TA VAL - Sentencia 76-147-33-33-004-2025-00043-01 (27-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA TERCERA DE DECISION

Magistrado Ponente: Omar Edgar Borja Soto

Sentencia N° 063. Santiago de Cali, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: OMAR EDGAR BORJA SOTO

Medio de Control Tutela Segunda Instancia Ref. Proceso 76-147-33-33-004-2025-00043-01 Accionante Jorge Eliécer Montoya Montoya jormacrt@hotmail.com Accionados Secretaria de Educación de Cartago (V) – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFiduprevisora servicioalcliente@fiduprevsiora.com.co secretario@semcartago.gov.co atencionalciudadano@semcartago.gov.co notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co notjudicial@fiduprevisora.com.co Decisión Confirma sentencia impugnada

I. OBJETO

Decide el Tribunal, a través de la Sala de Decisión conformada por los doctores JUAN PABLO DOSSMAN CORTEZ, EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS y OMAR EDGAR BORJA SOTO, éste último como magistrado ponente, la decisión del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Elementos y pretensión.

1.1. Derechos fundamentales invocados: considera vulnerados el derecho de petición y debido proceso.

1.2. Pretensiones:

“PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y al PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA vulnerados por la

petición y debido proceso.

1.2. Pretensiones:

“PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y al PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA vulnerados por la

SECRETARIA DE EDUCACION CARTAGO VALLE DEL CAUCA - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO2

FIDUPREVISORA S.A.

SEGUNDO: Que se Ordene a la SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Y AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FIDUPREVISORA S.A., aprobar la reliquidación de la pensión de jubilación”.

1.3. Fundamentos de la pretensión: al tenor literal indicó como hechos:

“PRIMERO: El pasado 23 de febrero de 2024 solicite a la Secretaría de Educación del Municipio de Cartago Valle del Cauca, mediante el aplicativo HUMANO EN LINEA reliquidación de la Pensión de Jubilación, el día 01 de marzo de 2024, la Secretaría de Educación realiza radicado # CARTA20240301R46649, a la fecha no ha sido posible que la entidad me apruebe la prestación social, señor JUEZ, han pasado 235 días hábiles sin que la entidad me apruebe la reliquidación pensional.

SEGUNDO: Señor JUEZ, el día 24 de abril de 2024 solicite a la Secretaría de Educación del Municipio de Cartago Valle del Cauca, mediante el aplicativo HUMANO EN LINEA reliquidación de la Pensión de Jubilación, el día 20 de junio de 2024, la Secretaría de Educación realiza radicado # CARTA20240620R55522, a la

HUMANO EN LINEA reliquidación de la Pensión de Jubilación, el día 20 de junio de 2024, la Secretaría de Educación realiza radicado # CARTA20240620R55522, a la fecha no ha sido posible que la entidad me apruebe la prestación social, señor JUEZ, han pasado 235 días hábiles sin que la entidad me apruebe la reliquidación pensional”.

2. Trámite Primera Instancia.

Mediante auto del 12 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago Valle del Cauca, avocó el conocimiento de la acción en contra de la Secre taria de Educación de Cartago Valle del Cauca – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora

3. RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS.

3.1 MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

“1El docente radica la solicitud a través del aplicativo HUMANO EN LÍNEA (Docentes), acompañada de los soportes que exige la FISUPREVISORA de acuerdo al tipo de prestación solicitada.

2La secretaría de Educación de Cartago, recibe la solicitud de igual forma a través del aplicativo HUMANO WEB (Secretarías), realiza la revisión de la documentación aportada, encontrándola acorde, procede a elaborar la liquidación de la prestación, cálculo matemático que realiza de forma automática el aplicativo, con los datos en él contenidos.

3La Secretaría de Educación, remite dicha liquidación a través del aplicativo HUMANO WEB, a la FIDUPREVISORA para su revisión y aprobación.3

él contenidos.

3La Secretaría de Educación, remite dicha liquidación a través del aplicativo HUMANO WEB, a la FIDUPREVISORA para su revisión y aprobación.3

4Una vez sea recibido el aval de la FISUPREVISORA, es decir, la aprobación de la liquidación, esta Secretaría emite borrador del acto administrativo, proyecto que debe ser remitido a la FISUPREVISORA también para su aprobación previa.

Cabe aclarar: Que conforme lo ordenado por el Decreto 942 de 2022 en su artículo 2.4.4.2.3.2.2.

Gestión a cargo de las secretarias de educación, numeral 7, parágrafo 1, la Secretaría de educación está en la obligación de remitir la liquidación de la prestación, para ser revisada y aprobada por la FIDUPREVISORA, como requisito indispensable para la emisión del borrador del acto administrativo:

PARÁGRAFO 1. A excepción de los actos administrativos de reconocimiento y pago de cesantías parciales o definitivas, los demás actos administrativos que sean expedidos por la Entidad Territorial Certificada en Educación en los cuales se reconozcan prestaciones económicas a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberán contar con la aprobación previa de la liquidación respectiva por parte de la sociedad fiduciaria, so pena de incurrir en las responsabilidades de carácter disciplinario, fiscal y penal correspondientes.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo anteriormente citado, esta Secretaria remitió vía HUMANO WEB con destino a FIDUPREVISORA, la liquidación de la prestación solicitada por el docente JORGE ELIECER MONTOYA MONTOYA con

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo anteriormente citado, esta Secretaria remitió vía HUMANO WEB con destino a FIDUPREVISORA, la liquidación de la prestación solicitada por el docente JORGE ELIECER MONTOYA MONTOYA con cédula 6.457.621, es decir, la reliquidación de su pensión de jubilación, desde el día 01 de marzo de 2024.

El proceso expedición por parte de la secretaria de Educación del acto administrativo definitivo que reconoce cualquier prestación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, con excepción de cesantías es el siguiente:

Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.4.4.2.3.2.5. Gestión de la entidad territorial en las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el riesgo de vejez. La entidad territorial certificada en educación, dentro del mes siguiente a la presentación en debida forma de la solicitud de reconocimiento pensional que cubra el riesgo de vejez o indemnización sustitutiva y las demás solicitudes que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá elaborar un proyecto de acto administrativo que resuelva el requerimiento.

Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la entidad territorial deberá subir y remitir a través de la plataforma que se disponga para tal fin el proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que sea revisado por la sociedad fiduciaria.

5En este punto, se procede por parte del secretario a la firma digital del acto administrativo aprobado y posteriormente remitido al peticionario vía HUMANO EN

sea revisado por la sociedad fiduciaria.

5En este punto, se procede por parte del secretario a la firma digital del acto administrativo aprobado y posteriormente remitido al peticionario vía HUMANO EN LÍNEA para su verificación y notificación.

6Por último, se traslada a FIDUPREVISORA para su reconocimiento y pago.

Desde el desde el día 01 de marzo de 2024, nos encontramos a la espera de la aprobación de la liquidación de la prestación por parte de la FIDUPREVISORA, mientras esto no suceda no es posible dar continuidad al trámite, so pena de incurrir4

en las responsabilidades de carácter disciplinario, fiscal y penal correspondientes, conforme al ya mencionado artículo del Decreto 942 de 2022.

Es importante enfatizar que, las liquidaciones y actos administrativos que realiza la Secretaría de Educación por el aplicativo HUMANO WEB en virtud de las distintas solicitudes de reconocimiento de prestaciones que realizan los docentes, los elabora el aplicativo de manera AUTOMÁTICA, la Secretaría NO hace interacción con sistema, no tenemos la posibilidad de modificar ningún dato en caso de ser requerido algún ajuste. TODAS las modificaciones, correcciones o ajustes que solicita FIDUPREVISORA, lo realiza ella misma con nuestra intermediación con su contratista, que el añ o pasado era SOPORTE LÓGICO, lo que va corrido del año 2025, nos informó la FIDUPREVISORA, que NO cuenta con contratista por parte de esta entidad, que realice los ajustes solicitados o los inconvenientes de acceso al aplicativo.

Se reitera que, las Secre tarías solo tenemos la posibilidad de aprobar los documentos cargados por el docente, devolver el trámite, asignar a FOMAG o negar

al aplicativo.

Se reitera que, las Secre tarías solo tenemos la posibilidad de aprobar los documentos cargados por el docente, devolver el trámite, asignar a FOMAG o negar la prestación.

En cuanto a las peticiones realizada por el accionante en la presente demanda de tutela; es importante inform ar a su señoría, que la petición fue remitida a la FIDUPREVISORA, y que, sin la aprobación previa por parte de la sociedad fiduciaria, la Secretaría de Educación del municipio de Cartago, no puede expedir el acto administrativo, y queda supeditada a la espera de su aprobación

Como conclusión, se debe DESVINCULAR a la Secretaría de Educación del Municipio de Cartago Valle del Cauca de la presente acción de tutela; ya que el Municipio y esta Secretaría, no le han vulnerado los Derechos Fundamentales al Debido proceso Administrativo y al principio de confianza legítima, por FALTA DE

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA SECRETARIA DE

EDUCACIÒN MUNICIPAL DE CARTAGO”.

3.2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

“1. El Ministerio de Educación Nacional no es la entidad competente para atender solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones a cargo de las Secretarías de Educación y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG

• Fiduprevisora S.A.

2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, por virtud de la ley es administrado bajo la figura de patrimonio autónomo por FIDUPREVISORA S.A, fiduciaria que ejerce la vocería y representación judicial y extrajudicial de FOMAG.

de la ley es administrado bajo la figura de patrimonio autónomo por FIDUPREVISORA S.A, fiduciaria que ejerce la vocería y representación judicial y extrajudicial de FOMAG.

3. Es necesario indicar que la administra ción funcional del Sistema de Gestión de Recursos Humanos por parte de las Entidades Territoriales Certificadas -ETC-, implica el correcto registro de los datos salariales y laborales de la planta docente y administrativa a su cargo.

4. La entidad encarg ada del reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según lo previsto en el artículo 5 de la Ley 91 de 1989. Respecto al manejo de los recursos que integran el FONPREMAG, el artícu lo 3 de la Ley 91 de 1989 reguló que para5

tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de ello. (…)”, y aclaró que la obligación del reconocimiento y pago de prestaciones recae sobre FOMAG pues las entidades territoriales únicamente elaboran un proyecto de acto administrativo que será aprobado o improbado por la entidad fiduciaria.

5. La Fiduciaria la Previsora, entidad de naturaleza sociedad anónima de economía mixta, actúa como vocera y administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989. Tiene a su cargo la implementación administrativa y operativa de la administr ación del fondo cuenta, en atención al contrato de fiducia mercantil No. 083 de 1990, suscrito entre

Prestaciones Sociales, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989. Tiene a su cargo la implementación administrativa y operativa de la administr ación del fondo cuenta, en atención al contrato de fiducia mercantil No. 083 de 1990, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la sociedad fiduciaria Fiduprevisora S.A.

Conforme lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, cumple una doble función en relación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; la primera, por mandato del artículo 3° de la citada norma, es el fideicomitente del contrato de fiducia mercantil mencionado, y la segunda, en virtud del artículo 6° de la misma norma, preside el Consejo Directivo del FOMAG

En ese orden de ideas y conforme lo establecido en el artículo 4 de la Ley 91 de 1989, resulta evidente que el Ministerio de Educación Nacional no debe ser llamado a actuar en el proceso constitucional pues es la Fiduprevisora S.A., como encargada de manejar los recursos del FOMAG, el encargado de pagar las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, razón por la cual esta cartera ministerial debe ser desvinculada del presente trá mite pues no tiene relación alguna con los hechos que sirven como fundamento de las pretensiones de la accionante toda vez que no desplegó acción u omisión alguna con la cual fuesen lesionados derechos fundamentales.

De acuerdo con los objetivos del FOMAG consagrados en el artículo 50 de la Ley 91 de 1989, su cumplimiento comporta la realización de derechos y garantías constitucionales en favor de los docentes afiliados al Fondo y sus beneficiarios, en

De acuerdo con los objetivos del FOMAG consagrados en el artículo 50 de la Ley 91 de 1989, su cumplimiento comporta la realización de derechos y garantías constitucionales en favor de los docentes afiliados al Fondo y sus beneficiarios, en tanto que, el Fondo a través de la Fiduciaria cancela sus prestaciones sociales. Por tal motivo, en el ejercicio de la obligación de administrar los recursos, la Fiduciaria como vocera y administradora del FOMAG, debe tener en cuenta las disposiciones que rigen en materia de salud, pensiones, cesantías, auxil ios, pago de sentencias y conciliaciones, y demás consagradas en la Constitución Política y la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) en lo que le sea aplicable.

(…)

Además de lo anterior, la acción incoada por el accionante es improcedente para el caso del MINISTERIO DE EDUCACIÓN por una razón, este como cabeza del sector educativo con ninguna de sus acciones y decisiones ha vulnerado o amenazado ninguno de los derechos fundamentales del accionante”.

3.3. FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG – FIDUREVISORA S.A. Se mantuvo silente en este trámite constitucional.

4. SENTENCIA IMPUGNADA.6

Mediante Sentencia N° 12 del 21 de febrero de 2025 , el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago Valle del Cauca, consideró:

“Como quiera que en el presente asunto se discute si las entidades accionadas se encuentran vulnerando los derechos fundamentales del señor Jorge Eliecer Montoya Montoya, ante una presunta tardanza para resolver la solicitud formulada

“Como quiera que en el presente asunto se discute si las entidades accionadas se encuentran vulnerando los derechos fundamentales del señor Jorge Eliecer Montoya Montoya, ante una presunta tardanza para resolver la solicitud formulada por este, tendiente a obtener la reliquidación de su pensión, se procederá a analizar lo dispuesto en la norma vigente para este tipo de escenarios, y así determinar si efectivamente se vulneran los derechos deprecados, y a continuación establecer cuál es la entidad transgresora.

Para ello, se tiene por acreditado que, el día 23 de febrero de 2024, el señor Jorge Eliecer radicó ante la Secretaria de Educación Municipal de Cartago (V), por medio del aplicativo “Humano en Línea”, solicitud de reliquidación pensional, motivo por el cual la señalada dependencia municipal, atendiendo lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.5., del Decreto 1272 de 2018, el día 01 de marzo de 2024, elaboró el proyecto de acto administrativo y procedió a remitirlo a la entidad competente según la citada norma, esto es, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, según la captura de pantalla anexada con la contestación de la demandada aportada por la Secretaria de Educación Municipal de Cartago (V).

Ahora bien, visto lo anterior, y como quiera que, la cit ada norma en el artículo 2.4.4.2.3.2.4., dispone que, el término para resolver la solicitud de reliquidación pensional a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario, se concluye que efectivamente, se han vulnerado

pensional a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario, se concluye que efectivamente, se han vulnerado los derechos fundamentales del ciudadano aquí accionante, por cuanto la solicitud presentada por este, debía ser resuelta a más tardar el día 23 de junio de 2024, sin embargo, ni siquiera con ocasión a la presente acción, la entidad emitió pronunciamiento al respecto, escenario el cual da cuenta de un actuar omisivo a las disposiciones normativas expedidas en la materia.

En virtud de lo anterior, se amparará el derecho fundamental de petición y debido proceso del señor Jorge Eliecer Montoya Montoya, y se ordenará al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora, que dentro del término de tres (03) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia proceda impartir la aprobación o desaprobación del proyecto de reliquidación pensional del señor Jorge Eliecer, remitido por la Secretaria de Educación Municipal de Cartago (V), el día 01 de marzo de 2024; Adicional a esto, una vez la señalada dependencia municipa l reciba el referido documento por parte de la Fiduprevisora SA, se le concederá el término de dos (02) días, para que proceda a expedir el acto administrativo definitivo que resuelva la solicitud formulada por el ciudadano.

Por último, debe subrayarse qu e, lo aquí amparado es el derecho fundamental vulnerado y no la aprobación de la reliquidación de la prestación social, por cuanto dicha decisión no es del resorte del juez Constitucional, por lo que, este estrado

Por último, debe subrayarse qu e, lo aquí amparado es el derecho fundamental vulnerado y no la aprobación de la reliquidación de la prestación social, por cuanto dicha decisión no es del resorte del juez Constitucional, por lo que, este estrado judicial se limita a ordenar la resolución de la solicitud formulada sin que ello implique la decisión adoptada”.

Por tanto, fallo:

“Primero: Conceder el amparo del derecho fundamental de petición y debido proceso que por vía de tutela invocó el señor Jorge Eliecer Montoya Montoya, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.7

Segundo: Ordenar al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora, que dentro del término de tres (03) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia proceda impartir la a probación o desaprobación del proyecto de reliquidación pensional del señor Jorge Eliecer Montoya Montoya, remitido por la Secretaria de Educación Municipal de Cartago (V), el día 01 de marzo de 2024.

Una vez cumplida la etapa anterior, se ordena a la Secretaría de Educación Municipal de Cartago (V), que en el término de tres (03) días, proceda a expedir el acto administrativo definitivo que resuelva la solicitud formulada por el ciudadano”.

4. IMPUGNACIÓN.

Inconforme con las resultas del fallo, la FIDUPREVISORA S.A. impugnó exponiendo lo siguiente:

“FIDUPREVISORA S.A. como vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAGen virtud del cumplimiento del contrato de fiducia mercantil

lo siguiente:

“FIDUPREVISORA S.A. como vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAGen virtud del cumplimiento del contrato de fiducia mercantil suscrito con la Nación – Ministerio de Educación, se permite informar que la persona responsable de dar cumplimiento a providencias judiciales derivadas de procesos de tutela es: el doctor CARLOS CORTES en calidad de Director de Prestaciones Económicas.

(…)

Ahora bien, teniendo en cuenta la solicitud objeto de tutela, me permito informar que una vez consultadas las bases datos de la entidad se evidencia que se encuentra en gestión por el área correspondiente para su estudio.

Atendiendo a lo hasta aquí expuesto y teniendo en cuenta que Fid uprevisora S.A. no ha vulnerado derecho fundamental alguno…

En virtud de lo expuesto, solicito amablemente a su Despacho tener en cuenta que la presente acción de tutela es improcedente por las siguientes razones:

1. Los accionantes cuentan con otros mecanismos legales y judiciales para solicitar el pago de una prestación económica.

2. Los accionantes no acreditaron, conforme lo exigido por la Jurisprudencia Constitucional, la existencia de un perjuicio irremediable.

Con base en lo expuesto en el prese nte escrito, es preciso concluir que FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG no ha incurrido en conductas8

concretas, activas u omisivas que afecten los derechos fundamental es invocados por la parte actora.

Conceder la presente Impugnación, para que en su defecto se sirva a REVOCAR

concretas, activas u omisivas que afecten los derechos fundamental es invocados por la parte actora.

Conceder la presente Impugnación, para que en su defecto se sirva a REVOCAR EL FALLO DE TUTELA como quiera que la presente no es el mecanismo idóneo para exigir prestaciones económicas, por existir un mecanismo diferente a la tutela para la protección del derecho que la parte actora considera conculcado, partiendo del carácter subsidiario de la acción constitucional.

Conceder la presente Impugnación, para que en su defecto se sirva a REVOCAR EL FALLO DE TUTELA como quiera que la presente no es el mecanism o idóneo para exigir prestaciones económicas, por existir un mecanismo diferente a la tutela para la protección del derecho que la parte actora considera conculcado, partiendo del carácter subsidiario de la acción constitucional.

SOLICITO muy atentamente desvincular a la Doctora MAGDA LORENA GIRALDO PARRA, teniendo en cuenta que la persona encargada del cumplimiento a providencias judiciales derivadas de procesos de tutela es: el DR. CARLOS CORTES ACUÑA, en calidad de director de Prestaciones Económicas”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. COMPETENCIA.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión del Sistema Oral, de conformidad con lo establecido en los arts. 86 constitucional y 32 del Decreto 2591 de 1991, es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación del fallo de tutela. ARTÍCULO 32: Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación

es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación del fallo de tutela. ARTÍCULO 32: Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la eje cutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su (eventual) revisión.

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

2.1. Derechos fundamentales vulnerados: La Sala analizará el derecho de petición.

2.2. Legitimación activa. El art. 86 constitucional establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, podrá interponer acción de tutela a través de un representante o en nombre propio.9

De lo anterior se desprende que hay diferentes formas para que se configure la legitimación en la causa por activa, entre las que encontramos las siguientes: a) cuando la interposición de la acción se realiza a través de apoderado judicial, b) cuando el que interpone la tutela es el representante legal, ya sea de una empresa

legitimación en la causa por activa, entre las que encontramos las siguientes: a) cuando la interposición de la acción se realiza a través de apoderado judicial, b) cuando el que interpone la tutela es el representante legal, ya sea de una empresa o de un menor de edad o de un interdicto, c) cuando el afectado de manera directa propugna por sus derechos; d) y cuando se realiza a través de agente oficioso1.

La accionante instau ró en nombre propio la acción para la protección de los derechos que considera están siendo vulnerados.

2.3. Legitimación pasiva. En la acción de tutela, la legitimación por pasiva corresponde a quien se le endilga la afectación de derechos constitucionales, procediendo contra cualquier autoridad y, excepcionalmente contra particulares, conforme al artículo 86 superior y artículo 1ro del Decreto 2591 de 1991.

Secretaria de Educación de Cartago Valle del Cauca, y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora, se encuentran legitimadas por pasiva al ser las entidades ante quien el accionante radicó petición el 23 de febrero de 2024, y el 24 de abril de 2024 a través del aplicativo “HUMANO EN LÍNEA”.

2.4 Subsidiariedad.

Desde el punto de vista procesal, resulta imperativo para la Sala verificar los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela.

Como es bien sabido, la acción de tutela fue concebida por el constituyente como una figura especial, revestida de unas características particulares, una de las cuales representa la subsidiariedad, es decir, dicha acción al estar encaminada a la protección inmediata de los derechos fundamentales no tiene la misma connotación

una figura especial, revestida de unas características particulares, una de las cuales representa la subsidiariedad, es decir, dicha acción al estar encaminada a la protección inmediata de los derechos fundamentales no tiene la misma connotación que una acción ordinaria precisamente por su especialidad, por lo que la misma solo resulta procedente cuando se hayan agotado todas las vías ordinarias en aras de proteger el derecho fundamental conculcado, o cuando se está en presencia de un perjuicio irremediable fundado, haciendo procedente el amparo como mecanismo transitorio.

Así, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 que reglamentó la acción de tutela, dispone lo siguiente: “Artículo 6º - Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)” (Subraya la sala) De modo que, la acción de tutela comporta una naturaleza de carácter subsidiario,

1T-950 de 2008.10

pues para su interposición debe acreditar el accionante que los demás medios judiciales sean inexistentes o ineficaces y además de que se encuentre en un estado de indefensión debido al perjuicio irremediable que lo acompaña.

Ahora, en el presente la acción c onstitucional resulta ser el medio idóneo par a la atender las alegaciones de la accionante, habida cuenta que se encuentra en

estado de indefensión debido al perjuicio irremediable que lo acompaña.

Ahora, en el presente la acción c onstitucional resulta ser el medio idóneo par a la atender las alegaciones de la accionante, habida cuenta que se encuentra en discusión el derecho de petición, y por tanto amparable a través de la acción de tutela.

3. Problema Jurídico.

Corresponderá a la Sala de Decisión determinar si las accionadas han vulnerado el derecho de petición del señor Jorge Eliécer Montoya Montoya, al no dar respuesta al derecho de petición radicado por el accionante el 23 de febrero de 2024, y 2024 de abril de 2024 mediante el aplicativo “HUMANO EN LÍNEA” en el que solicita reliquidación pensional.

4. Del derecho de petición.

Por sabido se tiene que, el derecho de petición es de rango constitucional, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 2, el cual, confiere a toda persona la facultad de formular peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta respuesta, favorable o no a su petición. Su violación puede asumir vari as modalidades, como la negativa a recibir la solicitud, la inobservancia del trámite que debe darse a la misma o la falta de respuesta oportuna, adecuada y congruente con los hechos y pretensiones aducidos en la petición.

Frente a este derecho fundamental la Corte Constitucional en Sentencia T377 de 2000 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero, expone las siguientes características y requisitos para su satisfacción:

“a). El derecho de petición es fundamental y determinante para la

2000 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero, expone las siguientes características y requisitos para su satisfacción:

“a).