TA VAL - Sentencia 76001-33-33-011-2019-00239-01 (06-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Procede esta Corporación en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4, a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la demandada Nación – Rama Judicial, contra la Sentencia No. 25 del 11 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Once Administrativo de Cali, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

Los señores MARÍA ROCÍO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ y LEONARDO FABIO ESPINAL RODRÍGUEZ, por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , pidiendo se declare administrativamente responsables a dichas entidades por todos los perjuicios que les fueron causados como consecuencia de la privación de la libertad, presuntamente injusta a la fueron sometidos.

2. HECHOS

La Sala se permite sintetizar los hechos de la demanda, así:

Que contra los señores María Rocío Rodríguez Jiménez y Leonardo Fabio Espinal Rodríguez, se adelantó el proceso penal radicado número 762336000172200800117, por el delito de

La Sala se permite sintetizar los hechos de la demanda, así:

Que contra los señores María Rocío Rodríguez Jiménez y Leonardo Fabio Espinal Rodríguez, se adelantó el proceso penal radicado número 762336000172200800117, por el delito de Homicidio Agravado en Grado de Tentativa, dentro del cual el Juzgado Décimo Cuarto Penal del Circuito de Cali, declaró su absolución, decisión que no fue objeto de recurso.

Que los demandantes permanecieron privados de la libertad desde el 7 de mayo de 2009 hasta el 8 de noviembre de 2017, es decir, por espacio de 8 años, 7 meses y 4 días.

Que para el momento en que fueron privados de la libertad trabajaban en un puesto de comidas en el municipio de Sevilla que les generaba ingresos de un salario mínimo.

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA EXPEDIENTE: 76001-33-33-011-2019-00239-01

DEMANDANTE: MARÍA ROCÍO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Y LEONARDO FABIO

ESPINAL RODRÍGUEZ

velasquezabogado@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓNRAMA JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co ASUNTO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIATribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 2 de 18 Proceso No 76001-33-33-011-2019-00239-01 Reparación Directa María Rocío Rodríguez Jiménez y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. RAMA JUDICIAL1

Reparación Directa María Rocío Rodríguez Jiménez y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. RAMA JUDICIAL1

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que todas las actuaciones surtidas al interior del proceso penal al que se vi eron enfrentados los actores, fueron desarrolladas en apego de las normas sustantivas y procesales vigentes, por cuando el hecho delictivo sí existió y al momento de la legalización de la captura se contaba con los indicios suficientes de que estaba n comprometidos en los delitos investigados.

Señaló que, la privación de la libertad de los aquí demandantes no f ue injusta, teniendo en cuenta que, los elementos materiales probatorios (investigación de campo, testimonios y peritaje), permitían inferir razonablemente que tuvieron participación en el delito de Homicidio Agravado en Grado de Tentativa; y que fueron las masivas solicitudes por parte de la Fiscalía las que prolongaron el presunto perjuicio.

Sostuvo que, la medida de aseguramiento impuesta por el respectivo Juez tuvo su origen en la solicitud elevada por la Fiscalía y en los elementos materiales probatorios que ella exhibió para tal fin; pero en todo caso, debe tenerse en cuenta que en la etapa procesal que se dictó la medida de aseguramiento, el Juez de Control de Garantías no realiza ninguna valoración probatoria y por tal razón no define la responsabilidad penal del investigado, pues se trata de un estado procesal donde su labor se circunscribe a v erificar el cumplimiento de los requisitos consagrados en los artículos 250 Constitucional, 308 de la Ley 906 de 2004; y a

de un estado procesal donde su labor se circunscribe a v erificar el cumplimiento de los requisitos consagrados en los artículos 250 Constitucional, 308 de la Ley 906 de 2004; y a constatar, que la medida de aseguramiento se adecúa al test de proporcionalidad, razonabilidad y ponderación.

Finalmente indicó que , nos encontramos ante el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima toda vez que como se pudo demostrar en el juicio, el señor Álvaro Diego Suárez fue agredido en repetidas ocasiones con machete por los señores María Rocío Rodríguez y Leonardo Fabio Especial, generando esto una escena que hacía imposible en un inicio desligar a los accionantes de la investigación.

3.2. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2

El apoderado de la mencionada entidad contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, bajo la consideración de que le corresponde al Fiscal solicitar la imposición de la medida de aseguramiento si considera que los elementos materiales probatorios puestos a su disposición son suficientes para ello, pero en todo caso, la decisión de privar o no de la libertad al imputado recae exclusivamente en el Juez con Funciones de Control de Garantías quien cuenta con plena autonomía para ello , según el proced imiento establecido en la Ley 906 de 2004.

Finalmente, precisó que en el proceso penal tramitado contra los demandantes obró de conformidad con las obligaciones y funciones establecidas en el artículo 250 de la Constitución Política y todas aquellas disposiciones legales, tales como el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y las normas tanto sustanciales como procedimentales penales vigentes para la época de los hechos.

Política y todas aquellas disposiciones legales, tales como el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y las normas tanto sustanciales como procedimentales penales vigentes para la época de los hechos.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

1 Secuencia 02 folios 67 y siguientes del expediente digital de primera instancia. 2 Secuencia 02 folios 17 a 32 del expediente digital de primera instancia. 3 Secuencia 15 del expediente digital de primera instancia.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 3 de 18 Proceso No 76001-33-33-011-2019-00239-01 Reparación Directa María Rocío Rodríguez Jiménez y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, mediante Sentencia No. 25 del 11 de marzo de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación; y la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad en lugar de residencia de los señores María Rocío Rodríguez Jiménez y Leonardo Fabio Espinal Rodríguez durante el periodo comprendido entre el 06 de mayo de 2009 y el 08 de noviembre de 2017, y por ello dispuso el pago de 50 SMLMV para cada uno de ellos por el perjuicio moral padecido.

Para tomar la anterior decisión, el a quo consideró que la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad impuesta a los señores María Rocío Rodríguez Jiménez y Leonardo Fabio Espinal dentro del proceso que se adelantó en su contra por el delito de homicidio

Para tomar la anterior decisión, el a quo consideró que la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad impuesta a los señores María Rocío Rodríguez Jiménez y Leonardo Fabio Espinal dentro del proceso que se adelantó en su contra por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, resultó ser ilegal, irrazonable y desproporcionada, pues tal como lo manifestó el Juez de Control de Garantías, la misma no era necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, para asegurar la comparecencia de los imputados o para asegurar la protección de la comunidad y de la víctima ; y que al haber sido absueltos en aplicación del principio de in dubio pro reo, la privación de la libertad deviene en injusta, como quiera que no estaban en la obligación jurídica de soportarla, lo que conduce a declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

En cuanto a la imputabilidad del daño consideró que, recae únicamente sobre la Rama Judicial, dado que si bien es la Fiscalía la que solicita la imposición de la medida de aseguramiento, lo cierto es que, corresponde al Juez de Control de Garantías en ejercicio de sus competencias legales adoptar la decisión sobre la libertad del ciudadano en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, se concedieron perjuicios morales en las proporciones y para las personas antes indicadas, aplicando la disminución respectiva por tratarse de una privación de la liber tad de índole domiciliaria y se negó el perjuicio solicitado en la modalidad de daño emergente por ausencia de acreditación probatoria.

5. RECURSO DE APELACIÓN

5.1. PARTE DEMANDANTE4

de índole domiciliaria y se negó el perjuicio solicitado en la modalidad de daño emergente por ausencia de acreditación probatoria.

5. RECURSO DE APELACIÓN

5.1. PARTE DEMANDANTE4

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando sea revocada parcialmente en el sentido de condenar a las entidades demandadas en la forma solicitada en la demanda, en particular respecto a los perjuicios materiales que no le fueron reconocidos, los cuales quedaron plenamente probados con la prueba testimonial que no fue valorada por el a quo ; y por el monto en el que se reconocieron los perjuicios morales, habida cuenta que debió aplicarse un incremento progresivo después de los 20 meses de prisión para los cuales se reconocen los 100 SMLMV.

Finalmente señala que, al haberse absuelto a los demandantes en aplicación del principio in dubio pro reo, el presente asunto debe ser analizado bajo el régimen de responsabilidad objetivo, conforme a lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 22 de mayo de 20135.

5.2. RAMA JUDICIAL6

4 Secuencia 23 del expediente digital de primera instancia. 5 Radicado número: 25000-23-22-000-019737-01, M.P. Olga Mélida Valle De La Hoz. 6 Secuencia 22 del expediente digital de primera instancia.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 4 de 18 Proceso No 76001-33-33-011-2019-00239-01 Reparación Directa María Rocío Rodríguez Jiménez y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

Proceso No 76001-33-33-011-2019-00239-01 Reparación Directa María Rocío Rodríguez Jiménez y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

La apoderada de la entidad demandada impetró recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque la misma , bajo la consideración de que no se encuentra acorde con los lineamientos jurisprudenciales que imperan en la actualidad, ni a la realidad jurídica de lo acontecido en el proceso penal y ante esta jurisdicción.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, la Juez de Primera Instancia afirmó que la medida de aseguramiento impuesta a los demandantes no estuvo justificada en alguno de los fines previstos en el artículo 308 del C.P.P., por lo que la privación se tornó en injusta; no obstante, dejó de lado que conforme a los elementos materiales probatorios allegado s en esa oportunidad, la Fiscalía consideró que se cumplía con la inferencia razonable de autoría o participación, sin que para la imposición de la medida de aseguramiento se exigiera algún grado de certeza, puesta ésta debe estar acreditada al momento del juicio.

Así mismo, señala que la Juez omitió tener en cuenta que fue el señor Álvaro Diego Suárez Lasso, quien luego de sufrir múltiples heridas con arma cortopunzante (machete) en su cara, tórax y miembros superiores, por parte de los aquí demandantes, los vin culó a la investigación en entrevista del 30 de marzo de 2008; y que se trataba de un delito doloso por cuanto quienes cometieron el hecho punible eran totalmente conscientes de los daños que estaban causando, pues así lo aceptaron.

investigación en entrevista del 30 de marzo de 2008; y que se trataba de un delito doloso por cuanto quienes cometieron el hecho punible eran totalmente conscientes de los daños que estaban causando, pues así lo aceptaron.

Señala que, el abogado de la defensa dentro del proceso penal fue quien solicitó que a sus defendidos se les impusiera detención domiciliaria, es decir, que era consciente no solo de la naturaleza del delito, sino también de su gravedad que además podía catalogarse como sevicia teniendo en cuenta que con arma cortopunzante se causaron las heridas que se relacionan a continuación:

“1. Herida desde la región supercineal del lado derecho hasta la región parietal más o menos de 20 cm.

2. Herida lineal desde la implantación auricular izquierda hasta la línea de implantación del pelo de más o menos 15 cm. De longitud.

3. Herida lineal vertical suturada desde pabellón auricular derecho hasta cuerpo mandibular de más o menos 15 cm.

4. Herida lineal vertical en región malar dere cha desde comisura labial hasta prominencia malar de más o menos 7 cm.

5. Herida lineal oblicua desde región palpebral inferior derecha hasta región nasolabial derecha de 6 cm.

6. Herida lineal horizontal en maxilar inferior de 7 cm.

7. En miembro superio r derecho tenía 5 heridas superficiales, una herida en hombro línea vertical de 5.8 cm de longitud.

8. En dorso de la mano herida de 2.5 cm, lineal vertical sobre el segundo metacarpiano.

9. Herida lineal oblicua sobre dorso de la mano de 2.5 cm.

10. Herida en región interdigital del primero y segundo dedo de 2.5 cm.

metacarpiano.

9. Herida lineal oblicua sobre dorso de la mano de 2.5 cm.

10. Herida en región interdigital del primero y segundo dedo de 2.5 cm.

11. Hematoma en brazo región dorsal tercio medio de 8 cm de diámetro.

12. En miembro superior izquierdo vendaje que cubre carpo y antebrazo.

13. En tórax presentó heridas lineales verticales una de 11 cm y otra de 8.5 cm.

14. En abdomen en flanco izquierdo herida en forma de media luna de 15 cm con compromiso celular subcutáneo.”

Adicionalmente, porque según lo manifestado por la Médico Legista – Perito Médico Forense Ana Inés Ricaurte en la audiencia preliminar, las múltiples heridas que presentaba la víctima sumada a su dimensión y el arma que se utilizó, iban más allá de solo pretender causar una lesión.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 5 de 18 Proceso No 76001-33-33-011-2019-00239-01 Reparación Directa María Rocío Rodríguez Jiménez y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

Finalmente señala que, es la Fiscalía General de la Nación la única entidad responsable de la privación de la libertad de los hoy demandantes, pues en virtud de la Ley 906 de 2004, adelantó la investigación, para ya en la etapa del Juicio Oral solicitar la preclusión ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, debido a la ineficiencia e ineficacia del funcionario encargado de hacer comparecer a los testigos para que ratificaran los hechos.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

del funcionario encargado de hacer comparecer a los testigos para que ratificaran los hechos.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Concedido el recurso de apelación por parte del a quo mediante Auto No. 358 del 11 de junio de 2024, fue admitido en esta instancia con Auto de fecha 26 de septiembre de 2024.

7. PRONUNCIAMIENTOS DE LAS PARTES EN ESTA INSTANCIA

Dentro del término de ejecutoria de la providencia antes mencionada, únicamente se pronunció la Nación – Rama Judicial, reiterando lo expuesto en el escrito de contestación.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Este Tribunal es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia emitida en este proceso en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

2. CONFLICTO JURÍDICO

En esta instancia la controversia se contra e a establecer si tal como lo consideró el A quo en el fallo recurrido, la Rama Judicial es administrativamente responsable por los daños ocasionados a la parte actora como consecuencia de la presunta privación injusta de la libertad de los señores María Rocío Rodríguez Jiménez y Leonardo Fabio Espinal Rodríguez por el delito de Homicidio Agravado en Grado de Tentativa; o, si por el contrario, tal como lo alega la entidad recurrente, la medida cautelar cumplió con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la Ley 906 de 2004 para su imposición.

De igual forma, y solo en caso de considerarse injusta la privación de la libertad padecida por los señores María Rocío Rodríguez Jiménez y Leonardo Fabio Espinal Rodríguez, deberá

De igual forma, y solo en caso de considerarse injusta la privación de la libertad padecida por los señores María Rocío Rodríguez Jiménez y Leonardo Fabio Espinal Rodríguez, deberá establecerse cuál de las entidades demandadas debe responder patrimonialmente por el daño antijurídico que de tal circunstancia se derive; así como, corresponde revisar la condena impuesta en primera instancia, pues en sentir de la parte demandante deben reconocerse en su integridad los perjuicios morales y materiales solicitados.

3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS EN LOS QUE SE

IMPUTA RESPONSABILIDAD POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD

El estudio que el tema amerita debe partir de la consideración de que, el Consejo de Estado mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 7, unificó su jurisprudencia en torno al tema de la responsa bilidad del Estado por la privación injusta de la libertad en el sentido de precisar lo siguiente:

1.- Que en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se

7 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Bogotá, 15 de agosto de 2018. Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO. Proceso radicación No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947), Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros. Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 6 de 18 Proceso No 76001-33-33-011-2019-00239-01 Reparación Directa

Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 6 de 18 Proceso No 76001-33-33-011-2019-00239-01 Reparación Directa María Rocío Rodríguez Jiménez y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

2.- Que adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

3.- Que si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

4.- Que el juez, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia , puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

iura novit curia , puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

No obstante, el mismo Consejo de Estado a través de sentencia de tutela8 dejó sin efectos la referida sentencia de unificación, al considerar que no se había realizado un análisis adecuado del eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de efectuar el estudio de imputación de la privación injusta de la libertad en el caso concreto y, por lo tanto, ordenó a la Sub Sección respectiva que profiriera un nuevo fallo.

En cumplimiento de la referida orden de tutela el Consejo de Estado profirió una sentencia de reemplazo el 6 de agosto de 2020 9, en la que, si bien no se consignaron de nuevo las reglas de unificación anteriores, si fueron acogidas al momento de decidir, por lo que se concluye que siguen vigentes.

En concreto en esa nueva providencia se sostuvo que: “El hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración”.

A partir de la aludida unificación y su posterior sentencia de r eemplazo, la citada Corporación10 ha cambiado su postura en el sentido de afirmar en cuanto al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, que la Constitución

A partir de la aludida unificación y su posterior sentencia de r eemplazo, la citada Corporación10 ha cambiado su postura en el sentido de afirmar en cuanto al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, que la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, y que en aplicación del principio iura novit curia corresponde al juez de conocimiento definir frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Así

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, CP: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00169-01. 9 C. de E. Sección Tercera. Sentencia de agosto 6 de 2020. Rad. No. 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947). CP. Dr. José Roberto Sáchica Méndez. 10 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. CONSEJERO

PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES. Bogotá D.C., siete (7) de d iciembre de dos mil veintiuno (2021). Referencia: REPARACIÓN DIRECTA. Radicación: 52001233100020090002001 (53917). Demandante: EDILBERTO FABIÁN LEITON PANTOJA Y OTRO. Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO. Tema: Privación injusta de la

PANTOJA Y OTRO. Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO. Tema: Privación injusta de la libertad. Indebida identificación e individualización de procesado. Decreto Ley 2700 de 1991. Se acreditó un daño antijurídico.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 7 de 18

Proceso No 76001-33-33-011-2019-00239-01 Reparación Directa María Rocío Rodríguez Jiménez y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

mismo que, los títulos de imputación aplicables por el j uez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste.

En este punto, la Sala recuerda que, en desarrollo de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, mediante la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), el Consejo de Estado había diseñado un régimen de responsabilidad objetivo para estos casos, con el que se buscó proteger el derecho ambulatorio de las personas y el restablecimiento del desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad, el que operaba cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, supuestos que, se encontraban previstos en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 – antiguo Código Penal -, cuya aplicación siguió considerándose procedente aun después de la derogatoria de esta disposición.

jurisprudencia, supuestos que, se encontraban previstos en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 – antiguo Código Penal -, cuya aplicación siguió considerándose procedente aun después de la derogatoria de esta disposición.

Se sostenía entonces que, el régimen de responsabilidad objetivo tenía ocurrencia cuando la absolución del privado de la libertad o su equivalente se daba, por las causales del citado artículo 414 del Decreto ley 2700 de 1991, y además por la aplicación del principio de in dubio pro reo, adicionado jurisprudencialmente.

Según la posición jurisprudencial del 2013, el régimen en cita, se aplicaba cuando la libertad del procesado, se daba por las siguientes causales:

1. Porque el detenido no cometió el delito, ii) El hecho delictivo no existió, iii) La conducta por la cual fue detenido no era típica o, iv) Por aplicación del principio in dubio pro reo.

En estos eventos la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la pri vación material de la libertad, análisis que no implicaba la verificación de la legalidad de la medida cautelar, es decir, si ella contradecía el ordenamiento jurídico o si se produjo al margen del derecho. Se precisó que, en tales casos, el Estado para exonerarse de responsabilidad, debía probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompía la imputación de la responsabilidad y se desestimaba el deber de responder para la Administración.

el Estado para exonerarse de responsabilidad, debía probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompía la imputación de la responsabilidad y se desestimaba el deber de responder para la Administración.

En la actualidad, según la nueva posición jurisprudencial del Consejo de Estado, adoptada en la sentencia del 15 de agosto de 201811, en armonía con el artículo 90 Constitucional, el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, lo que, implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño de manera directa, para luego establecer la presencia de los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que se encuentre predeterminado el régimen de responsabilidad a aplicar, sino que el juez de conocimiento lo escogerá en cada caso, de acuerdo con las particularidades del proceso en concreto.

En otras palabras, en desarrollo de la nueva posición jurisprudencial, el examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación

11 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Bogotá, 15 de agosto de 2018. Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO. Proceso radicación No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947), Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros. Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 8 de 18

Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 8 de 18 Proceso No 76001-33-33-011-2019-00239-01 Reparación Directa María Rocío Rodríguez Jiménez y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

injusta de la libertad, exige la constatación de si la orden de dete nción y las condiciones bajo las cuales se adoptó tienen correspondencia con los cánones legales y constitucionales, así como, si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, e igualmente, si la medida era necesaria, razonable y proporcional.

Por ello, destaca el Consejo de Estado que, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue en la medida en que, en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, se responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que encuentran amparo en el ordenamiento. Del mismo modo, de berá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo, su propia detención, a fin de establecer si le corresponde asumir las consecuencias de su actuación.

No sobra agregar que, con anterioridad a esta nueva postura del Consejo de Estado, la Corte Constitucional en sentencia SU-072 de 2018, había considerado que, el precedente jurisprudencial de respo nsabilidad marcadamente objetivo que había adoptado aquella

No sobra agregar que, con anterioridad a esta nueva postura del Consejo de Estado, la Corte Constitucional en sen