TA VAL - Sentencia 76109-33-33-001-2021-00042-01 (17-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: KATIA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ GARCÉS

RADICACIÓN: 76109-33-33-001-2021-00042-01

DEMANDANTE:

Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especializados S.A. Nivel I lacosteabogados@une.net.co mariat.vanegas@servade.com

DEMANDADO:

Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales – DIAN notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co agomezf@dian.gov.co

VINCULADA:

Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A. notificaciones@gha.com.co notificacionesjudiciales@hdiseguros.com.co co-notificacionesjudiciales@libertycolombia.com MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Aduanero TEMA: Configuración del silencio administrativo positivo en materia aduanera

Sentencia No.72.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la vinculada contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2022, por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. La demanda1.1. Las pretensiones

Mediante escrito radicado el 10 de marzo de 2021 el apoderado de la sociedad

demanda.

ANTECEDENTES

1. La demanda1.1. Las pretensiones

Mediante escrito radicado el 10 de marzo de 2021 el apoderado de la sociedad Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especializados S.A. Nivel 1, formuló demanda en la que solicitó:

• Se declare la Resolución 455 del 3 de marzo de 2020 a través de la cual la DIAN profirió Liquidación Oficial de Revisión a la importación con autoadhesivo 01861011462170 del 29 de diciembre de 2016 , a nombre del importador Compañía Industrial de Productos Agropecuarios S.A., conforme lo establecido en el artículo 678 del Decreto 1165 de 2019, debido a que la sociedad en mención nacionalizó una mercancía bajo una subpartida arancelaria incorrecta y un descuento en la Factura Comercial que no cumple con los requisitos para ser otorgado. En el mismo acto en mención se sancionó a la Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especializados S.A. Nivel 1 por encontrarse incursa en la sanción administrativa contemplada en el numeral 2.6 del artículo 485 del Decreto 2685 de 1999 con multa equivalente de $38.228.800.

• De igual forma pide que se declare la nulidad de la Resolución 001061 del 3 de septiembre de 2020 por medio de la cual la jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección de Aduanas de Medellín entre otras decisiones confirmó la decisión adoptada en la Resolución 190-201-241-000455 del 3 de marzo de 2020 y negó la declaratoria del silencio administrativo positivo solicitada por el

importador Compañía Industrial de Productos Agropecuarios S.A.

la decisión adoptada en la Resolución 190-201-241-000455 del 3 de marzo de 2020 y negó la declaratoria del silencio administrativo positivo solicitada por el importador Compañía Industrial de Productos Agropecuarios S.A.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó:

1. Que se declare que la sociedad que represento no incurrió en ninguna infracción a la legislación aduanera.

2. Que no obstante haber proferido unas resoluciones emitiendo Liquidación Oficial de Revisión e imponiendo una sanción, se acepte que éstas no fueron expedidas conforme a lo previsto por la normativa aduanera.

3. Que se reconozca la ocurrencia del silencio administrativo positivo, ante la incompetencia por el factor temporal por parte de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín al momento de proferir y notificar la Liquidación Oficial de Revisión.1.2. Los Hechos:

Del expediente, la Sala destaca los siguientes:

Relata que la Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especializados S.A. Nivel 1 se encuentra autorizada por la DIAN para ejercer el agenciamiento aduanero, conforme al Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 1165 de 2019.

Con fundamento en ello en el mes de diciembre de 2016, la Compañía Industrial de Productos Agropecuarios S.A. otorgó mandato a la Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especializados S.A. Niel 1 para gestionar la importación de dos máquinas:

Sistema de Molienda Muyang SWFP 66 X 100D. Sistema de Extrusión de Tornillo Sencillo Muyang.

Servicios Aduaneros Especializados S.A. Niel 1 para gestionar la importación de dos máquinas:

Sistema de Molienda Muyang SWFP 66 X 100D. Sistema de Extrusión de Tornillo Sencillo Muyang.

En atención al agenciamiento aduanero la mercancía fue declarada según declaración de importación con autoadhesivo 01861011462170 del 29 de diciembre de 2016, bajo la subpartida 8436.10.00.00 «Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales», que está exenta de arancel e IVA.

La DIAN, mediante un Requerimiento Especial Aduanero 3125 del 29 de noviembre de 2019, determinó que la clasificación debía ser bajo la subpartida 8438.80.90.00, lo que implicaba el pago del 10 % de arancel y 16 % de IVA.

Con fundamento en ello la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión 455 del 3 de marzo de 2020 contra la Compañía Industrial de Productos Agropecuarios S.A., y reclamó el pago de tributos adicionales, intereses de mora y sanciones administrativas.

En el mismo acto administrativo, se sancionó a la Agencia de Aduanas por presuntamente hacer incurrir a su mandante en infracciones administrativas aduaneras, según el artículo 485 del Decreto 2685 de 1999.Inconforme con la anterior decisión la agencia de aduanas y la empresa importadora presentaron recurso de reconsideración el cual fue despachado de forma negativa a través de la Resolución 1061del 3 de septiembre de 2020.

1.3. Fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de la violación

importadora presentaron recurso de reconsideración el cual fue despachado de forma negativa a través de la Resolución 1061del 3 de septiembre de 2020.

1.3. Fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de la violación

La parte actora invocó como normas violadas el artículo 28 numeral 7 del Decreto 4048 de 2008; Decreto 4927 de 2011; artículo 678 del decreto 1165 de 2019, y el artículo 10 de la Resolución 1684 de 2014 de la Comunidad Andina.

Afirma que la Resolución 455 del 3 de marzo de 2020, a través de la cual se profirió la Liquidación Oficial de Revisión, se fundamentó en una errónea interpretación del Decreto 4927 de 2011, que establece el arancel de aduanas, y de sus Reglas Generales Interpretativas 1 y 6, pues la mercancía importada debía ser clasificada en la subpartida 8436.10.00.00 «Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales», mientras que la DIAN, con base en informes técnicos internos y sin realizar un análisis exhaustivo, la reclasificó en la subpartida 8438.80.90.00, lo que generó un iva del 16% y un arancel del 10%, que sin duda constituye una mayor carga tributaria para el importador.

Refiere que la DIAN desconoció el derecho al debido proceso al desestimar de manera arbitraria un descuento comercial otorgado por el proveedor en la factura de importación, con fundamento en una interpretación errónea del artículo 10 de la Resolución 1684 de 2014 de la Comunidad Andina, normativa que establece que los descuentos otorgados por el vendedor deben aceptarse

factura de importación, con fundamento en una interpretación errónea del artículo 10 de la Resolución 1684 de 2014 de la Comunidad Andina, normativa que establece que los descuentos otorgados por el vendedor deben aceptarse siempre que estén reflejados en la factura comercial y sean aplicables a la transacción específica, a pesar de ello la autoridad aduanera calificó de «retroactivo» el descuento otorgado al importador, sin aportar pruebas que sustentaran dicha conclusión. Para la parte actora no aceptar el descuento por parte de la demandada vulnera además el artículo 250 del Decreto 2685 de 1999 y el artículo 177 de la Resolución 4240 de 2000, los cuales permiten la aceptación de descuentos siempre que se distingan en la factura comercial y beneficien efectivamente al importador.Finalmente, la parte demandante argumenta que la DIAN profirió sus resoluciones de forma extemporánea, lo que configura el silencio administrativo positivo, pues de acuerdo con el artículo 304 del Decreto 1165 de 2019, las resoluciones de clasificación arancelaria son vinculantes para todos los usuarios de comercio exterior y deben expedirse dentro de los plazos legales establecidos. Sin embargo, en este caso, la Resolución 455 del 3 de marzo de 2020 fue notificada fuera del término legal, pues debió haberse notificado el 3 de marzo de 2020 y se notificó al importador el 6 de marzo y a la agencia declarante el 9 de marzo de 2020, al igual que la Resolución 1061 del 3 de septiembre de 2020, que resolvió el recurso de reconsideración la cual fue notificada el 7 de septiembre de 2020.

2. Contestación de la demanda

septiembre de 2020, que resolvió el recurso de reconsideración la cual fue notificada el 7 de septiembre de 2020.

2. Contestación de la demanda

El apoderado de la DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que la mercancía importada no debía clasificarse bajo la subpartida 8436.10.00.00, exenta de arancel e iva, sino bajo la 8438.80.90.00, que genera un pago del 10% de arancel y 16% de iva, lo anterior con fundamento en estudios técnicos elaborados por la División de Gestión de Operación Aduanera, en las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas y en la Nota 4 de la Sección XVI, que excluye la maquinaria de tipo industrial del capítulo 84.36, reservado únicamente para equipos agrícolas o rurales.

Por otro lado, expuso que la clasificación arancelaria de mercancías similares se ha hecho conforme a lo establecido en las Resoluciones 7424 de 2015 y 4862 de 2017 de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera. Para la entidad demandada la Resolución 455 del 3 de marzo de 2020, que contiene la Liquidación Oficial de Revisión, fue expedida dentro del término legal establecido en el artículo 686 del Decreto 1165 de 2019, y que, si bien la notificación al importador se realizó posteriormente, la norma excluye expresamente el tiempo de notificación dentro del término de decisión de fondo. Por lo tanto, no se configuró el silencio administrativo positivo alegado por la parte demandante, pues el acto administrativo se emitió dentro del plazo

expresamente el tiempo de notificación dentro del término de decisión de fondo. Por lo tanto, no se configuró el silencio administrativo positivo alegado por la parte demandante, pues el acto administrativo se emitió dentro del plazo correspondiente.En cuanto a la exclusión del descuento del 10% de la factura comercial indicó que se debió a que este no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Resolución 1684 de 2014 de la Comunidad Andina, que exige que los descuentos sean aplicables a la transacción en cuestión y no sean de carácter retroactivo. En este caso, el descuento fue concedido bajo el concepto ambiguo de «descuento por cliente superior» sin una justificación claro, razón por la cual para la entidad demandada se trató de un descuento retroactivo fundado en relaciones comerciales previas, lo cual impide su aceptación para la determinación del valor en aduana.

En cuanto a la responsabilidad de la agencia de aduanas de acuerdo con la normatividad vigente Decreto 2685 de 1999 y Decreto 390 de 2016, estas tienen la obligación de garantizar la veracidad y exactitud de la información consignada en las declaraciones de importación, en este sentido conforme al artículo 485, numeral 2.6 del Decreto 2685 de 1999, dado que estas agencias no tiene solo el papel de transcribir datos, sino asesorar correctamente al importador, especialmente en la clasificación arancelaria.

Concluye la entidad demandada que sus actuaciones se adelantaron con garantía del debido proceso y del derecho, puesto que se expidieron y notificaron los actos administrativos conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se realizaron los estudios técnicos pertinentes para sustentar la reclasificación de la mercancía.

notificaron los actos administrativos conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se realizaron los estudios técnicos pertinentes para sustentar la reclasificación de la mercancía.

Por su parte la sociedad vinculada Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A., contestó la demanda en el sentido de señalar que debe accederse a las pretensiones de esta, en atención a que la DIAN no notificó la Liquidación Oficial de Revisión dentro del término legal, lo que conlleva la firmeza de la declaración inicial presentada según lo dispuesto en el artículo 707 del Decreto 1165 de 2019, ello en atención a que si la entidad demandada no notifica dentro del plazo previsto, se configura el silencio administrativo positivo, lo que implica la aceptación de la declaración de importación con la clasificación arancelaria original. Refiere que para el presente caso la notificación de la Resolución 455del 3 de marzo de 2020 fue extemporánea, por lo que la DIAN perdió la facultad de modificar la liquidación inicial.

En cuanto a la clasificación a arancelaria efectuada por la entidad demandada a la mercancía importada destacó que erró en la reclasificación al imponer la subpartida 8438.80.90.00 en lugar de la 8436.10.00.00, que exime del pago de aranceles e iva.

Asevera que la clasificación arancelaria debe realizarse con base en reglas de interpretación arancelaria y pruebas técnicas sobre la función específica de los equipos importados, a pesar de ello la DIAN omitió pruebas solicitadas por la parte demandante, tales como peritajes especializados que demostraban que las máquinas eran utilizadas exclusivamente en la fabricación de alimentos para

equipos importados, a pesar de ello la DIAN omitió pruebas solicitadas por la parte demandante, tales como peritajes especializados que demostraban que las máquinas eran utilizadas exclusivamente en la fabricación de alimentos para animales, tal negativa constituyó una violación del debido proceso lo que afectó el derecho a la defensa del importador y la agencia de aduanas.

Asimismo, expuso que la entidad demandada desconoció arbitrariamente un descuento del 10% incluido en la factura de compra, bajo el argumento de que no cumplía con los requisitos normativos, sin embargo, el descuento sí estaba debidamente documentado y justificado conforme a la Resolución 1684 de 2014 de la Secretaría de la Comunidad Andina, la cual regula la valoración aduanera en el marco de la Decisión 571 de 2003.

Refiere que la parte demandada impuso indebidamente una sanción a la Agencia de Aduanas al señalarla como responsable de la supuesta infracción administrativa por haber inducido a su mandante en error , no obstante, la Agencia de Aduanas actuó conforme a la normatividad aduanera vigente, y cualquier reclasificación de la mercancía es una competencia exclusiva de la DIAN, no del declarante, con fundamento en ello la aseguradora Liberty Seguros S.A. argumenta que, en caso de haberse efectuado un pago en virtud de la póliza de cumplimiento de disposiciones legales, este debe ser reembolsado con la debida indexación, en virtud de la nulidad de los actos administrativos enjuiciados.3. Los alegatos de primera instancia

La parte actora y vinculada reiteraron lo expuesto en la demanda y sus respectivas contestaciones. Por su parte el Ministerio Público y la entidad demandada guardaron silencio.

enjuiciados.3. Los alegatos de primera instancia

La parte actora y vinculada reiteraron lo expuesto en la demanda y sus respectivas contestaciones. Por su parte el Ministerio Público y la entidad demandada guardaron silencio.

4. La sentencia recurrida

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura negó las pretensiones de la demanda al considerar que los actos administrativos acusados estaban ajustados a derecho en tanto no hubo vulneración del debido proceso ni defensa a la demandante, además que no se configuró el silencio administrativo positivo alegado.

La primera instancia concluyó que la Resolución 455 del 3 de marzo de 2020 y la Resolución 1061 del 3 de septiembre de 2020, que resolvió el recurso de reconsideración, fueron proferidas dentro del marco normativo aplicable, sin que existiera vulneración de derechos fundamentales o desconocimiento de normas aduaneras.

En cuanto a la clasificación arancelaria, el juzgado determinó que la subpartida 8438.80.90.00, aplicada por la DIAN, era la correcta, pues la maquinaria importada no correspondía a equipos agrícolas o rurales incluidos en la subpartida 8436.10.00.00, sino a equipos industriales utilizados en la producción masiva de alimentos para animales. Para llegar a esta conclusión, el despacho judicial se fundamentó en los Apoyos Técnicos emitidos por la División de Gestión de la Operación Aduanera de la DIAN, en los cuales se realizó un estudio detallado de la mercancía, sus características y su funcionalidad, además de los dispuesto en las Resoluciones de Clasificación Arancelaria 7424 de 2015 y

de la Operación Aduanera de la DIAN, en los cuales se realizó un estudio detallado de la mercancía, sus características y su funcionalidad, además de los dispuesto en las Resoluciones de Clasificación Arancelaria 7424 de 2015 y 4862 de 2017, que establecieron precedentes en la materia, y se interpretó la Nota 4 de la Sección XVI del Arancel de Aduanas, que excluye expresamente la maquinaria de tipo industrial de la partida 84.36.En relación con el supuesto silencio administrativo positivo, el juzgado concluyó que no se configuró, dado que la Resolución 455 de 2020 fue expedida dentro del término legal establecido en el artículo 686 del Decreto 1165 de 2019, que otorga 45 días hábiles para decidir de fondo después del vencimiento del término de respuesta al requerimiento especial aduanero. En el fallo apelado se precisó que el término para decidir no incluye el tiempo requerido para la notificación del acto administrativo, por lo que la liquidación oficial se emitió dentro del plazo legal.

Asimismo, frente al descuento comercial rechazado por la DIAN, se estableció que no cumplía los requisitos del artículo 10 de la Resolución 1684 de 2014 de la Comunidad Andina, ya que se trataba de un descuento retroactivo no relacionado directamente con la transacción específica de importación, todas estas razones llevaron al juzgado a negar la nulidad de las resoluciones demandadas y mantener en firme la actuación administrativa de la DIAN.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión la parte demandante Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especial S.A. Nivel 1 y la vinculada Compañía Aseguradora

5. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión la parte demandante Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especial S.A. Nivel 1 y la vinculada Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A., interpusieron recurso de apelación y sustentaron su inconformidad con los siguientes argumentos:

Para la Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A., uno de los principales argumentos es la violación del principio de congruencia, regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, pues sostiene que el juzgado omitió pronunciarse sobre la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales 2919223, la cual amparaba a la Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especializados S.A. Nivel 1.

Según la aseguradora, el fallo no analizó si la póliza cubría efectivamente el incumplimiento que dio lugar a la sanción impuesta por la DIAN, a pesar de que este punto se planteó como un problema jurídico a resolver en la audienciainicial del 7 de octubre de 2021. Máxime que la póliza no ofrecía cobertura temporal, ya que tenía vigencia entre el 13 de septiembre de 2018 y el 13 de septiembre de 2020, mientras que la declaración de importación que dio origen al proceso se presentó el 29 de diciembre de 2016, es decir, casi dos años antes de la entrada en vigencia del contrato de seguro. En consecuencia, se sostiene que la DIAN no podía hacer efectiva la póliza para cubrir el pago de los tributos, ya que el supuesto siniestro ocurrió fuera de su período de vigencia, lo que

de la entrada en vigencia del contrato de seguro. En consecuencia, se sostiene que la DIAN no podía hacer efectiva la póliza para cubrir el pago de los tributos, ya que el supuesto siniestro ocurrió fuera de su período de vigencia, lo que vulnera el Decreto 390 de 2016, artículos 8, 9, 10 y 11.

Sostiene la aseguradora la falta de competencia pro tempore de la DIAN y la configuración del silencio administrativo positivo, regulado en el artículo 707 del Decreto 1165 de 2019, pues afirma que la Resolución 455 del 3 de marzo de 2020 fue notificada de forma extemporánea, ya que el plazo legal de 45 días hábiles para expedir y notificar la liquidación oficial vencía el 3 de marzo de 2020, y la DIAN notificó el acto solo hasta el 6 y 9 de marzo de 2020.

A pesar de ello el juzgado desconoció que la autoridad aduanera incumplió los términos para notificar la Liquidación Oficial de Revisión lo que debía llevar a la confirmación de la declaración presentada por el importador bajo los efectos del silencio administrativo positivo.

Por último, Liberty también señala que la DIAN aplicó de manera incorrecta la clasificación arancelaria, al desconocer las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas, lo cual afectó los derechos del importador y generó una carga tributaria injustificada. Por estas razones, solicita que el Tribunal revoque la sentencia y acceda a las pretensiones de la demanda.

A su turno la Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especializados S.A. Nivel 1 argumenta que la DIAN no realizó un análisis técnico adecuado para la

revoque la sentencia y acceda a las pretensiones de la demanda.

A su turno la Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Especializados S.A. Nivel 1 argumenta que la DIAN no realizó un análisis técnico adecuado para la clasificación arancelaria de la mercancía importada, y se limitó a adoptar los apoyos técnicos emitidos por la División de Gestión de la Operación Aduanera de Medellín sin un estudio profundo.Asevera que los apoyos técnicos no constituyen clasificaciones arancelarias oficiales y definitivas, ya que, conforme al artículo 28, numeral 7 del Decreto 4048 de 2008, la única dependencia facultada para expedir clasificaciones arancelarias vinculantes es la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, razón por la cual la cual considera que la DIAN desconoció esta normativa al fundamentarse en estudios preliminares para modificar la subpartida declarada por el importador y exigir mayores tributos.

Además, enfatiza que la subpartida 8436.10.00.00 es la correcta, ya que se refiere específicamente a «máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales», lo cual coincide con la naturaleza de los equipos importados. En contraste, de la subpartida 8438.80.90.00, aplicada por la DIAN, que es de carácter residual, y abarca máquinas y aparatos industriales en general, sin la especificidad requerida por las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas.

En cuanto a la desestimación del descuento comercial otorgado por el proveedor en la factura de importación la Agencia de Aduanas, refiere que el artículo 10 de la Resolución 1684 de 2014 de la Comunidad Andina establece

En cuanto a la desestimación del descuento comercial otorgado por el proveedor en la factura de importación la Agencia de Aduanas, refiere que el artículo 10 de la Resolución 1684 de 2014 de la Comunidad Andina establece que los descuentos comerciales deben ser aceptados si están reflejados en la factura y son aplicables a la transacción específica, y que, para el presente caso, la DIAN rechazó el descuento bajo el argumento de que era retroactivo, sin pruebas que sustentaran dicha conclusión. Insistió en que el descuento fue otorgado en reconocimiento de la importancia del comprador para el proveedor, sin estar vinculado a transacciones anteriores, lo que lo hace válido bajo la normativa vigente.

Finalmente, la Agencia de Aduanas sostiene que la Liquidación Oficial de Revisión fue expedida de manera extemporánea, lo que configura el silencio administrativo positivo conforme al artículo 707 del Decreto 1165 de 2019, pues la DIAN debía expedir y notificar la liquidación dentro del plazo de 45 días hábiles tras el vencimiento del término para responder el Requerimiento Especial Aduanero, el cual fue notificado el 5 de diciembre de 2019. En consecuencia, el plazo máximo para decidir y notificar la liquidación vencía el 3 de marzo de2020, pero la DIAN notificó la Resolución 455 del 3 de marzo de 2020 hasta el 6 a la sociedad importadora y 9 de marzo de 2020 a la agencia declarante, lo que considera una violación de los términos legales.

Dicha mora en la notificación, invalida liquidación oficial y consolida la firmeza de la declaración de importación del 29 de diciembre de 2016 bajo los efectos

considera una violación de los términos legales.

Dicha mora en la notificación, invalida liquidación oficial y consolida la firmeza de la declaración de importación del 29 de diciembre de 2016 bajo los efectos del silencio administrativo positivo, argumento que sustentó con la sentencia del Consejo de Estado, del 14 de diciembre de 2009, radicado 76001-2331-000-200501747-01, en la cual se estableció que no solo es necesario expedir el acto dentro del término legal, sino también notificarlo oportunamente para que tenga efectos jurídicos.

Por todas estas razones, la Agencia de Aduanas solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y declare la nulidad de los actos administrativos demandados, y se permita la firmeza de la Declaración de Importación y el restablecimiento del derecho a favor de la parte demandante.

6. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 31 de agosto de 2022, se concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación formulado por la parte demandada.

El mencionado recurso fue admitido el 28 de octubre de 2022 y se corrió traslado común a las partes por el término de 10 días para alegar de conclusión; término dentro del cual las partes y el Ministerio Público guardaron silencio1.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, esta Corporación tiene competencia para conocer en segunda instancia el proceso. Conforme el artículo 320 del Código General del Proceso, el análisis se limitará a las razones 1 Samai, índice 12.de inconformidad presentadas por la parte demandante y vinculada contra la decisión de primera instancia.

artículo 320 del Código General del Proceso, el análisis se limitará a las razones 1 Samai, índice 12.de inconformidad presentadas por la parte demandante y vinculada contra la decisión de primera instancia.

2. Validez de la prueba recaudada

El material probatorio presentado con la demanda y el auto de pruebas fue sometido a contradicción entre las partes y será valorado bajo el principio de comunidad de la prueba, las reglas de sana crítica, lógica y experiencia. Esto se alinea con la providencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 20132, que otorga valor a las pruebas documentales no cuestionadas en su veracidad tras el proceso de contradicción, respetando la buena fe y la lealtad procesal.

3. Problema jurídico

Determinar i) si se configuró el silencio administrativo positivo en el presente asunto, al no notificarse la Liquidación oficial 455 del 3 de marzo de 2020 dentro de los 45 días que cuenta la DIAN para hacerlo; y ii) solo en caso de que no hubiese configurado el silencio administrativo positivo, la Sala pasará a estudiar si la DIAN actuó conforme a la ley al reclasificar la mercancía importada, desconocer el descuento comercial en la factura y no pronunciase respecto de la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales 2919223.

4. Tesis de la Sala

La Sala revocará la sentencia de primera instancia, dado que se probó la configuración del silencio administrativo positivo, de conformidad con la sentencia del Consejo de Estado del 25 de mayo de 2023, en la que se declaró la nulidad de la expresión «Dentro de los términos para decidir de fondo no se

configuración del silencio administrativo positivo, de conformidad con la sentencia del Consejo de Estado del 25 de mayo de 2023, en la que se declaró la nulidad de la expresión «Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto administrativo», contenida en los artículos 588 del Decreto 390 de 2016 y 686 del Decreto 1165 de 2019.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente: 0500123-31-000-1996-00659-01 (25.022), C.P.: Enrique Gil Botero.Así las cosas, el plazo de 45 días hábiles otorgado a la DIAN para expedir la Liquidación Oficial de Revisión incluye también el tiempo requerido para su notificación. En este contexto, aunque la Resolución 455 del 3 de marzo de 2020 fue expedida dentro del término legal, su notificación se realizó por fuera del mismo, lo que vulnera el debido proceso y da lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.

Al haberse configurado el silencio administrativo positivo en el presente asunto la Sala se abstiene de estudiar los demás cargos alegados en el recurso de apelación.

5. Del silencio administrativo positivo

En relación con el silencio administrativo positivo, el Consejo de Estado ha señalado que se trata de un fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, la falta de decisión de la Administración frente a peticiones o recursos elevados por los administrados tiene un efecto que puede ser negativo o positivo3.

Frente al silencio administrativo e