TA VAL - Sentencia 76111-33-33-002-2019-00287-02 (18-03-2025)

Tribunal Administrativo de Valle del Cauca

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Detalles

Título
TA VAL - Sentencia 76111-33-33-002-2019-00287-02 (18-03-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE DECISIÓN

Santiago de Cali, dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Exp. No. 76111-33-33-002-2019-00287-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

LABORAL

DEMANDANTE: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA

duverneyvale@hotmail.com valencortcali@gmail.com notificaciones@valencort.com anyiliseth123456@hotmail.com jennymarin583@outlook.com

DEMANDADO: NACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONAL

notificacionesjudiciales@ejercitonacional.gov.co notificaciones.cali@mindefensa.gov.co juliana.guerrero@mindefensa.gov.co veronica.gonzalezta@buzonejercito.mil.co ab.veronicagonzalez@gmail.com

ASUNTO: REAJUSTE ASIGNACIÓN DE RETIRO SOLDADO

PROFESIONAL – CONFIRMA SENTENCIA DE

PRIMERA INSTANCIA.

MAGISTRADO PONENTE: ÓSCAR A. VALERO NISIMBLAT

La Sala de Decisión de esta Corporación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del 31 de agosto de 2022, mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA:

agosto de 2022, mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA:

La señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA, actuando a través de apoderado judicial, presenta demanda contencioso administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del CPACA, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL.

1.1.1.- La demandante eleva las siguientes PRETENSIONES:Radicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

2 Se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto generado por el silencio de la entidad demandada ante la petición incoada por la demandante el 12 de junio de 2018, con la cual se negó la reliquidación de la pensión de sobrevivientes de la cual es beneficiaria la actora.

Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional reajustar y reliquidar la pensión de sobrevivientes con base en un salario mínimo mensual legal vigente más un 60%, y además que se incluya el subsidio familiar como partida computable.

Que se ordene a las demandadas el reajuste de la pensión de sobrevivientes de que son beneficiarias las demandantes, año por año a partir de su reconocimiento a la fecha, con los nuevos valores que arroje la reliquidación solicitada en el acápite

Que se ordene a las demandadas el reajuste de la pensión de sobrevivientes de que son beneficiarias las demandantes, año por año a partir de su reconocimiento a la fecha, con los nuevos valores que arroje la reliquidación solicitada en el acápite anterior.

Que se condene a las entidades demandadas a efectuar el pago indexado de los dineros correspondientes a la diferencia que resulte entre el reajuste solicitado y las sumas canceladas por concepto de pensión de sobrevivientes hasta la fecha en que sea reconocido el derecho.

Que se condene a las accionadas al pago de intereses moratorios desde la fecha de la sentencia hasta que se haga efectivo el respectivo pago.

Se ordene dar cumplimiento al fallo en los términos indicados en los artículos 192 y 195 del CPACA y condene en costas a las entidades demandadas, incluidas las agencias en derecho de conformidad con el artículo 188 CPACA y el CGP.

1.1.2.- La demandante fundamentan su demanda en los siguientes HECHOS:

Que el señor Humberto Quiñonez Amortegui (Q.D.E.P.) ingresó al Ejército Nacional de Colombia como soldado voluntario y finalmente pasó a desempeñarse como soldado profesional desde el 01 de noviembre de 2003 hasta su fallecimiento; que en dicha entidad estuvo vinculado durante 19 años, 6 meses y 5 días, incluyendo el tiempo de servicio militar obligatorio, el de formación y el tiempo físico.

Que mediante Resolución No. 4995 del 19 de diciembre de 2016, se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes a la demandante y a sus hijas con fundamento en el expediente MDN No. 4231 de 2016.

Que mediante Resolución No. 4995 del 19 de diciembre de 2016, se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes a la demandante y a sus hijas con fundamento en el expediente MDN No. 4231 de 2016.

Manifiesta que desde el año 2003 al soldado Quiñonez Amortegui (Q.D.E.P) se le canceló un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40% y que esa fue la base de liquidación de la pensión de sobrevivientes cuando esta debió ser 1 SMMLV más un incremento del 60%. Adicionalmente, indica que en dicha pensión no se está tomando el subsidio de familia como partida computable.

Señala que radicaron petición ante la entidad demandada el día 12 de junio de 2018, en donde solicitaban el reajuste de la pensión de sobrevivientes de que son beneficiarias, teniendo en cuenta para ello el equivalente a un salario mínimo mensualRadicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

3 incrementado en un 60%, y la inclusión como partida computable del subsidio familiar, petición que hasta la fecha de radicación de la demanda no ha sido resuelta por la entidad demandada, generándose el acto administrativo ficto cuya nulidad se persigue en el presente medio de control.

1.1.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN:

El apoderado del demandante cita como disposiciones violadas las siguientes: • Constitución Nacional, artículos 2,3, 13, 25, 53 y 209. • Artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

El apoderado del demandante cita como disposiciones violadas las siguientes: • Constitución Nacional, artículos 2,3, 13, 25, 53 y 209. • Artículo 2 de la Ley 4 de 1992. • Artículo 1, 38 y 42 del Decreto 1794 del 2000.

Realiza un recuento de las normas que presuntamente fueron vulneradas por las entidades demandadas y aduce que se deben respetar los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales.

1.2. CONTESTACIÒN DE LA DEMANDA:

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL guardó silencio en esta oportunidad según la constancia secretarial del 23 de marzo de 2022, expedida por el juzgado de primera instancia.

1.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, mediante sentencia del 31 de agosto de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda. Para ello, señaló que se acreditó que el causante Humberto Quiñonez prestó el servicio militar obligatorio en vigencia de la Ley 131 de 1985, y que con fundamento en el artículo 2, continuó vinculado con el Ejército Nacional en calidad de soldado voluntario hasta el 31 de octubre de 2003, iniciando el 01 de noviembre de 2003 como soldado profesional conforme al Decreto 1794 del 2000.

A su vez, indicó que en la resolución que reconoció la pensión de sobrevivientes a la demandante fue determinado expresamente que la entidad demandada tomó en

profesional conforme al Decreto 1794 del 2000.

A su vez, indicó que en la resolución que reconoció la pensión de sobrevivientes a la demandante fue determinado expresamente que la entidad demandada tomó en cuenta el SMMLV para el año 2016, es decir, $689.455, incrementado en un 40% y que, por ende, se puede concluir que la entidad demandada al momento de liquidar la pensión de sobrevivientes no aplicó el incremento del 60% de acuerdo a lo ordenado en el artículo 1 del Decreto 1794 del 2000, aplicable al personal de soldados que iniciaron como voluntarios, que, como en el caso del causante Humberto Quiñonez, se encontraban vinculados en tal calidad al 31 de diciembre de 2000 y posteriormente pasaron a ser soldados profesionales.

Aunado a lo anterior, el A quo concluyó que la Nación – el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a través del acto administrativo demandado, vulneró las normas en que debía fundarse. Por tal razón, es procedente ordenar el reajuste de la pensión de sobrevivientes de la cual es titular la demandante, de acuerdo a lo establecido en elRadicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

4 artículo 1 del Decreto 1794 del 2000 y la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.

Por otra parte, respecto a la inclusión del subsidio familiar, manifestó que de acuerdo con la Hoja de Servicios No. 394000045 del 09 de noviembre de 2016, el señor

2019.

Por otra parte, respecto a la inclusión del subsidio familiar, manifestó que de acuerdo con la Hoja de Servicios No. 394000045 del 09 de noviembre de 2016, el señor Humberto Quiñónez Amortegui (Q.D.E.P.) devengó en servicio activo el citado subsidio en aplicación del Decreto 1794 de 2000, y que conforme a la Resolución No. 4995 del 19 de diciembre de 2016, el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes se causó el 25 de agosto de 2016, fecha de fallecimiento del señor Quiñónez Amortegui, es decir, con posterioridad al mes de julio de 2014, lo que conforme con lo establecido en los Decretos 1161 y 1662 de 2014, implica que en efecto la parte demandante se haga acreedora a la inclusión del mencionado subsidio familiar como partida computable en su pensión de sobrevivientes.

Así mismo, dicha dependencia judicial advirtió que, para las hijas del causante, el pago de las diferencias causadas entre lo que se les reconoció y pagó por concepto de pensión de sobrevivientes y lo que se les debe reconocer y pagar por la reliquidación debe hacerse hasta el momento en que hayan estado cumpliendo con la condición a ellas impuesta en la Resolución No. 4995 del 19 de diciembre de 2016 que les reconoció la pensión de sobrevivientes, referente a la edad para conservar el derecho pensional.

Finalmente, determinó que para el asunto de referencia no se configuró el fenómeno de la prescripción.

1.4. EL RECURSO DE APELACIÓN

pensional.

Finalmente, determinó que para el asunto de referencia no se configuró el fenómeno de la prescripción.

1.4. EL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, argumentando que el acto administrativo demandado que negó el reconocimiento y pago de los derechos laborales y prestacionales reclamados por la demandante, tendiente al reconocimiento, liquidación y pago del reajuste del 20% sobre la asignación básica mensual, al momento de ser expedido era válido y que no había lugar para declarar su nulidad.

Por otro lado, solicitó que se dé aplicación a las reglas de prescripción de derechos contempladas en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, pues establece que los derechos prestacionales consagrados a favor de los oficiales y suboficiales prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha en que se hagan exigibles.

Sobre el subsidio familiar, argumento que es improcedente que se reliquide la pensión de sobrevivientes con dicho subsidio, ya que el régimen aplicable en los eventos de pensión de sobrevivientes son los Decretos 1794 de 2000, pues es la norma que regula el objeto del proceso.

Por último, manifestó que en el evento en que se llegare a confirmar la sentencia de primera instancia, solicitaba que se diera aplicación a lo establecido en el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, “Por el cual se crea el subsidio familiar para SoldadosRadicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

5 Profesionales e Infantes de Marina Profesionales y se dictan otras disposiciones”, y que no se condene en costas a la entidad demandada.

1.5. TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido mediante auto Nro. 153 del 27 de abril de 2023. En el trámite de la ejecutoria la PARTE DEMANDADA se pronunció al respecto reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación impetrado por la misma. Por su parte, la demandante guardó silencio, así como el Ministerio Público.

Tramitada la segunda instancia y sin observarse causal de nulidad o irregularidad procesal que invalide la actuación, se procede a dictar sentencia, conforme a las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala dilucidar si el fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga se encuentra ajustado a derecho, tras haber accedido a las pretensiones de la demanda, y para ello, se propone como problema jurídico a resolver el siguiente: 2.1.- PROBLEMA JURÍDICO: El problema jurídico a resolver en esta instancia conforme al recurso de apelación formulado por la parte demandada, se contrae a establecer si es viable confirmar la sentencia apelada, en lo que tiene que ver con la reliquidación de la pensión de sobrevivientes de la demandante con el incremento del 20% por aplicación del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 en razón de la diferencia entre el incremento del 60%

sobrevivientes de la demandante con el incremento del 20% por aplicación del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 en razón de la diferencia entre el incremento del 60% sobre la asignación mensual señalado en dicha norma para quienes se encontraban vinculados a las Fuerzas Militares como soldados voluntarios y luego se incorporaron como soldados profesionales, y el incremento del 40% aplicado por la entidad demandada para la generalidad de los soldados profesionales. Así mismo, sí se debe confirmar la orden de reliquidación de la misma asignación con la inclusión del 30% del subsidio familiar como partida computable.

2.2. - CUESTIÓN PREVIA:

De conformidad con lo establecido por la Ley 270 de 1996, la Ley 446 de 1998 y el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, se puede otorgar un trámite preferencial “en atención a la naturaleza del asunto, por razones de seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de especial trascendencia social o por carecer de antecedentes jurisprudenciales y su solución sea de interés público con repercusión colectiva, o cuando su resolución íntegra entrañe solo la reiterada jurisprudencia, o cuando se determine un orden temático para su elaboración y estudio preferente, mediante acuerdo de la Sala1”.

1 CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda – Subsección B, C.P. CARMELO PERDOMO CUETER, Radicación No.

25000-23-25-000-2011-01185-01. Auto del 25 de febrero de 2021.Radicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

6

Así las cosas, se tiene que, respecto al presente asunto, esta Sala ya se ha pronunciado con anterioridad, ratificando la misma posición en relación al tema objeto de estudio, por lo que al evidenciarse que la resolución de esta controversia implica la reiteración jurisprudencial de esta Sala de Decisión, es procedente proferir fallo de manera prioritaria.

2.3.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Con el objeto de resolver el problema jurídico formulado, como primera medida la Sala se ocupará del incremento salarial contemplado en el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, para luego estudiar lo respectivo al factor salarial subsidio familiar y el tratamiento que se le ha dado en la jurisprudencia actual.

Para el efecto, se estudiarán las sentencias de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016 y del 25 de abril de 2019, que sobre los temas objeto de debate ha proferido dicha Corporación.

Así pues, se encuentra que a partir de la Ley 131 de 19852 se permitió a quienes hubiesen prestado el servicio militar obligatorio, continuar vinculados bajo la modalidad de soldados voluntarios, estableciendo en su artículo 4º que el que prestara el servicio militar voluntario devengaría una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario.

de soldados voluntarios, estableciendo en su artículo 4º que el que prestara el servicio militar voluntario devengaría una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario.

Mediante Decreto 1793 de 20003, se creó la carrera de soldado profesional, previendo que a este nuevo régimen podían ingresar quienes reunieran unos requisitos mínimos, descritos en el artículo 4º, además de los soldados vinculados mediante la Ley 131 de 1985 con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresaran su intención de incorporarse como soldados profesionales

Con el Decreto 1794 del 2000, se estableció el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares, disponiendo en el artículo 1° lo siguiente:

“Artículo 1. Asignación Salarial Mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%)”.

(Negrita resaltada por la Sala)

2 «Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario» 3 «Por el cual se expide el Régim en de Carrera y Estatuto del Personal de soldados Profesionales de las Fuerzas Militares».Radicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho

3 «Por el cual se expide el Régim en de Carrera y Estatuto del Personal de soldados Profesionales de las Fuerzas Militares».Radicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

7

Este artículo quiere significar que, como regla general, los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares tienen derecho a percibir como asignación mensual un (1) salario mínimo legal incrementado en un 40%, a menos de que hayan estado vinculados antes del 31 de diciembre del año 2000 como soldados voluntarios, caso en el cual el incremento será del 60%.

Respecto de la forma en que debe liquidarse la asignación de retiro de los soldados profesionales, el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 contempla lo siguiente:

Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que, por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por su parte, el numeral 13.2.1, del artículo 13 del mismo Decreto indica:

a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por su parte, el numeral 13.2.1, del artículo 13 del mismo Decreto indica:

“Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:

(…)

13.2 Soldados Profesionales:

13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1° del Decreto-ley 1794 de 2000.

13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente decreto”.

(…)

Es decir, la asignación de retiro de los soldados profesionales debe liquidarse teniendo en cuenta el 70% del sueldo básico percibido en actividad, que equivale al salario mínimo legal incrementado en un 40% como lo indica el inciso primero del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, quedando excluido el incremento del 60% a que tienen derecho los militares que se hayan vinculado a la entidad como soldados voluntarios antes del 31 de diciembre del año 2000.

2.3.1. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2016 Y DEL 25 DE ABRIL DE 2019:Radicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

8 Respecto a este tema, el Tribunal Supremo de la Jurisdicción Contencioso

Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

8 Respecto a este tema, el Tribunal Supremo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha unificado sus criterios, en primer lugar al realizar un estudio sobre el reconocimiento y reajuste salarial y prestacional del 20% reclamado por los soldados que se desempeñan como voluntarios y luego se incorporaron como profesionales (CE-SUJ2 No. 003/16) y posteriormente al estudiar la viabilidad del mismo reajuste pero en lo respectivo a las asignaciones de retiro de los soldados profesionales (CESUJ2 No. 015-19)

En el primero de los pronunciamientos de unificación (CE-SUJ2 No. 003/16), el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, luego de hacer un estudio de la normatividad relativa al régimen salarial de los soldados profesionales, concluyó:

“En ese sentido, interpreta la Sala, con efecto unificador, que el Gobierno Nacional, al fijar el régimen salarial de los soldados profesionales en el Decreto Reglamentario 1794 de 20004, en aplicación del principio de respeto por los derechos adquiridos, dispuso conservar, para aquellos que venían de ser soldados voluntarios, el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985, cuyo artículo 4º establecía, que estos últimos tenían derecho a recibir como sueldo, una “bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60%”.

De esta manera, se constituyó para los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, una suerte de régimen de transición tácito en materia

salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60%”.

De esta manera, se constituyó para los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, una suerte de régimen de transición tácito en materia salarial, en virtud del cual, pese a aplicárseles íntegramente el nuevo estatuto de personal de los soldados profesionales, en materia salarial conservarían el monto de su sueldo básico que les fue determinado por el artículo 4º de la Ley 131 de 1985, es decir, un salario mínimo legal vigente aumentado en un 60%.

En armonía con lo expuesto, para la Sala no es de recibo la interpretación que sobre el particular realiza la parte demandada, según la cual, los referidos Soldados profesionales, antes voluntarios, no tienen derecho a percibir un sueldo básico equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, dado que, a su juicio, al vincularse a la planta de personal de las Fuerzas Militares como soldados profesionales, se les aplica íntegramente el régimen propio de estos últimos.

Ello por cuanto, la interpretación adecuada del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 20005, derivada de la literalidad de dicha norma y de la aplicación del principio constitucional de respeto a los derechos adquiridos estipulado en la Ley 4ª de 19926 y el Decreto Ley 1793 de 20007, consiste en

4 Ib. 5 Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares. 6 Mediante la cual se señala n las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso

Fuerzas Militares. 6 Mediante la cual se señala n las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones s ociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 7 Por el cual se adopta el Régimen de Carrera y el Estatuto de Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares.Radicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

9 que los soldados volu ntarios que luego fueron incorporados como profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial equivalente a un salario mínimo legal aumentado en un 60%, en virtud de los argumentos anteriormente expuestos.

Refuerza la Sala esta conclusión al tener en cuenta que luego de la revisión integral de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, en ninguno de sus apartes se encuentra disposición alguna que establezca que los soldados voluntarios que posteriormente fueron enlistados como profesionales, vayan a percibir como salario mensual el mismo monto que devengan los soldados profesionales que se vinculan por vez primera, es decir, un salario mínimo aumentado en un 40%.

En ese sentido, tampoco es válido el argumento del Ministerio de Defensa atinente a que, en el caso de los soldados voluntarios hoy profesionales, no hay lugar a reajustar su

salario mínimo aumentado en un 40%.

En ese sentido, tampoco es válido el argumento del Ministerio de Defensa atinente a que, en el caso de los soldados voluntarios hoy profesionales, no hay lugar a reajustar su salario en un 20%, pues, dicho porcentaje se entiende redistribuido al reconocerles otro tipo de prestaciones sociales que con anterioridad no percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985.

Entiende la Sala sobre el particular, que el inciso 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, les respeta a los soldados voluntarios hoy profesionales, el hecho que perteneciendo a la misma institución pasen a ganar la misma asignación salarial que tenían en vigencia de la Ley 131 de 1985, esto es, una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un 60%, situación que deber ser vista desde la órbita de la garantía de conservar los derechos adquiridos; y cosa distinta es que luego de su conversión a soldados profesionales, empiecen a disfrutar de varias prestaciones sociales que antes no devengaban.

Todo lo anterior, en aras de compensar a los soldados voluntarios que, desde la creación de su régimen con la Ley 131 de 19858, sólo percibían las bonificaciones mensuales, de navidad y de retiro.

La Sala reitera entonces, que lo hasta aquí expuesto permite concluir, que la correcta interpretación del artículo 1º, inciso 2º, del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 alude a que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%”.

que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%”.

En armonía con lo anterior, se establecieron cuatro reglas jurisprudenciales, para ser aplicadas en esta clase de asunto:

“En armonía con las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unifica su jurisprudencia en materia de reconocimiento del reajuste salarial del 20% reclamado por los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, y fija las siguientes reglas jurisprudenciales para decidir las controversias judiciales relacionadas con el referido asunto:

Primero. De conformidad con el inciso 1º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, la asignación salarial mensual de los soldados

8 Ib.Radicación No. 2019-00287-02/ Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GRANADA / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS.

10 profesionales vinculados por vez primera, a partir del 1º de enero de 2000, es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%.

Segundo. De conformidad con el inciso 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000,16 la asignación salarial mensual de los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000 se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985,17 es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%.

soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000 se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985,17 es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%.

Tercero. Sobre el reajuste salarial y prestacional del 20% que se ordene a favor de los soldados voluntarios, hoy profesionales, la parte demandada condenada, deberá efectuar de manera indexada los respectivos descuentos en la proporción correspondiente, por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya lugar.

Cuarto. La presente sentencia no es constitutiva del derecho a reclamar el reajuste salarial y prestacional del 20% respecto del cual se unifica la jurisprudencia en esta oportunidad; por lo que el trámite de dicha reclamación, tanto en sede gubernativa como judicial, deberá atenerse a las reglas que sobre prescripción de derechos contempla el ordenamiento jurídico en los artícul

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