TA VAL - Sentencia 76001-33-33-021-2018-00018-01 (14-02-2025)

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Santiago de Cali, catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: PAOLA ANDREA GARTNER HENAO

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA EXPEDIENTE: 76001-33-33-021-2018-00018-01

DEMANDANTE: OVIDIO MUÑOZ Y OTROS notificaciones@legalgroup.com.co

DEMANDADOS:

NACIÓNRAMA JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co ASUNTO: APELACIÓN DE SENTENCIA DECISIÓN: REVOCA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA – NIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Sentencia de segunda instancia nro. 021

1. Objeto de la decisión

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas – Fiscalía General de la Nación - y Rama Judicial en contra de la sentencia 118 proferida el 22 de junio de 2023, por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2. Antecedentes

Los demandantes, mediante apoderado judicial, solicitaron en su calidad de víctimas , que sea declarada la responsabilidad del Estado por el daño ocasionado a raíz de la privación injusta de la libertad a la que fue sometida el señor Ovidio Muñoz en el periodo comprendido entre el 22 de

declarada la responsabilidad del Estado por el daño ocasionado a raíz de la privación injusta de la libertad a la que fue sometida el señor Ovidio Muñoz en el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2016 hasta el 24 de junio de 2016 , y en consecuencia , se conde ne al pago de los perjuicios materiales e inmateriales.

 Como consecuencia de la anterior, declaración, condénese a la Nación -Rama Judicial y Nación - Fiscalía General de la Nación, a indemnizar a favor de los demandantes, las siguientes sumas de dinero:

 Por perjuicios morales

Demandante Parentesco SMLMV Ovidio Muñoz Víctima directa 100 SMLMV Daniela Muñoz Orozco Hija 100 SMLMV76001-33-33-021-2018-00018-01 2

Paola Andrea Muñoz Orozco Hija 100 SMLMV Emily Sofía Hoyos Muñoz Nieta 50 SMLMV Bertulfo Echeverry Muñoz Hermano 50 SMLMV

 Por la privación injusta de la libertad, como daño autónomo e independiente

La suma de 100 SMLMV a favor del señor Ovidio Muñoz.

 Por daño a la salud

Demandante Parentesco SMLMV Ovidio Muñoz Víctima directa 100 SMLMV Daniela Muñoz Orozco Hija 100 SMLMV Paola Andrea Muñoz Orozco Hija 100 SMLMV

 Por lucro cesante

La suma de ($13.009.042) a favor del señor Ovidio Muñoz

3. Fundamentos fácticos

Se desatacan los siguientes:

 Por lucro cesante

La suma de ($13.009.042) a favor del señor Ovidio Muñoz

3. Fundamentos fácticos

Se desatacan los siguientes:

 Que el 22 de enero de 2016, el señor Ovidio Muñoz es capturado por hombres de la Sijin quienes lo hacen desplazar hasta el comando de la P olicía de Palmira, éste es notificado que se encuentra en calidad de capturado, proceden a explicarle sus derechos lo judicializan.

 Dicho lo anterior se proced ió a realizar las audiencias preliminares en las cuales el Juez de Control de Garantías realizó la legalización de captura, formuló la imputación de cargos en contra del señor Ovidio Muñoz identificado con C.C. 4.407.065, momento en el cual, el imputado no aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía y posteriormente se decidió sobre la medida de aseguramiento por la presunta comisión del delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes consagrado en el art. 376 del C.P.

 Acto seguido, el Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Palmira, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del señor Ovidio.

 Que el señor Ovidio Muñoz, para el 30 de marzo de 2016 llevaba 2 meses y 8 días privado de la libertad, no obstante, el apoderado de los imputados solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta contra los señores Ovidio Muñoz y Andrea Estefanía Moreno Morales.

de la libertad, no obstante, el apoderado de los imputados solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta contra los señores Ovidio Muñoz y Andrea Estefanía Moreno Morales.

 El 20 de mayo de 2016 la Fiscalía General de la Nación, procedió a radicar la solicitud de la preclusión de la investigación en favor de los procesados Ovidio Muñoz y Andrea Estefanía Moreno Morales.

 Finalmente, en audiencia realizada e l 23 de junio de 2016, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, Valle, resuelve la solicitud de preclusión.

4. Contestación de la demanda76001-33-33-021-2018-00018-01

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4.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación

La entidad demandada en su contestación se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda y adujo que no se evidencia un mérito para resolver su responsabilidad, toda vez que de su actuar no se logra establecer una actuación arbitraria, ni que haya un error judicial o un defectuoso funcionamiento de la administración, como pretende hacer ver el demandante en el presente proceso.

Indicó que le corresponde al juez de garantías estudiar la solicitud privativa de la libertad, analizando el elemento material probatorio presentado por el ente acusador para así establecer la viabilidad o no de imponer una medida de aseguramiento, es decir, que si todas las actuaciones se ajustan a derecho es el j uez quien toma la decisión y decreta la med ida de aseguramiento a imponer.

Por último, propuso como excepcio nes las de: la falta de legi timación en la causa por pasiva,

se ajustan a derecho es el j uez quien toma la decisión y decreta la med ida de aseguramiento a imponer.

Por último, propuso como excepcio nes las de: la falta de legi timación en la causa por pasiva, cumplimiento de un deber legal, ausencia del daño antijurídico e imputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación e inexistencia del nexo de causalidad.

4.2. La Nación - Rama Judicial

No ejerció su derecho a la defensa y contradicción.

5. Sentencia de primera instancia

El Juzgado de primera instancia dispuso acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

1.- DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a las demandadas NACIÓN - RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Ovidio Muñoz identificado con cédula de ciudadanía No. 4.407.065, desde el 23 de enero y el 24 de junio de 2016, conforme lo expuesto en la parte considerativa.

2.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a las demandadas NACIÓN - RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar los perjuicios morales causados a los actores, de acuerdo con lo analizado previamente y en la siguiente manera:

Ovidio Muñoz (victima directa) 50 SMLMV Daniela Muñoz Orozco (hija) 50 SMLMV Paola Andrea Muñoz Orozco (hija) 50 SMLMV Emily Sofía Hoyos Muñoz (nieta) 25 SMLMV Bertulfo Echeverry Muñoz (hermano) 25 SMLMV

Paola Andrea Muñoz Orozco (hija) 50 SMLMV Emily Sofía Hoyos Muñoz (nieta) 25 SMLMV Bertulfo Echeverry Muñoz (hermano) 25 SMLMV

3.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto.

Lo anterior, bajo los siguientes argumentos:

Que la responsabilidad de este proceso se debe predicar de ambas demandadas Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, pues si bien existen defensores de la tesis por la cual se advierte que en el esquema del sistema penal vigente -aplicado al caso (Ley 906 de 2004 y Ley76001-33-33-021-2018-00018-01 4

599 de 2000) -, no resulta ser determinante la actuación de la Fiscalía General de la Nación, en razón a que su intervención se limita a pedir que se imponga la medida de aseguramiento, mientras que el Juez es quien decide la misma, a criterio del juz gador de primera instancia surge la necesidad de responsabilizar a las dos entidades por encontrar que no fue solo por decisión del Juez de Control de Garantías como titular de la facultad para imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva, que se originaron las circunstancias que incidieron en la concreción del daño antijurídico causado.

Que existe colaboración y asocio de ambas entidade s, pues si bien el juez decide, lo hace con fundamento exclusivo en las herramientas procesales empleadas por el agente de la Fiscalía, saliendo de las manos del primero mencionado la posibilidad de intervenir en igual sentido que el segundo para encaminar el trámite judicial.

6. Recurso de apelación

saliendo de las manos del primero mencionado la posibilidad de intervenir en igual sentido que el segundo para encaminar el trámite judicial.

6. Recurso de apelación

6.1Nación – Fiscalía General de la Nación

Dentro del término oportuno, la entidad demandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia , pues considera que la imposición de la medida restrictiva de la libertad fue necesaria, adecuada, proporcional y razonable en relación con los bienes jurídicamente tutelados establecidos en el Código Penal y que fueron infringidos con la comisión de las conductas punibles endilgadas, no obstan te las pruebas no fueron suficientes para una sentencia condenatoria, esto no quiere decir que no se tuvieran las pruebas para iniciar la investigación en contra del señor Ovidio Muñoz.

Por lo tanto la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial actu aron dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley 906 de 2004, al investigar y proceder con la privación de libertad del señor Ovidio Muñoz, se verificó que la medida de aseguramiento fue tomada con base en la legalidad, sin que existiera evidencia de injusticia en su imposición

Concluyó que la Fiscalía no es responsable por los daños y perjuicios derivados de dicha medida, puesto que la decisión de imponer la medida de aseguramiento corresponde a los jueces de control de garantías y no a la Fiscalía. La investigación penal se trató de un delito de peligro abstracto, en el que la tenencia de estupefacientes en cantidades superiores a las permitidas para consumo personal se presume antijurídica, lo cual justificó la actuación de las autoridades en ese momento.

el que la tenencia de estupefacientes en cantidades superiores a las permitidas para consumo personal se presume antijurídica, lo cual justificó la actuación de las autoridades en ese momento.

En resumen, las entidades demandadas actuaron de acuerdo con la ley y no se pudo demostrar que la privación de libertad fuera injusta.

Finalmente solicitó, la revocatoria de la decisión adoptada por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali Valle del Cauca, y en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.

6.2– Nación Rama Judicial

La entidad demandada dentro del término oportuno, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y solicitó se revoque la decisión y se nieguen las pretensiones de la demanda.

Que las actuaciones del juez de control de garantías se ajustaron a los principios establecidos por la ley, de acuerdo a las pruebas presentadas por la Fiscalía, cumpliendo con la plena identificación76001-33-33-021-2018-00018-01 5

del denunciado, la circunstancia del hecho, la gravedad del delito y en busca de la protección de la víctima, por lo tanto la Rama Judicial no es responsable, toda vez que el juez en esa etapa procesal no realiza una valoración probatoria ni define la responsabilidad penal del investigado.

Aclaró que las audiencias dirigidas por el juez fueron preliminares y no implican un análisis de la responsabilidad penal del imputado, pues los elementos probator ios presentados aún no constituyen prueba plena, lo que impide discutir la culpabilidad del investigado en esta etapa del proceso.

7. Consideraciones

7.1. Competencia

responsabilidad penal del imputado, pues los elementos probator ios presentados aún no constituyen prueba plena, lo que impide discutir la culpabilidad del investigado en esta etapa del proceso.

7. Consideraciones

7.1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA-, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia del proceso.

7.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación formulado por la s entidades demandadas, el problema jurídico se centra en determinar si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de la demanda, toda vez que, en sentir de las partes apelantes, las mismas actuaron conforme a derecho y con el material probatorio suficiente p ara solicitar y posteriormente imponer una medida de aseguramiento al señor Ovidio Muñoz.

7.3. Tesis de la Sala

La tesis de la Sala es revocar la sentencia de primera instancia, al encontrarse probado que la medida restrictiva impuesta al señor Ovidio Muñoz fue necesaria, proporcional y razonable debido a la gravedad del delito por el cual estaba siendo investigado, que no solo permitía sino aconsejaba la medida restrictiva de la libertad.

7.4 Marco normativo y jurisprudencial

La responsabilidad del Estado en Colombia tuvo sus inicios en providencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1896, en donde se determinó que todas las naciones deben protección a sus habitantes, nacionales y extranjeros, y si bien es cierto que un Estado, como persona jurídica, no es susceptible de responsabilidad penal, sí está obligado a las reparaciones civiles por los daños

habitantes, nacionales y extranjeros, y si bien es cierto que un Estado, como persona jurídica, no es susceptible de responsabilidad penal, sí está obligado a las reparaciones civiles por los daños que resultan por un perjuicio imputable a sus funcionarios públicos.

El Constituyente de 1991 se encargó de integrar este aspecto de responsabilidad estatal, en el artículo 90 de la Constitución, de la siguiente manera:

Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

El Consejo de Estado sobre este tópico ha dicho:76001-33-33-021-2018-00018-01 6

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar t al discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”.

(…) Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución Política, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un

el equilibrio roto en detrimento de ellos”.

(…) Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución Política, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo1.

Como quiera que en el presente caso se aduce la causación de daños con ocasión de la privación injusta de la libertad, encontramos que la misma se encuentra regulada por los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 19962, que establecen:

Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Artículo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

Así pues, la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU -072 de 2018 3 señaló que el régimen objetivo de responsabilidad del Estado es de carácter residual, y por tanto solo se aplica en aquellos eventos donde el régimen subjetivo no es suficiente para resolver la controversia, y agregó que, en los casos de privación injusta de la libertad, el estudio implica profundizar en un análisis que permita precisament e determinar si la privación de la libertad fue injusta o no, conforme se trae a colación:

agregó que, en los casos de privación injusta de la libertad, el estudio implica profundizar en un análisis que permita precisament e determinar si la privación de la libertad fue injusta o no, conforme se trae a colación:

(…) el artículo 90 de la Constitución no establece un título de imputación específico, lo cual es aceptado por la jurisprudencia constitucional en otras oportunidades y el Consejo de Estado. Por ejemplo, en la sentencia C-043 de 2004 se advierte un punto de inflexión, dadas algunas afirmaciones en relación con la aceptación, en principio, de un sistema de responsabilidad objetivo cuando se juzga al Estado; sin embargo, esa inflexión, no es definitiva porque se conserva la idea de que el Estado genera perjui cios aún por actuaciones irregulares, con lo cual se mantiene abierta la entrada a un sistema de falla del servicio.

(…) 100. De otro lado, la sentencia SU -443 de 2016 complementa la idea de .que los antecedentes jurisprudenciales sobre la responsabilidad del Estado no han sido restrictivos, esto es, en ellos no se ha establecido de manera imperativa un régimen de responsabilidad del Estado; por el contrario, han establecido la posibilidad de definir el sistema de responsabilidad que mejor convenga a una determinada situación.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá, 26 de febrero de 2015. Radicación: 68001-23-15-000-1999-02617-01. 2 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

26 de febrero de 2015. Radicación: 68001-23-15-000-1999-02617-01. 2 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 3 Sentencia de unificación de la Corte Constitucional. José Fernando Reyes Cuartas. Bogotá, 05 de julio de 2018.76001-33-33-021-2018-00018-01 7

101. Ahora bien, el Consejo de Estado ha acudido a una fórmula en aras de ofrecerle consistencia jurídica a los asuntos que se someten a su consideración cuando su génesis lo es la privación injusta de la libertad y en esa tarea ha señalado que es posible aplicar un sistema de responsabilidad objetivo o uno de falla del servicio (…). Ha establecido esa alta Corporación que en cuatro eventos de absolución, cuales son a saber: (i) que el hecho no existió; (ii) el sindicado no lo cometió; (iii) la conducta no constituía hecho punible; o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia –principio in dubio pro reodebe acudirse a un título de imputación objetivo que está dado por la figura del daño especial.

(…) 102. (…) En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la expresión "injusta" nec esariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una

sentencia C-037 de 1996 que el significado de la expresión "injusta" nec esariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho (…)

121. Determinar, como fórmu la rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia – aplicación del principio in dubio pro reo -, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue ina propiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996.

(…) 124. Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa (…) (negrilla y subraya de la Sala).

Postura que fue adoptada por el Consejo de Estado en las sentencias del 28 de febrero de 20204 y del 5 de marzo de ese mismo año5 al disponer que:

(…) conforme con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la

Postura que fue adoptada por el Consejo de Estado en las sentencias del 28 de febrero de 20204 y del 5 de marzo de ese mismo año5 al disponer que:

(…) conforme con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido” y en las que se concluyó que “[E]l hecho de que una persona resulte privada de la libertad en el marco de un proceso pe nal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración (…) (negrilla y subrayado de la Sala).

Lo que permite concluir que actualmente al interior de las Altas Cortes, al abordarse el estudio del régimen de responsabilidad del Estado aplicable a los asuntos donde se discute la privación injusta de la libertad, se ha optado por apartarse de la aplica ción primigenia del régimen objetivo

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P.: Martín Bermúdez Muñoz, expediente: 25000-23-26-000-2007-0026201(40466). 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico (E), expediente: 50001-23-31-000-200800213-01 (50165).76001-33-33-021-2018-00018-01 8

00213-01 (50165).76001-33-33-021-2018-00018-01 8

de responsabilidad en estos casos, para considerar que como la privación de la libertad debe ser injusta para que proceda el resarcimiento del perjuicio, ello necesariamente conlleva a profundizar en el estudio de la co nducta de las entidades, de tal suerte que logre corroborarse la materialización de este ingrediente especial.

Por lo que en esta oportunidad se aplicará el régimen subjetivo de responsabilidad del Estado en forma preferente sobre el objetivo, ya que éste último es de carácter residual y solo se aplica en casos muy particulares en donde sea necesaria su utilización a fin de desatar una controversia que no pueda ser analizada bajo ningún otro tipo de régimen de responsabilidad.

Esta Sala procederá a resolv er el fondo del asunto analizando los tres elementos del régimen subjetivo, a saber: (i) El daño, (ii) la falla del servicio y (iii) un nexo de causalidad entre los dos primeros.

8. Análisis probatorio y resolución del caso concreto

De las pruebas obrantes en el expediente, se destacan las siguientes:

 Reposa video de audiencias preliminares llevada a cabo el 23 de enero de 20166, en esta diligencia se legalizó la captura, se imputaron cargos, mismos que no fueron aceptados y se impuso medida intramural argumentando lo siguiente:

El Despacho luego de realiz ar el correspondiente análisis, verificando el cumplimiento del factor objetivo del artículo 313 del C.P.P, evidenciada la realidad y tipicidad de la conducta conforme al artículo 308 ibídem y al reunirse los presupuestos subjetivos que exige el mismo

El Despacho luego de realiz ar el correspondiente análisis, verificando el cumplimiento del factor objetivo del artículo 313 del C.P.P, evidenciada la realidad y tipicidad de la conducta conforme al artículo 308 ibídem y al reunirse los presupuestos subjetivos que exige el mismo artículo 308, 310 y 312 resolvió imponer al señor Ovidio Muñoz , medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

 En la audiencia celebrada el 23 de enero de 2016, se indicó lo siguiente:

Legalización de captura: La Fiscalía solicitó la legali zación de la captura del señor Ovidio

Muñoz con base en los siguientes hechos:

Por informe ejecutivo de funcionarios de la Policía Nacional de Vigilancia se captura en flagrancia, el día 22 de enero de 2016 , a los señores conductores Ovidio Muñoz y sus acompañantes Andrea Estefania Moreno Morales y Jennifer Alexandra Moreno Morales por el presunto delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes artículo 376 del código de procedimiento penal.

El Fiscal corrió traslado de los documentos probatorios.

El abogado defensor interpuso recurso de reposición, solicitando se reponga la decisión frente a la legalización de captura, debido a que los procesados manifestaron que fue en las instalaciones de la Sijin donde firmaron el formato de los derechos del capturado y no en el momento de la captura, haciendo el procedimiento de la captura ilegal.

Recurso que el Juez de instancia no repuso y decretó la confirmación de la misma.

Formulación de imputación: La Fiscalía procede a individualizar al indiciado.

momento de la captura, haciendo el procedimiento de la captura ilegal.

Recurso que el Juez de instancia no repuso y decretó la confirmación de la misma.

Formulación de imputación: La Fiscalía procede a individualizar al indiciado.

6 Folio 190 expediente digitalizado SAMAI.76001-33-33-021-2018-00018-01 9

Que la situación fáctica motivo de la diligencia, se estableció, el día 22 de enero de 2016 siendo las 17:20 horas, cuando los agentes de la Sijin reciben información de una fuente humana informándole que en la carrera 35 con calle 34ª del ba rrio Emilia de Palmira, se encuentra un camión blanco, con carpa, de placas JWC 320, conducido por un hombre y una motocicleta honda C -90, de placas KGS 86A este último vehículo conducido por dos personas de sexo femenino, quienes asumen actitudes sospechosas e inciertas, al dirigirse al lugar los agente captores, verifican la información suministrada y sorprende en flagrancia a los señores Ovidio Muñoz identificado con CC 4.407.065, Jennifer Alexandra Moreno Morales CC 1.113.664.131 y Andrea Estefania Moreno Morales CC 1.113.664.409, mientras el señor Ovidio Muñoz le entregaba a las señoras quienes se encontraban en la motocicleta una bolsa o costal que al ser revisado por los oficiales de la Policía Nacional, contenía dos paquetes, uno de ellos envuelto en cinta adhesiva color azul y el otro embalado con cinta adhesiva café, los cuales contenían sustancias estupefaciente que luego de ser analizada en el laboratorio mediante prueba preliminar de PIPH arroja un resultado positivo para

paquetes, uno de ellos envuelto en cinta adhesiva color azul y el otro embalado con cinta adhesiva café, los cuales contenían sustancias estupefaciente que luego de ser analizada en el laboratorio mediante prueba preliminar de PIPH arroja un resultado positivo para marihuana con un peso ne to de 908 gramos realizando la captura por el presunto delito de “tráfico fabricación o porte de estupefacientes artículo 376 del código procedimiento penal” .

El fiscal corrió traslado de los documentos probatorios.

El imputado no aceptó cargos.

Solicitud de medida de aseguramiento: El Fiscal solicita medida de aseguramiento.

El Fiscal indica, que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta que se investiga como es el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes, como lo logró evidenciar en intervenciones anteriores, y que cuenta con elementos materiales probatorios y evidencia física, como es la captura en flagrancia realizada por los policías de vigilancia, el informe ejecutivo de esa captura y el dictamen pericial donde se a credita la responsabilidad del capturado.

Solicitó medida privativa de la liberta en establecimiento carcelario por delitos que son graves y reprochables por el estado.

El juez dispuso imponer medida de aseguramiento preventiva en el establecimiento de reclusión, para evitar la obstrucción de la jus ticia, peligro para la comunidad, peligro para la víctima y no comparecencia al proceso, pues manifiesta que son más de 21 años de prisión y quien va a querer pa sar tantos años detenido, por otro lado indica que los procesado se encontraban transportando 1 tonelada, de marihuana de una ciudad a otra impone medida

y quien va a querer pa sar tantos años detenido, por otro lado indica que los procesado se encontraban transportando 1 tonelada, de marihuana de una ciudad a otra impone medida de aseguramiento en establecimiento carcelario conforme al artículo 307 literal A del Código Penal .

Las partes no presentaron recursos frente a la decisión.

 Obra copia de informe ejecutivo –FPJ-3de fecha 23 de enero de 2016 7, en el que se plasmó, como relato de los hechos, lo siguiente:

El día de hoy 22 de enero del 2016 siendo las 17:20