TA VAL - Sentencia 76001-33-33-009-2019-00161-01 (28-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Sentencia

PROCESO No. 76001-33-33-009-2019-00161-01

DEMANDANTE: LUIS EDUARDO MORALES JARAMILLO Y OTROS ríos.castillo2022@gmail.com

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIOINPEC

demandas.roccidente@inpec.gov.co demandas2.roccidente@inpec.gov.co notificaciones@inpec.gov.co juridica@inpec.gov.co

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

Magistrado Ponente: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali (V.), veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte deman dada en contra de la Sentencia de primera instancia No. 98 del 24 de mayo de 2024, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

LA DEMANDA

LUIS EDUARDO MORALES JARAMILLO, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad ANGHELO MORALES GARZÓN Y DYLAN EDUARDO MORALES GARZÓN; así como YAMILETH MORALES JARAMILLO, MARIELA JARAMILLO VELASCO Y ROLANDO ALEXIS MARTÍNEZ JARAMILLO , instauraron demanda en contra el Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPEC, solicitando que se

JARAMILLO VELASCO Y ROLANDO ALEXIS MARTÍNEZ JARAMILLO , instauraron demanda en contra el Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPEC, solicitando que se declare administrativamente responsable al INPEC por los perjuicios ocasionados a los2

demandantes, como consecuencia de las lesiones padecidas por el señor Luis Eduardo Morales Jaramillo el día 28 de junio de 2017 , mientras se encontraba recluido en el Establecimiento Carcelario de Palmira. Como consecuencia de lo anterior, se condene al INPEC a reconocer y pagar a los demandantes indemnización por perjuicios morales, materiales y daño a la salud.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el 28 de junio de 2017, se presentó un motín en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Palmira Valle, donde resultan varias personas heridas, entre ellos el señor Luis Eduardo Morales Jaramillo, quien fue herido con arma cortopunzante por varios compañeros, infringiéndole 9 puñaladas en la cabeza y el tórax y así mismo sin que le suministraran el correspondiente auxilio por miembros del INPEC, quienes en su afán por detener la disputa golpeaban sin parar a todos los reclusos.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC1.

Se opuso a las pretensiones de la demanda . Señaló que la entidad no ha incumplido la obligación de velar por la seguridad e integridad del penal, al evitar el ingreso a ese establecimiento de armas que puedan causar daño. Sumado a ello, se efectuaron los actos protocolarios de requisa y vigilancia para evitar que los r eos elaboren elementos que causen

establecimiento de armas que puedan causar daño. Sumado a ello, se efectuaron los actos protocolarios de requisa y vigilancia para evitar que los r eos elaboren elementos que causen daño, empero dicho objetivo no se cumple a plenitud, debido a que el recluso cuenta con 24 horas del día para ingeniar la posibilidad de su elaboración y camuflado, por ello, los presuntos perjuicios causados, producto de las lesiones sufridas al señor Luis Eduardo Morales Jaramillo, se originaron por una riña en la que el citado tuvo participación activa contra otros compañeros, con la que puso en riesgo la seguridad de todo el establecimiento de reclusión, tratándose de heridas leves y superficiales, por la que estuvo 4 días bajo observación, pero después fue dado de alta, debiendo propender para que esa garantía de seguridad se preservara, situación que no ocurrió, teniendo en cuenta que tuvo participación en su propio daño.

LA SENTENCIA APELADA

1 Ver folios 1-14 del expediente parte 2, visible en el link que obra en el primer archivo del índice 53 de samai-primera instancia3

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, profirió la Sentencia2, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda y condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, a pagar a los demandantes perjuicios morales y daño a la salud. Luego de ahondar en el marco normativo y jurisprudencial atinente a la responsabilidad del Estado frente a daños ocasionados a personas privadas de la libertad, indicó, que de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario se probó la existencia de responsabilidad de la

frente a daños ocasionados a personas privadas de la libertad, indicó, que de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario se probó la existencia de responsabilidad de la administración en el presente asunto, pues se determinó la existencia del nexo causal entre las lesiones sufridas por el señor Luis Eduardo Morales Jaramillo y la obligación de aquella de garantizar el cuidado y la seguridad del interno, al punto de protegerlo de cualquier circunstancia que pusiera en riesgo su vida e integridad.

Sostuvo, que las pruebas recaudadas no permiten tener por establecida claramente una falla en servicio como causa determinante de las lesiones sufridas por el demandante, pues si bien fueron encontradas algunas armas cortopunzantes en el lugar de los hechos, lo que por sí mismo sugiere una desatención de las obligaciones de la institución demandada, las circunstancias en que esto ocurrió no se pueden concluir que esto tuvo que ver con deficiencias en los procedimientos de requisa , pero si con la obligación , custodia y c uidado con la que cuenta la entidad.

Finalmente, señaló que si bien la entidad afirmó que el interno fue el causante de la riña, no obran pruebas que soporten dicha afirmación, pues, aunque se aportó informe en el que hubo riña por parte de algunos internos, los cuales a su vez se lesionaron, lo cierto es que no se indican las circunstancias bajo las cuales se desarrolló dicha disputa y tampoco obra ningún proceso disciplinario adelantado contra el mismo.

LA APELACIÓN La entidad demandada, presentó recurso de apelación 3 cuestionando la imputación de responsabilidad y la valoración a ciertas pruebas, pues a su juicio, de los hechos suscritos por

LA APELACIÓN La entidad demandada, presentó recurso de apelación 3 cuestionando la imputación de responsabilidad y la valoración a ciertas pruebas, pues a su juicio, de los hechos suscritos por

2 Ver índice 54 de samai-primera instancia 3 Ver índice 56 de samai-primera instancia4

la autoridad penitenciaria, se observa que el demandante participó de forma activa en la riña , alteró el oren interno del Establecimiento Carcelario, dando lugar a la eximente de responsabilidad alegado en la contestación de la demanda, culpa exclusiva de la víctima el cual es no se tuvo en cuenta por parte del Juez. Finalmente, señaló que los demandantes no acreditaron objetivamente el daño y las secuelas originadas por la lesión recibida, por lo que no se cumplió con la carga procesal consistente en la prueba del daño, por lo cual resulta injusto condenar al INPEC, a pagar a los demandantes unos presuntos perjuicios morales y daños en la salud, que no fueron demostrados.

CONSIDERACIONES

Vistos los antecedentes del asunto, se aborda a continuación el estudio del recurso de apelación presentado, conforme al siguiente,

PROBLEMA JURÍDICO

Se contrae a establecer si la entidad demandada es administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes, por las lesiones de las que fue objeto el señor Luis Eduardo Morales Jaramillo el día 28 de junio de 201 7, cuando se encontraba privado de su libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Palmira y si hay lugar a reconocer perjuicios morales y daño a la salud o por el contrario se probó la

encontraba privado de su libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Palmira y si hay lugar a reconocer perjuicios morales y daño a la salud o por el contrario se probó la culpa exclusiva de la víctima o concausa y finalmente si fue debidamente tasado el perjuicio.

TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto se encontró probado que dentro del Centro Carcelario de Palmira el señor Luis Eduardo Morales Jaramillo fue herido, siendo deber del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC mantener al recluido en las mismas condiciones que presentaba al momento de la privación de la libertad, teniendo en cuenta la especial relación de sujeción que existe entre el Estado y el recluso, sin que se pruebe la conducta aducida a la víctima.5

Finalmente, de conformidad con los múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado, la Sala considera acertada la tasación de los perjuicios realizadas por el Juez A quo, pues a falta de dictamen pericial, tuvo en cuenta la historia clínica aportada al plenario y acudió al arbitrio iuris, como las reglas de la experiencia para realizar la tasación, ya que, no todas las lesiones tienen por qué derivar en alguna pérdida de capacid ad laboral, pero sí constituyen un daño causado a la víctima que debe ser reparado , razón por la cual se encuentran debidamente acreditados los perjuicios reclamados.

Para resolver el anterior planteamiento, se abordará el estudio de los siguientes aspectos:

(i) La responsabilidad administrativa del Estado.

El Constituyente de 1991 se encargó de integrar este aspecto de responsabilidad estatal, en el artículo 90 de la Constitución, de la siguiente manera:

(i) La responsabilidad administrativa del Estado.

El Constituyente de 1991 se encargó de integrar este aspecto de responsabilidad estatal, en el artículo 90 de la Constitución, de la siguiente manera:

“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

De acuerdo con lo anterior, jurisprudencialmente se han definido dos (2) regímenes de responsabilidad administrativa del Estado, siendo ellos el objetivo y subjetivo de responsabilidad, por ende, seguidamente vamos a analizar cuál es el régimen aplicable al presente asunto.

(ii) El régimen aplicable al presente asunto.

El valor específico que imprime la concepción de Estado social de derecho, es relevante en las relaciones de especial sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad, en el entendido que toda persona que se encuentra bajo la tutela espec ial de vigilancia, custodia y cuidado, goza de la protección diferencial que l os hacen sujeto activo de mayores riesgos a su vida, por depender plenamente de lo que el Estado le proporcione para la conservación de6

su vida, en razón a la dependencia total d e sus custodios, que le hacen, en principio incapaz de sortear por si mismo las necesidades que se derivan del vivir en libertad. La responsabilidad que surge es frente a un riesgo especial, distinto al riesgo que se pueda ocasionar con razón del ejercicio de las relaciones normales de administrador – administrado

de sortear por si mismo las necesidades que se derivan del vivir en libertad. La responsabilidad que surge es frente a un riesgo especial, distinto al riesgo que se pueda ocasionar con razón del ejercicio de las relaciones normales de administrador – administrado que surge del contrato social del que el Estado es garante en igualdad de condiciones con todos los asociados. En la relación custodio - custodiado, en un Estado de social de Derecho, emerge la teoría del daño especial, que se explica con el siguiente silogismo: quien es afectado con la privación de la libertad se somete de pleno a la vigilancia, custodia y protección directa y permanente del Estado, por lo tanto, necesariamente, los riesgos a su i ntegridad personal salen de su esfera y los asume el Estado, por lo tanto toda afectación a dicha integridad genera ipso facto una responsabilidad jurídica en cabeza de quien tenía el deber de garantizarla, lo que ocasiona prima facie responsabilidad por el daño antijurídico causado, responsabilidad que deviene en objetiva y que puede hacerse subjetiva a través de la acción de repetición. Así se ha pronunciado reiteradamente el Consejo de Estado, con fundamento en que la voluntad del privado de la libertad está restringida, por lo tanto, la relación es de sujeción, que convierte la protección en una obligación de resultado y no de medio como se diría en el caso del Estado y sus asociados en razón a la ruptura del equilibrio de las cargas de cuidado y protección en que se encuentra quien goza de la libertad. Sin embargo, en los últimos años se ha venido desarrollando una nueva teoría en la qu e el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo bajo la figura jurídica de “las acciones a

protección en que se encuentra quien goza de la libertad. Sin embargo, en los últimos años se ha venido desarrollando una nueva teoría en la qu e el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo bajo la figura jurídica de “las acciones a propio riesgo” traslada al recluso la responsabilidad por los daños que haya sufrido y exonera al Estado de la obligación de indemnizarlos. Desconoce así la po sición de garante que tiene frente a los mismos y desestima si en dicha situación se presenta de forma concomitante una falla en el servicio. El Consejo de Estado, en fallo del 11 de julio de 2013, con ponencia del Doctor Enrique Gil Botero, revocó una condena y en su lugar denegó las pretensiones del parte actor, advirtiendo que si bien hubo un daño sufrido en la persona del recluso quien se hallaba bajo la seguridad y protección del INPEC, “dada la relación de especial sujeción entre éste y el Estado”, n o se podía “desconocer que las lesiones sufridas se habían ocasionado debido a las acciones que a propio riesgo inicio el recluso, quien pese a encontrarse “recluido en una cárcel de máxima7

seguridad, la posición de garante, en un caso como ese, se veía limitada, más aún, cuando la víctima viola sus deberes de autoprotección. Para efectos de determinar la responsabilidad del Estado frente a los reclusos la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha dado aplicación a diferentes teorías, la del depósito necesario, la de la obligación legal, falla del servicio probada, presunta, la responsabilidad objetiva; lo que implica en relación con la primera de las mencionadas que se podía “imputar responsabilidad objetiva al Estado por el solo hecho de probar el daño.

necesario, la de la obligación legal, falla del servicio probada, presunta, la responsabilidad objetiva; lo que implica en relación con la primera de las mencionadas que se podía “imputar responsabilidad objetiva al Estado por el solo hecho de probar el daño. Lo anterior, puesto que se considera que aunque el daño antijurídico sufrido por el retenido puede haber sido causado por terceros no hay “lugar a exonerar de responsabilidad al Estado porque al detenerlo, éste asumió su seguridad, la cual debía garan tizar no sólo frente a las actuaciones de la propia institución sino frente a terceros,” en razón a que “el Estado tiene una obligación específica de protección y seguridad, porque éstos se encuentran en imposibilidad de ejercer su propia defensa y, por lo tanto, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenaza. En relación con este régimen de imputación, se ha sostenido por algunos autores como el profesor Arturo Alessandri Rodríguez, que esta teoría ta mbién es conocida como “del Riesgo Común” advirtiendo claramente que el fundamento que permite responsabilizar patrimonialmente al Estado se encuentra en el hecho o conducta que produce el daño, sin importar si esta se materializa con dolo o culpa de los a gentes estatales, resaltando, que lo realmente importante en este régimen, es determinar la existencia del daño y su relación de causalidad con el hecho o acción u omisión que lo causó, es así como lo explica el tratadista: “La responsabilidad objetiva pre scinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido. Basta éste para que

“La responsabilidad objetiva pre scinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido. Basta éste para que su autor sea responsable cualquiera que haya sido su conducta, haya habido o no culpa o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y llano y no el hecho culpable o doloso el que genera la responsabilidad”4 El Consejo de Estado en Sentencia del 11 de julio de 2013, expediente 30424 con ponencia del entonces Consejero Enrique Gil Botero, advirtió que la relación especial de sujeción entre

4 Alessandri R., Arturo – 1981De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil. Santiago de Chile: Imprenta Universal. Pág. 92 y 133.8

el recluso y el Estado continuaba siendo el soporte de la responsabilidad patrimonial, la cual se atribuía por la falla del servicio señalando que la administración no tomaba las medidas de seguridad necesarias para p rocurar el cuidado y la seguridad dentro de los penales a sus internos. En consecuencia, bajo esta teoría se manifestaba que la responsabilidad del estado se generaba por la prestación de un servicio público que desde el punto de vista legal le había sido atribuido al ente administrativo, el cual al no desarrollarse en la forma indicada configuraba la falla en el servicio que a su vez se constituía en la causa que generaba el daño antijurídico, por tanto se debía responder de forma directa por los perjuicio s causados, siempre y cuando se lograra establecer el nexo causal. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia T 815 de 2013 señaló: “… la conexión de especial sujeción con el Estado en la que se encuentran las personas privadas de la libertad produce importantes consecuencias jurídicas y un

Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia T 815 de 2013 señaló: “… la conexión de especial sujeción con el Estado en la que se encuentran las personas privadas de la libertad produce importantes consecuencias jurídicas y un impacto evidente en los derechos fundamentales de estas personas. Por tanto, el Estado se encuentra en posición de garante respecto de la persona privada de la libertad y, en esa medida, es su entera respons abilidad el cuidado de la vida, la salud, la integridad física y moral, así como procurar las condiciones mínimas de existencia digna del individuo privado de la libertad como persona” En consecuencia, al momento de presentarse la muerte o lesión de alguno de los reclusos y no encontrarse el hecho amparado por alguna causal de exclusión de responsabilidad, deberá asumir la responsabilidad sea por el actuar omisivo de sus agentes y como consecuencia de ello, o por la ocurrencia del daño teniendo la posición de garante ya que “asume voluntariamente la protección de una persona” la cual por su situación jurídica no puede suministrarse los recursos necesarios para su manutención ni velar por su protección frente a los múltiples riesgos que les rodean , pero tampoco es menos cierto que existen situaciones especiales en las que las personas privadas de la libertad buscan y logran generar sus propios daños, lo cual si se demuestra dentro de un proceso contencioso podría eventualmente liberar de la responsabilidad patrimonial al Estado.9

Esos eximentes, los cuales como bien lo menciona la jurisprudencia actual5 se: “… constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico la responsabilidad por los daño s cuya causación da lugar a la iniciación del

diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico la responsabilidad por los daño s cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea proced ente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad, (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado Ahora en cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, es necesario enmarcar las actuaciones del afectado dentro de la impericia, imprudencia, la negligencia, la violación a reglas de obligatorio cumplimiento o al deber objetivo de cuidado, puesto que dichos ingredientes normativos resultan ser considerados como generadores de culpa, según lo establecido en el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la doctrina, lo que a su vez nos lleva a concluir que el detrimento sufrido por la persona es causado por el desarrollo de sus propias actuaciones positivas (acción) o negativas (omisión); siempre y cuando dentro del proceso se logre verificar que la administración pública cumplió a cabalidad con las obligaciones. Esta constituye causal de exoneración siempre y cuando, se logre demostrar que no existió una falla en el servicio, por cuanto al concurrir la culpa de la víctima con la existen cia de una falla en el servicio por parte de la Administración, no se podrá exonerar completamente al Estado de su responsabilidad patrimonial, no obstante, si se genera una reducción considerable de la indemnización a pagar, la cual podría enmarcarse hast a en un cincuenta por ciento (50%).6 Por su parte, las acciones a propio riesgo pueden ser entendidas como todas aquellas

Estado de su responsabilidad patrimonial, no obstante, si se genera una reducción considerable de la indemnización a pagar, la cual podría enmarcarse hast a en un cincuenta por ciento (50%).6 Por su parte, las acciones a propio riesgo pueden ser entendidas como todas aquellas eventualidades en las que un sujeto que identificaremos como “autor” genera una situación especial la cual se complementa plenamente con una actuación peligrosa de otro individuo que identificaremos como “sujeto pasivo” y que inescindiblemente conlleva a la generación de un resultado perjudicial para su vida o su integridad física, transformándose de esta forma en la víctima del suceso, y donde queda plenamente establecido que el resultado obtenido solo pudo

5 Sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso – Administrativo – del veintidós (23) de junio dos m il diez (2010) - Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. 6 Sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Radicación número: 52001 -23-31-000-1999-0051801(20750) - del siete (7) de abril de dos mil once (2011) Consejero p onente: Mauricio Fajardo Gómez.10

concretarse por la actuación del último en mención, ya que de lo contrario no hubiera podido materializarse el resultado, que solo se logran por las decisiones y actuaciones que el mi smo lesionado despliega. El Consejo de Estado, ha señalado que este aspecto resulta aplicable en la jurisdicción contenciosa administrativa, cuanto indica que: “Así las cosas, si el daño se produce por el actuar determinante de la víctima, no hay lugar a

El Consejo de Estado, ha señalado que este aspecto resulta aplicable en la jurisdicción contenciosa administrativa, cuanto indica que: “Así las cosas, si el daño se produce por el actuar determinante de la víctima, no hay lugar a dudas que ésta asume el riesgo, y por lo tanto, no es posible imputar el daño a la administración pública. En este orden, para que la actuación a propio riesgo r eleve el estudio de imputación, es necesario que se presenten tres presupuestos a saber: primero, que la actividad riesgosa permanezca en el ámbito de lo organizado conjuntamente por el autor y por la víctima, y además, para que se configure una autolesión, la víctima debe tener bajo su control la decisión sobre el desarrollo de la situación peligrosa; segundo, la víctima debe ser auto responsable y con la capacidad suficiente para calcular la dimensión del riesgo; y por último, el tercero no debe tener una posición de garante respecto de la víctima”7 En consecuencia, al momento de identificar una conducta como lesiva o contraria al ordenamiento jurídico que conlleve a la causación de una indemnización, se hace necesario por parte del operador judicial, dete rminar si los daños a cancelar se generaron como consecuencia de las acciones de un tercero, así como la relevancia que puede presentar en su desarrollo el proceder inadecuado de la misma víctima, si la contribución en la producción del resultado que lo af ecta, fue significativa lo que a la postre implicaría que el lesionado deba soportar el daño sufrido sin generar consecuencias patrimoniales para el Estado. Sin embargo, el Consejo de EstadoSala de lo Contencioso AdministrativoSección Tercerasoportar el daño sufrido sin generar consecuencias patrimoniales para el Estado. Sin embargo, el Consejo de EstadoSala de lo Contencioso AdministrativoSección TerceraSubsección B, con ponencia del Dr. Danilo Rojas Betancourth, en sentencia del 14 de abril de 2011 dentro del proceso con radicado interno No. 20587, indicó: “(…) 13. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de detención, el Consejo de Estado ha señalado que es de carácter objetivo , teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que, por razón del encarcelamiento, no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las

7 Sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C - Consejero ponente: Enrique Gil Botero - Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013).11

agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares6 . Siendo ello así, se ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños causados a quienes se encuentra recluidos en establecimientos carcelarios o centros de reclusión, aunque no exista en el caso concreto una falla del serv icio o un incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección a cargo de las autoridades penitenciarias. En estos eventos, la responsabilidad surge de la aplicación de la teoría del daño especial, pues se parte de la premisa de que las afectaciones a la vida o a la integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación administrativa, no puede

eventos, la responsabilidad surge de la aplicación de la teoría del daño especial, pues se parte de la premisa de que las afectaciones a la vida o a la integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación administrativa, no puede considerarse un efecto esperado de la detención, es decir, una carga soportable por quienes se encuentran privados de la libertad. Con todo, nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como eximente de responsabilidad, siempre que se encuentren demostrados todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una con currencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terc eros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos. Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación, y no en el de daño especial. Dicho en otros términos, esto significa que no en todos los eventos en lo que se causen daños a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de reclusión hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad de daño

no en todos los eventos en lo que se causen daños a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de reclusión hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad de daño especial pues, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales. (…)” (Negrillas y subrayado fuera de texto)

(iii) El caso concreto.

En el caso sub examine, los demandantes instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPEC, por los hechos ocurridos el día 28 de junio de 2017 , en donde resultó lesionado el señor Luis Eduardo Morales Jaramillo.

De acuerdo con el acervo probatorio obrante en el plenario, la Sala procederá a analizar si en el caso sub examine se configura la existencia de los elementos esenciales para endilgar responsabilidad al Estado.12

Se encuentra en el plenario, historia clínica del señor Luis Eduardo Morales Jaramillo por parte de la E.S.E. Hospital Raúl Orejuela Bueno, en la que se indica lo siguiente8:

“(…) URGENCIAS del 28-Jun-2017 12:33 pm13(…) ENFERMEDAD ACTUAL PACIENTE TRAIDO POR LA POLICIA. QUE REFIERE AGRESION POR PARTE DE POLICIA, REFIERE AGRESION POR PARTE DEL MISMO EN HRS DE LA NOCHE A ESO 20:30 HRS. REFIERE AGRESION CON FUERZA CORPORAL " 3 PUÑOS EN LA CARA” 11

Y EN LOS BRAZOS Y PIERNAS DONDE ME COJIERON” INGRESA EL DIA DE HOY CON

DOLOR (…)

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS

Y EN LOS BRAZOS Y PIERNAS DONDE ME COJIERON” INGRESA EL DIA DE HOY CON

DOLOR (…)

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS

RAFIA DE HERIDA POR ARMA BLA