CC - A105-2020

Auto 105/20 NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONALSe declara de oficio nulidad parcial, por desconocer reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto

NULIDAD CONTRA SENTENCIAS PROFERIDAS POR

SALAS DE REVISION-Reiteración de jurisprudencia NULIDAD CONTRA SENTENCIAS PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-Presupuestos formales y materiales de procedencia SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por falta de carga argumentativa CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia de Sala Plena para decretar de oficio nulidad por violación del debido proceso

Referencia: Expediente T-7.083.214

Asunto: Solicitud de nulidad contra la sentencia T-198 de 2019 promovida por el Ministerio de Educación

Nacional

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veinte (2020). La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, y los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes del proceso que originó la expedición de la Sentencia

T-198 de 2019 1.1. Carlos Manuel Bayona Hernández, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTCdesde el año 2016, es una persona de escasos recursos económicos1 que debido a su condición de estudiante puede acceder a beneficios de salud, alimentación y recreación, los cuales son fundamentales para su desarrollo personal y profesional.2 1.2. Adujo que, al ingresar a la Universidad en dicho año, la institución educativa calculó el valor de su matrícula con base en el Acuerdo 049 de 1994 -vigente para la época-. Esta norma establece dos modelos para determinar la mencionada suma de dinero. El primero, a través de la declaración de renta de los representantes legales del estudiante o de este si es independiente3. El segundo, a través de la fijación de la matrícula mediante valores de salarios mínimos mensuales legales vigentesSMMLVteniendo en cuenta la carrera4. 1.3. Señaló que, en el año 2005, la universidad accionada expidió el Acuerdo 066 de 2005, cuyo artículo 83 consagró que el cálculo del valor de la matrícula de los estudiantes de la institución universitaria se debe cuantificar, primordialmente, con base en su situación socioeconómica. Sin embargo, la universidad continuaba computando el valor de la matrícula con base en el Acuerdo 049 de 1994. 1.4. Para el cumplimiento del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, se instauró acción de cumplimiento5 pues, el Acuerdo 049 de 1994 no cumple con los mandatos del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005cálculo de la matrícula a partir de las condiciones socioeconómicas del estudiantey, por tanto, la norma del 2005 no había sido cumplida6. 1 Ingreso mensual de $280.000, folio 2 del cuaderno de primera instancia, escrito de tutela. 2 Folios 1 y ss del cuaderno de primera instancia. 3 Folio 2 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela. 4 Ídem. 5 Tribunal Administrativo de Boyacá. Acción de cumplimiento. Rad. 150012333000201600249-00.

Demandante: Helder Francisco Cipagauta. Demandado: Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia. 6 Página 2 de la sentencia de primera instancia del proceso de acción de cumplimiento expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 30 de junio de 2016. Dicha sentencia se encuentra en el CD que 1.5. Mediante sentencia del 30 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Boyacá7 accedió a las peticiones de la acción de cumplimiento. Para ello, sostuvo que a) por la fecha de vigencia, no se puede entender que el Acuerdo 049 de 1994 sea un desarrollo normativo del Acuerdo 066 de 20058; b) el Acuerdo 049 de 1994 no responde primordialmente a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes9; y c) se está ante un decaimiento de acto administrativo, pues, el Acuerdo 066 de 2005 deroga el Acuerdo 120 de 1993 el cual era el “soporte jurídico” del Acuerdo 049 de 1994. Por tal razón, ordenó reglamentar en un término de 6 meses el valor de la matrícula conforme al artículo 83

del Acuerdo 066 de 2005 y, a su vez, aplicar la nueva reglamentación al semestre lectivo siguiente a su expedición10. 1.6. Dicha providencia fue impugnada por la accionada, la cual fue resuelta por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 15 de septiembre de 201611, quien modificó el ordinal segundo, revocó el ordinal tercero y confirmó lo demás de la providencia de primera instancia12. Por tal motivo, ordenó a la UPTC que en un término no mayor a seis meses cumpliera con lo establecido en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 200513. 1.7. La decisión fue objeto de solicitud de aclaración por parte de la UPTC, con el fin de precisar si la reglamentación del artículo 83 del obra a folio 10 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela. 7 Folio 10 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela. 8 Ídem. 9 Ídem. 10 Ídem. 11 Ídem. 12 La parte resolutiva de la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo – Sección Quinta es la siguiente: “PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia dictada el 30 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual quedará así: ORDENAR a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia “UPTC” que, en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, dé cumplimiento al contenido del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 para lo cual deberá establecer los valores de cobro

de matrícula de todos los programas académicos atendiendo, prioritariamente, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero del fallo recurrido, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

13 Páginas 13 y 14 de la sentencia de segunda instancia del proceso de acción de cumplimiento expedida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta el 15 de septiembre de 2016. Dicha sentencia se encuentra en el CD del folio 10 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela. Acuerdo 066 de 2005 debe ser aplicada indistintamente a los estudiantes antiguos y a los nuevos, o únicamente a estos últimos14. Sin embargo, mediante el auto del 13 de septiembre del 2016, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta denegó la petición de aclaración del fallo, pues: i) no se trataba de aspectos contenidos en la parte resolutiva del fallo15 y; ii) el estudio se limitó a establecer si la norma contenía un mandato claro, expreso y exigible en cabeza del accionado y no a interpretar o establecer el alcance de su contenido normativo16. 1.8. Por lo anterior, la UPTC expidió el Acuerdo 067 de 201717, en el que reglamentó el método para identificar el valor de la matrícula de los estudiantes admitidos a partir del primer semestre académico del año

2018 de las carreras de pregrado conforme a su situación socioeconómica, de acuerdo con el artículo 2 de dicho Acuerdo.18 1.9. Como consecuencia de lo anterior, al encontrarse excluido del ámbito de aplicación establecido en el artículo 2 del Acuerdo 067 de 2017, la Universidad calculó el valor de la matrícula por $2.109.353.00, sin tener en cuenta su situación socioeconómica lo que le impide su acceso a la educación con ocasión del costo elevado de la matrícula. Contra esta determinación, Carlos Manuel Bayona presentó acción de tutela, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al debido proceso administrativo y al mínimo vital.

2. Decisiones de los jueces de tutela

a. Sentencia de primera instancia En sentencia del 31 de julio de 2018, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja amparó los derechos fundamentales del accionante. Aun cuando consideró que la UPTC no vulneró el derecho al 14 Página 4 del auto que resuelve la aclaración de la sentencia expedido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta el 13 de septiembre de 2016. Dicho auto se encuentra en el CD del folio 10 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela. 15 Folio 10 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela. 16 Ídem. 17 Acuerdo 067 de 2017 “Por el cual se establece la metodología para el Cálculo del Valor de la Matrícula en los programas académicos de pregrado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.” Expedido el 7 de diciembre de 2017.

18 Acuerdo 067 de 2017. Artículo 2.- “COMPONENTES. El valor de pago de la matrícula de los programas académicos de pregrado de los admitidos a partir del Primer Semestre Académico del año dos mil dieciocho (2018), será liquidado de acuerdo con el Índice Socio-Económico (ISE), que contiene tres componentes: variables de condición socioeconómica, excepciones y atenuantes, de acuerdo con lo ordenado por la Sala de Decisión N° 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá en audiencia de fecha 7 de diciembre de 2017.” debido proceso por cuanto la aplicación de la liquidación de la matrícula del accionante se realizó a través de la ultractividad de las normas que regían la materia con anterioridad a la expedición del Acuerdo 067 de 2017 (Acuerdo 049 de 1994)19. Consideró que la liquidación de la matrícula realizada al accionante por parte de la universidad no correspondía a los estándares establecidos por el Acuerdo 067 de 201720, para la liquidación de matrículas académicas con base en la situación socioeconómica de los estudiantes. En ese sentido, constató que el accionante es una persona en situación de vulnerabilidad económica y, por tanto, los argumentos de la UPTC con respecto a la autonomía universitaria y la irretroactividad de los actos administrativos desconocen los derechos fundamentales del accionante y, además, el contenido normativo del artículo 83 del Acuerdo 066 del 200521, pues el valor de la matrícula no refleja la condición socioeconómica del peticionario22. Como consecuencia de lo anterior, el juez ordenó la inaplicación del

Acuerdo 049 de 1994 por ser inconstitucional y, por tanto, que debía aplicarse, para el caso concreto, el Acuerdo 067 de 201723. En cumplimiento de la orden de reliquidación del valor de la matrícula con base en el Acuerdo 067 de 2017, la Universidad accionada expidió el recibo de matrícula por el valor de $251.860. b. Sentencia de segunda instancia El 11 de septiembre del 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Sala Civil-Familiarevocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja el 31 de julio de 201824. Consideró que el accionante no alegó la ilegalidad del Acuerdo 067 de

2017. En ese sentido, no le corresponde al juez constitucional, en principio, evaluar su validez. Asimismo, aseveró que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la aplicación del test de ponderación o juicio de razonabilidad entre el Acuerdo 067 de 2017, el derecho a la

19 Folio 84 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela. 20 Ídem. 21 Folio 84 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela. 22 Ídem. 23 Folios 84 y 85 del cuaderno de primera instancia del trámite de tutela. 24 Folio 10 del cuaderno de segunda instancia del trámite de tutela. educación, la igualdad, la estabilidad financiera y la autonomía de la institución universitaria, por dicha razón, revocó la decisión de tutela de primera instancia25.

3. La sentencia T-198 de 2019

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la educación, al debido proceso administrativo, a la igualdad y al mínimo vital de Carlos Manuel Bayona Hernández26. Frente a la vulneración a los derechos fundamentales a la educación -en su faceta de accesibilidad y adaptabilidady a la igualdad, la Corte consideró que, en primer lugar, del ámbito de aplicación normativa del Acuerdo 067 de 2017 se evidencian dos sujetos de comparación27. El primero, los estudiantes inscritos con anterioridad al primer semestre lectivo del año 2018; el segundo, aquellos estudiantes que se inscribieron a las carreras universitarias ofrecidas por la universidad accionada desde el primer semestre del año 201828. Conforme al artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017, la diferencia que existe entre los sujetos de comparación para la aplicación del cálculo de las matrículas con base en la situación socioeconómica se basa en la temporalidad de la medida, en otras palabras, el criterio de comparación es el tiempo. En ese sentido, la Corte precisó que el tiempo constituye una medida efectiva para crear tratos diferenciados entre los miembros de la comunidad académica. En efecto, la sentencia consideró que las instituciones universitarias pueden adecuar contenidos curriculares, reconfigurar decisiones administrativas u otras actividades que, en el marco de la autonomía universitaria, consideren necesarias para cumplir con su objeto social. Asimismo, la temporalidad de las matrículas faculta a las instituciones educativas para tratar a la comunidad académica de manera diferenciada,

siempre y cuando exista una razón suficiente que justifique la diferenciación, y se respeten ciertos marcos y motivos establecidos en la Constitución y la Ley. Por lo anterior, la Sala Novena encontró que el criterio de comparación, para la protección prima facie del principio de autonomía universitaria se 25 Folios 9 y 10 del cuaderno de segunda instancia del trámite de tutela. 26 Corte Constitucional. Sentencia T-198 de 2019. 27 Corte Constitucional. Sentencia T-198 de 2019. 28 Corte Constitucional. Sentencia T-198 de 2019. enmarca en un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes. A partir de la adecuación de la relación fáctica, verificó si la diferenciación estuvo argumentada. En ese orden, encontró que la justificación hizo referencia a la potestad de configuración de la Universidad producto del principio de autonomía universitaria, el cumplimiento de las providencias judiciales, el proceso de cumplimiento de la sentencia y el contenido del estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia con el cual se basó la institución accionada para calcular el valor de las matrículas conforme a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, lo que originó el Acuerdo 067 de

2017. Así, describió que no existe una alusión específica a la razón por la cual la metodología del cálculo del valor de las matrículas con base en las condiciones socioeconómicas no le es aplicable a los estudiantes inscritos

con anterioridad al primer periodo del año 2018. De esta manera, el tratamiento establecido en el artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017 en torno a la diferenciación de la temporalidad carecía de razonabilidad29, básicamente porque la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no asumió carga argumentativa alguna que soportara la necesidad de distinguir, en su aplicación, entre los estudiantes matriculados en primer semestre en el primer periodo del 29 Como ha explicado la jurisprudencia constitucional, “la razonabilidad es una garantía o una defensa de los derechos de las personas y los ciudadanos frente al poder público”, que tiene al menos tres acepciones: “a. La razonabilidad como un modo especial de razonar en el derecho Desde esta perspectiva, la razonabilidad tiene que ver con la motivación de las decisiones de las autoridades, como fundamento de su legitimidad; una motivación razonable debe incorporar, entre otros, los siguientes criterios: (i) el respeto por aspectos básicos del entendimiento humano, como los principios de identidad y no-contradicción; (ii) la coherencia, es decir, el ajuste de la decisión a principios básicos del ordenamiento jurídico; (iii) el deber de encontrar fundamento en normas –reglas y principios– del derecho vigente; (iv) la consideración de las consecuencias normativas de la decisión; y (v) la exigencia de que el operador jurídico considere que su decisión es universabilizable (es decir, que esté dispuesto a aplicarla siempre que se den supuestos iguales). Todo lo anterior, (vi) con el fin de que la decisión sea aceptable dentro de un sistema jurídico determinado y, aspirar al acuerdo de un

auditorio universal. // b. La razonabilidad como herramienta de protección del principio de igualdad. Desde el punto de vista del principio y derecho a la igualdad, la razonabilidad responde a la regla básica de justicia consistente en dar un trato igual a las situaciones iguales, y a la de fundar todo trato diferenciado en razones que expliquen, desde un punto de vista relevante, las distinciones que una decisión pública impone entre distintos ciudadanos. // En este marco, es importante recordar que, en la medida en que las personas se entienden jurídicamente iguales –en consideración, dignidad y derechos– la carga de explicar el trato diferenciado se encuentra en cabeza de la autoridad que lo impone. // c. La razonabilidad como interdicción de la arbitrariedad Desde este punto de vista, la razonabilidad se refiere a la existencia de un principio de razón suficiente (constitucionalmente válida) para la adopción de una decisión. Asimismo, recuerda que un Estado Constitucional de Derecho se caracteriza porque su estructura y las funciones de las autoridades persiguen, siempre, la garantía de los derechos fundamentales y los demás principios constitucionales; y no en la arbitrariedad y el capricho.” Al respecto, Cfr. S.V. Diana Fajardo Rivera, Sentencia T-091 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido. año 2018 y aquellos que, como el actor, fueron inscritos con anterioridad a esta fecha. Por otra parte, la Sala consideró que se vulneró el principio de igualdad. Ello en atención a que no se justificó el tratamiento diferenciado entre los estudiantes matriculados con anterioridad al segundo semestre del año 2017 y aquellos que fueron matriculados a partir del primer semestre del

año 2018; y, a su vez, estas cargas desiguales no fueron atendidas a través de medidas tales como la creación de un régimen de transición que alivianara las cargas desproporcionadas que generan el desigual tratamiento injustificado. Si el objeto de la medida aplicaba únicamente a los estudiantes inscritos al primer semestre de las carreras universitarias ofrecidas por la institución educativa del primer periodo del año 2018, la universidad accionada debió incluir en el Acuerdo 067 de 2017 un régimen de transición que cobijara a los estudiantes inscritos y admitidos en la universidad hasta el segundo periodo lectivo del año 2017, lo cual no hizo. Por el contrario, además de no configurar el régimen de transición, el Acuerdo 067 de 2017, en su artículo 18, previó que “Para los estudiantes matriculados, admitidos e inscritos en programas académicos de pregrado de la UPTC hasta el segundo semestre de 2017, que soliciten transferencias internas, conservarán los valores de liquidación de los sistemas vigentes antes de la presente reglamentación y dependerá del programa académico que aplique.” Por tal motivo, al no preverse un régimen de transición que permitiera la adecuación del valor de las matrículas conforme a la situación socioeconómica de los estudiantes inscritos a las carreras ofrecidas por la institución educativa hasta el segundo periodo del año 2017 y, a su vez, establecer que los estudiantes de dicho periodo conservarían los valores de liquidación vigentes con anterioridad al Acuerdo 067 de 2017, la Sala Novena de la Corte Constitucional observó que dicha exclusión constituye un tratamiento injustificado, pues no evalúa otras alternativas

que permitan a los estudiantes excluidos acceder a los beneficios de liquidación de la matrícula conforme a su situación socioeconómica. Asimismo, la remisión normativa del artículo 18 del Acuerdo 067 de 2017 a los sistemas vigentes de cálculo de matrículas con anterioridad a su expedición -Acuerdo 049 de 1994-, de acuerdo con las sentencias expedidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá y la Sección Quinta del Consejo de Estado, estaba en contra del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005, por tanto, su remisión no cumplía con lo ordenado por las corporaciones judiciales que habían resuelto el trámite de acción de cumplimiento. Finalmente, la Sala estableció que dicha diferenciación vulnera las facetas de accesibilidad y adaptabilidad del núcleo irreductible del derecho a la Educación. En efecto, aun cuando, en virtud del principio de autonomía universitaria, la institución educativa accionada puede configurar sus estatutos y diferenciar su aplicación a la comunidad académica bajo criterios de temporalidad, dicho criterio no podía ser utilizado para desconocer los contenidos mínimos de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, entre ellos, los derechos a la igualdad y principalmente a la educación. Así, por una parte, los contenidos de la accesibilidad implican que la educación deba estar al alcance de todos y todas y, por otra parte, los contenidos de la adaptabilidad conllevan que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y, además, a garantizar la continuidad del servicio. Estas facetas obligaban a la institución educativa accionada a que calculara el valor de las matrículas conforme a las condiciones

socioeconómicas de la totalidad de sus estudiantes en virtud del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005. En ese sentido, aun cuando, de manera preliminar, el tiempo sea una condición de diferenciación que permitiera en virtud de la autonomía universitaria administrativa, diferenciar la aplicación de sus normas, en el presente caso, la temporalidad no era un argumento constitucionalmente válido que le hubiera permitido calcular el valor de la matrícula a un sector de los estudiantes con base en sus condiciones socioeconómicas, pues ello implicaría sostener que, en virtud del carácter temporal de las normas, se puede limitar la vigencia de los derechos fundamentales. Por lo anterior, al haberse establecido una justificación sobre la diferencia entre los estudiantes inscritos en la UPTC hasta el segundo periodo del año 2017 y los estudiantes inscritos al primer semestre lectivo del año 2018 y, asimismo, al haberse omitido la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, la Sala Novena de la Corte Constitucional consideró que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante el Acuerdo 067 de 2017, vulneró los derechos fundamentales a la educación e igualdad del señor Carlos Manuel Bayona Hernández, por cuanto dicho acto administrativo debió aplicarse al accionante sin diferenciación de tiempo alguna. Esta diferenciación injustificada y, por tanto, la omisión de acudir a la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar el artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017 y, en su lugar, calcular el recibo de pago con base en lo previsto en el artículo 83 del Acuerdo 065 de 2005, vulneró, además, el derecho fundamental al mínimo vital del demandante, por

cuanto el costo de la matrícula fue calculado por un valor que no corresponde a su realidad socioeconómica. En este punto, la Sala constató que sus ingresos mensuales son de $280.000, razón por la que le resultaría prácticamente imposible cancelar el valor de su matrícula semestral ($2.109.353.00). Incluso, al perder su calidad de estudiante, se vería privado del sistema de bienestar universitario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tales como alimentación y recreación, que resultan indispensables para su desarrollo personal. Sobre la violación al debido proceso administrativo, la Sala concluyó que la misma se había presentado en atención a que, extender en el tiempo los efectos del la Acuerdo 049 de 1994 resultaba improcedente en el presente caso, pues, como se sostuvo en el procedimiento de la acción de cumplimiento, el Acuerdo 049 de 1994 no establecía el criterio de liquidación del valor de la matrícula conforme a la situación socioeconómica de los estudiantes;30 en otras palabras, no le era aplicable de manera ultractiva dicha norma (Acuerdo 049 de 1994) al accionante, por cuanto su sistema de cálculo del valor de las matrículas no respondía primordialmente a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, pues tal sistema fue previsto en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 y posteriormente desarrollado en el Acuerdo 067 de 2017. Además de lo anterior, la Sala afirmó que la UPTC desconoció las órdenes de la sentencia de cumplimiento expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. En efecto, el Tribunal

Administrativo de Boyacá había considerado que, frente a la regulación del cálculo del valor de las matrículas establecida en el Acuerdo 049 de 1994, había operado la figura del decaimiento de acto administrativo, y que el Acuerdo 066 de 2005 ordenó calcular el valor de las matrículas con base en la situación socioeconómica de los estudiantes. 30 Tribunal Administrativo de Boyacá. Sala de Decisión Nº 1. Rad. 150012333000201600249-00. Sentencia del 30 de junio de 2016. CP. Fabio Iván Afanador García. En dicha sentencia, el Tribunal Administrativo sostuvo que “El Acuerdo Nº 049 de 1994 y el Acuerdo Nº 066 de 2005, son diferentes en su contenido y parámetros, de tal suerte que no se puede decir que el primero sea consecuencia del segundo, puesto que mientras el Acuerdo 066 establece una condición imperante o prevaleciente para el cobro de la matrícula como lo es la condición socioeconómica de la población estudiantil, el Acuerdo 049 prevé 2 métodos o sistemas de liquidación de los derechos de matrícula sin que atienda tal circunstancia de manera prioritaria. En otras palabras, no existió reproducción de normas entre los dos acuerdos, y se presenta la llamada incompatibilidad de normas, además de que el estatuto general de la UPTC es expedido con posterioridad al Acuerdo 049.” De manera que, al diferenciar temporalmente entre quienes fueron matriculados en las diferentes carreras con anterioridad al primer semestre lectivo del año 2018, y los que se inscribieron con posterioridad a dicha fecha, la Universidad incumplió injustificadamente el artículo 83

del Acuerdo 066 de 2005, pues ni las sentencias de la acción de cumplimiento, ni el acuerdo 066 mismo, establecieron ningún criterio de diferenciación en la orden de cálculo del valor de las matrículas con base en el criterio de la situación socioeconómica de los estudiantes. Finalmente, sobre la vulneración al principio de autonomía universitaria, la Sala estimó que el mismo no se veía afectado al igual que el principio de la estabilidad económica. Lo anterior, por dos razones. La primera, debido a que la Universidad expidió el Acuerdo 066 del 2005, el cual expresamente establece la obligación de calcular el valor de las matrículas académicas de los programas de pregrado, primordialmente, con base en las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. En ese sentido, la universidad, desconoció sus propios estatutos, lo cual no hace parte del principio de autonomía universitaria, como afirma la accionada, pues este mandato no conlleva a que las instituciones educativas vulneren o desconozcan sus propias normas o directrices internas. La segunda, respecto a la estabilidad económica, la Universidad accionada alegó que la aplicación del Acuerdo 067 de 2017 puede generar, eventualmente, inconvenientes a los estudiantes, pues su aplicación incrementaría el valor de las matrículas a una parte de los estudiantes. La Sala consideró que este argumento no es de recibo, pues el incremento de las matrículas con base en la reliquidación bajo el modelo adoptado en el Acuerdo 067 de 2017 implica una expresión del principio de igualdad donde cada estudiante cancelará el valor de su matrícula conforme a su situación socioeconómica real y actual. Por

tanto, además de ser una expresión del principio de igualdad, lo alegado por la Universidad es uno de los efectos de la aplicación del modelo de cálculo del valor de la matrícula establecido en el Acuerdo 067 de 2017. Por tal motivo, la Sala Novena de la Corte Constitucional resolvió: “PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja, Sala de Decisión Civil-Familia, por medio de la cual negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, a la educación, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de Carlos Manuel Bayona Hernández en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- ORDENAR a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que, dentro del término de setenta y dos horas (72) siguientes a la notificación de la presente providencia, en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, inaplique el artículo segundo del Acuerdo 067 de 2017, recalcule el valor de la matrícula solicitada por el accionante para el periodo académico 2019-1 y aplique, en lo sucesivo, el criterio de situación socioeconómica previsto en el Acuerdo 066 de 2005 y desarrollado en el Acuerdo 067 de 2017, para efectos de liquidar en los períodos subsiguientes la matrícula académica de Carlos Manuel Bayona Hernández. TERCERO.- ORDENAR al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para que, de acuerdo con

los procedimientos fijados en sus estatutos, en