TA VAL - Sentencia 76-147-33-33-004-2025-00208-01 (26-01-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA TERCERA DE DECISION

Magistrado Ponente: Omar Edgar Borja Soto

Sentencia N° 014.

Santiago de Cali, veintiséis (26) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Medio de Control Tutela Segunda Instancia Ref. Proceso 76-147-33-33-004-2025-00208-01 Demandante María Eugenia Mejía García notificacionescartago@lopezquinteroabogados.co m Demandado Secretaria de Educación Departamental del Valle del Cauca y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co ntutelas@valledelcauca.gov.co njudiciales@valledelcauca.gov.co

Asunto: Confirma sentencia impugnada

I. OBJETO

Decide el Tribunal, a través de la Sala de Decisión conformada por los doctores JUAN PABLO DOSSMAN CORTEZ , EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS y OMAR EDGAR BORJA SOTO , éste último como magistrado ponente, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia.

I. ANTECEDENTES.

1. ELEMENTOS Y PRETENSIÓN.

1.1. Derechos fundamentales invocados: solicita el amparo del derecho fundamental de petición y debido proceso.

1.2. Pretensión: al tenor literal, solicitó:

“Solicitar al Secretario de Educación del Departamento del Valle del Cauca (V), o

fundamental de petición y debido proceso.

1.2. Pretensión: al tenor literal, solicitó:

“Solicitar al Secretario de Educación del Departamento del Valle del Cauca (V), o por la gobernadora Dr. (a) DILIAN FRANCISCA TORO y al Fondo de Prestaciones2

Sociales del Magisterio, VICEPRESIDENTE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACION ES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG -, representado por el Doctor JAIME ABRIL MORALES, quien lo sea o haga sus veces en el momento de la notificación de la presente acción pública, que resuelva de fondo la petición sobre la expedición de la correspondiente resolución, donde se ordene a mi mandante, la cancelación de la SANCIÓN MORATORIA por la tardanza en la cancelación de las CESANTIAS de mi representado, a que tiene derecho de conformidad con lo establecido en la ley 1071 de 2006”.

1.3. Fundamentos de la pret ensión: los hechos que sirven de estribo fáctico son los siguientes:

“PRIMERO: Mi representado labora en los servicios educativos estatales como docente vinculado a la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca. En virtud de lo anterior, solicitó a esta entidad, mediante la respectiva reclamación administra tiva, se ordenara la cancelación de la SANCIÓN MORATORIA en la tardanza en la cancelación de las CESANTIAS, de conformidad como lo establecía la ley 1071 de 2006. No obstante, la entidad negó el derecho a mí representado, mediante actos administrativos, lo s cuales fueron objeto de demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

como lo establecía la ley 1071 de 2006. No obstante, la entidad negó el derecho a mí representado, mediante actos administrativos, lo s cuales fueron objeto de demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

SEGUNDO: El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago, mediante sentencia del 27 de septiembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones y, en consecuencia, dictó la siguiente medida de protección:

“1°.- DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto de carácter negativo configurado frente a la petición del 30 de junio de 2021, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora que trata la Ley 1071 de 2006 en la cancelación de las cesantías parciales reconocidas mediante Resolución N° 1.21054 000832 del 25 de marzo de 2021 a la demandante.

“2°.- A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR, al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN a reconocer y pagar a la parte demandante, la sanción por mora que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo entre el 20 de febrero de 2021 y hasta el 8 de mayo de 2021, p ara un total de 78 días, en una suma equivalente a once millones treinta y cinco mil doscientos seis pesos ($11.035.206).

TERCERO: Así mismo, el fallo fue apelado, siendo remitido al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien profirió sentencia el dia 21 de marzo de 2024, modificando y confirmando la sentencia de primera instancia así:

TERCERO: Así mismo, el fallo fue apelado, siendo remitido al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien profirió sentencia el dia 21 de marzo de 2024, modificando y confirmando la sentencia de primera instancia así:

“1°.- MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia No. 162 del 27 de septiembre de 2022 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cartago el cual quedarán así:

“A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR, al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN a reconocer y pagar a la parte demandante, la sanción por mora que trata el artícu lo 5 de la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo entre el 20 de febrero de 2021 y hasta el 8 de mayo de 2021, para un total de 77 días, en una suma3

equivalente a diez millones ochocientos noventa y tres mil setecientos v eintinueve pesos ($10.893.729).

CUARTO: El día 20 de septiembre de 2024 y 20 de enero de 2025, mi representada MARIA EUGENIA MEJIA GARCIA solicitó al Fondo Prestacional del Magisterio

(FOMAG), por intermedio de la Secretaria de Educación tutelada, le fuera expedida la correspondiente resolución, donde se ordene la cancelación de la SANCIÓN MORATORIA por la tardanza en la cancelación de las CESANTIAS.

QUINTO: Mi representado radico la documentación requerida a través del aplicativo dispuesto por las entidades accionadas para la solicitud de dicha prestación que es a través de Sistema de Atención al CiudadanoSAC, aplicativo que otorgo número

QUINTO: Mi representado radico la documentación requerida a través del aplicativo dispuesto por las entidades accionadas para la solicitud de dicha prestación que es a través de Sistema de Atención al CiudadanoSAC, aplicativo que otorgo número de radicado VDC2024ER022046 del 20 de septiembre de 2024 y VDC2025ER001584 del 20 de enero de 2025.

SEXTO: A la fecha de la presentación de la presente acción han transcurridos más de 4 meses desde la radicación, ni la entidad territorial SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ni la NACION – MIN EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y la FIDUPREVISORA S.A., han expedido el respectivo acto administrativo de reconocimiento de la cancelación de la sanción moratoria por la tardanza en la cancelación de las cesantías, limitándose la entidad territorial a remitir, el 15 de o ctubre de 2024 y 27 de enero de 2025, respuestas meramente informativas, en la que se señala que “ingresa en proceso de sustanciación, liquidación y solicitud de la Disponibilidad presupuestal al Departamento de

Hacienda y Finanzas Publicas del Departamento del Valle del Cauca”.

2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante aut o N° 844 del 11 de noviembre de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago Valle del Cauca, avocó la acción en contra de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA

de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA

3.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL

CAUCA. Indicó lo siguiente:

“De acuerdo con la demanda, la accionante solicitó a la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, mediante los radicados VDC2024ER022046 del 20 de septiembre de 2024 y VDC2025ER001584 del 20 de enero de 2025, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la tardanza en la cancelación de sus cesantías, en virtud de lo previsto en la Ley 1071 de 2006, artículos 1 y 5.

Manifiesta que tales solicitudes fueron presentadas como consecuencia del proceso judicial adelantado ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago, que mediante sentencia del 27 de septiembre de 2022 accedió parcialmente a sus pretensiones, y posteriormente confirmado y modificado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 21 de marzo de 2024, condenando a la Secretaría de Educació n a pagar la sanción moratoria equivalente a 77 días de salario, por valor de $10.893.729.4

Alega que, pese a haber transcurrido más de cuatro (4) meses desde la radicación de las solicitudes mencionadas, ni la Secretaría de Educación Departamental ni el FOMAG han expedido el acto administrativo que reconozca la sanción moratoria. Refiere que la Secretaría solo emitió respuestas de carácter informativo, mediante los oficios VDC2024EE023322 del 15 de octubre de 2024 y VDC2025EE001720 del

Refiere que la Secretaría solo emitió respuestas de carácter informativo, mediante los oficios VDC2024EE023322 del 15 de octubre de 2024 y VDC2025EE001720 del 27 de enero de 2025, en los que se indicó que el trámite se encontraba “en proceso de sustanciación, liquidación y solicitud de disponibilidad presupuestal ante el Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas”.

En criterio de la accionante, esta situación constituye una omis ión administrativa injustificada, que vulnera el derecho fundamental de petición, al no haberse emitido una respuesta de fondo, clara y definitiva frente a su reclamación, y además el derecho al debido proceso administrativo, por cuanto la inactividad de las entidades demandadas estaría dilatando la ejecución de una sentencia judicial ejecutoriada.

Sostiene igualmente que el silencio administrativo no puede equipararse a una respuesta válida, ya que este únicamente acredita el incumplimiento del deber de resolver dentro del término legal, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias T-214 de 1996, T-219 de 1994 y T-023 de 2025). Por lo anterior, solicita al Despacho Judicial tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso y de pe tición y, en consecuencia, ordenar al Secretario de Educación del Departamento del Valle del Cauca, o a la señora Gobernadora Dilian Francisca Toro, y al Vicepresidente de Prestaciones Económicas del FOMAG, doctor Jaime Abril Morales, que en un término raz onable resuelvan de fondo la solicitud de la señora María Eugenia Mejía García, expidiendo la resolución mediante la cual se ordene el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006.

Morales, que en un término raz onable resuelvan de fondo la solicitud de la señora María Eugenia Mejía García, expidiendo la resolución mediante la cual se ordene el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006.

De acuerdo con la solicitud de la actora mediante su escrito de tutela, esto es:

Hecho Primero “El accionante afirma que solicitó a la Secretaría el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por tardanza en las cesantías, lo cual fue negado mediante actos administrativos que fueron objeto de demanda de nulid ad y restablecimiento”.

Respuesta: Cierto en parte.

Es cierto que la docente presentó reclamación administrativa y que las decisiones fueron demandadas ante la jurisdicción contenciosa. No obstante, es parcialmente cierto en tanto la presente tutela no v ersa sobre la negativa inicial, sino sobre el cumplimiento del fallo judicial posterior, respecto del cual la Secretaría sí ha venido adelantando las gestiones necesarias.

Hecho Segundo “Se afirma que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago profirió sentencia el 27 de septiembre de 2022 accediendo a las pretensiones”.

Respuesta: Cierto. La sentencia de primera instancia declaró la nulidad del acto ficto negativo y condenó a la Secretaría al pago de la sanción moratoria.

Hecho Tercero “El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 21 de marzo de 2024 modificando parcialmente el fallo”.

Respuesta: Cierto.5

La sentencia del Tribunal ajustó el valor correspondiente a la sanción moratoria, manteniendo la condena.

21 de marzo de 2024 modificando parcialmente el fallo”.

Respuesta: Cierto.5

La sentencia del Tribunal ajustó el valor correspondiente a la sanción moratoria, manteniendo la condena.

Hecho Cuarto “La accionante afirma haber solicitado al FOMAG, por intermedio de la SED-Valle, la expedición de la resolución de cumplimiento los días 20/09/2024 y 20/01/2025”.

Respuesta: Cierto.

Radicó las solicitudes VDC2024ER022046 y VDC2025ER001584, que obran en la base de datos institucional.

Hecho Quinto “La accionante afirma haber radicado la documentación en el SAC y que los radicados corresponden a las fechas indicadas”.

Respuesta: Cierto. Los radicados existen y fueron tramitados por el área de

Prestaciones Sociales.

Hecho Sexto La actora afirma que han pasado más de cuatro meses sin que se haya expedido el acto administrativo, y que solo recibió respuestas informativas.

Respuesta: Falso en parte.

No es cierto que la Secretaría haya guardado silencio ni que se haya limitado a enviar “respuestas informativas”.

La Secretaría sí emitió respuesta de fondo, clara y oportuna, el 15 de octubre de 2024, notificada debidamente a la apoderada. En dicha respuesta:

• Se explicó el estado del trámite. • Se indicó que el expediente estaba en sustanciación, liquidación y elaboración del proyecto de acto administrativo. • Se informó que el proceso implica certificaciones de varias dependencias. • Se dejó constancia de que el trámite requiere la o btención del Certificado de

• Se indicó que el expediente estaba en sustanciación, liquidación y elaboración del proyecto de acto administrativo. • Se informó que el proceso implica certificaciones de varias dependencias. • Se dejó constancia de que el trámite requiere la o btención del Certificado de

Disponibilidad Presupuestal (CDP).

ARGUMENTOS DE DEFENSA:

1. No existe vulneración del derecho de petición, la Secretaría emitió respuesta clara, de fondo, oportuna y congruente mediante oficio de 15 de octubre de 2024, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

2. El trámite depende de varias etapas obligatorias el procedimiento de cumplimiento

de un fallo judicial exige:

• Certificaciones internas • Proyección y aprobación del acto administrativo • Solicitud y obtención del CDP • Trámite ante Tesorería para el pago

Estas etapas son obligatorias y no pueden omitirse, según la normativa presupuestal pública.6

3. No existe mora imputable a la Secretaría, la entidad ha actuado sin dilaciones injustificadas, y su actuación está debidamente soportada en:

• Respuestas previas • Verificación en la base de datos institucional • Procedimiento interno reglamentado

4. Improcedencia del amparo, la tutela no puede utilizarse para acelerar un proceso presupuestal en curso ni para reemplazar procedimientos administrativos previstos en la ley.

5. Ausencia de perjuicio irremediable, la accionante no demuestra afectación grave o inmediata que amerite la intervención excepcional del juez constitucional.

De manera subsidiaria, y sin perjuicio de los argumentos anteriores, es preciso

5. Ausencia de perjuicio irremediable, la accionante no demuestra afectación grave o inmediata que amerite la intervención excepcional del juez constitucional.

De manera subsidiaria, y sin perjuicio de los argumentos anteriores, es preciso señalar que en el presente asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el presunto defecto alegado por la accionante la ausencia de una respuesta clara, de fondo y oportuna ya fue plenamente superado por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca.

Mediante oficio del 15 de octubre de 2024, debidamente notificado al correo de la apoderada de la accionante (notifi cacionescartago@lopezquinteroabogados.com), esta entidad emitió respuesta clara, completa y congruente, informando el estado del trámite, las etapas cumplidas y las actuaciones adelantadas por las distintas dependencias involucradas en la ejecución del fallo judicial.

En consecuencia, la tutela deviene improcedente por carencia actual de objeto, al haberse superado el hecho que motivó la acción y al no existir vulneración vigente del derecho fundamental de petición”.

3.2. FIDUPREVISORA S.A.

“Es preciso advertir que la Fiduprevisora S.A. no ostenta la condición de responsable directo de las decisiones relacionadas con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del magisterio, dado que dichas competencias corresponden a las autoridades legalmente facultadas dentro del marco del contrato de fiducia mercantil, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Directivo del FOMAG. Ahora bien, en virtud del cumplimiento de dicho contrato , las actuaciones

a las autoridades legalmente facultadas dentro del marco del contrato de fiducia mercantil, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Directivo del FOMAG. Ahora bien, en virtud del cumplimiento de dicho contrato , las actuaciones administrativas y la ejecución de providencias judiciales que se profieran en relación con las prestaciones sociales del magisterio se encuentran a cargo de los funcionarios designados para tal efecto, particularmente el Dr. Carlos Cortés Acuña, en calidad de Director de Prestaciones Económicas, quien es el responsable de tramitar y dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la jurisdicción constitucional en los asuntos de su competencia.

Por lo anterior, resulta indispensable que el despacho tenga en cuenta la naturaleza jurídica de la Fiduprevisora S.A., en cuanto su participación se circunscribe estrictamente a la calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo, sin que pueda atribuírsele la responsabilidad sustancial que corresponde al FOMAG como verdadero titular de las obligaciones materia de estudio.7

En consecuencia, solicito respetuosamente al Despacho que, al momento de resolver la presente acción de tutela, se valore que Fiduprevisora S.A. carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la entidad obligada al reconocimiento ni pago de las prestaciones reclamadas, y en tal virtud, se absuelva a esta entidad de cualquier responsabilidad derivada de la acción interpuesta.

(…)

En relación con la solicit ud a la que alude la parte accionante y que sirve de fundamento a la presente acción de tutela, resulta indispensable precisar que, tras la verificación exhaustiva en el aplicativo interinstitucional donde se registran y gestionan todas las peticiones radicadas ante esta entidad fiduciaria, no se encontró

fundamento a la presente acción de tutela, resulta indispensable precisar que, tras la verificación exhaustiva en el aplicativo interinstitucional donde se registran y gestionan todas las peticiones radicadas ante esta entidad fiduciaria, no se encontró registro alguno de la mencionada por la accionante.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se considera que en el escrito de tutela no se allega número de radicado, constancia de recibo, ni guía de envío d e empresa de mensajería que permita acreditar que la solicitud fue efectivamente presentada ante Fiduprevisora S.A. En consecuencia, se concluye que dicha petición no fue recibida ni tramitada por esta entidad, lo cual desvirtúa cualquier reproche en torno a una presunta vulneración de derechos fundamentales atribuible a mi representada.

Para mayor claridad de su apreciado Despacho es pertinente mencionar que los radicados que se generan por mi representada al momento en que se radican peticiones obedecen al siguiente formato:

De igual manera, se pone de presente que la entidad cuenta con el canal de atención al cual se puede tener acceso mediante el siguiente link https://www.fiduprevisora.com.co/solicitudes-quejas-y-reclamos/ es allí donde se deben rad icar todas las solicitudes siguiendo la ruta INICIO – SOLICITUDES,

QUEJAS Y RECLAMOS.

Solicitudes que registran con el siguiente formato en donde claramente de observa el radicado que se asigna por parte de la Fiduprevisora S.A.:

Por lo anterior, resulta necesario reiterar que el derecho de petición que dio origen a la presente acción de tutela no fue radicado ante la Fiduprevisora S.A., entidad

Por lo anterior, resulta necesario reiterar que el derecho de petición que dio origen a la presente acción de tutela no fue radicado ante la Fiduprevisora S.A., entidad que actúa únicamente en calidad de vocera y administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG. En tal virtud,8

esta sociedad carece de competencia para emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones formuladas por la accionante.

En relación con dichas pretensiones, debe precisarse que la Fiduprevisora S.A., en ejercicio de su función de vocera y administradora, no genera de manera autónoma la información que reposa en los registros del Fondo, pues esta proviene directamente de las Secretarías de Educación del orden nacional, quienes son las autoridades competentes y responsables de suministrar, consolidar y reportar los datos que posteriormente administra el FOMAG.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que, cuando la acción de tutela se dirige contra una entidad que no tiene competencia material ni responsabilidad directa frente a los hechos objeto de la controversia, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, lo cual impide que la decisión judicial se adopte en su contra.

(…)

En ese orden, esta Entidad concluye que no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta afectación del derecho fundamental de petición en relación con Fiduprevisora S.A., entidad que para los efectos actúa en nombre y representación d el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)”.

4. SENTENCIA IMPUGNADA.

efectos actúa en nombre y representación d el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)”.

4. SENTENCIA IMPUGNADA.

Mediante Sentencia N° 209 del 25 de noviembre de 2025 , el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago Valle del Cauca, consideró:

“De los documentos aportados con la demanda, se observan los oficios número VDC2024ER022046 del 15 de octubre de 2024, y VDC2025ER001584 del 27 de enero de 2025, mediante los cuales la secretaria de educación departamental emitió contestación a las solicitudes for muladas por la accionante en las que le indicó el trámite administrativo en el que se encuentra la petición elevada.

En ese sentido se denota que, además de que la respuesta emitida el 15 de octubre de 2024 no atendió el término contemplado en la Ley 1755 de 2015, al exponer en dicho memorial que la resolución “…ingresa en proceso de sustanciación, liquidación y solicitud de la Disponibilidad presupuestal al Departamento de Hacienda y Finanzas Publicas del Departamento del Valle del Cauca, por ser esta la entidad condenada en el fallo judicial”, la entidad se limitó a informar de manera general el trámite interno previo para expedir el acto administrativo en cumplimiento de una orden judicial.

Escenario que se repite en la respuesta emitida por la entidad, el 27 de enero de 2025, en la cual manifestó que, “…la misma se encuentra a la espera que el Departamento de Hacienda y Finanzas Publicas del Departamento del Valle del Cauca, expida el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el pago de la acreencia.”.

2025, en la cual manifestó que, “…la misma se encuentra a la espera que el Departamento de Hacienda y Finanzas Publicas del Departamento del Valle del Cauca, expida el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el pago de la acreencia.”.

En este punto, se hace necesario resaltar que, conforme al pronunciamiento jurisprudencial citado, las autoridades o particulares requeridos mediante el ejercicio del derecho de petición deben responder de forma i) clara, de tal suerte que la9

resolución sea de fácil comprensión; ii) precisa, de tal forma que la respuesta se enfoque en lo solicitado, sin incurrir en evasivas; iii) congruente, que se resuelva la solicitud conforme con lo solicitado y no se aborde un tema distinto; y iv) consecuente con el trámite dentro de la cual se presenta.

Igualmente vale la pena traer a colación lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, que estipula que la autoridad ante quien se dirige la petición tiene la obligación de examinarla in tegralmente, y en ningún caso podrá estimarla incompleta por falta de requisitos o documentos que se encuentren dentro de sus archivos.

En un caso de similares características al que aquí se analiza, la Corte Constitucional precisó que, “…la razonabilidad de este sistema no exime a las entidades del deber de informar al peticionario la fecha probable en que se atenderán las solicitudes de reconocimiento y pago de las obligaciones, conforme con la regulación aplicable y el marco de sus competencias. De ahí que es imperativo que las entidades brinden una fecha aproximada derivada de un cálculo originado en las particularidades del sistema de turnos utilizado y de las reglas sobre

con la regulación aplicable y el marco de sus competencias. De ahí que es imperativo que las entidades brinden una fecha aproximada derivada de un cálculo originado en las particularidades del sistema de turnos utilizado y de las reglas sobre el cumplimiento efectivo de las obligaciones a su cargo...”

En ese contexto, no cabe duda para este estrado judicial de que la Secretaria de Educación Departamental del Valle del Cauca, con la expedición de los oficios número VDC2024ER022046 del 15 de octubre de 2024, y VDC2025ER001584 del 27 de enero de 2025, incumplió los deberes e stablecidos en la norma al momento de emitir respuesta al derecho de petición formulado por la accionante, toda vez que, si bien no es dable exigir la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la sanción moratoria como lo pretende la accionan te, la entidad departamental si está en la obligación de informar de manera clara, precisa y congruente el procedimiento administrativo interno pertinente para tal fin, explicando las etapas y plazos establecidos conforme a la regulación vigente para su ca so particular.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tutelarán los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo de la accionante, y como consecuencia se ordenará a la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, que en el plazo de cinco (5) días a partir de la notificación de la presente providencia emita y notifique respuesta de fondo, es decir, clara, expresa, y congruente a la petición elevada por la señora María Eugenia Mejía García el 20 de enero de 2025, informando el procedimiento administrativo interno procedente para expedir el acto administrativo mediante el cual se ordene el pago de la sanción moratoria

elevada por la señora María Eugenia Mejía García el 20 de enero de 2025, informando el procedimiento administrativo interno procedente para expedir el acto administrativo mediante el cual se ordene el pago de la sanción moratoria reconocida a través de sentencia judicial, explicando las etapas y plazos establecidos conforme a la regulación vigente para su caso particular”.

Por tanto, falló:

“Primero: Conceder el amparo del derecho fundamental de petición y debido proceso invocado por la señora María Eugenia Mejía García, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: En consecuencia, ordenar a la Secretaria de Educación Dep artamental del Valle del Cauca, que en el termino de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita y notifique respuesta de fondo, es decir, clara, expresa, y congruente, a la petición elevada por la señora María Eugenia Mejía García, el 20 de enero de 2025, informando el procedimiento10

administrativo interno procedente para expedir el acto administrativo mediante el cual se ordene el pago de la sanción moratoria reconocida a través de sentencia judicial, explicando la s etapas y plazos establecidos conforme a la regulación vigente para su caso particular”.

4. IMPUGNACIÓN.

Inconforme con las resultas del fallo la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca impugnó, al literal manifestó:

“Mediante oficio del 12 de noviembre de 2025, debidamente contestada al despacho, esta entidad emitió respuesta clara, completa y congruente, informando el estado del trámite, las etapas cumplidas y las actuaciones

“Mediante oficio del 12 de noviembre de 2025, debidamente contestada al despacho, esta entidad emitió respuesta clara, completa y congruente, informando el estado del trámite, las etapas cumplidas y las actuaciones adelantadas por las distintas dependencias involucradas en la ejecución del fallo judicial.

De manera subsidiaria, y sin perjuicio de los argumentos anteriores, es preciso señalar que en el presente asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el presunto defe cto alegado por la accionante la ausencia de una respuesta clara, de fondo y oportuna ya fue plenamente superado por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca.

Por lo tanto, se impugna la decisión señalando que en el presente caso no ex iste vulneración alguna del derecho fundamental de petición, toda vez que a la señora María Eugenia Mejía García sí se le brindó una respuesta de fondo, clara, completa y oportuna, mediante comunicación del 12 de noviembre de 2025, en la cual esta Secretaría informó detalladamente el estado real del trámite, las etapas surtidas y las actuaciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia judicial que reconoció la sanción moratoria. En dicha respuesta se precisó que el pago correspondien te ya fue proyectado y continuará su curso normal, encontrándose actualmente en fase de validación presupuestal y remisión ante las instancias competentes