondiente acta

área de salud (enfermería), Código 412, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, acto que cuenta con su correspondiente acta de posesión del 1 de enero de 20198. Dicho nombramiento fue prorrogado a través de la Resolución No. 395 del 2 de julio de 2019, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, con la respectiva acta de posesión No. 3099 de la misma fecha9.

De igual manera, obra en el expediente la Resolución No. G-RH-067 de 2020, emitida por el Gerente del Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. 10, mediante la cual se efectuó el nombramiento temporal de la señora Sharon Genessa Cuellar en el cargo de auxiliar de enfermería, Código 412, para el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2020, resolución que se encuentra acompañada del acta de posesión No. 06711.

Por otro lado, la parte demandada allegó al expediente copia del Contrato de Prestación de Servicios No. 288, suscrito el 1 de septiembre de 2021 entre la señora Sharon Genessa Cuellar Torres y el Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. 12, cuyo objeto era el “apoyo a la gestión en los procesos y subprocesos del Plan Nacional de Vacunación COVID-19, como auxiliar de enfermería, para cumplir con la misión de la E.S.E.”, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

Asimismo, se encuentra en el expediente un certificado de afiliación al Plan

con la misión de la E.S.E.”, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

Asimismo, se encuentra en el expediente un certificado de afiliación al Plan Obligatorio de Salud (POS) de EMSSANAR E.P.S. 13 a nombre de la actora, en el que consta como fecha de afiliación el 2 de noviembre de 2018. Además, obra en el expediente el f ormulario de afiliación de trabajadores independientes No. 30095716014, diligenciado el 6 de septiembre de 2021, en favor de la demandante ante Colmena Seguros.

En ese orden de ideas, la actora prestó los siguientes servicios al Hospital Luis

Ablanque de la Plata E.S.E.:

5 Ver folios 55 a 61 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 6 Ver folio 54 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 7 Ver folios 50 a 53 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 8 Ver folio 49 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 9 Ver folio 44 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 10 Ver folios 40 a 43 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 11 Ver folio 39 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 12 Ver folios 14 a 15 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 13 Ver folio 18 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia.

12 Ver folios 14 a 15 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 13 Ver folio 18 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia. 14 Ver folios 16 a 17 del archivo 007 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf del One Drive de primera instancia.10

Fecha inicial Fecha final Prueba de la prestación del servicio. Interrupción entre vinculaciones Finalización por interrupción superior a 30 días Prescripción 02 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2018 Contrato Laboral a término fijo inferior a un (1) año GHR 0525 de 02 de diciembre de 2018 NO NO NO 01 de enero de 2019 30 de junio de 2019 Resolución No. G-RH036 de 2019 NO NO NO 02 de julio de 2019 31 de diciembre de 2019 Resolución No. 395 de 02 de julio de 2019 NO NO NO 02 de enero de 2020 31 de diciembre de 2020 Resolución No. G-RH067 de 2020

NO NO NO

El apoderado de la señora Sharon Genessa Cuellar Torres radicó, el 23 de agosto de 202215, un derecho de petición ante el Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E., solicitando:

“(…) PRIMERO: Se solicita muy respetuosamente que el HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E expida por medio de su representante legal certificación de todos los

E.S.E., solicitando:

“(…) PRIMERO: Se solicita muy respetuosamente que el HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E expida por medio de su representante legal certificación de todos los pagos realizados a la señora SHARON GENESSA CUELLAR TORRES producto de la relación laboral que existió e