TA VAL - Sentencia 76001-33-33-021-2018-00088-01 (28-02-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Sentencia

PROCESO No. 76001-33-33-021-2018-00088-01

DEMANDANTE: JORGE ABAD MAZO RESTREPO Y OTROS

DEMANDADOS: NACIÓNRAMA JUDICIALFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali (V.) veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia No. 171 del 6 de septiembre de 202 3, proferida por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali (V), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

SOLICTUD

JORGE ABAD MAZO RESTREPO Y JANETH CATAÑO GIRON en nombre propio y en representación de su hijo menor JORGE STEVEN MAZO CATAÑO; JAIRO ALBERTO MAZO RESTREPO; YURANI ANDREA MAZO CATAÑO , en nombre propio y en representación de su hijo menor NICOLAS CAMPUZANO MAZO instauraron demanda en contra de la Nación, a través de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se declare la responsabilidad patrimonial de dichas entidades, por el daño causado debido a la presunta privación injusta de libertad sufrida por el señor Jorge Abad Mazo Restrepo. En consecuencia, pidieron que se condenara al pago de los perjuicios

de dichas entidades, por el daño causado debido a la presunta privación injusta de libertad sufrida por el señor Jorge Abad Mazo Restrepo. En consecuencia, pidieron que se condenara al pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes.2

HECHOS

1. Que el 29 de diciembre de 2014, Jorge Abad Mazo Restrepo fue detenido en el marco de una investigación penal en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que el 30 de diciembre de 2014, el Juzgado 3 Penal Municipal de Cali, con f unción de control de garantías, legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su domicilio; presentando la Fiscalía 26 Seccional de Cali, el 27 de marzo de 2015 el escrito de acusación, y el 2 de agosto de 2016 llevándose a cabo la audiencia de acusación , no obstante, firmó un preacuerdo, finalmente, el 5 de julio de 2017, el Juzgado 34 Penal Municipal, con funciones de conocimiento, dictó sentencia condenatoria en su contra por el delito de lesiones personales dolosas, imponiéndole una pena de 1 año y 8 meses (20 meses) de prisión.

2. Que la medida de aseguramiento que le había sido impuesta tenía vigencia hasta el 27 de julio de 2015, además al 1° de septiembre de 2016 ya había completado la pena mínima de 20 meses, sin embargo, la sentencia condenatoria fue emitida el 5 de julio de 2017 , estando privado injustamente por un periodo de 10 meses y 5 días.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

 RAMA JUDICIAL1

20 meses, sin embargo, la sentencia condenatoria fue emitida el 5 de julio de 2017 , estando privado injustamente por un periodo de 10 meses y 5 días.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

 RAMA JUDICIAL1

La parte demandada se opuso por considerar que no pude pretenderse responsabilizar a la entidad, por una privación injusta de la libertad en favor de un individuo que, habiendo sido detenido y confeso en derecho, pretende obtener un beneficio económico derivado del desarrollo normal de un proceso penal, pese a haber sido beneficiario de redención, detención que cumplió con los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad al Estado bajo el régimen de responsabilidad objetiva por privación injusta de la libertad, toda vez que no puede reclamarse la reparación de un derecho inexistente, en la que los jueces no intervinieron en la negociación alegadamente defectuosa entre el condenado y la Fiscalía General de la Nación, que adquiere relevancia jurídica una vez presentada ante el juez competente para su respectivo control de legalidad.

En cuanto a la protección de derechos derivados de actos que determinen la recuperación de la libertad

1 Ver archivo 005 cuaderno 1, del índice 0051 de SAMAIPRIMERA INSTANCIA.3

bajo el título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el demandante fue detenido y condenado conforme a derecho, en el cumplimiento de sus propias cargas procesales que conllevó a la prolongación de su permanencia en el establecimiento carcelario bajo su consentimiento expreso, lo que a su juicio, desvirtúa la configuración de la privación injusta de la libertad y desplaza el análisis del caso hacia el régimen subjetivo de responsabilidad.

 FISCALIA GENERA DE LA NACIÓN 2

a su juicio, desvirtúa la configuración de la privación injusta de la libertad y desplaza el análisis del caso hacia el régimen subjetivo de responsabilidad.

 FISCALIA GENERA DE LA NACIÓN 2

Se opuso a las pretensiones ya que el proceso se desarrolló conforme a la ley, ateniéndose a lo que resulte acreditado en el mismo , objetó la cuantía establecida en la demanda, considerando desproporcionada con relación con la valoración de los daños morales y las alteraciones a las condiciones de existencia, los que no se encuentran debidamente probados.

Indicó que la Fiscalía 26 Seccional, adscrita a la Unidad de Vida, adelantó la investigación penal bajo la partida Nro. 760016000193201445914 por el delito de homicidio tentado con arma blanca, en razón de los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2014, por lo que el Juzgado 3 Penal Municipal con función de control de garantías legalizó la captura del sindicado, formuló imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa y le impuso medida de aseguramiento en detención preventiva en su lugar de residencia. Posteriormente, el 27 de marzo de 2015, dentro del término previsto por la ley, se presentó el escrito de acusación, finalmente, el 8 de mayo de 2017, el acusado llegó a un acuerdo con la Fiscalía, suscribiendo el acta de preacuerdo. En consecuencia, el 5 de julio de 2017 se llevó a cabo la diligencia de verificación del preacuerdo, individualización de pena y sentencia ante el Juzgado 34 Penal Municipal con funciones de conocimiento, el cual aprobó el acuerdo y condenó a Jorge Abad Mazo Restrepo a la

de verificación del preacuerdo, individualización de pena y sentencia ante el Juzgado 34 Penal Municipal con funciones de conocimiento, el cual aprobó el acuerdo y condenó a Jorge Abad Mazo Restrepo a la pena de 1 año y 8 meses de prisión concediéndole la libertad por pena cumplida, tras haber descontado la totalidad de la condena impuesta dentro de la actuación penal, lo que conllevó a la cancelación de la medida de aseguramiento, desarrollándose dentro de los términos lega les, concluyendo que no se configuran los presupuestos esenciales para estructurar responsabilidad alguna en contra de la Fiscalía General de la Nación.

2 Ver archivo 005 cuaderno 1, del índice 0051 de SAMAIPRIMERA INSTANCIA.4

 LITISCONCORCIO NECESARIO – INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO – INPEC3

La vinculada manifestó su oposición a las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda. Emitió pronunciamientos respecto a cada uno de los hechos expuestos y presentó las funciones que ejerce el INPEC, conforme a lo dispuesto en la Ley 65 de 1993. Además, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, así como la excepción innominada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali (V) profirió la sentencia mediante la cual negó las pretensiones. Consideró que la privación de la libertad del actor no fue injusta ni atribuible a una falla del servicio por parte del Estado ya que la detención del señor Jorge Abad Mazo Restrepo obedeció a un procedimiento judicial legítimo, sustentado en la existencia de elementos de convicción que justificaban

del servicio por parte del Estado ya que la detención del señor Jorge Abad Mazo Restrepo obedeció a un procedimiento judicial legítimo, sustentado en la existencia de elementos de convicción que justificaban su vinculación al proceso penal y la imposición de una medida de aseguramiento y aunque posteriormente se suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó su responsabilidad penal y la imputación fue modificada a un delito de menor gravedad, se le impuso como consecuencia de su aceptación, una pena de prisión de 20 meses en la que la sentencia condenatoria fue proferida con posterioridad al cumplimiento de la pena pactada, y la emisión del fallo no podía ser atribuida a una actuación irregular o negligente de las entidades demandadas, sino a la dinámica propia del proceso penal y a la carga judicial existente.

RECURSO DE APELACIÓN5

La parte demandante apeló. Argumentó que la decisión desconoció los principios de buena fe y confianza legítima, al no reconocer la responsabilidad de la NaciónRama Judicial y fiscalía general de la Nación por la prolongación injusta de su libertad ya que pese a haber suscrito un preacuerdo el 5 agosto de 2016, por el cual se estableció una pena de 20 meses de prisión, la ejecución de dicho acuerdo se dilató injustificadamente por más de 11 meses, por la demora en la programación y realización de las audiencias sin que el tuviera responsabilidad en dichos aplazamientos, constituyéndose en falla en el servicio, ya

3 Ver archivo 004, del índice 0051 de SAMAIPRIMERA INSTANCIA. 4 Ver archivo 0030- índice 0043 de SAMAI-PRIMERA INSTANCIA.

3 Ver archivo 004, del índice 0051 de SAMAIPRIMERA INSTANCIA. 4 Ver archivo 0030- índice 0043 de SAMAI-PRIMERA INSTANCIA. 5 Ver archivo 0031- índice 0047 de SAMAI-PRIMERA INSTANCIA5

que, tras cumplir la pena acordada el 1 septiembre de 2016, el demandante continuó privado de la libertad hasta el 5 de julio de 2017, en la que la Fiscalía incurrió en negligencia al tardar cinco meses en remitir el expediente para su reparto a los juzgados competentes y a las fallidas audiencias programados por el Juzgado 34 Pena Municipal.

ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandante guardo silencio , el ministerio público no conceptuó según lo establecido en el índice 0012 de SAMAI.

La parte demandada Fiscalía reiteró sus argumentos, y argumentó que el acusado no se allanó a los cargos en la etapa procesal correspondiente, sino que optó por negociar un preacuerdo posteriormente, lo que evidenciaba que la restricción de su libertad no fue producto de un error del ente acusador, sino del desarrollo ordinario del proceso penal , descartando defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni un error judicial, ya que todas sus actuaciones estuvieron sometidas a control de legalidad y fueron adoptadas dentro del marco normativo vigente , finalmente, señalando que no se demostraron perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales atribuibles a su actua ción y, en caso de que se declarara la responsabilidad estatal, solicitó que los perjuicios fueran tasados en proporción a la intensidad del daño conforme a la jurisprudencia aplicable.

CONSIDERACIONES

a su actua ción y, en caso de que se declarara la responsabilidad estatal, solicitó que los perjuicios fueran tasados en proporción a la intensidad del daño conforme a la jurisprudencia aplicable.

CONSIDERACIONES

La Competencia

De conformidad con el artículo 153 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo esta corporación es competente para conocer en segunda instancia del presente asunto.

PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con el recurso, le corresponde a la Sala determinar si el presunto daño (prolongación de la restricción de la libertad) de la cual fue objeto el señor Jorge Abad Mazo Restrepo, fue antijurídico o no y si hay lugar a declarar la responsabilidad de la entidad demandada por los presuntos perjuicios ocasionados.6

TESIS DE LA SALA

La Sala confirma rá la sentencia de primera instancia, al no configurarse una privación injusta de la libertad imputable al Estado, ya que no se cumplen los requisitos para un régimen objetivo de responsabilidad y, bajo el análisis de falla en el servicio, no se evidenció conducta omisiva o negligente atribuible a la Fiscalía o la Rama Judicial que generara un daño antijurídico.

La privación de la libertad del demandante derivó de un procedimiento ajustado a la legalidad y a las dinámicas procesales propias de la administrac ión de justicia y que, además, la suscripción del preacuerdo implicó la aceptación de responsabilidad penal, lo que excluye la configuración de una privación o prolongación injusta de la libertad y, por tanto, la responsabilidad patrimonial del Estado.

A fin de resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos:

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

privación o prolongación injusta de la libertad y, por tanto, la responsabilidad patrimonial del Estado.

A fin de resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos:

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

 La responsabilidad extracontractual del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 6 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamie nto. Es decir, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación r econocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta violatorio del ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del nec esario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa.

6 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sid o consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.7

autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sid o consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.7

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por eje mplo la falla del servicio, el daño especial, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto7.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

 La responsabilidad del Estado por privación de la libertad En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65 dispuso lo siguiente: “ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.” La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los s iguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad8.

o con ocasión de la actuación judicial en los s iguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad8.

En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, consagró que:

“ARTICULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”

Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación 9 en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia, dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 8 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996. 9 Corte Constitucional. Sentencia SU -072 de 2018.8

títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso concreto, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extrac ontractual del Estado, así como a los fines y

presenta en el caso concreto, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extrac ontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste

El Consejo de Estado ha venido aplicando el régimen objetivo de responsabilidad y mediante sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 10, la Sección Tercera del Consejo de Estado aclaró q ue privación de la libertad también era injusta cuando la absolución o preclusión se decretaba por aplicación del in dubio pro reo y que se tiene que aplicar el régimen objetivo cuando la absolución o preclusión se diera por alguno de estos cuatro eventos: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta era atípica o en aplicación del indubio pro reo . En los demás caso s debía aplicarse un régimen subjetivo.

Sin embargo, en julio de 201811, la Corte Constitucional abordó, desde una perspectiva constitucional, el tema de la responsabilidad del Estado por privación de libertad y realizó algunas observaciones a la jurisprudencia que, hasta ese momento, sostenía el Consejo de Estado.

Señaló que, a pesar de la significativa importancia que tienen dentro del Estado Social de Derecho, la libertad podía ser restringida por razones de prevención y persecución de delitos, protecc ión a las víctimas, comparecencia de presuntos infractores a la ley, entre otras razones de interés general, circunstancias que en nada afectaban el principio de presunción de inocencia en materia penal. Agregó que la privación preventiva de la libertad re sultaba válida a la luz de la Constitución si se respetan los criterios de necesidad y proporcionalidad.

circunstancias que en nada afectaban el principio de presunción de inocencia en materia penal. Agregó que la privación preventiva de la libertad re sultaba válida a la luz de la Constitución si se respetan los criterios de necesidad y proporcionalidad.

Explicó que la mera privación de la libertad y la posterior absolución o preclusión del proceso penal no eran suficientes para asumir la existencia d e un daño antijurídico, pues la restricción de la libertad sí podía resultar válida y, por ende, jurídica en términos de la Constitución. A partir de lo anterior, indicó que, en los casos de privación de la libertad, el análisis del daño antijurídico no puede circunscribirse a la forma de terminación del proceso penal, sino que debe recaer sobre la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida restrictiva de la libertad.

10 Expediente 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354) 11 Sentencia SU-072 de 2018.9

En ese sentido, recordó que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 fue condicionado12 y expresó que “una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos [privación injusta de la libertad], impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad».

Al hacer alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional estimó que era válido asumir la existencia del daño antijurídico cuando la preclusión o absolución se daba porque el hecho

Al hacer alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional estimó que era válido asumir la existencia del daño antijurídico cuando la preclusión o absolución se daba porque el hecho no existió o la conducta era atípica, porque en esos casos era evidente que la restricción de la libertad resultaba irrazonable y desproporcionada. A juicio de la corte, las autoridades que ejercen jurisdicción penal están en condiciones de verificar los presupuestos de la existencia del hecho y la tipic idad de la conducta desde la etapa preliminar de la investigación y, de no tener certeza sobre ellos, lo razonable y proporcional era abstenerse de imponer medidas restrictivas de la libertad a una persona.

En cambio, respecto de los eventos en que la a bsolución o preclusión se da porque el investigado no cometió el delito o por aplicación del principio de indubio pro reo o atipicidad subjetiva, la corte consideró que no permitían deducir directamente la falta de razonabilidad o desproporción de la medida preventiva de la libertad, en tanto que las autoridades que ejercen jurisdicción penal solo podrían tener certeza de esos supuestos cuando culminara la etapa investigativa o la etapa del juicio. Por lo tanto, en esos casos lo procedente era que el juez administrativo analizara las pruebas y las particularidades del caso para determinar si la medida respetó los presupuestos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

A la par con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Secci ón Tercera del Consejo de Estado modificó la jurisprudencia relacionada con la privación injusta de la libertad y

A la par con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Secci ón Tercera del Consejo de Estado modificó la jurisprudencia relacionada con la privación injusta de la libertad y mediante sentencia de unificación jurisprudencial del 15 de agosto de 2018 13, la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoció que la jurispr udencia sostenida con anterioridad14 se limitaba a verificar de forma llana la existencia del daño (privación de la libertad) y no realizaba el análisis de antijuridicidad de este, lo que implicaba desnaturalizar el artículo 90 de la Constitución.

12 Mediante sentencia C-037 de 1996. 13 Expediente 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947). 14 Refiriéndose a la sentencia del 17 de octubre de 2013 (23354).10

Con base en esa apreciación, dijo que la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación de la libertad exigía tener certeza de la antijuridicidad de la detención, para lo cual debían consultarse, entre otros criterios, « los estándares convencionales, constitucionales y/o legales que admiten excepcionalmente la restricción a la libertad personal». En el mismo sentido expuso que, en caso de no acreditarse la antijuridicidad, se está en presencia de un daño jurídico y, por consiguiente, no se configura la privación injusta de la libertad como evento de responsabilidad del Estado.

Agregó que el juez administrativo se debe centrar en determinar si el daño derivado de la aplicación de la medida de aseguramiento de detención preventiva, esto es, la privación de la libertad, se mostró

Agregó que el juez administrativo se debe centrar en determinar si el daño derivado de la aplicación de la medida de aseguramiento de detención preventiva, esto es, la privación de la libertad, se mostró como antijurídico, toda vez que en lo injusto de ella radica la reclamación del administrado, al margen de cómo haya seguido su curso la correspondiente investigación y del sustento fáctico y jurídico de la providencia de absolución o de preclusión, según sea el caso.

En lo que atañe al ámbito de la imputación, la reciente sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado fijó las siguientes reglas: i) el juez administrativo necesariamente debe verificar, incluso de oficio, si la apertura del proceso penal y la posterior privación de la libertad fue ocasionada por una actitud dolosa o gravemente culposa (analizada desde el punto de vista del derecho civil) de la propia víctima del daño; ii) en caso de que el daño no sea atribuible a la propia víctima, debe determinarse qué entidad es la responsable de reparar el daño, y iii) el juez administrativo conserva total autonomía para adscribir el título de imputación que resulte pertinente según las particularidades del caso.

La Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sostenían la necesidad de acreditar la antijuridicidad del daño en los casos de privación injusta de la libertad. Respecto del análisis de antijuridicidad, la Corte Constitucional se refirió a criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida privativa de la libertad, mientras que la Sección Tercera del Consejo de Estado habló de parámetros convencionales, constitucionales y legales. Sin embargo, ambos órganos se referían a lo

de la medida privativa de la libertad, mientras que la Sección Tercera del Consejo de Estado habló de parámetros convencionales, constitucionales y legales. Sin embargo, ambos órganos se referían a lo mismo, pues: i) el criterio o parámetro de legalidad tiene que ver con que la medida preventiva de la libertad esté autorizada por ley y sea adoptada con el cumplimiento de los requisitos formales, y ii) los parámetros convencionales y constitucionales exigen que la medida privativa de la libertad haya respetado los aspectos de razonabilidad y proporcionalidad.11

Ahora bien, mediante sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019 15, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia de unificación ju risprudencial del 15 de agosto de 2018 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y dispuso que en la sentencia de reemplazo se valore la culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia y que el juez natural del caso es autónomo para operar los títulos jurídicos de imputación de responsabilidad del Estado. En efecto, dijo:

“42.- En definitiva, la Sección Tercera determinó que la señora Ríos tuvo la culpa de ser detenida, pues su conducta preprocesal, (la misma por la que ya había sido declarada inocente penalmente), fue la causa eficiente de la privación de su libertad, y, en consecuencia, del daño cuya indemnización pretendía. 43.- Así las cosas, la Sala encuentra que se configuró el defecto de violación directa de la Constitución por el descono cimiento del artículo 29, razón suficiente para relevarla del estudio del segundo defecto alegado”.

pretendía. 43.- Así las cosas, la Sala encuentra que se configuró el defecto de violación directa de la Constitución por el descono cimiento del artículo 29, razón suficiente para relevarla del estudio del segundo defecto alegado”.

El 06 de agosto de 2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado, con Ponencia del Consejero José Roberto Sáchica Méndez dictó providencia de segunda instancia16 en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 15 de noviembre de 2019. En esta providencia la Corporación señaló que:

“el hecho de que una persona resulte privada de la libertad den tro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.”

En el fallo en comento el Consejo de Estado reiteró que: “Como se advirtió en precedencia, el daño es el primer elemento que debe acreditarse en el análisis de imputación 17, por cuanto constituye la causa de la reparación; no obstante, pese a su existencia, es posible que no haya lugar a declarar la responsabilidad estatal, en las hipótesis en que “ existe pero no se puede atribuir al demandado (…), el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre18’’

15 Radicación 11001-03-15-000-2019-00169-01.

antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre18’’

15 Radicación 11001-03-15-000-2019-00169-01. 16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 06 de agosto de 2020. Radicación 66001 -23-31-000-2011-00235-01 (46.947) 17 “El daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisan do sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las parte s y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil” (Hinestrosa, Fernando: “Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa”, citado por HENAO, Juan Carlos: “El daño”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 36) 18 HENAO, Juan Carlos: Op. Cit., p. 38.12

Entonces, en el actual panorama jurisprudencial, el juicio de responsabilidad que se ventila en la Jurisdicción Contencioso Administrativa por privación de la libertad no se privilegia ningún régimen, y se debe abordar en principio bajo un