CC - A151-2020

Auto 151/20 CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia excepcional para promover cumplimiento de sus sentencias y dar trámite a incidente de desacato

SALA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sentencia T-025 de 2004

La Sala conoce de aquellas peticiones de apertura de incidente de desacato que guarden una relación inescindible con un bloqueo institucional o práctica inconstitucional que obstaculice la superación del ECI.

BLOQUEO INSTITUCIONAL INCONSTITUCIONAL-Configuración

INCIDENTE DE DESACATO-Aspectos sustanciales y procesales/INCIDENTE DE DESACATO-Legitimación/INCIDENTE DE DESACATO-Improcedencia para el caso Referencia: Solicitud de apertura de incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden tercera del Auto 004 de 2009 y de las órdenes primera y cuarta del Auto 266 de 2017, en relación con la garantía del derecho a la etnoeducación de los pueblos indígenas del Cauca. Bogotá D.C., veintisiete (28) de abril de dos mil veinte (2020). En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, integrada por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero, y por las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, profiere el presente auto.

Dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y a los Autos 004 de 2009 y 266 de 2017, el Consejero Mayor y Representante Legal del Consejo Regional Indígena del Cauca (en adelante el “CRIC”) solicitó a la Sala Especial dar inicio al trámite de un incidente de desacato en contra de la Ministra de Educación Nacional, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Director del Departamento Nacional de Planeación (“DNP”), de la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (“ICBF”), y del Gobernador y el Secretario de Educación del Departamento del Cauca, por el presunto incumplimiento de la 2 orden tercera del Auto 004 de 20091 y de las órdenes primera y cuarta del Auto 266 de 20172. Lo anterior, como consecuencia de la situación de emergencia educativa declarada por las comunidades indígenas del Departamento del Cauca. La Sala Especial de Seguimiento procede a resolver la petición elevada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

I.

A. Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado y competencia de la Sala Especial de Seguimiento

I.

1. Por medio de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, como consecuencia de la vulneración grave, masiva y sistemática de los derechos fundamentales de las personas víctimas del desplazamiento. Esto, debido principalmente a la precaria capacidad

institucional del Estado para atender a dicha población y a la insuficiente apropiación de recursos para tales efectos. II.

2. En tal virtud, esta Corporación mantiene la competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el cual dispone que “el juez (…) mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. Lo anterior, con la finalidad de verificar que las entidades y organismos competentes adopten las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos de las personas víctimas del desplazamiento forzado.

B. Medidas adoptadas para proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional

I.

3. Mediante Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional adoptó medidas de carácter cautelar para la protección de los pueblos indígenas sobre los que constató un grave riesgo de exterminio físico y cultural, como consecuencia del impacto agudo y desproporcionado del desplazamiento forzado y el incumplimiento de los deberes de prevención y protección del Estado.

II.

III. Dentro de las medidas ordenadas, la Corte dispuso la formulación e implementación de un plan de salvaguarda étnica ante el conflicto y el

1 Concretamente, esta Corporación ordenó al Gobierno Nacional formular e implementar un Plan de Salvaguarda Étnica para la protección de los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

2 En la orden primera de esta providencia, la Sala Especial declaró la persistencia del ECI frente a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes afectadas por el desplazamiento o en riesgo de estarlo. Por su parte, en la orden cuarta del mismo auto, la Sala Especial ordenó al Gobierno Nacional evaluar la dimensión del esfuerzo presupuestal necesario para cumplir con los mandatos proferidos por esta Corporación en los Autos 004 y 005 de 2009, 382 de 2010, 174 de 2011, 045, 173, 299 de 2012 y 073 de 2014; determinar el ritmo con el cual darán cumplimiento a estas obligaciones; precisar las fuentes y los mecanismos de consecución de los recursos, al igual que los respectivos componentes en los cuales se van a ejecutar y; prever un plan de contingencia en el evento de que los mecanismos y fuentes de recursos inicialmente designados sean insuficientes para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas. 3 desplazamiento para cada uno de los 36 pueblos identificados en esta providencia3, con el propósito de: (i) prevenir el desplazamiento; (ii) anticipar o reaccionar a las restricciones a la movilidad; (iii) atender a las comunidades desplazadas desde una perspectiva étnica de sus derechos; (iv) responder a las actividades o conductas delictivas vinculadas al desplazamiento; y (v) evitar el exterminio físico y cultural de las etnias amenazadas4. IV.

4. Posteriormente, en el Auto 266 de 2017, la Sala Especial de Seguimiento

realizó una nueva evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del ECI en el marco de las órdenes proferidas para la protección de los pueblos indígenas y concluyó que, pese a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, estas no lograron contener los riesgos que afrontan los grupos étnicos en sus territorios, ni atendieron de manera eficaz a sus comunidades cuando fueron desplazadas, situación que mantiene la vulneración masiva y sistemática de sus derechos a la autonomía, a la identidad cultural y al territorio. En particular, la Corte llamó la atención sobre la desarticulación entre las autoridades competentes para formular e iniciar la implementación de los planes ordenados en el Auto 004 de 2009. V.

VI. En esta providencia, se ordenó al Gobierno Nacional que: (i) evaluara la dimensión del esfuerzo presupuestal necesario para cumplir con las órdenes emitidas en los pronunciamientos proferidos en favor de los pueblos étnicos, así como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los decretos ley étnicos5; (ii) definiera el ritmo con el cual darían cumplimiento a dichas obligaciones; (iii) precisara las fuentes y los mecanismos de consecución de los recursos; y (iv) presentara un plan de contingencia en caso de que los mecanismos y fuentes inicialmente definidos no fueran suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones estatales6.

VII.

5. En síntesis, en relación con las etnias señaladas en la solicitud de apertura de incidente de desacato del presente caso, la Corte ordenó la formulación e implementación de los Planes de Salvaguarda para los pueblos

Nasa, Misak7, Yanacona, Kokonuko, Inga, Totoroez, Siapedara (Auto 004 de 3 Los pueblos identificados en el Auto 004 de 2009 son: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katio, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sikuani, NükakMakú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva. Posteriormente, mediante Auto 382 de 2010, la Sala Especial de Seguimiento hizo extensivas las medidas ordenadas en el Auto 004 de 2009 a los pueblos Hitnú y Macaguán. 4 Corte Constitucional. Auto 004 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Orden tercera. 5 Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. 6Corte Constitucional. Auto 266 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Orden cuarta. 7 En el Auto 004 de 2009, la Corte se refirió al pueblo Guambiano; no obstante, en el marco de la formulación del plan de salvaguarda respectivo, se autorreconoció 4 2009); y Kisgó (Auto 266 de 2017). VIII. En estos pronunciamientos, la Sala Especial de Seguimiento no profirió órdenes

concretas en relación con los pueblos Polindara y Ambaló. No obstante, la Corte Constitucional advirtió que esta medida no es exclusiva de los pueblos identificados en dicha providencia. En efecto, esta Corporación precisó que la lista de pueblos en situación crítica no se agotaba con las etnias señaladas en el Auto 004 de 2009, debido a que, en ese momento, no se tenía información suficiente para referirse adecuadamente a la situación de todos los pueblos en riesgo de exterminio8. IX.

C. Contenido de la solicitud elevada por el Consejo Regional Indígena del

Cauca I.

6. El Consejero Mayor y Representante Legal del CRIC solicitó a esta Corporación dar apertura a un incidente de desacato en contra de la Ministra de Educación Nacional, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Director del DNP, de la Directora del ICBF, del Gobernador y del Secretario de Educación del Departamento del Cauca, debido al presunto incumplimiento de las órdenes proferidas en los Autos 004 de 2009 y 266 de

2017. II.

7. En concreto, el peticionario señaló que, los diez pueblos indígenas del Cauca (Nasa, Yanakona, Siapidara, Inga, Kisgó, Totoroez, Kokonucos, Misak, Ambaló y Polindara) son beneficiarios de una orden de protección y salvaguarda proferida por la Corte Constitucional que no es observada por las instituciones con competencia en la garantía del derecho a la educación propia.

En consecuencia, el CRIC declaró la “Emergencia de la Educación Propia en los Territorios Indígenas del Cauca”9 y solicitó a la Sala Especial de Seguimiento dar trámite a un incidente de desacato por el incumplimiento de las órdenes asociadas a la formulación e implementación de los planes de salvaguarda étnica para los pueblos indígenas del Cauca (ordenes tercera y octava de los Autos 004 de 2009 y 266 de 2017, respectivamente)10. III.

8. En la petición allegada, el CRIC advirtió que las actuaciones de las instituciones referidas desconocen el contenido del derecho a la educación propia que tienen los pueblos étnicos, por lo cual, vulneran el proyecto de vida de las etnias sobre las cuales la Sala Especial de Seguimiento ordenó la formulación e implementación de los mencionados planes. como Misak o Wampiano. Autoridades Un Nakchak y Ministerio del Interior. Plan de Salvaguarda para el Pueblo Misak “recuperar la tierra para recuperarlo todo”.

2013. Pág. 8. 8 Cfr. Corte Constitucional. Auto 004 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Anexo 9 Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC – Autoridad Tradicional. “Emergencia de la Educación Propia de los Pueblos Indígenas del Cauca”. 10 Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Resolución No 02 de 2019. Consideración 11. Pág. 4. 5 IV.

D. Trámite procesal

I.

9. Mediante Auto 072 de 2019, la Sala Especial de Seguimiento dio trámite a la solicitud presentada por el CRIC y la remitió a la Ministra de Educación Nacional, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Director del DNP, la Directora del ICBF, al Gobernador y al Secretario de Educación del Departamento del Cauca con el propósito de que: (i) se pronunciaran acerca de las afirmaciones formuladas por el peticionario; (ii) acreditaran las acciones y medidas adoptadas en cumplimiento de los Autos 004 de 2009 y 266 de 2017; y (iii) expusieran los obstáculos identificados que inciden en el cumplimiento de las órdenes referidas.

II.

10. De igual manera, en consideración a que, en el escrito presentado por el CRIC se presentaron denuncias relacionadas con el presunto incumplimiento de mandatos legales, se remitió la petición al Procurador General de la Nación y al Contralor General de la República para que, en el marco de sus competencias, analizaran las situaciones expuestas por el peticionario y, de ser el caso, adelantaran las investigaciones a que hubiera lugar.

III.

E. Respuestas de las instituciones requeridas

I.

11. A continuación, esta Sala expondrá brevemente el contenido de los informes remitidos por las instituciones del nivel nacional en respuesta a los requerimientos formulados en el Auto 072 de 2019. Las autoridades territoriales no remitieron la información requerida por esta Corporación.

II.

1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

III.

12. En primer lugar, la entidad destacó que, como consecuencia de la

emergencia educativa declarada, se adelantó una reunión entre el Ministerio, las autoridades del CRIC y la Secretaría de Educación Departamental del Cauca, en la que se acordó que, durante el año 2019, la cartera de educación aportaría hasta el 88% de la tipología asignada por cada niño, lo que representa una inversión de COP$9.186 millones para la atención completa de 25.978 estudiantes. En razón a esta inversión, de acuerdo con el informe, la emergencia educativa cesó, en tanto que, la prestación del servicio educativo fue reestablecida. A su vez, el Ministerio precisó que la destinación presupuestal tuvo un incremento anual de COP$69.450 millones en 2018, a COP$78.636 millones en 2019. IV.

13. De igual forma, el Ministerio señaló que realiza un acompañamiento a los Proyectos Educativos de los pueblos indígenas asentados en el Departamento del Cauca, a través de un proceso de formulación, diseño e implementación de modelos etnoeducativos y comunitarios.

V.

14. Por otra parte, desde el año 2015 hasta la actualidad, el Ministerio de Educación, en conjunto con los pueblos indígenas representados por la

Organización Nacional en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación 6 para la Educación de los Pueblos Indígenas avanzan en la construcción de la política pública que incorporará al ordenamiento jurídico colombiano el Sistema Educativo Indígena Propio, en el cual el CRIC tiene una participación activa y constante. VI.

VII. En el escrito, el Ministerio indicó que, el CRIC suscribió nueve (9)

contratos de administración de la atención educativa con la Secretaría de Educación del Cauca, entre los años 2011 a 2019. Su aplicación tuvo cobertura para 315.220 estudiantes, con un presupuesto de COP$354.338.171.494 que corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones. Asimismo, el CRIC suscribió siete (7) contratos de administración de la atención educativa con la Secretaría de Educación, entre los años 2012 a 2018. Con ellos fueron atendidos 3.387 estudiantes, con un presupuesto de COP$5.193.769.286, que también corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones. VIII.

15. La cartera asegura así que dio cumplimiento a lo ordenado en el Auto 266 de 2017.

IX.

16. En cuanto a los obstáculos identificados para ejecutar las órdenes, consideró como principal dificultad los conflictos entre las comunidades, que impiden el cabal cumplimiento del enfoque educativo diferencial. Estos conflictos, indicó la entidad, generan disputas inter e intraculturales.

1. Respuesta del Departamento Nacional de Planeación

X.

17. La entidad remitió un escrito, y presentó como anexo cuatro (4) informes de los meses de febrero, mayo, agosto y diciembre de 2018, enviados previamente a esta Sala Especial de Seguimiento, relativos al balance de cumplimiento del Auto 266 de 201711.

18. En relación con la gestión de cumplimiento a la orden tercera del Auto 004 de 200912, el DNP señaló que este mandato no está dirigido a dicha entidad, no obstante, indicó que realiza un acompañamiento a las entidades que solicitan apoyo técnico. En este mismo sentido, resaltó que, en el marco de

dicho apoyo, advierte a las entidades del orden nacional, durante el proceso de construcción del presupuesto nacional, sobre la importancia de incluir, en el ejercicio de apropiación presupuestal, un espacio para la atención de las personas víctimas del desplazamiento forzado.

19. En cuanto al cumplimiento del Auto 266 de 2017, el DNP informó que el 11 Por mandato de la Corte, el DNP presentó los siguientes informes durante el 2018: Evaluación Presupuestal para el Cumplimiento de las Obligaciones con la Población Desplazada Étnica. Febrero de 2018; Informe en respuesta al Auto 266 del 2017. Mayo 2018; Informe orden tercera y cuarta del Auto 266 del 2017. Tercer Informe Trimestral. Agosto de 2018; Segundo Informe de la orden tercera y cuarto informe de la orden cuarta del Auto 266 de 2017. Diciembre de 2018. 12 Según se indicó previamente, ordena la formulación e implementación de los planes de salvaguarda.

7 Gobierno Nacional realizó un cálculo de los costos relacionados con las medidas de identidad cultural y gobierno propio de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes víctimas del desplazamiento forzado. De acuerdo con esto, el presupuesto requerido para ello, es de 41,34 mil millones de pesos constantes de 2017, según información suministrada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura. XI.

20. Por otra parte, en relación con el ritmo de cumplimiento de las obligaciones, el informe destacó que, corresponde a las entidades elaborar su

anteproyecto presupuestal, y en ese sentido, incluir y priorizar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional, en concordancia con el marco de gestión de mediano plazo. XII.

1. Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

XIII.

21. Esta cartera argumentó que, en relación con el Auto 004 de 2009, esta entidad no tenía una orden particular a cumplir, razón por la cual no podría acreditar acciones y medidas adoptadas.

XIV.

22. Sin embargo, indicó que, desde la cartera de hacienda se ejecutó lo ordenado en el Auto 266 de 2017. Lo anterior, se sustenta en: (i) las competencias generales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el proceso de construcción y ejecución del Presupuesto General de la Nación; (ii) el principio de ejecución y autonomía presupuestal que rige el funcionamiento estatal; (iii) las acciones y medidas adoptadas en cumplimiento de los autos; y

(iv) los obstáculos identificados que inciden en la efectividad de las órdenes.

23. La entidad aclaró que, las funciones que le corresponden tienen como objetivo la definición, formulación y ejecución de la política económica del país, así como la preparación de las leyes, decretos y normas regulatorias en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia. No obstante, esta entidad carece de capacidad de ejecución de proyectos, y no cuenta con la facultad de definir las tipologías ni los costos de la canasta

educativa. XV.

24. En este sentido, corresponde a cada entidad solicitar una asignación presupuestal, mediante la presentación de un anteproyecto de presupuesto, el cual debe ser concordante con los parámetros normativos que rigen el funcionamiento fiscal del Estado. Con base en estos anteproyectos, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público elabora el proyecto de presupuesto que se presenta al Congreso de la República para su aprobación.

XVI.

25. El Ministerio señaló que, una vez se expide la Ley de Presupuesto, cada órgano goza de autonomía presupuestal la cual supone la posibilidad de disponer, en forma independiente, de los recursos aprobados.

XVII.

26. En cuanto a la orden cuarta del Auto 266 de 2017, el Ministerio 8 mencionó que, participó, desde sus competencias, en la construcción de los cuatro (4) informes presentados a esta Corporación, y remitió a la Unidad para las Víctimas (entidad que consolidó y presentó los informes) la proyección del esfuerzo presupuestal requerido para dar cumplimiento a las órdenes de la Sala Especial.

XVIII.

27. Finalmente, en relación con los aspectos que dificultan la efectividad de la materialización de las órdenes impartidas, aludió a dos factores: por una parte, la determinación de un universo cierto de víctimas, dado que éste puede variar, lo que llevaría a una modificación en el costo de la política y en el tiempo; y, por otra, que cada entidad nacional goza de autonomía en la ejecución presupuestal, así como en la priorización de la población por

atender, lo que impide determinar un rango de tiempo para la asistencia, atención y reparación de la población étnica víctima de desplazamiento.

1. Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ii.

28. La entidad indicó que, en el escrito de solicitud de apertura del incidente, los peticionarios alegaron que el ICBF habría desconocido el derecho a la consulta previa establecido en el Convenio 169 de la OIT e impuso modelos de atención a niños de 0 a 5 años que contrarían las costumbres, pedagogías y alimentación propia de los pueblos indígenas.

XIX.

XX. En respuesta a estos alegatos, el ICBF señaló que, en el año 2016 y en el marco de desarrollo de la mesa de diversidad de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, se construyó el manual operativo de la “Modalidad propia e intercultural de educación inicial para comunidades étnicas y rurales”.

Así mismo, aclaró que la modalidad de educación inicial, cuidado y nutrición, parte del concepto de desarrollo de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia que reconoce la diversidad de los niños, niñas, sus familias y comunidades. Promueve, de igual forma, condiciones que permiten construir y comprender el mundo de acuerdo con el contexto e identidad cultural, para así desarrollar un sentido de pertenencia y apropiación territorial, en coherencia con una concepción de los niños como sujetos integrales, activos y partícipes de su proceso de desarrollo. XXI.

29. Desde el año 2017, los pueblos Misak, Nasa, Polindara, Kisgó, Ambaló y

Totoroez solicitaron el tránsito a la modalidad propia e intercultural. En total, se trasladaron 2043 usuarios. Para la vigencia del año 2019: XXII.

1. “18 organizaciones propias del territorio administran servicios de primera infancia, para un total de 13.110 niñas y niños menores de 6 años, mujeres gestantes y madres en período de lactancia; es decir el 30% del total de usuarios en el Departamento del Cauca”13.

XXIV.

30. El ICBF concluyó que: (i) es respetuoso del marco normativo que regula 13 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Subdirección General. Respuesta a Auto 072 de 2019 de la Corte Constitucional. Cecilia de la Fuente Lleras. 9 la protección de los elementos culturales de los pueblos indígenas, con especial énfasis en aquellos que hacen parte del CRIC; (ii) dispuso espacios formales, territoriales y nacionales de participación para la construcción conjunta de propuestas de atención, que reconozcan las particularidades de los pueblos indígenas del departamento; (iii) la regional Cauca del ICBF contrata actualmente la atención del 30% del total de usuarios de los servicios de primera infancia, con 18 organizaciones indígenas reconocidas por el CRIC; e

(iv) incluyó dentro de los instrumentos para la contratación la propuesta de “Camino político, pedagógico y administrativo de semillas de vida”.

31. En relación con las medidas implementadas para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el Auto 004 de 2009, el ICBF indicó que, desde el año 2013, cuenta con un modelo de enfoque diferencial en su apuesta programática

y de política, cuyo propósito es incluir medidas orientadas a educar para la pertenencia étnica y de género, y para proteger a la población en situación de discapacidad, hasta incidir en la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, para la protección de la infancia, la niñez y la adolescencia en el país. XXV.

32. Así, en el marco de los planes de salvaguarda implementados con los pueblos del Cauca, el ICBF asumió los siguientes compromisos institucionales:

1. Con el Pueblo Totoroez, se llegó al acuerdo de brindar acompañamiento por parte de la Dirección de Primera infancia de la entidad, para la revisión del Programa de Semillas de Vida propuesto por la comunidad. ii. Con el pueblo Kokonuco, se desarrolló una construcción concertada de un plan de acción para brindar una línea técnica para la formulación de las modalidades propias en el marco de Semillas de Vida. iii. En cuanto al Pueblo Kishú (Kisgó), indicó que está pendiente el desarrollo del compromiso encaminado a la socialización de una metodología para la identificación de capacidades de las autoridades indígenas para la administración del Programa Semillas de Vida.

XXVI.

33. Como último componente, se expusieron las medidas adoptadas para proteger a los niños, niñas o adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley. Para esto se creó una ruta de atención la cual cuenta con cuatro (4) modalidades y tres (3) fases.

XXVII.

1. Respuesta de la Contraloría General de la República

XXVIII.

34. La Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el

Sector Social remitió un oficio en el cual informó que, en aplicación del factor territorial y de las competencias internas, se corrió traslado de la solicitud a la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca. XXIX.

35. Por lo anterior, la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca de la Contraloría General de la República presentó concepto en donde la entidad 10 adujo que no existen méritos para el inicio de una investigación.

Concretamente, señaló que los hechos expuestos por el peticionario ponen de presente un posible incumplimiento de disposiciones legales y convenios internacionales por parte del Estado colombiano que, si bien podrían implicar una falta por parte de las autoridades competentes, los supuestos fácticos presentados no comportan un detrimento patrimonial. En razón de lo anterior, la Contraloría se abstuvo de adelantar cualquier trámite. XXX.

II. CONSIDERACIONES

XXXI.

F. Objeto y estructura de la decisión

I.

36. En virtud de la petición presentada por el CRIC, corresponde a la Sala Especial de Seguimiento determinar si es procedente la solicitud de apertura de un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden tercera del Auto 004 de 2009 y las órdenes primera y cuarta del Auto 266 de

2017. II.

37. A efectos de dar respuesta a esta cuestión, la presente providencia desarrollará: (i) los mecanismos judiciales dispuestos para hacer efectivos los fallos de tutela; (ii) la competencia de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 para verificar el cumplimiento de sus decisiones; y

(iii) los requisitos de procedibilidad de la solicitud de apertura de incidente de desacato en el curso del estado de cosas inconstitucional por el desplazamiento forzado. Con estos elementos, en la segunda parte de esta providencia, la Sala resolverá el caso concreto.

G. Mecanismos para hacer efectivos los fallos de tutela: trámite de cumplimiento e incidente de desacato

I.

38. Ante las características propias de la acción de tutela y la protección de los derechos fundamentales, es indispensable la materialización del amparo concedido por el juez, pues de lo contrario resultaría inocua la consignación de los derechos en la Constitución Política. Al respecto, esta Corte señaló que la labor del juez de tutela no se termina al momento de proferir una sentencia, sino que se extiende hasta la ejecución efectiva del amparo concedido14, pues está en la obligación ineludible de actuar con el propósito de garantizar la materialización del restablecimiento de los derechos quebrantados, a través de los mecanismos conferidos por la ley para ello15.

II.

III. En este sentido, el ordenamiento prevé distintos instrumentos a través de los cuales el juez deberá encaminarse para la materialización de las garantías.

Los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 prevén que, ante la inobservancia de una orden emitida en un fallo de tutela, se podrá adelantar de forma simultánea su ejecución, por medio del denominado trámite de 14 Según ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, “el juez de tutela conserva la competencia para dictar

órdenes que aseguren que el derecho sea plenamente restablecido o las causas de la amenaza sean eliminadas”.

Sentencia T-086 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda. 15 Corte Constitucional. Sentencia T-459 de 2013. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 11 cumplimiento, y el incidente de desacato, en razón del cual se imponen sanciones en el evento en que las autoridades correspondientes sean renuentes a acoger el mandato16. Al respecto, en la Sentencia C-367 de 2014, este

Tribunal señaló que:

IV. “(i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal. // (ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva. // (iii) La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia. // (iv) El desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público”17.

39. Nótese cómo el marco normativo regulatorio del trámite de cumplimiento, así como del incidente de desacato, circunscriben el campo de acción judicial a la satisfacción de lo ordenado en la parte resolutiva de la

sentencia que concede el amparo. Las órdenes le señalan al juez el límite en donde debe identificar el posible incumplimiento del amparo,