TA VAL - Sentencia 76001-3333-005-2025-00009-00 (07-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA TERCERA DE DECISION

Magistrado Ponente: Omar Edgar Borja Soto

Sentencia N° 044

Santiago de Cali, siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: OMAR EDGAR BORJA SOTO

Medio de Control Tutela Segunda Instancia Ref. Proceso 76001-3333-005-2025-00009-00 Demandante Luis Alejandro Torres Valdivieso luis.a.torres.v@gmail.com Demandado Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE notjudicialesdf@dane.gov.co Asunto: Confirma sentencia impugnada

I. OBJETO

Decide el Tribunal, a través de la Sala de Decisión conformada por los doctores JUAN PABLO DOSSMAN CORTEZ , EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS y OMAR EDGAR BORJA SOTO , éste último como magistrado ponente, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia.

I. ANTECEDENTES.

1. ELEMENTOS Y PRETENSIÓN.

1.1. Derechos fundamentales invocados: solicita el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital.

1.2. Pretensión: al tenor literal, solicitó:

“PRIMERO: El amparo de mis derechos fundamentales a la a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD, en conexidad con el de MÍNIMO VITAL, LA VIDA

“PRIMERO: El amparo de mis derechos fundamentales a la a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD, en conexidad con el de MÍNIMO VITAL, LA VIDA DIGNA Y TRANQUILA, la SALUD y la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR MI CONDICIÓN DE PRE PENSIONADO y, en consecuencia:

SEGUNDO: Se ordene a la Directora del DANE a reintegrarme en las mismas condiciones que estaba antes de la resolución de insubsistencia e incluyendo la2

prima técnica por formación avanzada y experiencia calificada otorgada por el DANE en la resolución 1971 de 2.023, al cargo de Director Territorial Código 0042 Grado 13 de la Territorial Suroccidente Cali, hasta que adquiera mi status de pensionado y reciba mi primera mesada.

TERCERO: Ordenar al DANE, pagarme los salarios y demás prestaciones a que haya lugar como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la presentación de la presente acción de tutela. Así mismo, y como

MEDIDA PROVISIONAL que se ORDENAR al DANE, hacer los respectivos pa gos a la seguridad social, debido a que, en mi condición de servidor público, no cuento con otra fuente de ingresos que me permita contar con los medios económicos para cancelar los aportes correspondientes durante el tiempo que esté desvinculado, ya que no puedo descuidar mi tratamiento”.

1.3. Fundamentos de la pretensión: los hechos que sirven de estribo fáctico son los siguientes:

“PRIMERO: Mediante Resolución No. 645 del 3 de junio de 2020 , fui nombrado

1.3. Fundamentos de la pretensión: los hechos que sirven de estribo fáctico son los siguientes:

“PRIMERO: Mediante Resolución No. 645 del 3 de junio de 2020 , fui nombrado como Director Territorial – Código 0042, Grado 13, en la Dirección Territorial Suroccidente - Cali.

SEGUNDO: Estoy casado con MARGARITA MARÍA CASTILLO MENDOZA y tengo tres hijos: JUAN JOSÉ TORRES CASTILLO (menor de edad) quienes dependen absolutamente de mí, tanto financiera como emocionalmente ya que soy padre cabeza de hogar, y, VERÓNICA TORRES FLOREZ a quien le garantizo una cuota alimentaria mensual de $900.000, pues vive en otra ciudad con su señora madre.

Mi tercer hijo SAMUEL TORRES FLOREZ quien ya es profesional y se esta vinculando al mercado laboral.

TERCERO: Como consta en la historia clínica adjunta, me encuentro en estado de debilidad manifiesta por razones de salud, toda vez que desde el año 2006 vengo padeciendo una enfermedad cardiaca y otras patologías vinculadas a dicha enfermedad, descritas por el especialista tratante, de la siguiente manera: “(…) con enfermedad coronaria 2006 (stent en cx por HC), posterior stent medicado en OM 2016, con reestenosis de stent en 2018 con nueva colocación de stent + angioplastia, con taquicardia ventricular con cardioversión, implante de CDI st Jude desde 2016. IC FEVI 45% (abril 2023) con eco TT previo (2022) con FEVI 60%;

angioplastia, con taquicardia ventricular con cardioversión, implante de CDI st Jude desde 2016. IC FEVI 45% (abril 2023) con eco TT previo (2022) con FEVI 60%; ACV hemorrágico derecho en presencia de warfarina y DAPT 2017 (anticoagulación por trombo intracavitario). Hipertrigliceridemia”.

CUARTO: Los medicamentos para tratarme, son “no POS”, por lo que deben contar con autorización de la EPS para serme entregados y desde que la EPS SURA entró en crisis, me he visto obligado a adquirirlos por mi cuenta, mientras los entregan, para no suspender el tratamiento.

QUINTO: De esta situación está enterada la entidad, pues fue evidenciada en el examen médico anual que realizan a los directivos y la reporté nuevamente el pasado 27 de noviembre en la Declaración Anual de Estado de Salud, que debemos diligenciar y remitir al área de talento humano.

SEXTO: Que según certificado expedido por COLPENSIONES, ya he cotizado 1765 semanas para adquirir mi derecho a pensionarme y el próximo 7 de octubre cumplo3

los 62 años para completar los requisitos de ley, por ende, tengo la condición de pre pensionado.

SÉPTIMO: No obstante, todo lo anterior a través de correo electrónico recibido el 17 de enero de 2025, me fue notificada la Resolución No. 0039 del 15 de enero de 2025 por la cual se me declaró insubsistente del cargo de director territorial suroccidente a partir del 17 de enero de 2025.

OCTAVO: Con esta declaratoria de insubsistencia se me están vulnerando derechos fundamentales tales como la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE

suroccidente a partir del 17 de enero de 2025.

OCTAVO: Con esta declaratoria de insubsistencia se me están vulnerando derechos fundamentales tales como la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD, en conexidad con el de MÍNIMO VITAL, LA VIDA DIGNA Y TRANQUILA, la SALUD y la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR MI CONDICIÓN DE

PRE PENSIONADO”.

2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante aut o del 20 de enero de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali Valle del Cauca, avocó la acción en contra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Así mismo negó la medida provisional al considerar que,

“(…) no se evidencia de manera clara, directa y precisa la presunta amenaza que conlleve a adoptar una medida provisional mientras se profiere el fallo, que corresponde al termino de diez (10) días, Maxime cuando a la fecha el aquí accionante cuenta con sistema de seguridad social en salud, afiliado a la EPS SURA en estado activo, según la consulta realiza el día de hoy ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social dn Salud – Adres, lo cual implica que existe garantía en la prestación de los servicios médicos requeridos”.

3.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –

DANE. Indicó lo siguiente:

“Respecto al caso concreto, el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial eficaces, los cuales aún no han sido agotados, para proteger sus derechos

DANE. Indicó lo siguiente:

“Respecto al caso concreto, el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial eficaces, los cuales aún no han sido agotados, para proteger sus derechos fundamentales, toda vez que, al ser la tutela un mecanismo excepcional para controvertir los actos unilaterales de la administración, puede concurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente del cargo que estaba desempeñando y como consecuencia de ello, obtener la restitución de los derechos subjetivos que considera vulnerados. Lo anterior permite concluir que la acción de tutela interpuesta por la accionante resulta improcedente en la medida en que no cumple con el principio de subsidiariedad”.

4. SENTENCIA IMPUGNADA.

Mediante Sentencia del 15 de enero de 2025 , el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali Valle del Cauca, consideró:4

“En el caso bajo estudio debe evaluarse la viabilidad del amparo solicitado para obtener su reintegro al cargo y si se halla en una situación de debilidad manifiesta. Además, se debe determinar si circunstancias como: (i) la edad, (ii) su desocupación laboral, (iii) no percibir ingreso alguno que permita la subsistencia de su familia y la propia, y (iv) la condición médica padecida, son supuestos r epresentativos de un estado de debilidad manifiesta.

En este orden de ideas, revisado el plenario en su integridad, el despacho considera que la presente acción constitucional es improcedente, por las razones que pasan a exponerse:

estado de debilidad manifiesta.

En este orden de ideas, revisado el plenario en su integridad, el despacho considera que la presente acción constitucional es improcedente, por las razones que pasan a exponerse:

En primer lugar, el ac cionante por su edad no es sujeto de especial protección constitucional, pues no cuenta con más 70 años, de otra parte, en su escrito manifiesta ser el único generador de ingresos a su familia, lo que no queda absolutamente claro según el material probator io allegado, por cuanto el único sustento de esta situación fueron registros civiles de nacimiento de sus hijos, y reporte de semanas cotizadas en pensiones, documentos con los cuales no se logra establecer de manera concreta la vulneración o posible afectación a la declaratoria de insubsistencia de su cargo de libre nombramiento y remoción.

En segundo lugar, él lo que corresponde a su estado de salud, en el plenario «Declaración de estado de salud del 27 de noviembre de 2024, el auto reporte obligatorio de condiciones de salud del 20 al 24 de noviembre de 2024 presentado por el accionante y consulta por cardiología en la IPS CARDIO PREVENT S.A.S con fecha del 13 de enero de 2025», en los siguientes términos:5

En atención a lo anterior, no se evidenció en los documentos antes citados, que obre historia clínica con dictamen médico que indique que su patología, afecte su salud y/o rendimiento laboral, para que sea considerado un sujeto en situación de debilidad manifiesta, o que exista algún tipo de relación causal entre la declaratoria de insubsistencia y su estado de salud, que dé lugar al amparo constitucional deprecado.

Anexo a lo anterior, debe mencionarse que según concepto ocupacional 177.940

debilidad manifiesta, o que exista algún tipo de relación causal entre la declaratoria de insubsistencia y su estado de salud, que dé lugar al amparo constitucional deprecado.

Anexo a lo anterior, debe mencionarse que según concepto ocupacional 177.940 del 27 de noviembre de 2024, emitido por la IPS Ocupacional Santa Clara, (índice 007-008 del expediente electrónico de Samai) no se arrojó restricciones para el cargo, ni tampoco se ha reportado alguna condición de discapacidad al GIT de Seguridad y Salud en el Trabajo del DANE, que lleven a concluir la vulnerabil idad ante la enfermedad de base que presenta el accionante, como se observa a continuación:

Aunado a lo anterior, se encontró que a la fecha el aquí accionante se encuentra activo con entidad prestadora de salud EPS SURAMERICANA S.A, según se logra extraer de la información que reposa en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES:

Ello implica que el accionante cuenta con EPS activa en garantía y prelación a sus derechos fundamentales, desvirtuando así la posible vulnerabilidad manifestada desde la expedición del acto administrativo de insubsistencia notificado, tal como fue mencionado en los hechos de la demanda.6

De conformidad con lo anterior, colige esta instancia judicial, que el actor no se encuentra dentro de las excepciones fijadas por la Jurisprudencia Constitucional para que de manera excepcional por vía de tutela pueda solicitar el reintegro laboral pretendido.

De modo que al existir otro mecanismo idóneo para obtener la nulidad de la Resolución 0039 del 15 de enero de 2025, por medio de la cual se declara

pretendido.

De modo que al existir otro mecanismo idóneo para obtener la nulidad de la Resolución 0039 del 15 de enero de 2025, por medio de la cual se declara insubsistente su nombramiento y obtener el reintegro al cargo que desempeñaba dentro de la entidad, esta tutela se torna improcedente, dado que puede acudir ante la jurisdicción de lo con tencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde podrá formular cargos en contra del acto administrativo que la retiró del servicio, así como también solicitar como medida cautelar la suspensión prov isional de dicho acto, aunado a ello, no se evidencia en el plenario que de acudir al proceso ordinario esto le ocasionaría a la actora un perjuicio irremediable”.

Por tanto, falló:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Luis Alejandro Torres Valdivieso, en contra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

4. IMPUGNACIÓN.

La parte actora impugnó el fallo de tutela fecha 31 de enero de 2025, proferido por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Cali Valle del Cauca, sustentado en los siguientes argumentos:

“Sobre el particular me permito reiterar los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la falladora de primera instancia, e insisto en que con la declaratoria de insubsistencia en el cargo de director territorial del DANE, Suroccidente se me están vulnerando mis derechos fundamentales a la

amparo, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la falladora de primera instancia, e insisto en que con la declaratoria de insubsistencia en el cargo de director territorial del DANE, Suroccidente se me están vulnerando mis derechos fundamentales a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD , en conexidad con el de MÍNIMO VITAL, LA VIDA DIGNA Y TRANQUILA, la SALUD y l a ESTABILIDAD

LABORAL REFORZADA POR MI CONDICIÓN DE PRE PENSIONADO.

La declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción obedece a la facultad discrecional del nominador, fundada en la necesidad de mejoramiento del servicio y en el derecho de escoger a sus colaboradores por tratarse, de cargos de dirección, confianza y manejo.

No obstante, y como quiera que la discrecionalidad no es un principio absoluto en nuestro sistema normativo, corresponderá al nominador del respectivo o rganismo evaluar la procedencia de declarar la insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción, en armonía con las disposiciones previstas en el CPACA y teniendo en cuenta la línea jurisprudencial sobre aquellos servidores públicos que se encuentran en algún estado de debilidad manifiesta por condiciones de salud y que son además padres cabeza de hogar y pre pensionados.

(…)7

La facultad discrecional que tiene la administración para desvincular funcionarios de libre nombramiento y remoción no es sinónimo de arbitrariedad ni indica que pueden adoptarse decisiones sin fundamento alguno, toda vez que dicha potestad exige, de un lado, que la decisión responda a los fines de la norma que otorga la facultad y,

adoptarse decisiones sin fundamento alguno, toda vez que dicha potestad exige, de un lado, que la decisión responda a los fines de la norma que otorga la facultad y, del otro, la proporcionalidad entre los hechos respecto de los cuales se pronuncia la administración y la consecuencia jurídica que se genera.

Por lo que, en el caso de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud, como es mi caso particular, los funcionarios del DANE, ente rados como están, de mi estado de salud, debían cumplir el deber de evaluar la proporcionalidad de declararme insubsistente, pues si bien es cierto, no me genera incapacidad laboral o la disminuye, como lo demuestran los resultados de mi trabajo sobresaliente, evidenciado en las evaluaciones de desempeño durante los cuatro años y medio en que he venido laborando en el DANE, también lo es que, estando ad portas de obtener mi pensión, dicha declaratoria de insubsistencia, me deja en una situación precaria, si n ingresos para el sustento de mi familia y afecta mi condición emocional lo que puede ir en detrimento de mi -ya debilitada salud por la pérdida de la capacidad de funcionamiento del corazón – insuficiencia cardiacaevidenciada en la reducción progresiva ( Del 60% al 38%) de la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) -. (ver página 8, Historia Clínica control Coomeva MP Enero 31 de 2025 firmada por el médico internista Oscar Marino Delgado)

Es de señalar la gravedad que existe ante la crisis act ual del sector salud y ante la recomendación médica de controles médicos especializados permanentes como quedó el concepto médico del examen de retiro realizado por el DANE firmado por

Es de señalar la gravedad que existe ante la crisis act ual del sector salud y ante la recomendación médica de controles médicos especializados permanentes como quedó el concepto médico del examen de retiro realizado por el DANE firmado por el Doctor Domingo Domínguez de la IPS Santa Clara.

De acuerdo a lo anterior, se hace imperativo continuar no solo comprando los medicamentos de alto costo que el sistema de salud no está dispensando , como ha sido el caso del mes de enero (Anexo Factura), sino también continuar con los controles con el plan de medicina prepagada de Coomeva al cual pertenezco desde8

el año 1.993, en donde están incluidos mi esposa y mis tres hijos, y que por mis preexistencias en caso de no poder seguir pagándolo, quedaría excluido y no podría volver a retomarlo por mi edad actual ( 61 años). Quedarme sin trabajo y sin devengar ingresos implica un enorme riesgo para mi vida y el sustento de las personas que dependen de mí.

(…)

Como lo podrá evidenciar señor Juez, en el certificado expedido por COLPENSIONES, a mí me faltan solo unos cuantos meses para obtener mi resolución de pensión y que me sea consignada la primera mesada, por lo que, al declararme insubsistente en este momento, la entidad está vulnerando mi fuero de estabilidad laboral reforzada. Aunque no se está frustrando el acceso a la pensión, sí se me está dejando sin un ingreso que garantice el mínimo vital, la seguridad social y una vida digna, hasta que, -insisto-, se expida la resolución reconociendo mi derecho y se me consigne la primera mesada.

Vale la pena resaltar en este punto, que como servidor público no tengo otra fuente

social y una vida digna, hasta que, -insisto-, se expida la resolución reconociendo mi derecho y se me consigne la primera mesada.

Vale la pena resaltar en este punto, que como servidor público no tengo otra fuente de ingresos distinta a la de mi salario y que mi esposa es ama de casa dedicada a cuidar a mi hijo menor que cuenta con 9 años de edad, por lo que la única fuente de ingresos de mi hogar es ese salario del que se me está privando.

En este orden de ideas, al ejercer la potestad discrecional de libre nombramiento y remoción, la entidad, debió t ener en cuenta que la protección especial de la que gozo no solo por mi estado de salud tan delicado, sino también por estar próximo a consolidar el status pensional, razón por la cual era necesario que el nominador realizara un ejercicio de ponderación en tre mis derechos fundamentales y la satisfacción del interés general del buen servicio público, con el fin de tomar la decisión más “adecuada a los fines de la norma que la autoriza” y “proporcional a los hechos que le sirven de causa” , buscando en lo pos ible, armonizar el ejercicio de la facultad discrecional del literal a) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 con las disposiciones que consagran la protección especial de los sujetos que están próximos a pensionarse.

(…)

Echa de menos la juez de primera instancia las pruebas de que soy la cabeza de hogar y responsable del mantenimiento total de mi esposa y mi hijo menor y el apoyo que le brindo a mis otros dos hijos mayores. Es decir, desconoce la presunción de9

buena fe con la que he hecho tal manifestac ión y para soportarla adjunto a esta impugnación sendas declaraciones extra juicio que así lo demuestran, así como los

que le brindo a mis otros dos hijos mayores. Es decir, desconoce la presunción de9

buena fe con la que he hecho tal manifestac ión y para soportarla adjunto a esta impugnación sendas declaraciones extra juicio que así lo demuestran, así como los certificados de medicina pre pagada, el recibo de pago de los medicamentos que tuve que comprar porque no fueron entregados por la EPS, e l concepto médico de los exámenes de retiro y demás documentos que puedan reforzar el hecho de que yo soy el sustento de mi hogar.

De otra parte, si bien no tengo restricción alguna para ejercer mis funciones, también lo es, que por mi condición de salud no puedo quedarme sin cobertura de EPS, ni de la medicina prepagada que actúa como seguro ante la falla del sistema de salud, lo cual sucedería un mes después de materializarse mi desvinculación.

Frente a mi status de pre pensionado, la administración no puede desvincular a ningún Servidor Público hasta tanto le sea notificado el acto administrativo del reconocimiento de la pensión, y se surta de la misma forma, la notificación de su inclusión en la Nómina de Pensionados, lo cual no sucederá hasta el próxi mo mes de octubre”.

Por tanto, solicitó:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia No. 013 del 31 de enero de 2025 y en su defecto ORDENAR el amparo de mis derechos fundamentales a la a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD, en conexidad con el de MÍNIMO VITAL, LA VIDA DIGNA Y TRANQUILA, la SALUD y la ESTABILIDAD

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD, en conexidad con el de MÍNIMO VITAL, LA VIDA DIGNA Y TRANQUILA, la SALUD y la ESTABILIDAD

LABORAL REFORZADA POR MI CONDICIÓN DE PRE PENSIONADO y, en

consecuencia:

SEGUNDO: Se ordene igualmente a la Directora del DANE a reintegrarme al cargo de Director Territorial Código 0042 Grado 13 de la Territorial Suroccidente Cali, en las mismas condiciones salariales incluyendo la prima técnica, hasta que adquiera mi status de pensionado y reciba mi primera mesada, sin solución de continuidad.

TERCERO: Ordenar al DANE, pagarme los sala rios y demás prestaciones a que haya lugar como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la presentación de la presente acción de tutela”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Competencia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión del Sistema Oral, de conformidad con lo establecido en los arts. 86 constitucional y 32 del Decreto 2591 de 1991, es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación del fallo de tutela. ARTÍCULO 32: Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar

correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de 20 días siguientes a10

la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su (eventual) revisión.

2. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE TUTELA.

2.1. Derechos fundamentales invocados.

La Sala analizará la vulneración o no al derecho a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud.

2.2. Subsidiariedad.

Desde el punto de vista procesal, resulta imperativo para la Sala verificar los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela.

Como es bien sabido, la acción de tutela fue concebida por el constituyente como una figura especial, revestida de unas características particulares, una de las cuales representa la subsidiariedad, es decir, dicha acción al estar encaminada a la protección inmediata de los derechos fundamentales no tiene la misma connotación que una acción ordinaria precisamente por su especialidad, por lo que la misma solo resulta procedente cuando se hayan agotado todas las vías ordinarias en aras de proteger el derecho fundamental conculcado, o cuando se está en presencia de un

que una acción ordinaria precisamente por su especialidad, por lo que la misma solo resulta procedente cuando se hayan agotado todas las vías ordinarias en aras de proteger el derecho fundamental conculcado, o cuando se está en presencia de un perjuicio irremediable fundado, haciendo procedente el amparo como mecanism o transitorio.

Así, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 que reglamentó la acción de tutela, dispone lo siguiente: “Artículo 6º - Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)” (Subraya la sala).

De modo que, la acción de tutela comporta una naturaleza de carácter subsidiario, pues para su interposición debe acreditar el accionante que los demás medios judiciales sean inexistentes o ineficaces y además de que se encu entre en un estado de indefensión debido al perjuicio irremediable que lo acompaña.

2.3. Legitimación activa.

El art. 86 constitucional establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, podrá interponer acción de tutela a través de un representante o en nombre propio.11

De lo anterior se desprende que hay diferentes formas para que se configure la legitimación por activa, entre las que encontramos las siguientes: a) cuando la

interponer acción de tutela a través de un representante o en nombre propio.11

De lo anterior se desprende que hay diferentes formas para que se configure la legitimación por activa, entre las que encontramos las siguientes: a) cuando la interposición de la acción se realiza a través de apoderado judicial, b) cuando el que interpone la tutela es el representante legal, ya sea de una empresa o de un menor de edad, de un interdicto, etc., c) cuando el afectado de manera directa propugna por sus derechos; d) y cuando se realiza a través de agente oficioso1.

En el caso objeto de estudio, se da cumplimiento al literal c) dado que la accionante directamente presentó la acción de tutela contra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE buscando el amparo de los derechos fundamentales que consideran están siendo vulnerados.

2.3. Legitimación pasiva.

En la acción de tutela, la legitimación por pasiva corresponde a quien se le indilga la afectación de derechos constitucionales, procediendo contra cualquier autoridad pública y, excepcionalmente contra particulares, conforme al artículo 86 superior y artículo 1ro del Decreto 2591 de 1991.

En el presente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, se encuentra legitimado por pasiva al ser la entidad quien expidió la Resolución No. 0039 del 15 de enero de 2025 por la cual se declaró insubsistente al señor Luis Alejandro Torres Valdivieso del cargo de director territorial suroccidente a partir del 17 de enero de 2025.

En consecuencia, es ésta la entidad que corresponde enjuiciar en el proceso de tutela, de acuerdo con los arts. 1 y 42.3 del Decreto 2591 de 1991 y el art. 86

17 de enero de 2025.

En consecuencia, es ésta la entidad que corresponde enjuiciar en el proceso de tutela, de acuerdo con los arts. 1 y 42.3 del Decreto 2591 de 1991 y el art. 86 constitucional.

3. Problema Jurídico.

Corresponderá a la Sala de Decisión determinar si existe vulneración al derecho a la estabilidad laboral reforzada por parte de la accionada, al expedir la Resolución No. 0039 del 15 de enero de 2025 por la cual se declaró insubsistente al señor Luis Alejandro Torres Valdivieso del cargo de director territorial suroccidente y retirarlo del mismo a partir del 17 de enero de 2025.

4. Estabilidad laboral reforzada

La Corte ha indicado que la estabilidad laboral reforzada es un derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentren en una situación de debilidad manifiesta. Es decir que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud, se vea afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado.

1T-950 de 2008.12

En Sentencia T-320 de 2016, El derecho a la estabilidad laboral reforzada consiste en: “ (i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la desvinculación del mismos y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice el despido, con la

situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la desvinc