TA VAL - Sentencia 76111-33-33-003-2023-00022-01 (18-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE ORALIDAD

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 76111-33-33-003-2023-00022-01

MEDIO DE

CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO (LABORAL)

DEMANDANTE: GERARDO MARTÍNEZ MONTENEGRO

asesoria@dinamikapensiones.com dinamik.1973@hotmail.com martinezmontenegrogerardo@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN—MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL—POLICÍA NACIONAL

deval.notificacion@policia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO:

PROCURADURÍA 19 JUDICIAL PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

procjudadm19@procuraduria.gov.co

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE APORTES PENSIONALES A

UN EXSERVIDOR PÚBLICO PERTENECIENTE A

UN REGIMEN EXCEPTUADO.

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

Santiago de Cali, dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

1. La Sala decidirá la impugnación presentada por la parte demandada contra la sentencia 1 32 del 2 de octubre de 2023, proferida por el Juzgado Cuarto

Administrativo de Buga, que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo No. GS -2022-045589SEGEN del 08 de noviembre del 2022, mediante el cual la demandada resolvióProceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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negativamente la reclamación administrativa de reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez deprecada por el demandante.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL, reconocer y pagar una indemnización sustitutiva de vejez al señor GERARDO MARTÍNEZ MONTENEGRO por los servicios prestados en el período comprendido entre el 1°de noviembre de 1983 y el 19 de enero de 1993.

TERCERO: Los valores a reconocer deberán ser indexados, conforme lo establece el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

2. El señor Gerardo Martínez Montenegro , mediante apoderado judicial, presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Policía Nacional, en la que pidió la nulidad del oficio GS-2022-045589-SEGEN del 8 de noviembre del 2022, que le negó el reconocimiento y pago de la indemni zación sustitutiva. A título de restablecimiento del derecho solicitó que la Nación

noviembre del 2022, que le negó el reconocimiento y pago de la indemni zación sustitutiva. A título de restablecimiento del derecho solicitó que la Nación Ministerio de Defensa —Policía Nacional reconozca y pague esa indemnización debidamente indexada, y que la demandada sea condenada en costas.

2. Hechos

3. Según la demanda, Gerardo Martínez Montenegro nació el 2 de enero de 1958, y cuenta con más de 62 años . El actor prestó sus servicios en la Policía Nacional entre el 1 de noviembre de 1983 al 19 de enero de 1993.

4. Dijo que, aunque el señor Martínez Mon tenegro cumplió 62 años, no logró completar el número mínimo de semanas requeridas para pensionarse por vejez, por lo que solicitó a la demandada la indemnización sustitutiva. No obstante, la entidad negó su solicitud a través del oficio GS-2022-045589-SEGEN del 8 de noviembre del 2022.

3. Normas violadas y concepto de la violación

5. La parte demandante estimó que el acto administrativo demandado infringió los artículos 2, 48 y 53 de la CP, la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 1730 de 2001.Proceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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6. Manifestó que el señor Gerardo Martínez Montenegro no cumple con el

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6. Manifestó que el señor Gerardo Martínez Montenegro no cumple con el requisito de semanas cotizadas para pensionarse por vejez, por lo que solicitó a la Policía Nacional la indemnización sustitutiva de pensión tras haber prestado sus servicios desde el 1 de noviembre de 1983 al 19 de enero de 1993. Dijo que esa solicitud la hizo porque está imposibilitado de seguir cotizando para pensión, aun cuando ya tiene la edad para pensionarse (62 años).

4. Contestación de la demanda1

7. El apoderado de la Policía Nacional pidió que se denegaran las pretensiones de la demanda, pues, a su juicio, el acto administrativo demandado está ajustado a derecho.

8. Sostuvo que la Policía Nacional tiene un régimen especial de prestaciones sociales y pensionales, distinto al Régimen General de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993, por lo que los miembros de la Policía Nacional no cotizan ni pueden reclamar beneficios derivados de ese sistema.

9. Argumentó que la Policía Nacional no tiene ninguna obligación de pago hacia el demandante, ya que su régimen especial no contempla la devolución de aportes que nunca se realizaron. Además de que el demandante no cumplió con el tiempo mínimo exigido para obtener una asignación de retiro dentro del régimen de la Fuerza Pública.

10. Finalmente, propuso las excepciones de «la ineptitud de la demanda », «la inexistencia del derecho reclamado», «el cobro de lo no debido» y «la falta de legitimación

régimen de la Fuerza Pública.

10. Finalmente, propuso las excepciones de «la ineptitud de la demanda », «la inexistencia del derecho reclamado», «el cobro de lo no debido» y «la falta de legitimación en la causa por pasiva». Frente a la falta de legitimación en la causa, señaló que la Policía Nacional no es la entidad competente para resolver la solicitud del demandante, ya que la administración de pensiones y cotizaciones corresp onde a las administradoras de pensiones y no a la institución policial, en este caso, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional—Casur.

5. Sentencia de primera instancia2

11. El Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, en sentencia 132 del 2 de octubre de 2023 , declaró la nulidad del acto administrativo demandado y, en

1 Índice 7, archivo pdf que contiene el link de «OneDrive» del expediente, archivo 13 (expediente de primera instancia colgado en Samai). 2 Índice 22 (expediente de primera instancia colgado en Samai).Proceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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consecuencia, ordenó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a favor de Gerardo Martínez Montenegro. Básicamente adujo:

12. Consideró que Gerardo Martínez Montenegro cumplió con los requisitos para recibir la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de acuerdo con lo

de Gerardo Martínez Montenegro. Básicamente adujo:

12. Consideró que Gerardo Martínez Montenegro cumplió con los requisitos para recibir la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001. Dijo que se demostró que había alcanzado la edad mínima de 62 años, pero no contaba con las semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión de vejez, además de haber manifestado su imposibilidad de continuar cotizando. Determinó que el tiempo laborado por el demandante en la Policía Nacional (del 1 de noviembre de 1983 al 19 de enero de 1993 ) es válido para efectos del reconocimiento de la indemnización sustitutiva.

13. Advirtió que, a pesar de que la Policía Nacional cuenta con un régimen especial que no contempla expresamente esta prestación, existen precedentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que han señalado que la indemnización sustitutiva es un derecho fundamental de los trabajadores y servidores públicos que no alcanzan los requisitos para la pensión de vejez. Citó la sen tencia T —681 de 201 3 de la Corte Constitucional, que establece que, en casos donde no exista una entidad de previsión social que asuma la prestación, la última entidad empleadora es la responsable de su pago. Por tanto, la Policía Nacional debía responder por la solicitud del demandante.

6. Apelación3

14. El apoderado de la Policía Nacional apeló la sentencia de primera instancia.

Sostuvo que la Policía Nacional no cotiza en el régimen general de seguridad social, sino que cuenta con un régimen especial de prestaciones sociales a través

6. Apelación3

14. El apoderado de la Policía Nacional apeló la sentencia de primera instancia.

Sostuvo que la Policía Nacional no cotiza en el régimen general de seguridad social, sino que cuenta con un régimen especial de prestaciones sociales a través de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante Casur). Por lo tanto, la obligación de pagar la indemnización sustitutiva no recae sobre la entidad demandada, sino sobre C asur, la entidad competente dentro de ese régimen especial.

15. Así mismo, argument ó un error en la aplicación de la normatividad relacionada con la indemnización sustitutiva , pues la primera instancia fundamentó su decisión con base en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2 del Decreto 1730 de 2001, los cuales regulan la indemnización sustitutiva de la pensión en el régimen de prima media. Sin embargo, aleg ó que esas normas no son aplicables a su personal, dado que este no cotiza en el régimen general de pensiones, sino que está sujeto a un sistema especial.

3 Índice 22 (expediente de primera instancia colgado en Samai).Proceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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16. Advirtió que la jurisprudencia citada no es aplicable al caso concreto , ya que hace referencia a decision es de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relacionadas con entidades que sí pertenecen al régimen general de pensiones.

16. Advirtió que la jurisprudencia citada no es aplicable al caso concreto , ya que hace referencia a decision es de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relacionadas con entidades que sí pertenecen al régimen general de pensiones.

Añadió que si la sentencia se confirma podría generar un precedente «peligroso» que abriría la puerta a que otros exfunciona rios de la Policía Nacional reclamen la indemnización sustitutiva de pensión, a pesar de que nunca realizaron cotizaciones en el sistema general de seguridad social.

17. En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, resaltó que, en la contestación de la demanda, se presentó esta excepción argumentando que la Policía Nacional no es la entidad responsable de reconocer y pagar la indemnización. Sin embargo, no fue del todo analizada por la primera instancia en el auto del 18 de agosto de 2023 que, aunque la declaró no probada, dejó su estudio para la sentencia . Así , insistió en que esa excepción debe ser valorada en la segunda instancia.

18. Finalmente, cuestionó la procedencia de la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia. Dijo que no se ha demostrado que la parte demandante haya incurrido en gastos procesales que justifiquen una condena en costas contra la Policía Nacional. Por lo tanto, solicit ó que esta decisión sea revocada.

7. Trámite en segunda instancia

19. El Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, por auto 118 del 11 de marzo de 2024, concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la sentencia 132 del 2 de octubre de 20234.

2024, concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la sentencia 132 del 2 de octubre de 20234.

20. Por auto del 8 de abril de 20245, el Tribunal Administrativo del Valle admitió el recurso de apelación y advirtió que durante la ejecutoria de esa providencia las partes podían pronunciarse sobre el recurso de apelación, mientras que el Ministerio Público podía emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

21. Sin embargo, según la constancia secretarial del 19 de abril de 2024 , una vez notificada y ejecutoriada la providencia del 8 de abril de 2024, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio6.

4 Índice 26 del expediente de primera instancia colgado en Samai. 5 Índice 6 del expediente de segunda instancia colgado en Samai 6 índice 11 del expediente de segunda instancia colgado en Samai.Proceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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CONSIDERACIONES

1. Competencia

22. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la apelación presentada por la parte demandada contra el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado

Cuarto Administrativo de Buga

2. Problema jurídico:

23. A la Sala le corresponde determinar si debe confirmarse la sentencia 132 del

parte demandada contra el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga

2. Problema jurídico:

23. A la Sala le corresponde determinar si debe confirmarse la sentencia 132 del 2 de octubre de 2023 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, que declaró la nulidad del acto administrativo demandado y reconoció la indemnización sustitutiva al demandante, al considerar que se cumplieron los presupuestos normativos contenidos en la Ley 100 de 1993, o si, por el contrario, debe revocarse la decisión de primera instancia, porque la figura de la indemnización sustitutiva no es aplicable a los miembros de la Policía Nacional, por ser un régimen especial.

24. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: i) régimen de la indemnización sustitutiva por vejez y/o devolución por aportes de la Ley 100 de 1993 y ii) el caso concreto.

2.1. Régimen de la indemnización sustitutiva por vejez y/o devolución por aportes de la Ley 100 de 1993

25. Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se estableció el Sistema General de Seguridad Soci al en Pensiones y con él surgieron dos regímenes pensionales distintos: a) el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y b) el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

26. En cada uno de estos regímenes se establecieron requisitos y condiciones diferentes para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez, además, se

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

26. En cada uno de estos regímenes se establecieron requisitos y condiciones diferentes para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez, además, se consagró el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión (en el RPM) y el derecho a la devolución de saldos (en el RAIS), a favor de los afilia dos que no lograran completar los requisitos necesarios para la pensión o de sus beneficiarios.

27. Para el caso que interesa a la Sala, el artículo 32 de la Ley 100 de 1993 establece que el RPM es un régimen solidario en el que los aportes de los afiliad os y susProceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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rendimientos conforman un fondo común, que va a garantizar el pago de prestaciones a quienes tengan la calidad de pensionados o, en su defecto, demuestren los requisitos para el otorgamiento de otro tipo de prestaciones, como lo es la indemnización sustitutiva.

28. La indemnización sustitutiva se adquiere si el afiliado acredita el cumplimiento de los requisitos, como la edad sin haber cotizado el número de semanas que exige la ley y una declaración en la que se manifieste la

imposibilidad de seguir cotizando. Así:

Artículo 37. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el

imposibilidad de seguir cotizando. Así:

Artículo 37. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar co tizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.

29. El Decreto 1730 de 27 de agosto de 2001 reglament ó el precitado artículo 37 de la Ley 100 de 1993, y en relación con la acusación del derecho y los requisitos de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, preceptuó:

Artículo 1° Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las administradoras del régimen de prima media con prestación definida, cuando con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones se presente una de las siguientes situaciones:

a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;(…)

30. Conforme a las disposiciones anteriores, se concluye que hay lugar a recibir en sustitución de la pensión de vejez, una indemnización a favor de aquellas personas que al llegar a la edad pensional no alc anzaron a colmar el tiempo de servicio requerido para acceder a dicha prestación pero que cotizaron a una

en sustitución de la pensión de vejez, una indemnización a favor de aquellas personas que al llegar a la edad pensional no alc anzaron a colmar el tiempo de servicio requerido para acceder a dicha prestación pero que cotizaron a una entidad de previsión. Por lo tanto, para el reconocimiento de la aludida indemnización sustitutiva es necesario que (i) haya cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, sin haber cotizado el mínimo de semanas requerido, y (ii) manifieste la imposibilidad de continuar con las cotizaciones a pensión.Proceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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3. El caso concreto

31. En el presente asunto , según las pruebas aportadas, está acreditado que el señor Gerardo Martínez Montenegro tiene 67 7 años y estuvo vinculado como agente de la Policía Nacional, entre el 1 de noviembre de 1983 al 19 de enero de 1993 (según certificación electrónica de tiempos laborados —Cetil del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la hoja de servicios 16351660 del 22 de junio de

19938).

32. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 estableció que e l sistema integral de seguridad social contenido en esa ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990 (con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente

seguridad social contenido en esa ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990 (con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley), a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas, a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entre otros.

33. La Corte Constitucional, en la sentencia C —432 de 2004 , estableció que un régimen especial de seguridad socia l impide aplicar a sus benefic iarios las normas generales (Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003). Así, el carácter diferencial del régimen especial justifica la creación de prestaciones específicas , pero siempre que se garantice su propósito establecido en la Constitución Política que es el de brindar mayor protección para promover la igualdad material, la equidad y la justicia social de las minorías amparadas por la Constitución.

34. Bajo este concepto, l a Corte Constitucional en sentencia T —685 de 2007 dijo

que:

(…) [c]uando una mism a situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya

cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador. (Subrayas de la Sala).

7 Índice 7, archivo pdf que contiene el link de «OneDrive» del expediente, archivo 05, fl.10 (expediente de primera instancia colgado en Samai). 8 Índice 7, archivo pdf que contiene el link de «OneDrive» del expediente, archivo 14, fl.10 (expediente de primera instancia colgado en Samai).Proceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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35. Por su parte, e l Consejo de Estado en la sentencia de unificación SII —009—

2018 del 1 de marzo de 20189 estableció que:

No obstante, es viable que f rente a una prestación en particular sea procedente el análisis de la transgresión del derecho a la igualdad por establecer un trato diferenciado que conlleve una desmejora evidente, de manera arbitraria y sin razón aparente, frente a quienes están afiliados al régimen general, pues la creación de dichas condiciones especiales buscan ofrecer protección específica a algunos sujetos que desarrollan deter minada labor, lo cual implica que no pueda ser menos beneficiosa que la prevista para el resto de la población.

dichas condiciones especiales buscan ofrecer protección específica a algunos sujetos que desarrollan deter minada labor, lo cual implica que no pueda ser menos beneficiosa que la prevista para el resto de la población.

36. En la sentencia de unificación se adujo que, aunque el régimen general exceptúa de su ámbito de aplicación a los miembros de las Fuerzas M ilitares en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, también es cierto que , en su artículo 288, permite que todo trabajador se beneficie de ella si ante la comparación con leyes anteriores sobre la misma materia esta le resulta más favorable.

37. De forma reciente, el Consejo de Estado (2024) 10 reiteró su propio criterio (2005)11 que históricamente ha tenido sobre la materia:

Tampoco fue el espíritu del legislador limitar la indemnización sustitutiva por vejez sólo a los afiliados a entidades administrador as del ISS, como lo interpreta el Ministerio de Hacienda y lo dice de manera constante en la respuesta a la demanda, ya que ello limitaría la posibilidad, por ejemplo, de los servidores públicos afiliados a una entidad de previsión administradora de dicho régimen diferente al ISS que cumplan con los requisitos para tener derecho a ese beneficio, exclusión que de manera alguna fue la intención del legislador, habida cuenta que sobre tal exigencia ningún reparo hizo la citada ley 100.

Es cierto que la opción de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez en la legislación anterior a la Ley 100 de 1993 sólo existía para los afiliados al ISS; sin embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados como a los de una administra dora diferente al ISS, pues no sería razonable y violaría el

embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados como a los de una administra dora diferente al ISS, pues no sería razonable y violaría el derecho a la igualdad que los afiliados a una administradora del régimen de prima media con prestación definida, diferentes a éste, por el hecho de serlo, no les sea permitido, si se dan las cond iciones que la misma ley establece en su artículo 37, acceder a la prestación, pretextando la falta de tal beneficio en el régimen anterior que los gobernaba.

9 Radicación nro.68001-23-33-000-2015-00965-01. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, radicación 7600123-33-000-2015-00855-01, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. 11 Sección segunda, sentencia de 14 de abril de 2005, expediente: 11001-03-25-000-2003-00112-01 (477-03), C.

P. Ana Margarita Olaya Forero.Proceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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38. De igual modo, el Consejo de Estado (2022)12, en una providencia que resolvió una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle que había revocado el reconocimiento de la indemnización sustitutiva otorgad a —en primera instancia— a la demandante al no cumplir los requisitos para la pensión

una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle que había revocado el reconocimiento de la indemnización sustitutiva otorgad a —en primera instancia— a la demandante al no cumplir los requisitos para la pensión de sobrevivientes 13, señaló frente a la indemnización sustitutiva de pensión de vejez que:

Así las cosas, la Sala advierte que si bien esta prestación económica no fue consagrada en el régimen de las fuerzas militares ni en regímenes anteriores de la Ley 100 de 1993, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha señalado que, en aras de proteger el derecho a la seguridad social de las personas sin discriminación y en condiciones de igualdad, la misma puede reconocerse a quienes se encuentre cobijados por regímenes anteriores al nuevo sistema de seguridad social, por cuanto se trata de la devolución de los aportes que el afiliado efectuó durante toda su vida laboral, toda vez que de no hacerlo las entidades que recibieron los aportes incurrirían en un enriquecimiento sin justa causa.

39. Entonces, l a Sa la, en consideración a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, destaca que la indemnización sustitutiva de pensión es viable otorgarla a los miembros de la Fuerza Púb lica, previo la verificación de los requisitos para concederla.

40. Como se mencionó, e l artículo 37 de la Ley 100 de 1993 prescribe que las personas que tengan la edad, pero no el mínimo de semanas exigidas para obtener la pensión de vejez, y que estén en imposibilidad de seguir cotizando, tienen derecho a una indemnización en sustitución.

personas que tengan la edad, pero no el mínimo de semanas exigidas para obtener la pensión de vejez, y que estén en imposibilidad de seguir cotizando, tienen derecho a una indemnización en sustitución.

41. Por su parte, el literal a) del artículo 1° del Decreto 1730 de 2001 —que reglamentó el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 — contempla que procede el reconocimiento de la indemnización sustitutiva si, la persona se retira del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de abril de 2022, radicación 11001-0315-000-2022-01529-00, magistrado ponente César Palomino Cortes.

13 En ese asunto, la demandante señaló que la Policía Nacional, al considerar que no se cumplía con el tiempo de servicio mínimo que establece la norma especial, debió dar aplicación, por principio de favorabilidad, a lo establecido en la Ley 100 de 1993 —régimen general— y reconocer la pensión de sobrevivientes a la actora, pues del análisis de este régimen, era posible concluir que la parte actora resulta beneficiada para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.Proceso: 76111-33-33-003-2023-00022-01

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42. Entonces, resulta razonable el reconocimiento de la indemnización sustitutiva

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42. Entonces, resulta razonable el reconocimiento de la indemnización sustitutiva en el presente caso, pues, además de ceñirse a los presupuestos fácticos que la hacen procedente, a pesar de que no se consagró dicha figura en el régimen de las fuerzas militares ni en regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, tal como lo determina la Corte Constitucional14 y el Consejo de Estado, se puede reconocer a quienes estén en esos eventos, pues se trata de la devolución de los aportes que el afiliado realizó en su vida laboral, so pena de que las entidades que recibieron esos aportes incurran en un enriquecimiento sin justa causa.

43. El apoderado de la Policía Nacional dice que es inviable reconocer la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes al actor, porque el actor no cotizaba a pensión.

44. No obstante, est