TA VAL - Sentencia 76111-33-333-001-2022-00270-01 (14-03-2025)

República de Colombia Rama Judicial

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Santiago de Cali, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho-Laboral Expediente: 76111-33-333-001-2022-00270-01

Demandante: Jonatan Palacio Barbetti

carlosdavidalonsom@gmail.com

Demandado: NaciónRama JudicialDirección Ejecutiva de

Administración Judicial dsajclinotif@cendoj.ramajidicial.gov.co Asunto: Inclusión de la bonificación judicial establecida en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial Decisión: Confirma sentencia que accede parcialmente a las pretensiones Sentencia 33

Magistrado Ponente: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

1. Objeto de decisión

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por l a entidad demandada contra la sentencia No. 327 del 30 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali , mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2. Antecedentes

2.1. Demanda

2.1.1. Las Pretensiones1

El señor Jonatan Palacio Barbeti , mediante apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demanda a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

El señor Jonatan Palacio Barbeti , mediante apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demanda a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Solicita que, previa inaplicación del parágrafo del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 y demás decretos que lo modifiquen por considerar que son inconstitucionales e ilegales, se declare la nulidad de l os actos administrativos contenidos en la Resoluciones No. DESAJCLR22-1127 del 20 de abril de 2022 y RH-4551 del 28 de junio 28 2022, que determinaron negar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior d e la Judicatura de la Rama Judicial , reconocer que la bonificación judicial

1 Anexo 003, expediente digital de primera instancia.Sentencia de Segunda Instancia Rad. 76111-33-33-002-2022-00270-01 Jonatan Palacio Barbeti Vs Rama Judicial

que percibe el actor constituye factor salarial, para liquidar todas las prestaciones sociales actualmente por el devengadas y las que se causen a futuro y como consecuencia se le pague a mi mandante el producto de la reliquidación de todas sus prestaciones . Se reconozca la suma indexada desde el 1 de enero de 2013, hasta la fecha que se haga efectivo el reconocimiento y pago total de la obligación.

Solicita igualmente que se cumpla la sentencia conforme lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA. Se condene en costas y agencias

efectivo el reconocimiento y pago total de la obligación.

Solicita igualmente que se cumpla la sentencia conforme lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada conforme lo previsto en el artículo 188 ídem.

2.1.2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expone los siguientes hechos:

1. El señor Brian Ricardo Prado Díaz, labora para la Rama Judicial desde antes del año 2017.

2. El demandante solicit ó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales.

3. Mediante Resolución No. desajclr22-1127 del 20 de abril de 2022, la entidad demandada negó la reclamación administrativa señalada anteriormente.

4. El 6 de septiembre de 2019 , la parte demandante propuso el recurso de apelación contra la anterior resolución . A través de la Resolución RH-4551 del 28 de junio de 2022, se resuelve el recurso de apelación confirmando la decisión de negar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial reclamada.

2.2. Normas violadas y concepto de la violación

2.2.1. Se citan como normas que soportan sus pretensiones las siguientes:

• Constitución Política artículos 1, 3, 6, 13, 29, 83, 121, 123, 209, 230 y 241. • Ley 54 de 1962. • Ley 50 de 1990, artículos 127 y 128.

• Constitución Política artículos 1, 3, 6, 13, 29, 83, 121, 123, 209, 230 y 241. • Ley 54 de 1962. • Ley 50 de 1990, artículos 127 y 128. • Ley 4 de 1992 artículos 2 y 14. • Ley 270 de 1996 artículo 152 numeral 7º. • Decreto 1042 de 1998. • Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social artículo 42 literal g.

2.2.2. Expone como concepto de violación en síntesis lo siguiente:

En su concepto de violación la parte actora manifestó en síntesis que, la entidad demandada ha vulnerado la normatividad citada en el concepto de violación , toda vez que la Bonificación Judicial constituye factor salarial para liquidar y cancelar todas sus prestaciones sociales.Sentencia de Segunda Instancia Rad. 76111-33-33-002-2022-00270-01 Jonatan Palacio Barbeti Vs Rama Judicial

Que el trabajador no puede ser sometido a un estado de “des favorabilidad” porque ello equivaldría a la desmejora de sus beneficios y además a los principios y fines del Estado Social de Derecho.

Seguidamente argumentó que la entidad debe reconocer la bonificación salarial como factor salarial p ues lo contrario implica vulneración a lo dispuesto en el artículo 13 constitucional , al no dar tratamiento similar a los trabajadores de la Rama Judicial, por disposición jurisprudencial, para casos análogos.

2.3. Contestación de la demanda2

La entidad demandada se opuso las pretensiones de la demanda, solicitando declarar probadas las excepciones propuestas.

jurisprudencial, para casos análogos.

2.3. Contestación de la demanda2

La entidad demandada se opuso las pretensiones de la demanda, solicitando declarar probadas las excepciones propuestas.

Seguidamente afirma que a la parte demandante no se le ha vulnerado derecho adquirido alguno, en consideración a que el derecho que reclama, ha sido creado por el Gobierno Nacional, razón por la que no hacía parte del patrimonio del demandante antes de la expedición del mismo, por lo tanto, no le ha sido vulnerado, pues es a partir de la creación de este concepto salarial y seguidos los lineamientos del ejecutivo como órgano competente en su expedición, que se entró a liquidar y a devengar este concepto.

Ahora frente a la pretensión de inaplicación argumentó:

“Tampoco le es dable a la Administración acceder a la inaplicación por inconstitucionalidad, pues al realizarlo se modificaría el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios del Decreto 0383 de 2013 o del Decreto 0384 de 2013, competencia atribuible única y exclusivamente al Gobierno Nacional.

Sumado a lo anterior, no se avizora vicio de constitucionalidad alguno en la disposición en cita que regula la Bonificación Judicial, toca vez que, como se indicó en el acápite anterior, variada y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido que resu lta ajustado a la Constitución Nacional el que el Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal B onificación surgieron a partir de un acuerdo

Constitución Nacional el que el Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal B onificación surgieron a partir de un acuerdo colectivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.

De manera que no hay lugar a inaplicar por inconstitucional la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la bas e de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", contenida en el artículo primero de los Decretos N° 0383 y 0384 de 2013, en el entendido de que la bonificación judicial debe constituirse en factor salarial para todas las consecuencias legales que comporte, se debe destacar que la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido del Decreto 383 de 2013 y del Decreto 384 de 2013, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º y 2º, respectivamente, citado textualmente en párrafos anteriores, razón por la que solicito señor Conjuez, niegue las pretensiones de la demanda y confirme la legalidad de los actos administrativos enjuiciados, proferidos por la Dirección Sec cional de Bogotá y Ejecutiva

2 Anexo 13, del expediente digital.Sentencia de Segunda Instancia Rad. 76111-33-33-002-2022-00270-01 Jonatan Palacio Barbeti Vs Rama Judicial

de Administración Judicial, de lo contrario estaría desacatando el ordenamiento legal vigente”.

finalmente, propuso l as excepciones de violación de normas presupuestales de reconocerse las pretensiones de la parte demandante,

de Administración Judicial, de lo contrario estaría desacatando el ordenamiento legal vigente”.

finalmente, propuso l as excepciones de violación de normas presupuestales de reconocerse las pretensiones de la parte demandante, integración de litis consorcio necesario, ausencia de causa petendi, prescripción y la innominada3.

2.4. Sentencia de primera instancia4

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali en la sentencia No. 327 del 30 de septiembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , al considerar que la falta de reconocimiento de la bonificación como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales esta fundada en una norma contraria a la constitución y la ley, razón por l o cual, es procedente su inaplicación. Como fundamento de la decisión expuso el a -quo lo siguiente:

“Teniendo en cuenta todo lo anterior, para este Despacho dicha situación resulta violatoria de las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales en materia del trabajo que prevalecen en el orden interno, que definen el alcance del concepto de remuneración y, del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que orden ó nivelar la remuneración de los servidores de la Rama Judicial.

Así las cosas, el Despacho ordenará inaplic ar por inconstitucional la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, la cual fue reiterada en los Decretos posteriores que lo modificaron,

cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, la cual fue reiterada en los Decretos posteriores que lo modificaron, toda vez que se circunscribe a una actuación que contraría la ley, la jurisprudencia y demás normas de mayor fuerza vinculante, siendo una disposición que carece de legalidad al no ir de la mano con el preámbulo y los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y el principio de la equidad”.

(…) En consecuencia, se considera pertinente que se realice la reliquidación y reajuste de las prestaciones sociales de la parte demandante con inclusión de la bonificación judicial a la que se refiere el artículo 1o de los Decretos 383 de 2013, como factor salarial en cuanto se trata de una remuneración habitual y periódica, percibida como contraprestación a los servicios prestados que forma part e del salario, descontando los aportes del sistema de seguridad social, si no se hubieren hecho, en la proporción que corresponda al demandante, y cuyos efectos salariales no fueron excluidos en la Ley 4ª de 1992.”

De acuerdo con lo anterior el a-quo, ordenó en el fallo lo siguiente:

“PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 y 384 de 2013 y demás Decretos que lo modifiquen y sustituyan, y en su lugar, se aplican el

de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 y 384 de 2013 y demás Decretos que lo modifiquen y sustituyan, y en su lugar, se aplican el preámbulo y los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y el principio

3 Fls. 3 y 7, del Anexo 13, del expediente digital. 4 Anexo 44, ídem.Sentencia de Segunda Instancia Rad. 76111-33-33-002-2022-00270-01 Jonatan Palacio Barbeti Vs Rama Judicial

constitucional de equidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de “Prescripción”, propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto y en los términos de la parte motiva de esta sentencia.

NEGAR las demás excepciones formuladas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. DESAJCLR22-1127 del 20 de abril de 2022 y RH -4551 del 28 de junio de 2022 , esta última, únicamente en lo relacionado con el señor JONATAN PALACIO BARBETTI,

identificado con CC. No. 1.115.080.216, las cuales negaron el reconocimiento con carácter salarial y prestacional de la bonificación judicial contemplada en los Decretos 383 y 384 de 2013.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada, a reliquidar y pagar en favor del señor JONATAN

PALACIO BAR BETTI, identificado con CC. No. 1.115.080.216, todas sus

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada, a reliquidar y pagar en favor del señor JONATAN

PALACIO BAR BETTI, identificado con CC. No. 1.115.080.216, todas sus prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, a partir de la fecha en que sean exigibles, atendiendo los periodos estrictamente laborados, así como también las prestaciones que se causen en adelante, incluyendo en su base de liquidación el valor correspondiente de la bonificación judicial, creada mediante los Decretos 383 y 384 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, como factor salarial.

QUINTO: DECLARAR la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al 05 de abril de 2019, conforme se expuso en las consideraciones de esta providencia.

SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia d e conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el efecto la

siguiente formula:

Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad podrá realizar los respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a la parte demandante.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: NEGAR la condena en costas conforme lo expuesto en la presente providencia.

NOVENO: RECONOCER PERSONERÍA adjetiva a la abogada Dra. DIANA

OCTAVO: NEGAR la condena en costas conforme lo expuesto en la presente providencia.

NOVENO: RECONOCER PERSONERÍA adjetiva a la abogada Dra. DIANA

CAROLINA ARGOTE DELGADO, identificada con C.C. No. 29.177.864 y T.P. No. 378.953 del C.S. de la J., para actuar en conferido”.

2.5. Recurso de apelación5

La entidad demandada presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, solicitando su revocatoria total y que, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda al considerar que no se logró probar que los actos acusados fueron expedidos con desviación de

5 Anexo 47, expediente digitalSentencia de Segunda Instancia Rad. 76111-33-33-002-2022-00270-01 Jonatan Palacio Barbeti Vs Rama Judicial

poder o violando las normas superiores en que debían fundarse.

Adicionalmente, señaló la defensa de la demandada que la excepción de inconstitucionalidad solo aplica cuando se está frente a un caso concreto donde, además de evidenciarse una abierta contradicción entre la Constitución y la norma aplicable, de no aplicarla, se generaría un perjuicio irremediable, el cual , no necesariamente se limita al campo de los derechos fu ndamentales, pues, puede afectar de manera grave, derechos patrimoniales, que no pudieran ser protegidos acudiendo al procedimiento jurisdiccional de inconstitucionalidad de una Ley ante la Corte Constitucional o de nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por la inmediatez que se requiere, por lo que acudir a esta

procedimiento jurisdiccional de inconstitucionalidad de una Ley ante la Corte Constitucional o de nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por la inmediatez que se requiere, por lo que acudir a esta figura sin que estén dados los requisitos antes señalados, se considera una invasión a las competencias del juez natural, para el caso concreto el Consejo de Estado.

Sostuvo la Dirección Seccional de Administración Judicial entidad que bajo el principio de legalidad el cual impone al servidor público someterse a la ley y al ordenamiento jurídico , rechaza la pretensión de liquidación de la bonificación judicial como parte integral del salario aplicando los artículos 334, 339 inc . 1, 346 inc . 1 y la ley 1473 de 2011, normativa relacionada con la regla fiscal. Además; el art. 150 No. 19 lit. a) y f), la ley 4 de 1992 y los decretos salariales para cada año, establecen un sistema de competencias y parámetros para fijar el régimen salarial de los servidores públicos. Limitándose la resolución demandada a la aplicación normativa enunciada teniendo en cuenta la jerarquía (Constitución, Ley y Reglamento).

Agregando que la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de la cual se encuentra revestido del Decreto 383 de 2013 y que, por expreso mandato legal, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3. Trámite procesal

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de sustanciación

salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3. Trámite procesal

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de sustanciación No. 1386 del 14 de noviembre de 2024 6 y este Tribunal lo admitió a través de auto No. 90 del 19 de febrero de 2025 7, en el que además se informó a las partes su oportunidad de pronunciarse en relación con el recurso de apelación hasta la ejecutoria del fallo y se le concedió al Agente del Ministerio Público la oportunidad de emitir concepto hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para fallo.

Dentro de la oportunidad antes señalada las partes guardaron silencio, tal como se puede advertir con la constancia secretarial de fecha 4 de marzo de 2025, visible en el índice 11, del aplicativo samai segunda instancia.

6 Archivo 049, del expediente digital. 7 Índice 5, aplicativo samai segunda instancia.Sentencia de Segunda Instancia Rad. 76111-33-33-002-2022-00270-01 Jonatan Palacio Barbeti Vs Rama Judicial

4. Consideraciones de la sala

4.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación conforme lo dispone el artículo 153 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-. De igual forma, según el artículo 328 9 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en los recursos de apelación. Ello sin perjuicio de la facultad

forma, según el artículo 328 9 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en los recursos de apelación. Ello sin perjuicio de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 187 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para resolver sobre cualquiera excepción que el fallador encuentre probada, inclusive, si no hubiese sido propuesta por el impugnante.

4.2. Actos acusados

-Resoluciones No. DESAJCLR22-1127 del 20 de abril de 2022 y RH-4551 del 28 de junio 28 2022, que determinaron negar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial.

4.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a inaplicar parcialmente por inconstitucional el artículo 1del Decreto 383 de 2013. Para tal propósito es menester esclarecer, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, si la bonificación judicial creada en la mencionada norma tiene la calidad de factor salarial para todos los efectos prestacionales de la parte demandante.

4.4. Tesis

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, al concluir que l a bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 es un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Rama Judicial que tiene carácter salarial, por ser percibida de forma habitual y periódica como contraprestación a las labores desempeñadas en la entidad, y porque además esta fue creada con el propósito de materializar la nivelación salarial dispuesta en la Ley 4 de 1992.

contraprestación a las labores desempeñadas en la entidad, y porque además esta fue creada con el propósito de materializar la nivelación salarial dispuesta en la Ley 4 de 1992.

8 Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administra tivos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. 9 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. 10 Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,

10 Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (…)”.Sentencia de Segunda Instancia Rad. 76111-33-33-002-2022-00270-01 Jonatan Palacio Barbeti Vs Rama Judicial

4.5. Marco general normativo y jurisprudencial

4.5.1. De la excepción de inconstitucionalidad

El artículo 4 de la Constitución Política preceptúa que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norm a jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. En virtud del aludido precepto, los jueces tienen la posibilidad de inaplicar normas que contraríen la norma superior, haciendo uso de la excepción de inconstitucionalidad.

Según la Corte Constitucional, el artículo 4 ibidem permite que nuestro sistema d e control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto puesto que:

“…combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de ap licar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución”11.

Además, dicho control puede ser realizado por cualquier juez, autoridad administrativa o particulares que deban aplicar una norma jurídica en una situación concreta, ya sea de oficio o a petición de parte.

Además, dicho control puede ser realizado por cualquier juez, autoridad administrativa o particulares que deban aplicar una norma jurídica en una situación concreta, ya sea de oficio o a petición de parte.

La Corte ha precisado que la norma exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida, por cuanto los efectos del control por vía de excepción son inter partes . También ha resaltado que:

“…por este hecho una norma que haya sido exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes si la norma exceptuada es constitucional o no. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Corte que las excepciones de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales, administrativas o los particulares cuando tengan que aplicar una ley, no elimina la posibilidad que tiene la corporación de realizar el control de constitucionalidad de determinado precepto”12.

En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 establece que “En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos inter partes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley”.

En sentencia T -681 de 2016, la Corte Constitucional expuso que es procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad cuando:

administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley”.

En sentencia T -681 de 2016, la Corte Constitucional expuso que es procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad cuando:

“…(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad (…);

11 Sentencias C-122 de 2011 y SU 109 de 2022. 12 Ibidem.Sentencia de Segunda Instancia Rad. 76111-33-33-002-2022-00270-01 Jonatan Palacio Barbeti Vs Rama Judicial

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de incons titucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

4.5.2. Definición de salario

El artículo 53 constitucional enuncia los principios mínimos fundamentales de rango constitucional que guían la regulación del derecho al trabajo y se erige como el pilar esencial del Estado Social de Derecho para su protección. Uno de los principios allí establecidos hace referencia a la

de rango constitucional que guían la regulación del derecho al trabajo y se erige como el pilar esencial del Estado Social de Derecho para su protección. Uno de los principios allí establecidos hace referencia a la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

Por su parte, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990, estipula que constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.

Entretanto, el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 señala que, además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recib e el empleado como retribución por sus servicios.

El Consejo de Estado ha precisado que si bien, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo no hace parte del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, su contenido se emplea como cr iterio de interpretación para determinar el alcance del concepto de salario 13. En ese sentido, dicha acepción comprende todo emolumento que devengue el servidor público de manera directa y periódica como retribución por sus servicios, con carácter oneroso y habitual.

interpretación para determinar el alcance del concepto de salario 13. En ese sentido, dicha acepción comprende todo emolumento que devengue el servidor público de manera directa y periódica como retribución por sus servicios, con carácter oneroso y habitual.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -521 de 1995, mediante la cual declaró exequibles los artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990 explicó que, si bien respecto del concepto de salario, la Constituci