CC - C089-2020

Sentencia C-089/20

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte Constitucional COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición y fundamento COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Tipos COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos de la exequibilidad o inexequibilidad no son iguales En general, los efectos de la cosa juzgada dependerán de la decisión que se haya adoptado en el pronunciamiento anterior. Así, si la decisión fue de inexequibilidad, la Corte deberá rechazar la demanda por ausencia en el objeto de control, o estarse a lo resuelto en la decisión anterior, salvo que la razón de la inexequibilidad haya sido la ocurrencia de un vicio de carácter formal en el trámite de aprobación de la ley. En este último caso, la Corte puede pronunciarse sobre la exequibilidad de la norma solamente desde el punto de vista material. Si se declaró la exequibilidad, la Corte debe analizar cuál fue el alcance de la decisión previa, con la finalidad de establecer si el asunto que se plantea no ha sido resuelto, y por ende, debe emitirse un nuevo pronunciamiento de fondo, o si la problemática ya se decidió deberá estarse a lo resuelto en la decisión anterior; en los casos de exequibilidad condicionada, la interpretación excluida del ordenamiento jurídico no podrá ser objeto de reproducción o aplicación en otro acto jurídico; y en los supuestos en los que la Corte ha adoptado una sentencia aditiva, la cosa juzgada implica que no se

encuentra permitido reproducir una disposición que omita el elemento que la Corte ha juzgado necesario adicionar COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Excepciones (…) la Corte ha admitido tres escenarios de excepción a la cosa juzgada constitucional, en presencia de los cuales es posible adelantar un nuevo examen de constitucionalidad: (i) la modificación en el parámetro de control constitucional, el cual se presenta cuando cambian las normas que constituyeron el referente para juzgar la constitucionalidad de la disposición nuevamente acusada; (ii) el cambio en el significado material de la Constitución o “constitución viviente”, que ocurre cuando la realidad social, económica, política o ideológica del país transforma los presupuestos que sirvieron de sustento para declarar la exequibilidad de la norma en su momento, lo que permite que se adelante un nuevo estudio a la luz de las nuevas realidades, entendiendo la Constitución como un texto vivo; y (iii) la variación en el contexto normativo, que se presenta cuando la disposición previamente examinada se integra a un nuevo contexto normativo o el ordenamiento en que se inscribe ha sido objeto de modificaciones. Este punto, hace alusión a la interpretación sistemática de la norma acusada, en conjunto con todas las disposiciones que, en la actualidad, integran el ordenamiento jurídico al que pertenece. COSA JUZGADA FORMAL-Configuración CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR

INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de

requisitos de claridad, certeza, especificidad y suficiencia

Referencia: Expediente D-13225

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil.

Demandante: Natalia Bernal Cano.

Magistrado ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la presente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. El 30 de abril de 2019, la ciudadana Natalia Bernal Cano presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil1.

2. El 15 de mayo de 2019, la Secretaría General de la Corte Constitucional hizo constar que “[d]e acuerdo con el sorteo realizado en la sesión ordinaria de la Sala Plena celebrada en la fecha, el presente expediente fue repartido al Magistrado Alejandro Linares Cantillo”2. 1 Ver cuaderno principal, folios 1-111. 2 Ver cuaderno principal, folio 113.

2

3. El 20 de mayo de 2019, la demandante presentó escrito de recusación en contra del magistrado ponente.

4. El 21 de mayo de 2019, el magistrado ponente le remitió a la Sala Plena el escrito de recusación presentado en su contra3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991, dicha solicitud fue asignada al

magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, siguiente en orden alfabético.

5. Mediante el auto 333 de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió “RECHAZAR por falta de pertinencia las recusaciones presentadas contra el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, por la abogada Natalia Bernal Cano”4. La Secretaría General de la Corte hizo constar que el mencionado auto fue notificado por medio del estado número 106 del 3 de julio de 2019, fijado a las 8AM y desfijado a las 5PM del mismo día5. Asimismo, mediante oficio del 9 de julio de 2019 hizo constar que el auto tuvo término de ejecutoria el 4, 5 y 8 de julio de 20196.

6. Mediante el auto del 22 de julio de 20197, el magistrado ponente (i) admitió la demanda; (ii) corrió traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia; (iii) ordenó comunicar de la iniciación de este proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Educación Nacional, al Director del Departamento Nacional de Planeación, al Defensor del Pueblo y al Superintendente Nacional de Salud; (iv) invitó a participar en este proceso a varias entidades, asociaciones y universidades del país8; y (v) fijó en lista el proceso de la referencia para que los ciudadanos pudieran intervenir.

7. Mediante escrito de fecha 27 de enero de 2020, la demandante presentó un nuevo escrito de recusación contra el Magistrado sustanciador. Dicho asunto

fue puesto en conocimiento de la Sala Plena, por parte del Magistrado sustanciador mediante oficio de fecha 28 de enero de 2020. Dicha solicitud de recusación fue ampliada por la accionante, mediante escrito del 4 de febrero de

2020. El estudio de dicha solicitud fue asignado al Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien resolvió “RECHAZAR por falta de pertinencia la recusación presentada contra el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, por la 3 Ver cuaderno principal, folio 124. 4 Ver cuaderno principal, folios 136-145. 5 Ver cuaderno principal, folio 140. 6 Ver cuaderno principal, folio 141. 7 Ver cuaderno principal, folios 142-144. 8 Por Secretaría General se invitó a Profamilia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Academia Nacional de Medicina, Fundación ProBono por Colombia, el Centro de Derechos Reproductivos, Organización PARCES ONG, la Meda por la Vida y la Salud de las Mujeres, Fundación PAIIS, a los abogados y expertos Hector Elí Abel Torrado y Carlos Fradique-Mendez, y a los Decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás sede Tunja, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, EAFIT de Medellín, del Valle y

Nariño y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. 3 ciudadana, Natalia Bernal Cano”. Dicha decisión fue proferida por la Sala Plena de esta corporación, mediante Auto 036 del 5 de febrero de 2020.

8. Una vez resuelto este asunto, la Sala Plena mediante Auto 037 del 5 de febrero de 2020 rechazó por improcedentes (i) la solicitud de medida provisional o cautelar formulada por la demandante9; así como (ii) la solicitud de nulidad presentada por la demandante en la misma fecha. Asimismo, se advirtió que no procede recurso contra dicha decisión.

9. Mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2020, la demandante presentó solicitud de insistencia de la nulidad del proceso y recusación contra los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo. La Sala Plena mediante Auto 061 del 19 de febrero de 2020 resolvió “RECHAZAR por falta de pertinencia la recusación presentada por la ciudadana Natalia Bernal Cano en contra de los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo, dentro del expediente D-13225 y 13255”.

10. Consideró la Sala Plena en relación con la solicitud de nulidad elevada por la accionante el 12 de febrero de 2020 que (i) no hay argumentos adicionales a los que soportaron la solicitud resuelta mediante Auto 037 de 2020, por lo que,

(ii) rechaza en esta sentencia la solicitud de nulidad presentada por la demandante.

A. NORMAS DEMANDADAS

11. A continuación, se transcriben en su integridad la norma demandada:

“LEY 84 DE 1873 (26 de mayo), Diario Oficial No. 2.867 de 31 de mayo de 1873 CÓDIGO CIVIL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. […] Artículo 90. Existencia legal de las personas. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. 9 Dicha solicitud de medida cautelar, también fue presentada mediante memorial remitido vía correo electrónico el día 15 de enero de 2020 (ver cuaderno quinto, folios 1251 – 1253). 4 Artículo 91. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona, o de oficio, las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. […] Artículo 93. Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del Inciso del artículo 90 pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiese jamás existido”.

B. LA DEMANDA

12. La ciudadana solicitó la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil. A su juicio, las normas demandadas, al limitar los derechos del que está por nacer, desconocen que son “seres vivos inocentes capaces de sentir dolor y que son agredidos con métodos abortivos cuando se encuentran en el vientre materno porque no se les reconoce su condición de persona humana, titular de derechos y obligaciones”10.

13. En concreto, la demandante alegó que las normas acusadas vulneran las siguientes disposiciones constitucionales: (i) el artículo 1, porque atentan contra la dignidad de “todos los seres en gestación [quienes] merecen una vida digna, una vida y un desarrollo adecuado sin soportar dolor, merecen ser respetados como miembros de la especie humana, merecen un reconocimiento constitucional para ser titulares de derechos y obligaciones”11; (ii) el artículo 2, porque “[t]odas las personas residentes en Colombia merecen la misma protección de su vida y demás derechos y libertades”12; (iii) el artículo 4, en la medida en la que las disposiciones acusadas generan “la desprotección absoluta de una parte de la población colombiana” y “se generan (…) múltiples casos concretos en los cuales se violan de manera masiva los derechos fundamentales de madres gestantes e hijos o hijas por nacer que son víctimas de los procedimientos abortivos”13; (iv) el artículo 5, pues “[e]l solo hecho de presentar rasgos físicos humanos y el solo hecho de tener capacidades sensoriales, extremidades completas, signos y órganos vitales, concede al ser humano único e irrepetible, una condición especial que lo hace

10 Ver cuaderno principal, folio 20. 11 Ibídem. 12 Ver cuaderno principal, folio 19. 13 Ver cuaderno principal, folio 45. 5 titular de derechos universales”14; (v) el artículo 11, ya que “todo ser vivo con rasgos o características humanas que tiene signos vitales, tiene un derecho a la vida que es inviolable” y que “[l]as órdenes de tutela que ordenan la práctica de abortos premeditados o inducidos en tres causales (…) son penas de muerte para seres vivos inocentes”15; (vi) el artículo 13, porque le dan un trato diferenciado injustificado a “los niños y niñas no deseados en proceso de gestación”16; (vii) el artículo 14, porque niegan el reconocimiento de la personalidad de los seres humanos en gestación17; (viii) el artículo 42.6, porque “todos los hijos independientemente de la forma en que son concebidos e independientemente de sus condiciones físicas o mentales, independientemente de la salud de la madre que los concibe, tienen igualdad de derechos y deberes”18; (ix) el artículo 44, al violar “el derecho a la salud del niño y la niña por nacer”19 y “desconocer la personalidad del niño o la niña durante su proceso de gestación”20; (x) el artículo 47, pues “[l]os niños y niñas en situación de discapacidad con graves malformaciones determinadas por un médico o por un juez, son personas marginadas, excluidas de la sociedad, que pueden eliminarse con el consentimiento del Estado”21; (xi) el artículo 49, ya

que “[e]l principal derecho del ser en gestación es (…) su derecho a gozar de asistencia médica necesaria, sin que otra persona u autoridad pública decida sobre su existencia o posibilidades de recuperación”22; (xii) el artículo 50, porque “[t]odo niño menor de un año (…) tiene derecho (…) a recibir protección del Estado, a recibir los beneficios de la seguridad social [y a] “recibir cuidados médicos antes del nacimiento”23; (xiii) el artículo 94, pues “el carácter explícito de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe impedir el reconocimiento de otros derechos que son inherentes a la persona humana y que no figuran de manera explícita en estas normas supremas”24; y (xiv) el artículo 95, porque “[n]o hay equilibrio constitucional en la protección de madres gestantes y niños o niñas por nacer”25.

14. Adicionalmente, la ciudadana afirmó que las disposiciones demandadas vulneran (i) la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque “[e]n el texto de la Convención citada, no se aprecia que pueden abortarse los seres humanos que padecen alguna discapacidad”26; y (ii) la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, pues “el 14 Ver cuaderno principal, folio 22. 15 Ver cuaderno principal, folio 24. 16 Ver cuaderno principal, folio 16. 17 Ver cuaderno principal, folio 20. 18 Ver cuaderno principal, folio 27. 19 Ver cuaderno principal, folio 36. 20 Ibídem. 21 Ver cuaderno principal, folio 28.

22 Ibídem. 23 Ibídem. 24 Ver cuaderno principal, folio 15. 25 Ibídem. 26 Ver cuaderno principal, folio 31. 6 aborto legal es tortura y una forma de violencia contra la mujer y contra su hijo o hija por nacer”27.

15. La actora manifestó que en el presente caso “no se presenta cosa juzgada formal, ni material ni relativa, ni absoluta”28 respecto de la sentencia C-591 de

1995. Indicó que “las circunstancias fácticas que existían al momento de la revisión constitucional han cambiado”29. En concreto, alegó que actualmente hay nuevas evidencias científicas y estudios que comprueban la existencia, signos vitales, sensibilidad al dolor y los rasgos físicos de la persona durante el proceso de gestación. En consecuencia, le solicitó a la Corte reabrir el debate constitucional y garantizar un debido proceso y un recurso judicial efectivo.

16. En atención a lo anterior, la ciudadana le solicitó a la Sala Plena “proferir una nueva sentencia sustitutiva mediante la cual se corrija la producción legislativa (…); se exhorte al legislador y al ministerio de salud para que organicen campañas nacionales de prevención del aborto y campañas de información masiva de todos los riesgos para las madres gestantes que se exponen a las prácticas legales o clandestinas”30. Finalmente, la accionante en el presente proceso radicó una serie de escritos de ciudadanos que, a su juicio, prueban los efectos emocionales nocivos que causan los abortos31.

C. INTERVENCIONES

17. Durante el trámite del presente asunto se recibieron oportunamente

catorce escritos de intervención, algunos de los cuales plantearon pretensiones principales y subsidiarias32. Al revisar las pretensiones de los intervinientes: (i) diez intervenciones le solicitaron a la Corte estarse a lo resuelto en pronunciamientos previos; (ii) cinco le solicitaron que se inhibiera de pronunciarse fondo; (iii) dos solicitaron la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones acusadas; (iv) dos solicitaron su declaratoria de exequibilidad; y (v) una no presentó una solicitud concreta.

18. Solicitud de estarse a lo resuelto en pronunciamientos previos33. Varios 27 Ibídem. 28 Ver cuaderno principal, folio 48. 29 Ver cuaderno principal, folio 15. 30 Ver cuaderno principal, folio 47. 31 Ver cuaderno principal, folios 179-206; cuaderno 2, folios 207-283; 298-305 y 347-368; cuaderno tres, folios 449-459 y 469-679. 32 En la Secretaría General de la Corte Constitucional presentaron sus escritos las siguientes personas: (i) Grupo Médico por el derecho a decidir (cuaderno 2, folios 306-316); (ii) Carlos Fradique Méndez (cuaderno 2, folios 317-346); (iii) Departamento Nacional de Planeación (cuaderno 2, folios 370-375); (iv) el Ministerio de Salud y Protección Social (cuaderno 2, folios 377-381); (v) el Ministerio de Justicia y del Derecho (cuaderno 2, folios

387-391); (vi) el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF (cuaderno 2, folios 396-401); (vii) Women’s Link Worldwide (cuaderno 2, folios 402-406); (viii) Profamilia (cuaderno 2, folios 407-411); (ix) Center for reproductive rights (cuaderno 2, folios 412-419); (x) La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (cuaderno 2, folios 420-447); (xi) Cristina Amparo Cárdenas de Bohórquez (cuaderno 2, folios 460-465); (xii) Marco Fidel Ramírez Antonio (cuaderno 2, folios 466 a 468); (xiii) Superintendencia Nacional de Salud (cuaderno 4, folios 681-682); (xiv) Fundación Colombiana de Ética y Bioética (FUCEB) (cuaderno 4, folios 684-692). 33 La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carlos Fradique-Méndez, el Ministerio de Salud y Protección Social, Women’s Link Worldwide, Profamilia, Center for Reproductive Rights y la Superintendencia 7 intervinientes sostuvieron que en sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016 la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil. A su juicio, la Sala Plena determinó que fijar el inicio de la existencia legal de las personas desde el momento de su nacimiento no es contraria a los principios y derechos establecidos en la Constitución Política y en la Convención Americana

de Derechos Humanos. Por el contrario, el valor de la vida es un bien constitucional y convencionalmente relevante, pero no es absoluto y se debe proteger de forma gradual según su nivel de desarrollo. Los intervinientes sostuvieron que “las razones expuestas por los accionantes [en esas demandas] son las mismas que subyacen (…) en la argumentación que esgrime la accionante en el presente proceso”34. En consecuencia, alegaron que en el presente caso opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y que la Corte debe estarse a los resuelto en dichas sentencias.

19. Solicitud de fallo inhibitorio35. Otros intervinientes le solicitaron a la Corte inhibirse de pronunciarse de fondo respecto de los cargos planteados.

Sostuvieron que la demanda carece de (i) claridad, porque “es incomprensible el concepto mismo de la violación [y] la solicitud misma de la declaratoria de inexequibilidad”36; (ii) certeza, “por cuanto los aparentes problemas jurídicos planteados no surgen del texto de la disposición acusada (…) sino del sentido del fallo de constitucionalidad C-591 de 1995”37; (iii) especificidad, pues “se limita a realizar la trascripción de algunos artículos de la Constitución Política sin explicar el fundamento por el cual considera que la norma acusada vulnera esos preceptos”38; (iv) pertinencia, ya que no plantea un problema de constitucionalidad sino que se fundamenta en las “apreciaciones personales de la demandante sobre la [conveniencia de la] interrupción voluntaria del embarazo”39; y (v) suficiencia, porque no logra “suscitar una mínima duda o

controversia constitucional”40.

20. Solicitud de exequibilidad41. Algunos intervinientes solicitaron la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones acusadas. Indicaron que, a diferencia de lo planteado por la demandante, no es cierto que (i) la prestación del servicio de aborto obstruye el servicio médico y atenta contra la tranquilidad de los médicos; (ii) el aborto constituya violencia contra la mujer o el feto; (iii) el feto sufra dolor; (iv) practicar abortos viola el juramento hipocrático; (v) el aborto sea en sí mismo un procedimiento riesgoso por sus complicaciones; (vi) la mujer que aborta sufre daño moral y emocional difícil de corregir; (vii) fetos de más de 21 semanas son equivalentes a un recién nacido pretérmino extremo;

(viii) las salas de maternidad estarían previstas para recibir a los niños con Nacional de Salud. 34 Ministerio de Justicia y del Derecho. 35 La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Grupo Médico por el derecho a decidir. 36 La mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. 37 La mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. 38 Departamento Nacional de Planeación. 39 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 40 La mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. 41 Grupo Médico por el Derecho a Decidir y Carlos Fradique-Méndez. 8 alegría y no para atentar contra ella. Indicaron que, contrario a lo sostenido por la demandante, las instancias internacionales recomiendan la eliminación de

todas las leyes restrictivas en materia de aborto.

21. Solicitud de inexequibilidad42. Algunos intervinientes apoyaron la demanda de inconstitucionalidad. Sostuvieron que las disposiciones acusadas desconocen que el hijo que está por nacer “es un ser por completo distinto de su madre”43, y que por consiguiente es titular de derechos. Adicionalmente, alegaron que “todo intento de distinguir entre el no nacido y el nacido (…) carece de fundamento”44 y desconoce los convenios internacionales que prevén que se protege la vida “desde el mismo momento de la concepción”45. De esa manera concluyeron que la Corte debe eliminar toda la jurisprudencia a favor del aborto.

D. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA

NACIÓN

22. Mediante el concepto de 12 de septiembre de 2019, el Procurador General de la Nación le solicitó a esta Corte estarse a lo resuelto en sentencias anteriores respecto de unos cargos, e inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de otros46.

23. Primero, sostuvo que en el presente caso existe cosa juzgada constitucional. Por una parte, explicó que en la sentencia C-591 de 1995, la Sala Plena declaró la exequibilidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil respecto de “los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 14 y 94 de la Constitución”. En esa ocasión, para los demandantes, “a partir de una interpretación armónica de la Constitución, se puede inferir que el constituyente se inclina a reconocer que todo ser es persona desde el momento mismo de su concepción”. El Procurador

sostuvo que la Corte “distinguió entre existencia natural y existencia legal” e indicó que “no es posible inferir de la Constitución el surgimiento de la existencia legal desde la concepción, razón por la cual carecía de fundamento la demanda en cuestión”. Por otra parte, recordó que en la sentencia C-327 de 2016 la Corte (i) “señaló que sin lugar a dudas había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con los artículo 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución”, y (ii) concluyó que las disposiciones acusadas no eran contrarias al artículo 4.1 de la CADH47 porque “la vida como valor – predicable respecto de los seres humanos en gestación–es proporcional a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de las mujeres”. En consecuencia, le solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en dichas sentencias respecto de los cargos por desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 42 Cristina Amparo Cárdenas de Bohórquez y la Fundación Colombiana de Ética y Bioética (FUCEB). 43 Cristina Amparo Cárdenas de Bohórquez. 44 Ibídem. 45 Ibídem. 46 Ver cuaderno 4, folios 750-754. 47 Convención Americana de Derechos Humanos. 9 11, 12, 14 y 94 de la Constitución y 4 de la CADH.

24. Segundo, el Procurador le solicitó a la Corte inhibirse de emitir un

pronunciamiento de fondo respecto de los cargos por violación de la Constitución en sus artículos 4, 42, 44, 47 y 95; de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. A su juicio, tales cargos “no cumplen con el requisito de especificidad, puesto que no plantean una oposición objetiva y verificable entre las disposiciones acusadas y la Constitución”. Señaló que “la contradicción de las normas demandadas (…) es solo aparente, pues [la actora] parte del supuesto de protección absoluta del derecho a la vida desde el momento de la concepción, supuesto que no se deriva de la norma constitucional”.

25. En suma, los escritos de intervención y las solicitudes presentadas a la Corte en relación con la presente demanda se resumen así: Interviniente Cuestionamiento Solicitud Procurador (i) Se configura la cosa juzgada formal Estarse a lo General de respecto de las sentencias C-591 de 1995 y resuelto en la Nación C-327 de 2016, “pues se trata del mismo sentencias Cobjeto de control, esto es, los artículo 90, 91 591 de 1995 y y 93 del Código Civil, y del mismo C-327 de parámetro de control, en relación con los 2016, e artículo 1, 2, 5, 12, 13, 14 y 94 de la inhibirse de Constitución”. Adicionalmente, “la emitir un demandante no logra probar alguno de los pronunciamie

supuestos en los que se enerva la cosa nto de fondo juzgada constitucional”. respecto de (ii) La Corte debe inhibirse respecto de la ciertos violación de los artículos 4, 42, 44, 47 y 95 artículos. de la Constitución, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, pues no cumplen con el requisito de especificidad. La Mesa Por (i) La demanda no es apta, porque no cumple Inhibirse de la Vida y la con los requisitos de claridad, certeza, emitir un Salud de las pertinencia, especificidad y suficiencia. pronunciamie Mujeres (ii) Hay cosa juzgada constitucional respecto nto de fondo de las sentencias C-591 de 1995 y C-327 de o,

2016. Adicionalmente, la actora no logra subsidiariame demostrar el cambio de circunstancias nte, estarse a fácticas que excepcionen dicha cosa lo resuelto en juzgada. sentencias C10

Interviniente Cuestionamiento Solicitud 591 de 1995 y C-327 de 2016. Departamen (i) La demanda no cumple “con las Inhibirse de to Nacional exigencias de precisión, suficiencia y emitir un de claridad”. Por el contrario, “plantea una pronunciamie Planeación serie de consideraciones o hipótesis de nto de fondo carácter subjetivo sin descender a la forma o, en que se concreta dicha violación”. subsidiariame (ii) Las normas demandadas fueron nte, estarse a declaradas exequibles por la Corte por los lo resuelto en

mismos cargos de esta demanda. En sentencias Csentencia C-591 de 1995, la Corte señaló que 591 de 1995 y “de conformidad con el artículo 90 del C-327 de Código Civil, la existencia legal comienza 2016. en el momento del nacimiento; y la vida en el momento de la concepción”; “que en el artículo 91 ‘la ley protege la vida del que está por nacer”; y que en el 93 se le “reconoce al que está por nade una personalidad condicional”. No hay razones que justifiquen un nuevo estudio de dichas disposiciones. Ministerio (i) La jurisprudencia constitucional ha Inhibirse de de Justicia y reiterado que “la existencia legal de las emitir un del Derecho personas desde el momento de su pronunciamie nacimiento no es contraria a los principios nto de fondo y derechos establecidos en la Constitución o, colombiana y la CADH, ya que si bien el subsidiariame valor de la vida es un bien constitucional y nte, estarse a convencionalmente relevante, no es lo resuelto en absoluto y se protege de forma gradual sentencias Csegún su nivel de desarrollo”. La Corte en 591 de 1995 y sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016 C-327 de declaró exequibles las normas acusadas 2016. frente al desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94; y del artículo 4.1 de la CADH. (ii) Los argumentos de la demanda “se basan en la exposición de las conclusiones subjetivas que la demandante extrae de un conjunto de estudios que no reflejan de

forma leal y completa todo el amplio panorama científico”. Instituto (i) “Las razones expuestas en la demanda no Inhibirse de Colombiano superan el umbral mínimo argumentativo emitir un 11 Interviniente Cuestionamiento Solicitud de Bienestar que sustente la inconstitucionalidad de las pronunciamie Familiar normas cuestionadas”. nto de fondo (ii) Hay cosa juzgada .Por una parte, la o, sentencia C-5