CC - C015-2020

Sentencia C-015/20

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para el estudio de un precepto que aún no se encuentra vigente COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición y fundamento

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumple con los requisitos de aptitud sustantiva RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Finalidad/RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Materias que regula/RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Características RESERVA DE LEY ESTATUTARIA EN REGULACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Reiteración de jurisprudencia RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Criterios para determinar los asuntos que requieren de su trámite LEY ESTATUTARIA-Procedimiento de expedición más riguroso RESERVA DE LEY ESTATUTARIA EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación restrictiva En suma, la normatividad que regula los procedimientos, por regla general, no tiene reserva de ley estatutaria, pese a que estén relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales. Sin embargo, la jurisprudencia ha identificado algunas situaciones en que la reglamentación de un procedimiento debe ser objeto de los trámites cualificados de las leyes estatutarias, a saber: i) la normatividad abarca el ejercicio de un derecho fundamental de forma integral, sistemática y completa; o ii) los enunciados

legales tienen la función de restringir, limitar o proteger derechos fundamentales DERECHOS POLITICOS-Titularidad DERECHOS POLITICOS-Alcance CIUDADANIA-Atributo fundamental para el ejercicio de derechos políticos DERECHOS POLITICOS-Restricciones DERECHOS POLITICOS-Permiten que haya una participación activa por parte de los ciudadanos CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-No se opone a que legislador establezca sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Potestad disciplinaria en relación con los servidores públicos, incluidos los de elección popular SUSPENSION PROVISIONAL EN MATERIA DISCIPLINARIA-Alcance constitucional y legal/SUSPENSION PROVISIONAL EN MATERIA DISCIPLINARIA-Procedencia LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DISCIPLINARIA-Competencia exclusiva del legislador ordinario

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN

MATERIA DISCIPLINARIA-Jurisprudencia constitucional DERECHOS POLITICOS-Límites (...) esta Corporación ha precisado que el derecho a la participación política puede limitarse, siempre que no se afecte su núcleo esencial. Inclusive, la propia Constitución lo hace, al señalar que se requiere de la ciudadanía para ejercer estos derechos. A su vez, la norma superior ha previsto que en los casos determinados por el legislador es posible suspender los derechos políticos, ya sea mediante sentencia judicial, fallo disciplinario o de responsabilidad fiscal. Esta potestad de configuración es

amplia en esas materias, empero se encuentra limitada por los principios constitucionales, las garantías procesales, al igual que por los mandatos de racionalidad y proporcionalidad de las sanciones, y por las obligaciones contraídas en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad PROCESO DISCIPLINARIO-Suspensión provisional SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE ELECCION POPULAR-Carece de reserva de ley estatutaria En definitiva, la Sala Plena concluyó que la suspensión provisional de los funcionarios de elección popular carece de reserva de ley estatutaria, por cuanto, en aplicación del criterio restrictivo de la procedencia de trámite cualificado, se constata que no tiene por objeto directo regular el derecho político de acceso a cargos públicos. Así mismo, no es una regulación sistemática, integral y estructural de la garantía mencionada, dado que no señala las características de la misma. Tampoco afecta el núcleo esencial de ese derecho político, ni apareja una interferencia desproporcionada, como advierten las Sentencias C-108, de 1995, C-406 de 1995, C-280 de 1996, C-028 de 2006, C-086 de 2019 y C-111 de 2019. En realidad, la materia estudiada hace parte de la órbita de competencia del legislador ordinario

Referencia: Expediente D-13235.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011,

relacionadas con el derecho disciplinario”.

Demandantes: Martha Yohana Reyes

Medina y Liliana Patricia Ruíz Urrea.

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES:

1. El 06 de mayo de 2019, en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, las ciudadanas Martha Yohana Reyes Medina y Liliana Patricia Ruíz Urrea formularon demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, al considerar que es contrario a las disposiciones normativas contenidas en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política de 1991.

2. Mediante Auto del 31 de mayo de 2019, el despacho del Magistrado Sustanciador se pronunció sobre la demanda formulada y resolvió admitir la demanda propuesta por Martha Yohana Reyes Medina y Liliana Patricia Ruíz Urrea por el presunto desconocimiento de los contenidos de los artículos 152 y 153 de la Constitución.

De esta decisión se comunicó a diversas autoridades públicas y se invitó a participar a las Facultades de Derecho de las Universidades: (i) Externado de Colombia, (ii) Javeriana, (iii) de los Andes, (iv) Santo Tomás, (v) Nacional de Colombia, y (vi) del Rosario; así como a (vii) la Misión de Observación Electoral MOE, (viii) el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), y (ix) el Grupo de Investigación Partidos Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, con el objeto de que emitieran concepto en relación con la constitucionalidad de la norma demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.

3. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, la Corte entra a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. LAS NORMAS DEMANDADAS A continuación se trascribe la disposición demandada. “LEY 1952 DE 2019

(Enero 28) Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019 "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.” El Congreso de la República

DECRETA:

CAPÍTULO III.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y OTRAS MEDIDAS “ARTÍCULO 217. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Durante la investigación disciplinaría o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la

esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere. El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.. El auto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de consulta, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento. Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al afectado. Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en Secretaría por el término de tres días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente. Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días siguientes. Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la profirió, o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia. PARÁGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el disciplinado permaneció suspendido provisionalmente. Si la

sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia”

III. DEMANDA Las ciudadanas Martha Yohana Reyes Medina y Liliana Patricia Ruíz Urrea solicitaron la inexequibilidad del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, al considerar que es contrario a las disposiciones contenidas en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política de 1991. Las accionantes consideraron que la norma acusada desconoce la reserva de Ley Estatutaria, en cuanto restringe el efectivo ejercicio de un derecho fundamental. Para las censoras, la norma demandada regula el núcleo esencial del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, al indicar que se suspenden provisionalmente los funcionarios elegidos popularmente, cuando hubieran cometido faltas graves o gravísimas.

Así mismo, precisaron que no se configuraba la existencia de la cosa juzgada en relación con la Sentencia C-086 de 2019, toda vez que los cargos y los parámetros de constitucionalidad son diferentes en uno y otro caso. Indicaron que, en aquella ocasión, se estudió la validez del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 frente al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos por haber entregado a una autoridad administrativa la competencia de suspender los derechos políticos de un funcionario elegido popularmente; mientras la demanda actual cuestiona la misma norma pero bajo el cargo de desconocer los artículos 152 y 153 de la Constitución, que se refieren a la reserva de ley estatuaria.

IV. INTERVENCIONES

A. Entidades públicas

1. Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior

Sandra Jeannette Faura Vargas, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, solicitó la exequibilidad del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, por considerar que se configura la cosa juzgada constitucional, al existir identidad entre la disposición acusada y lo examinado en presente proceso, toda vez que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 de 2019 acusó la inconstitucionalidad de la misma norma, artículo 217 de la ley 1952 de 2019 por el cual declaró exequible la norma demandada sin condicionamiento frente al artículo 23 de la CADH. La Corte precisó que “los derechos políticos son susceptibles de limitación”, pues la Corte Interamericana había reconocido que la “determinación de límites a los derechos políticos son asuntos que corresponde a la cultura política, a la historia y las necesidades concretas de cada país”. En el evento que la Corte Constitucional determinara la pertinencia para resolver de fondo el presente asunto, solicita que se declare la exequibilidad del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 por considerarlas ajustadas a la Carta Política, pues los derechos políticos también son susceptibles de limitación, y su restricción debe hacerse en el marco de las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

2. Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública A través de escrito presentado el 26 de junio de 2019, por Adriana Marcela Ortega Moreno, apoderada judicial de la Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública, intervino con el propósito de efectuar la defensa de la constitucionalidad de la norma parcialmente demandada y

solicitar la exequibilidad del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, en los términos que se reseñan a continuación.

1. Señaló que el derecho disciplinario están integrado por normas que exigen a los servidores públicos una determinada conducta en el ejercicio de sus funciones, independientemente de la forma de vinculación con el Estado o del órgano o rama que pertenezcan1. ii. Así mismo, explicó que la Sentencia SU-712 de 2013 había precisado que “el fundamento del control disciplinario asignado constitucionalmente a la Procuraduría General de la Nación”, “la competencia para investigar y suspender de sus cargos a los servidores de elección popular”2 no quebranta el artículo 23-2 de la Convención Americana, puesto que el ejercicio disciplinario ha sido calificado como “consustancial a la organización política y absolutamente necesaria en un estado de derecho”3.

La Constitución4 atribuye al Ministerio Público, en cabeza del Procurador General de la Nación, la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular. De hecho, señaló que en la Asamblea Constituyente se respaldó esa interpretación. 1 Constitución Política, artículo 124 2 Folio 45 3 Sentencia C-280 de 1996 4 Artículo 118 iii. El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no implica prohibir a los Estados para que en su ordenamiento jurídico interno consagren otras restricciones a los derechos políticos sino por el contrario entraña fijar pautas para que el legislador pueda regular los

derechos allí señalados. La Sentencia C-028 de 20065 adujo que las sanciones disciplinarias que aparejan la suspensión del derecho de acceso a cargos públicos de congresistas no se oponen a la constitución ni a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que la norma acusada no se opone a lo que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen una suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos. Además manifestó que el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 ha sido objeto de diferente pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, por ejemplo la reciente sentencia C-086 de 2019 resolvió la inconstitucionalidad del artículo 217 de la ley 1952 de 2019, que declaró la exequibilidad de la norma demandada. Aseveró que el paramento de control utilizado en la Sentencia en mención es diferente al caso sub examine, por lo que no se configura la cosa juzgada constitucional en la presen demanda6 iv. La suspensión provisional es una medida de prudencia disciplinaria, que protege el principio de prevalencia de interés general. Resaltó que las sanciones son regladas y no discrecional; a saber: “(i) el servidor público debe estar en ejercicio de un cargo, función o servicio, (ii) contra él debe haberse iniciado una investigación disciplinaria o adelantarse el juzgamiento disciplinario, (iii) dicha investigación o juzgamiento debe tramitarse por la supuesta comisión de faltas disciplinarias gravísimas o graves, (iv) debe existir serios elementos de juicio, a partir de las cuales se

pueda establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio hace posible: a) que el procesado interfiera en el trámite del proceso, b)que el procesado continúe cometiendo la falta por la cual se lo procesa o c) que el procesado reitere la comisión de dicha falta”7. Además para suspender al servidor público provisionalmente se debe respetar una serie de garantías; la decisión debe ser: (i) motivada (ii) temporal, (iii) necesaria: que los referidos supuestos permanezcan en el tiempo y (iv) que el funcionario que toma la decisión de suspender al servidor público es responsable, en materia disciplinaria. 5 Demanda contra varios artículos de la Ley 734 de 2002, que sanciona faltas gravísimas con destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas, aquí los demandantes refieren que la inhabilidad para acceder al ejercicio de la función pública desconocía el artículo 23 de la Convención Americana, al considerar que la restricción de derechos políticos solo estaban a cargo de un juez de la república en el reglamento de un proceso penal, lo que no es aplicable a través de actuaciones administrativas que adelante la Procuraduría General de la Nación. 6 Folio 48 7 Folio 48

1. Consideró que la medida provisional no vulnera la presunción de inocencia, pues el carácter transitorio de la suspensión significa que la medida no define la responsabilidad del servidor, porque en ella no se hace ninguna valoración sobre la culpabilidad del servidor. A su vez, no se excluye la interposición de recursos contra la medida sino que permite al servidor público interponer por ejemplo reposición o garantizar su revisión en grado de consulta.

3. Cámara de Representantes

Julián Vargas Brand, apoderado de la Cámara de Representantes, presentó escrito el 27 de junio de 2019, en donde indicó que se inhibiría para realizar pronunciamiento alguno sobre la demanda de inconstitucionalidad, porque su intervención es de carácter potestativo8.

B. Instituciones de Educación Superior: Universidad Externado de Colombia El 27 de junio de 2019, el Director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia remitió concepto elaborado por el doctor Orlando Ospina Garzón y pidió a la Corte que se declarara exequible la norma censurada.

Inicialmente, estimó que no se había configurado cosa juzgada constitucional en relación con la Sentencia C-086 de 2019, decisión declaró exequibles los artículos 157 de la Ley 734 de 2002 y 217 de la Ley 1952 de 2019, porque los cargos que se analizan en esta oportunidad fueron diferentes a los que se estudiaron en aquella ocasión. Por ello, la Corte está habilitada para hacer un nuevo estudio de validez de la norma, dado que jamás ha estudiado un concepto de violación que se fundamente en el desconocimiento de la reserva de ley estatutaria. En el análisis de mérito, advirtió que la norma demandada no hace parte de las materias que reserva la Constitución a un procedimiento cualificado. La jurisprudencia ha establecido que las materias que están sujetas a ley estatutaria debe ser interpretado de forma restrictiva, dado que toda norma se refiere de manera directa o indirectamente al ejercicio o restricción de un derecho fundamental, hipótesis reconocida por el artículo 152 de la

Constitución. La Corte ha enfatizado que no toda norma ligada a los derechos fundamentales deber ser tramitado mediante Ley estatutaria, 8 Constitución Política, artículo 244 porque las disposiciones objeto de tramite cualificado son las que regulan el núcleo esencial del derecho o deber fundamental. La suspensión provisional como medida cautelar o preventiva no afecta de manera directa el núcleo esencial de alguno de los derechos políticos del ciudadano consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, pues dicha restricción o limitación para desempeñar cargos de elección popular obedece a conductas derivadas del ejercicio mismo de la función y no a la posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos de elección popular, materia que sí se encuentra sujeto a trámite especial de Ley estatutaria.

V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Por medio de concepto 06620 del 26 de julio de 2019, el Viceprocurador General de la Nación, con funciones de Procurador General de la Nación, solicita, de manera principal, inhibirse para emitir un pronunciamiento de mérito contra el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, en tanto la norma objeto de control no se encuentra vigente ni produciendo efectos jurídicos, pues el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019 prorrogó la entrada en vigor del Código Disciplinario hasta el 1 de junio de 2021.

Así mismo estimó que no se configuraba cosa juzgada constitucional en relación con la Sentencia C-086 de 2019, por cuanto, a pesar de que se estudia la misma disposición, se trata de cargos diversos. En aquella

oportunidad se cuestionó la aplicación de esa sanción para los servidores de elección popular, mientras en este caso se propone un nuevo cargo por reserva de Ley estatutaria. Entonces, sintetizó que la Corte tiene la competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma. En el asunto de mérito y de manera subsidiaria, el Ministerio Público considera que la norma acusada no desconoce la reserva de la Ley estatutaria prevista en el artículo 152 de la Carta, porque jamás recae sobre derechos políticos y tampoco sobre una regulación estructural de los mismos, pues “no implica anular el núcleo esencial del derecho a ser elegido,–faceta pasiva del derecho a elegir y ser elegido-, pues solo suspende temporalmente el ejercicio de las funciones de las que es titular el servidor, razón por la cual no se puede sostener que esta figura debió regularse por medio de una ley estatutaria”9. Igualmente, recordó que las sanciones de destitución e inhabilidad no se han regulado por Leyes estatutaria aunque impongan limites a los derechos políticos10, “la medida 9 Folio 85 10 Sentencia C-028 de 2006, SU-71 de 2013, C-500 de 2014 y C-086 de 2019 cautelar de suspensión provisional no debe regularse por medio de una ley estatutaria”11.

VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Competencia de la Corte

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la

referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1952 de 2019.

Cuestiones preliminares:

2. Las intervenciones del Jefe del Ministerio Público, la Universidad Externado de Colombia y el Ministerio del Interior plantearon defectos formales de la demanda, los cuales debe resolver la Sala Plena antes de estudiar de mérito la censura. Tales aspectos versan sobre: i) la vigencia o producción de efectos de la norma atacada; ii) el estudio sobre la configuración de la cosa juzgada material en relación con la Sentencia C086 de 2019; y iii) la aptitud sustantiva del cargo Una vez se realice dicho análisis, y de ser procedente, la Corte planteará el problema jurídico e iniciará el estudio de constitucionalidad de la norma demandada, según el concepto de violación de la demanda.

Análisis sobre la vigencia de la norma demandada12

3. La vista Fiscal consideró que la Corte debe declararse inhibida, debido a que la norma no se encuentra vigente y no está produciendo efectos, puesto que el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019 estableció que la Ley 1952 de 2019 entraría en vigor hasta el 1 de julio de 2021.

En ese escenario, la Corte debe establecer si tiene competencia para analizar la demanda de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho

disciplinario”, debido a que dicho estatuto carece de vigencia y solo entraría a regir hasta el 1 de julio de 2021. 11 Folio 85 12 En este acápite se reiterarán las consideraciones de la Sentencia C-536 de 2019 3.1. El control abstracto de constitucionalidad tiene como presupuesto la existencia de una ley, pues el numeral 4º del artículo 241 de la Carta Política indica “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes”. Para efectos del control de constitucionalidad y de la competencia de esta Corte, es relevante la figura de la promulgación y no de la vigencia13. La Corte se ha inhibido para conocer normas derogadas, subrogadas y que no producen efecto alguno14, como quiera que son figuras que determinan la existencia de una norma en un orden jurídico15. Dicha condición ha sido constatada mediante el juicio de vigencia16. La pertenencia de un enunciado prescriptivo es el presupuesto básico para iniciar un juicio de validez sobre un enunciado legal. En contraste, ha estudiado las demandas que cuestionan enunciados jurídicos que fueron promulgadas en el sistema de derecho, pero que el legislador defirió su vigencia al futuro. Una muestra de este tipo de decisiones fueron las primeras sentencias que resolvieron las demandas formuladas en contra de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, estatuto que el legislador fijó su entrada en vigor después de su promulgación17. Esa misma conclusión se ha aceptado y defendió en las demandas en las que se ha censurado el

nuevo Código General Disciplinario, el cual entrará en vigor en año

202118. La competencia de este Tribunal se ha sustentado en que la norma pertenece al ordenamiento jurídico, por lo que es posible evaluar la conformidad o adecuación de ésta frente a la Constitución19. 3.2. En el caso concreto, la Sala constata que la Ley 1952 de 2019 pertenece al sistema jurídico colombiano y fue promulgado en el mismo, toda vez que pasó por el trámite respectivo de aprobación en el congreso y fue sancionada por el gobierno, según dispone el artículo 157 Superior.

Ante esa situación, este Tribunal tiene la competencia para evaluar la constitucionalidad de la norma censurada, pese a que su entrada en vigor sea en el año 202120. Así mismo, la norma va entrar a regir, por lo que es válido ejercer el respectivo control de constitucionalidad, toda vez que podría evitarse que comience a tener vigencia una norma que eventualmente podría ser contraria a la Carta Política. 13 Sentencia C-302 de 2012. 14 Sentencias C-200 de 2019, C-044 de 2018, C-348 de 2017 y C-516 de 2016. 15 Serrano José Luis, Validez y Vigencia, la aportación garantista a la teoría de la norma jurídica, Editorial Trotta, Madrid, 1999, pp 23 y 74. 16 Sentencias C-200 de 2019, C-044 de 2018 y C-516 de 2016. 17 Sentencias C-818 de 2011, C-634 de 2011 y C-302 de 2012. 18 Sentencias C-392 de 2019, C-495 de 2019, C-536 de 2019,

19 Sentencia C-212 de 2017 20 Ver Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019 Análisis sobre la existencia de la cosa juzgada constitucional21

4. El Ministerio del Interior sostiene que en el presente caso se configura la cosa juzgada constitucional pues, en su opinión, en la sentencia C086 de 2019 “se definió la medida de suspensión provisional en el contexto del CDU [Código Disciplinario Único], sus presupuestos o condiciones objetivas, las garantías y los controles aplicables a ella”22.

Asimismo, la entidad considera que, en esa sentencia, “se hizo una revisión de varias sentencias de tutela, en las cuales se ejerció control judicial de los actos que ordenaban suspensiones provisionales”23 y “se dio cuenta de la doctrina de la CIDH y de la Corte Constitucional sobre la interpretación del artículo 23 de la CADH”. 4.1. De manera concreta, se examinará si existe cosa juzgada en relación con el contenido normativo demandado, que establece la posibilidad de suspender los derechos políticos de los funcionarios de elección popular, pues esa proposición jurídica fue supuestamente estudiada por la Corte Constitucional en la Sentencias C-086 de 2019. 4.2. El artículo 243 inciso 1 de la Constitución Política de Colombia establece que los fallos que la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. La Corte Constitucional ha entendido que esta figura se entiende como una institución jurídica procesal, que otorga a la decisión de constitucionalidad el carácter de inmutable, vinculante y definitivo24. Sus efectos varían si se

adopte25 una decisión de inexequibilidad de la norma objeto de estudio o de exequibilidad de la misma, a saber: i) inexequiblidad: la cosa juzgada es absoluta, en la medida en que el contenido normativo queda excluido del orden jurídico, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política, consecuencias que operan con independencia del parámetro de constitucionalidad que desconoció la norma invalidada. Las autoridades tienen vedado reproducir esa proposición jurídica. De ahí que, en el evento en que algún ciudadano 21 En este acápite, se reiterará las consideraciones expuestas en las Sentencias C-200 de 2019, C-096 de 2017, C-516 de 2016. C-007 de 2016, C674 de 2015, C-164 de 2005, C-572 de 2014, C-554 de 2014, C-287 de 2014, C-255 de 2014, C-178 de 2014, C-538 de 2012. 22 Folio 4 Concepto del Procurador General de la Nación 23 Folio 5. Concepto del Procurador General de la Nación 24 C. Const., sentencias de constitucionalidad C259 de 2015, C096 de 2019, C187 de 2019 25 En Sentencias C-259 de 2008 y C-211 de 2003, la Corte al recordar la sentencia C-310 de 2002, precisó que el efecto de la cosa juzgada material depende de si la norma es declarada inexequible o exequible. demande una norma declarada inconstitucional, la Corte ha precisado que el Tribunal debe “estarse a lo resuelto” en la providencia anterior26.

1. exequibilidad: La Sala Plena puede confrontar una disposición frente a la amplitud del texto constitucional. Dicho cambio de contraste normativo da origen a distintas tipologías de cosa juzgada y permite analizar cargos que nunca han sido estudiados por el juez constitucional. En ese contexto, debe estudiarse el alcance de la decisión para definir si el asunto ya fue resuelto, lo que se traduce en las siguientes posibilidades de resolución: i) descartar la cosa juzgada y emitir un pronunciamiento de fondo; o ii) “la demanda deberá rechazarse de plano o, en su defecto la Corte emitirá un fallo en el cual decida estarse a lo resuelto