TA VAL - Sentencia 76001-33-33-005-2020-00093-02 (13-03-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA -SEGUNDA INSTANCIASantiago de Cali, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02

Medio de Control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante MÓNICA GABRIELA ROSERO MUÑOZ

oscareabogado@gmail.com; leidyjor16@gmail.com

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

Tema: BONIFICACION JUDICIAL/DECRETO 383 DE 2013

Decisión CONFIRMA SENTENCIA QUE ACCEDE PARCIALMENTE A LAS

SÚPLICAS DE LA DEMANDA

Mag. Ponente : FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ

Procede la Sala Segunda Jurisdiccional de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 261 del 23 de agosto de 2024 por la cual el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial la señora Mónica Gabriela Rosero Muñoz mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 1, demanda2 a la Procuraduría General de la Nación , en orden a obtener las siguientes o similares,

DECLARACIONES:

y restablecimiento del derecho , consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 1, demanda2 a la Procuraduría General de la Nación , en orden a obtener las siguientes o similares,

DECLARACIONES:

 Que se declare la nulidad del acto ficto o pres unto negativo que surgió tras la falta de respuesta a la petición presentada el 20 de mayo de 2019 por la parte actora ante la

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. 2 Índice 009 del expediente digital de primera instancia. Plataforma SAMAI.2

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02 Procuraduría General de la Nación mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales.

 Que, a título de restablecimiento del derecho ordene a la Procuraduría General de la Nación el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas por la señora Mónica Gabriela Rosero Muñoz desde el 1 de enero de 2013.

• Que se ordene el pago de las sumas de dinero previamente indexadas

• Que se dé cumplimiento a la sentencia con arreglo a lo dispuesto en los artículos 187 y 192 del CPACA.

Los HECHOS expuestos por la parte actora como fundamento de sus pretensiones, se sintetizan en la siguiente forma:

La señora Mónica Gabriela Rosero Muñoz, quien labora en la Procuraduría General de la Nación, elevó reclamación administrativa 3 ante la Procuraduría General de la Nación

sintetizan en la siguiente forma:

La señora Mónica Gabriela Rosero Muñoz, quien labora en la Procuraduría General de la Nación, elevó reclamación administrativa 3 ante la Procuraduría General de la Nación solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales, sin que se haya pronunciado al respecto, configurándose el acto ficto presunto.

RAZONES DE LA DEFENSA

Contestó la Procuraduría General de la Nación 4, que el Gobierno Nacional es quien ti ene constitucionalmente la competencia para regul ar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Que , por tanto, es esta entidad quien puede reconocer montos diferentes a los establecidos expresamente en los actos administrativos que se expidan para el efecto.

Rebatió que, la bonificación judicial no tiene la connotación de factor salarial toda vez que el Decreto 383 de 2013, consagra expresamente que sólo tendrá ese carácter para cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud y al Sistema General en Pensiones.

LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Ca li5, inaplicó por inconstitucional la expresión “ y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en

3 Índice 009 del expediente digital de primera instancia. Página 3-9 Plataforma SAMAI. 4 Índice 011 del expediente digital de primera instancia Plataforma SAMAI. 5 Índice 0028 del expediente digital de primera instancia. Plataforma SAMAI3

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02

4 Índice 011 del expediente digital de primera instancia Plataforma SAMAI. 5 Índice 0028 del expediente digital de primera instancia. Plataforma SAMAI3

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02 Salud” contenida en el inciso primero del artículo 383 de 2013. Declaró la nulidad de los actos acusados y accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Para el efecto sostuvo la juez de primera instancia que, resulta violatoria de las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales en materia del trabajo que prevalecen en el orden interno, que definen el alcance del concepto de remuneración y, del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que ordenó nivelar la remuneración de los servidores de la Procuraduría General de la Nación, la estipulación contenida en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013, por parte del Gobierno Nacional, al tener en cuenta la bonificación mencionada "únicamente" para determinados fines no prestacionales como factor salarial, constituyéndose en una disposición que carece de legalidad al no ir de la mano la Constitución Política.

RECURSO DE APELACIÓN

La Procuraduría General de la Nación, inconforme con la decisión anterior decidió recurrirla en apelación esgrimiendo que6, los actos demandados gozan de plena validez en virtud de la presunción de legalidad que los ampara, como quiera que la bonificación judicial se ha reconocido a los servidores judiciales conforme lo indica el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, sin que la administración esté facultada para imprimirle una interpretación diferente o inaplicarla.

reconocido a los servidores judiciales conforme lo indica el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, sin que la administración esté facultada para imprimirle una interpretación diferente o inaplicarla.

Recabó que, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin que sea viable tenerla en cuenta para la liquidación de las demás prestaciones sociales.

Insistió en que, la ley 4ª de 1992 confirió al Gobierno Nacional la facultad exclusiva de regular el régimen salarial de los servidores públicos. Que la entidad estatal demandada no puede desconocer el contenido del Decreto 383 de 2 013, puesto que ello implicaría una vulneración al principio de legalidad el cual impone al servidor público, el sometimiento al ordenamiento jurídico.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado contra la reseñada sentencia, según el artículo 153 del CPACA.

6 Índice 033 del expediente digital de primera instancia Plataforma SAMAI.4

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02

2. Manifestación de impedimento.

El Magistrado Jhon Erick Chaves Bravo, considera que 7 tiene interés en las resultas del proceso por cuanto la demanda persigue el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales; emolumento que dijo, también percibe su hermano Diego Gerald Chaves Bravo, en su condición de Juez de la República y, por ello,

proceso por cuanto la demanda persigue el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales; emolumento que dijo, también percibe su hermano Diego Gerald Chaves Bravo, en su condición de Juez de la República y, por ello, estima, que estaría incurso en la causal de impedimento prevista en el artículo 141 -1 del CGP.

Norma que es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso (…)” (Negrillas fuera del texto original).

Para la Sala es evidente que el Magistrado Jhon Erick tiene interés directo en las resultas del proceso, pues la decisión que aquí se tome, compromete su imparcialidad, toda vez que el objeto de discusión es el carácter salarial del porcentaje devengado po r concepto de bonificación judicial que no ha sido reconocido a los servidores públicos tanto de la Rama Judicial como de la fiscalía general de la Nación, a título de factor salarial para liquidar sus prestaciones sociales.

Luego, es claro que se configu ra la causal aducida, dado que se encuentra afectada la autonomía e imparcialidad del Magistrado Chaves Bravo. Por ende, será separado del conocimiento del asunto.

Como quiera que, la aceptación del impedimento del Magistrado de la referencia no afecta el quorum decisorio por cuanto Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume quien también hace parte de la Sala Segunda de Decisión, en Sala Plena del 6 de julio de 2022, manifestó que

el quorum decisorio por cuanto Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume quien también hace parte de la Sala Segunda de Decisión, en Sala Plena del 6 de julio de 2022, manifestó que su serenidad no se ve comprometida para conocer de las demandas que persiguen el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales; no hay lugar a reconformar la Sala con otros Magistrados que integran las otras Salas del Tribunal.

3. Alteración del turno para fallo.

Sobre el orden para proferir fallo, la Ley 446 de 1998, establece en su artículo 18 que es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en igual orden en que hayan

7 Índice 012 del expediente digital de segunda instancia. Plataforma SAMAI5

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02 pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal.

A su vez consagra que, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse ora por la naturaleza de los asuntos ya a solicitud del agente del Ministerio Público o a su importancia jurídica y trascendencia social.

Al respecto, la Corte Constitucional 8 ha señalado que, los criterios fijados por la anterior disposición referente a “la naturaleza de los asuntos o a sol icitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social”, ofrecen al juez un marco de discrecionalidad importante para definir cuándo un asunto puesto a su consideración puede

atención a su importancia jurídica y trascendencia social”, ofrecen al juez un marco de discrecionalidad importante para definir cuándo un asunto puesto a su consideración puede ser resuelto sin atención al turno de respuesta que le ha sido fijado.

Explica la Alta Corte que, el principio del respeto de turno de fallo no es absoluto, pues las circunstancias especiales del caso pueden autorizar un trato prioritario, confiriendo la ley al funcionario judicial la valoración de las circunstancias que permitirían modificar ese orden de decisión.

En este caso en particular y concreto se alterará el turno para fallar, dándosele un trato prioritario, de acuerdo con la naturaleza del asunto, en tanto se trata de un tema que en anteriores oportunidades ya ha sido analizado y discutido por esta Sala Jurisdicción de Decisión, con una postura definida lo cual es una causa justificable para la alteración del turno.

4. Problema jurídico

Se plantea así:

¿La bonificación judicial creada mediante el artículo 1º del Decreto 383 de 2013 y extendida en favor de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación a través del Decreto 1016 de 2013 constituye factor salarial para liquidar prestaciones sociales, al margen de que la propia disposición restrinja su aplicación solamente para los aportes en salud y pensión?

4.1. Tesis de la Sala

La bonificación judicial creada mediante el artículo 1º del Decreto 383 de 2013 y extendida en favor de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación a través del Decreto 1016 de 2013 sí constituye factor salarial para liquidar prestacion es sociales, al

8 En sentencia T-945A/086

en favor de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación a través del Decreto 1016 de 2013 sí constituye factor salarial para liquidar prestacion es sociales, al

8 En sentencia T-945A/086

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02 margen de que la propia disposición restrinja su aplicación solamente para los aportes en salud y pensión

4.2. Metodología de la decisión

Para resolver el interrogante así descrito , la Sala Jurisdiccional de Decisión , hará lo siguiente: i. Analizará los requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad ii. Auscultará acerca de la creación de la bonificación judicial iii. Revisará la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha dictado sobre la materia iv Con base en los medios de prueba, definirá si la boni ficación judicial que percibe la actora es un factor salarial que debe computarse al momento de liquidar prestaciones sociales v Finalmente, se dispondrá sobre la condena en costas.

5. Marco normativo

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2019, expediente radicado bajo el No. 76001-33-33-003-2016-00254-01, con ponencia de la Magistrada Luz Elena Sierra Valencia, ya tuvo la oportunidad de resolver el pro blema jurídico aquí descrito.

Por lo que, en respeto a ese precedente horizontal, esta Sala de Decisión, reproducirá las reglas jurisprudenciales más relevantes fijadas en su momento por esta Corporación Judicial.

5.1. Requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad

reglas jurisprudenciales más relevantes fijadas en su momento por esta Corporación Judicial.

5.1. Requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad

La citada excepción está prevista en el artículo 4 de la Constitución Política de 1991, así: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Sobre la supremacía de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde sus inicios estableció que debe prevalecer sobre cualquier norma de inferior rango, puesto que: “…La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica , impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tien en la misma categoría…”9.

9 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.7

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02 En ese sentido, la jurisprudencia de la Alta Corporación, ha dicho que en atención al postulado superi or consignado en el artículo 4 ibidem, nuestro sistema de control constitucional es de carácter mixto, es decir que, por una parte la Corte Constitucional ejerce un control concentrado o abstracto de constitucionalidad respecto de las leyes que

postulado superi or consignado en el artículo 4 ibidem, nuestro sistema de control constitucional es de carácter mixto, es decir que, por una parte la Corte Constitucional ejerce un control concentrado o abstracto de constitucionalidad respecto de las leyes que se someten a su estudio, en este caso produciendo efectos erga omnes en su decisión, y por otra, se encuentra el control difuso que puede ejercer cualquier autoridad administrativa o judicial en determinado caso concreto, cuando advierta que una ley u otra norma jurídica de inferior rango es cont raria a la Constitución, sie ndo excepcional su aplicación.

De igual forma, enfatizó la Corte Constitucional en sentencia C122 de 2011 10, que conforme a las competencias atribuidas en el numeral 2 del artículo 237 ejusdem, al Consejo de Estado le corresp onde ejercer el control concentrado de los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no esté atribuida a la Corte Constitucional.

En ese orden, el control por vía de excepción, cuya aplicación puede ser de oficio o a solicitud de parte, tiene como característica, que sus efectos son inter partes, por tanto, la norma legal o reglamentaria exceptuada por inconstitucional continua vigente en el ordenamiento jurídico y se predica su validez.

En el campo de la acción de t utela, la Corte Constitucional también ha desarrollado la figura de la excepción de inconstitucionalidad, reflexionando que en virtud del artículo 4º de la Constitución, dicha figura constituye una “herramienta jurídica -política de protección al principi o de supremacía constitucional” que garantiza en cada caso concreto, “su

de la Constitución, dicha figura constituye una “herramienta jurídica -política de protección al principi o de supremacía constitucional” que garantiza en cada caso concreto, “su jerarquía y materialidad dentro del sistema de fuentes del derecho” y la cual puede ser aplicada de manera oficiosa o a solicitud de parte, cuando se configure alguno de los siguientes requisitos:

“… (i) La norma es contraria a lo s cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad.

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento ius fundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales…”11.

10 Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. 11 Ver sentencia T-681 de 2016.8

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02 Dicho criterio ha sido reiterado por el Máximo Tribunal Constitucional en sentencias T861 de 201612, T43713 del 30 de octubre de 2018 y T – 42414 del 18 de octubre del mismo año.

Dicho criterio ha sido reiterado por el Máximo Tribunal Constitucional en sentencias T861 de 201612, T43713 del 30 de octubre de 2018 y T – 42414 del 18 de octubre del mismo año.

De conformidad con lo anterior, como quiera que en el presente caso, la norm a cuya inaplicación pretende la actora, no ha sido objeto de control abstracto de constitucionalidad por parte del Consejo de Estado, ni tampoco reproduce en su contenido otra norma que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes, la Sala estima que resulta procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, para efectos de determinar si se configura el tercer presupuesto establecido por la Corte Constitucional, a saber, “la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento ius fundamental (…)”, dado que la demandante argumenta en su demanda que la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenido en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013, es contrario al artículo 53 de la Constitución y al contenido de la Ley 4ª de 1992.

5.2. Creación de la bonificación judicial - Decreto 383 de 2013En desarrollo de las normas generales señal adas en la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 383 de 2013 , mediante el cual creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos números 57 15 y

para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos números 57 15 y 11016 de 1993, 10617 de 1994, 4318 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 87419 de 2012, a la cual únicamente se le atribuyó el carácter salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y Seguridad social en salud.

La expedición de dicho Decreto también tuvo lugar en razón al paro judicial adelantado en el año 2012 por parte de los jueces, fiscales y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, cuya finalidad fue lograr la nivelación sala rial ordenada por el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, situación que condujo al gobierno nacional y a los representantes de los funcionarios y empleados de dichas entidades a suscribir el Acta de acuerdo del 6 de noviembre de 2012, en la que se estableció:

12 Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 13 Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. 14 Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. 15 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones. 16 Por el cual se modifica el Decreto 57 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 17 Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.

16 Por el cual se modifica el Decreto 57 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 17 Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones. 18 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones. 19 Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.9

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02 “(…) 1.- Reconocer el Derecho a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y fiscalía general de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, atendiendo criterios de equidad.

2.- Para los efectos a que se refiere el numeral anterior, el Gobierno Nacional dispondrá de la suma de UN BILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL MILLONES ($1.220.000.000.000) DE PESOS M/cte., cifra que se distribuirá en los presupuestos anuales, iniciando en la vigencia fiscal de 2013, y culminando en la vigencia Fiscal de 2018 (…)

El proceso de ajustes en los sistemas de remuneración de los funcionarios y empleados de la fiscalía general de la Nación iniciará igualmente en la vigencia fiscal del 2013 y se realizará de forma equivalente al proceso que se realice para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, con el monto que para ello se requiera (…)”. (Negrillas fuera del texto original).

se realizará de forma equivalente al proceso que se realice para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, con el monto que para ello se requiera (…)”. (Negrillas fuera del texto original).

En ese orden de ideas, el Decreto 383 de 2013, consagró la bonificación judicial de la siguiente manera:

“Artículo 1°. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestaciona l establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio (…)

Artículo 2°. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto número 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los

siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonific ación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

Artículo 3°. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos…

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2013…”. (Destaca la Sala).

La citada norma fue modificada por los Decretos Nos. 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022, por medio de los cuales se ajustó el porcentaje de la bonificación para cada año, pero al igual que el Decreto 383 de 2013, mantuvo la restricción de considerar la bonificación judicial como factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5.3. Aplicación del Decreto 383 de 2013 a los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación10

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5.3. Aplicación del Decreto 383 de 2013 a los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación10

Expediente Radicación No. 76001-33-33-005-2020-00093-02 El Decreto 383 de 2013, estableció que los destinatarios de la bonificación judicial eran los jueces municipales y del circuito, sin exigir requisitos distintos al desempeño de dichos cargos públicos.

Pero la situación particular de los jueces se hace extensiva a los procuradores Judiciales por expresa disposición del artículo 280 de la Constitución Política, que consagra: “Artículo

280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo.”

Para el caso de la bonificación judicial que la perciben los jueces a voces del Decreto 383 de 2013 se hizo extensiva a los agentes del ministerio público a través del Decreto No. 1016 de 2013 así:

“ARTÍCULO 9 . A partir del 1° de enero de 2013, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales I será de cinco millones ochocientos veinte mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($5.820.948) m/cte. El treinta por ciento (30%) de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República.

Igualmente, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen

artículo 14 de la Ley 4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República.

Igualmente, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales, tendrán derecho a percibir la bonificación judicial para aquellas, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 383 de 2013.”

El artículo 10 del Decreto 186 de 2014 en su revalidó esa línea de pensamiento en los siguientes términos:

“DECRETO 186 DE 2014 - Artículo 10 . A partir del 1° de enero de 2014, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales I será de cinco millones novecientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos ($5.992.084) moneda corriente. El treinta por ciento (30%) de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República. Igualmente, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales, tendrán derecho a percibir la bonificación judicial para aquellas, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 383 de 2013.”

Así pues, es claro que la bonificación judi cial creada mediante el Decreto 383 de 2013, aplica tanto para los servidores públicos de la rama judicial, como para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación.

5.4. Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la