CC - C133-2020

Sentencia C-133/20

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ESTATUTO TRIBUTARIO-Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN DEMANDA POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVAIncumplimiento de las cargas de certeza y suficiencia en la demanda DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargo de inconstitucionalidad sujeto a exigencias de tipo formal y material CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional (…) Según la jurisprudencia constitucional el concepto de la violación es formulado adecuadamente cuando, además de (i) identificar las normas que se demandan como inconstitucionales (transcripción literal o inclusión por cualquier medio) y (ii) determinar las normas constitucionales que se alegan como vulneradas, (iii) se formula por lo menos un cargo de inconstitucionalidad con la exposición de las razones o motivos por los cuales se considera que dichos textos constitucionales han sido infringidos. CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes

PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación

Referencia: Expediente D-13439

Asunto: Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 651

(parcial) del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016)

Accionante: José Luis García Villamizar

Magistrado Sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, y cumplidos los trámites y requisitos establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, decide sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia en los siguientes términos.

I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 40.6 de la Constitución, el ciudadano José Luis García Villamizar presentó demanda de inconstitucionalidad contra el literal c) del artículo 651 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016, “[p]or medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”.

Mediante Auto de 2 de septiembre de 2019, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda por no cumplir con (i) la carga argumentativa especial en relación con los cargos por igualdad y por omisión legislativa relativa; y (ii) los requisitos de certeza y suficiencia frente a los demás cargos. En consecuencia, concedió tres días para su corrección. El accionante presentó de manera oportuna escrito de corrección y mediante Auto de 24 de septiembre de 2019, en aplicación del principio pro actione, el

magistrado sustanciador admitió la demanda y dispuso (i) comunicar el inicio del proceso al Presidente del Congreso de la República y, con fundamento en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto Ley 2067 de 1991, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (ii) fijar en lista; (iii) comunicar el inicio del proceso al Procurador General de la Nación para lo de su competencia; y (v) a efectos de rendir concepto, invitar a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario (en adelante, “ICDT”), al Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a Justicia Tributaria y a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Antioquia, de los Andes, del Norte, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, EAFIT, Distrital Francisco José de Caldas y Javeriana. Concluido el procedimiento y recibido el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir la demanda de la referencia. Suspensión y levantamiento de términos Estando el proyecto de sentencia para decisión de Sala Plena, sobrevino la suspensión de términos en virtud de la emergencia pública de salud derivada de la pandemia COVID-19 y de las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura1, la cual será levantada en este proceso con fundamento en la 1 El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo PCSJZ20-11517 del 15 de marzo de 2020,

suspendió los términos judiciales en todo el país, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 20 del mismo mes y año. La suspensión ha sido prorrogada por los Acuerdos PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, PCSJA2011526 del 22 de marzo de 2020, y PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020. Esta suspensión afecta los términos de los procesos de control de constitucionalidad originados en demandas de inconstitucionalidad, en la medida en que la única excepción a la susodicha suspensión, en cuanto atañe a la Corte Constitucional, en procesos de control abstracto de constitucionalidad, es la prevista en el Acuerdo PCSJA20-11527 del 22 de marzo de 2020, 2 competencia prevista en el artículo 1 del Decreto 469 de 20202, el cual dispone que la Sala Plena de este tribunal podrá levantar la suspensión de términos cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones.

II. TEXTO DE LA DISPOSICIÓN DEMANDADA A continuación, se transcribe el texto del artículo 651 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 289 de la Ley 1816 de 2016, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nro. 50.101 de 29 de diciembre de 2016 y se subraya y resalta el literal demandado: “LEY 1819 DE 2016

(diciembre 29) Diario Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión

fiscal, y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: (…) ARTÍCULO 289. Modifíquese el artículo 651 del Estatuto Tributario el cual quedará así: Artículo 651. Sanción por no enviar información o enviarla con errores. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

1. Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) El cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida; b) El cuatro por ciento (4%) de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma errónea; relativa a los procesos de control automático de constitucionalidad que se surtan respecto de los decretos legislativos que dicte el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 215 de la Carta. 2 “Artículo 1. De las funciones constitucionales. En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto 417 de 2020 la Sala Plena de la Corte Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.”

3

c) El tres por ciento (3%) de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea; d) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, del medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio

2. El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de

la Administración Tributaria. Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder. La sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al cincuenta por ciento (50%) de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al setenta por ciento (70%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que

la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el numeral 2). Una vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el numeral 2) que sean probados plenamente. PARÁGRAFO. El obligado a informar podrá subsanar de manera voluntaria las faltas de que trata el presente artículo, antes de que la Administración Tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso deberá liquidar y pagar la sanción correspondiente de que trata el numeral 1) del presente artículo reducida al veinte por ciento (20%). Las correcciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento del plazo para su presentación no serán objeto de sanción.”. (subrayado y negrilla fuera del texto original)

III. LA DEMANDA El accionante solicitó, como pretensión principal, declarar la inexequibilidad del literal demandado. Subsidiariamente pidió declarar su exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que “la sanción por extemporaneidad (…) deba aplicarse atendiendo al tiempo que demore el contribuyente en entregarla 4 para que la sanción sea proporcional y entendiendo que siempre que se imponga es porque la conducta del contribuyente ocasionó un daño a la Administración Tributaria”3. A efectos de soportar su solicitud, formuló los siguientes seis cargos de inconstitucionalidad, por violación de los artículos 2, 13, 29, 95.9, 363 y por omisión legislativa relativa:

3.1. Primer cargo: Violación del derecho a la igualdad (artículo 13 superior) El accionante arguyó que el literal demandado vulnera el derecho a la igualdad en su “concepción material”4 al contemplar una misma sanción para personas en situaciones disimiles y no integrar un criterio diferenciador a ese propósito. En efecto, la disposición no distingue entre las personas que “si bien infringieron la norma por no aportar la información dentro del término establecido, no ocasionaron un daño o afectación importante a la administración en tanto aportaron la información dentro de un plazo prudencialmente corto”5, de aquellas personas que “incurrieron en una negligencia extrema”6. Lo anterior, lejos de perseguir un objetivo constitucionalmente válido, en su opinión “[contraviene] los propósitos constitucionales de igualdad material, proporcionalidad de las sanciones y tratamiento injusto”7, y resulta irrazonable a la luz del principio de proporcionalidad que exige “la existencia de criterios de graduación de la sanción”8. 3.2. Segundo cargo: Violación de los fines constitucionales del Estado (artículo 2 superior) Sostuvo que el literal acusado “no contempla la posibilidad de exoneración demostrando ausencia de culpa o de dolo en la conducta infractora”9 y “ni siquiera establece la posibilidad de eximirse de la sanción por el acaecimiento de una causa extraña”10. En esos términos, la sanción constituye, a su parecer, un “supuesto de responsabilidad objetiva”11, incompatible con los principios de gradualidad, proporcionalidad y lesividad aplicables a las sanciones en

materia tributaria a efectos de garantizar el orden justo constitucional. 3.3. Tercer cargo: Violación del derecho al debido proceso (artículo 29 superior) Arguyó que el literal acusado “al pretender imponer una sanción de manera objetiva que no tiene en cuenta elementos de gradualidad para la imposición de la sanción (…) vulnera el derecho de defensa que debe ser garantizado al contribuyente”12. Lo anterior “conlleva una actuación abusiva por parte del Estado, al no garantizar un juicio justo, que responda a la gravedad de la falta cometida”13 y desconoce “el procedimiento que se debe garantizar a los 3 Folio 30. 4 Folio 45. 5 Folio 45. 6 Folio 46. 7 Folio 46. 8 Folio 47. 9 Folio 48. 10 Folio 48. 11 Folio 48. 12 Folio 13. 13 Folio 14. 5 contribuyentes en los casos en los que la extemporaneidad en la entrega de la información no configuró un daño para la Administración”14. 3.4. Cuarto cargo: Violación de los principios de equidad y justicia en los cuales se enmarca el deber ciudadano de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado (artículo 95.9 superior) Sostuvo que lo dispuesto en el literal reprochado es, por un lado, inequitativo pues “no contempla la aplicación de principios que permitan graduar la sanción según la gravedad de la falta cometida y del perjuicio causado a la Administración, resultando desproporcionada en relación con el tiempo de retardo y el daño causado”15. Por otro lado, argumentó que es injusto en la

medida que “pretende sancionar a todos los contribuyentes que cometen el hecho sancionable por igual, omitiendo circunstancias particulares de cada caso”16. En esos términos, halló que se vulneran los conceptos de justicia y equidad, en el marco de los cuales les es exigible a los ciudadanos contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. 3.5. Quinto cargo: Violación de los principios de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario (artículo 363 superior) En opinión del accionante, el literal atacado vulnera los principios de equidad, eficiencia y progresividad porque “el legislador debía establecer una forma de determinar e imponer dicha sanción de forma razonable y proporcionadas (sic) al hecho que se sanciona, al tiempo que los funcionarios encargados de su aplicación están obligados a respetar y acatar estos criterios expresos, que en la norma acusada no se encuentran regulados”17 y porque “al no tener en cuenta que la extemporaneidad en la entrega de la información puede tener circunstancias particulares que atenúan la imposición de la sanción, los cuales deben ser tenidas en cuenta al momento de la imposición de la sanción, en aplicación de los principios que rigen el sistema tributario colombiano”18. 3.6. Sexto cargo: Omisión legislativa relativa por violación de los principios de gradualidad, proporcionalidad y lesividad aplicables a las sanciones tributarias El accionante adujo que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa “al no incluir criterios de gradualidad en la imposición de la sanción,

aun cuando las demás sanciones establecidas en el Estatuto Tributario SI contemplan la aplicación de principios de gradualidad, por lo que era deber del legislador incluir la aplicación de los mismos frente a la sanción por extemporaneidad en la entrega de la información”19. A efectos de justificar su cargo, manifestó que el literal “omite la inclusión de ingredientes necesarios para resguardar principios de orden constitucional como lo son el principio de proporcionalidad y graduación de la sanción”20. 14 Folio 14. 15 Folio 17. 16 Folio 17. 17 Folio 20. 18 Folio 20. 19 Folio 27. 20 Folio 41 6 Consideró que no se materializa el principio de proporcionalidad por cuanto el literal es indiferente frente al grado de culpabilidad del sancionado y, en lo que toca a la graduación de la sanción, alegó que no se tienen en cuenta criterios relativos al “nivel de negligencia del obligado a suministrar información luego de vencido el término establecido en la norma”21 y al “daño sufrido por la Administración”22. Lo anterior genera una desigualdad negativa entre los grupos amparados por la misma consecuencia jurídica, siendo estos, por una parte, “contribuyentes cuyo retardo en la entrega de la información solicitado (sic) fue mínimo” y, por otra, “aquellos que presentan retardos considerables en la entrega de la misma”. Concluyó que la omisión es el resultado de la inobservancia de un deber específico impuesto directamente por el Constituyente al legislador, siendo este el de “producir normas sancionatorias que contengan los principios de proporcionalidad y gradualidad”23,

fundamentado en el artículo 4 superior.

IV. INTERVENCIONES

4.1. Academia Colombiana de Jurisprudencia24 Solicitó declarar la inexequibilidad del literal acusado. Estimó que la sanción establecida no tiene en cuenta que la extemporaneidad “pueda referirse a un día, una semana, un mes, un año o varios de tales periodos cronológicos”25 y, por tal razón, “desconoce el principio de proporcionalidad entre infracción cometida y la dimensión de la sanción impuesta”26. Con esto, sostuvo que “[p]uede ocurrir que la sanción aplicable por una extemporaneidad mínima, de un día por ejemplo, referida a una información cuantiosa, resulta sancionada con una multa desproporcionadamente mayor que una extemporaneidad de años enteros referida a una información de poca cuantía”27. 4.2. Universidad Externado de Colombia28 Solicitó declarar la exequibilidad del literal acusado. Frente al primer cargo, desarrolló un juicio leve de igualdad y concluyó que (i) el literal acusado persigue un fin constitucionalmente válido que consiste en “crear una sanción y particularmente cuantificar su tasación en el caso de extemporaneidad en la entrega de información tributaria”29. Aclaró que, en desarrollo de dicha finalidad, el legislador diferenció “cada una de las conductas sancionables respecto de la entrega de información, en las cuales determinó un 3% para todas las entregas extemporáneas”30 que, a su juicio, “si (sic) conllevan, por

la mera conducta, un daño pues repercute en las facultades de fiscalización 21 Folio 27. 22 Folio 27. 23 Folio 45. 24 Folios 77 y ss. Intervención radicada el 29 de agosto de 2019 y suscrita por Manuel Alberto Restrepo Medina, en calidad de profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia. 25 Folio 108. 26 Folio 108. 27 Folio 108. 28 Folios 110 y ss. Intervención radicada el 17 de octubre de 2019 y suscrita por Olga Lucía González Parra, en calidad de directora del Departamento de Derecho Fiscal. 29 Folio 111. 30 Folio 111. 7 para la correcta determinación y verificación de los tributos y sanciones”31. Asimismo, consideró que (ii) el medio es idóneo para alcanzar la finalidad porque “desincentiva las entregas extemporáneas”32 y genera “una conciencia negativa en cabeza de quien comete la infracción”33. En lo atinente al segundo cargo, estimó que el literal acusado “no creó (…) una responsabilidad objetiva” pues “en cualquier caso, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia C-231 de 2003, permite la alegación del administrado de eximentes de responsabilidad como fuerza mayor, caso fortuito”, además de que “los artículos 720 y siguientes del Estatuto Tributario permiten la participación del sancionado a través de la notificación previa de un pliego de cargos, lo cual supone una debida contradicción y el respeto del Derecho de Defensa y el Debido Proceso”34. Agregó que, conforme con el

artículo 640 del Estatuto Tributario, los actos sancionatorios deben estar motivados, “lo cual deja por fuera de la responsabilidad objetiva a este tipo de sanción, pues el funcionario deberá, además de integrar al proceso al sancionado, motivar la existencia del posible daño”35. En relación con el tercer cargo, argumentó que el literal en cuestión “no vulnera el debido proceso, en tanto permite el ejercicio del derecho de defensa y contradicción del contribuyente a través de las etapas procesales previstas para estos efectos en los artículos 637, 638 y 720, especialmente, del Estatuto Tributario”36. Frente a los cargos cuarto y quinto, señaló que “es inviable analizarlos, pues los preceptos se refieren a la obligación de contribuir y no al régimen sancionatorio que se soporta en otras normas de rango constitucional y ya hace mucho se entiende que los tributos no son una sanción”37. Finalmente, en lo atinente al sexto cargo, aseguró que con el literal acusado no se configura una omisión legislativa relativa pues “la pretendida graduación de la pena al daño causado, (sic) es una carga insuperable para el legislador ex ante y de forma abstracta, pues determinar el nivel del daño en cada caso, no es posible previamente”38 y “además de establecer la sanción por no enviar información anual, también aplica para aquella información tributaria que es solicitada por la administración de oficio, lo cual olvida el accionante, caso en los cuales la graduación de la sanción no tendría cabida en tanto el retraso de

un día puede ser igual de dañino a un retraso mayor”39. 4.3. Javier Blel Bitar40 Solicitó declarar la inexequibilidad del literal acusado. Lo anterior por encontrar configurada una omisión legislativa relativa. A ese fin, argumentó que el literal acusado aplica la misma sanción a supuestos de hecho disimiles, 31 Folio 111. 32 Folio 111. 33 Folio 111. 34 Folio 113. 35 Folio 113. 36 Folio 114. 37 Folio 114. 38 Folio 115. 39 Folio 115. 40 Folios 117 y ss. Intervención radicada el 18 de octubre de 2019. 8 sin tener en cuenta para ello el grado de extemporaneidad ni el daño que hubiese podido infligir la demora y sin justificar tal tratamiento razonablemente. Consideró que el literal desconoce los principios de igualdad material, lesividad, proporcionalidad y graduación de las sanciones, de los cuales, en su concepto, se sustrae un mandato específico que el Constituyente impuso al legislador y que obliga a este último a otorgar un tratamiento jurídico acorde a las diferencias fácticas. 4.4. Gabriel Alejandro Tovar Cárdenas41 Solicitó declarar la inexequibilidad del literal acusado. Esto por violar el derecho al debido proceso y el principio de equidad. Frente al debido proceso, sostuvo que se viola en razón a la redacción ambigua del literal que faculta la imposición de la sanción de manera arbitraria. Y, en lo que respecta al principio de equidad, argumentó que se trasgrede al no graduar la sanción en función de

la gravedad de la infracción. 4.5. Laura Natalia Riaño Barrera42 Solicitó declarar la inexequibilidad del literal demandado. Encontró que afecta los principios de lesividad y proporcionalidad, viola el derecho a la igualdad y va en contra de la prohibición de establecer cualquier tipo de responsabilidad objetiva. Sostuvo que la afectación a la lesividad y a la proporcionalidad se configura por cuanto “la norma no establece ningún mecanismo de graduación de la sanción en razón a la intensidad del daño”43. Consideró que se viola el derecho a la igualdad material “como consecuencia de la consagración normativa de una única sanción aplicable a situaciones diferenciables en razón al daño generado a la administración, sin ninguna justificación o razón aparente”44. Y halló infringida la prohibición de todo tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que “la norma es la materialización de la responsabilidad objetiva en sentido estricto, es decir, la imputación de responsabilidad sin consideración alguna al criterio de culpabilidad y sin lugar a ningún tipo de eximente”45. 4.6. Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN46 Solicitó, de manera principal, declarar la inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda. En subsidio, solicitó declarar la exequibilidad del literal acusado. Arguyó que los cargos de la demanda carecen de certeza puesto que una interpretación sistemática del literal cuestionado no conlleva a la existencia de un régimen de responsabilidad objetiva, ya que “el mismo artículo establece de manera clara y precisa la incorporación de los principios de proporcionalidad

y gradualidad de la sanción por no enviar información o enviarla con errores, principios que pueden apreciarse en los literales a, b, c d) (sic) según se trate del tipo de incumplimiento en el suministro de la información y que son 41 Folios 126 y ss. Intervención radicada el 18 de octubre de 2019. 42 Folios 133 y ss. Intervención radicada el 18 de octubre de 2019. 43 Folio 137. 44 Folio 138. 45 Folio 139. 46 Folios 140 y ss. Intervención radicada el 18 de octubre de 2019 y suscrita por Germán Antonio González Castro, en calidad de apoderado especial. 9 aplicables a cada caso en concreto. Así la sanción que se impone por incumplimiento de la obligación oportuna y adecuada en el suministro de la información oscila entre el 5%, 4% y 3% teniendo en cuenta las sumas respecto de las cuales no se suministró información de manera oportuna o se presentó de manera extemporánea o errónea”47. Agregó que el accionante, al estructurar sus cargos, descartó el análisis del artículo 651 del Estatuto Tributario, el cual contempla el criterio de gradualidad a efectos de la imposición de la sanción “por cuanto allí se señalan las situaciones de subsanación teniendo en cuenta el tiempo y la etapa procesal en que se hizo realmente la entrega de la información, circunstancias advertidas por el legislador para la imposición de la sanción”48 y “estableció de manera expresa y alejada del criterio subjetivo de la administración tributaria, el quantum de la sanción y los criterios de

atenuación de la misma, lo cual sin duda comporta la incorporación de los criterios de proporcionalidad y gradualidad por la subsanación de la omisión sancionable según el tiempo en que se realice”49. Recordó que “los tiempos y etapas en materia procesal son preclusivos y extintivos, por tanto, la voluntad del obligado se debe regir por las normas procesales que son de orden público y de forzoso acatamiento, lo que evita dejar a la voluntad de los obligados su cumplimiento”50 y, a ese tenor, concluyó que los cargos “recaen sobre [un] errado entendimiento del precepto acusado y no en la norma propiamente dicha”51. Y, ante un eventual estudio de fondo, afirmó que el literal demandado no desconoce los derechos a la igualdad material y al debido proceso, al tiempo que observa los principios de proporcionalidad y gradualidad en la imposición de la sanción. Frente a la ausencia de vulneración del derecho al debido proceso, acotó que el procedimiento sancionatorio “se adelanta alejado del criterio objetivo, toda vez que la misma ley establece obligaciones y prohibiciones de los hechos sancionables y los quantums de la sanción, criterios legales alejados de la subjetividad de la administración”52, sumado a que “el contribuyente u obligado tributario tiene la posibilidad de controvertir la sanción a imponer, etapa en la cual se debate y se analiza la procedencia de la conducta omisiva y sin perjuicio de demostrar causales eximentes que descarten la culpabilidad en el cumplimiento de los deberes tributarios”53. En cuanto a la igualdad

material, señaló que el artículo 651 del Estatuto Tributario establece “[c]riterios diferenciadores (…) para aquellos contribuyentes u obligados a entregar información dentro de los plazos estipulados y a su vez estableció limites en cuanto a los plazos de extemporaneidad”54. Señaló que el literal acusado cumple el principio de proporcionalidad puesto que “tiene criterios objetivos para su imposición de acuerdo al (sic) momento de hacer entrega de la información de manera extemporánea”55. Y, finalmente, 47 Folios 148 y 149. 48 Folio 148. 49 Folio 149. 50 Folio 150. 51 Folio 150. 52 Folio 152. 53 Folio 152. 54 Folio 153. 55 Folio 157. 10 resaltó que la sanción contemplada cumple con el principio de gradualidad en razón a que “sólo obedece a la infracción cometida por el contribuyente u obligado a informar y una vez verificado tal comportamiento la administración impone la respectiva sanción de acuerdo con los lineamientos jurídicos y en los términos establecidos por el legislador”56. 4.7. Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de ColombiaASOBANCARIA57 Solicitó declarar la inexequibilidad del literal acusado. Explicó que el legislador “omitió por completo estructurar la sanción bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad”58 al “no consagra[r] mecanismos que permitan acondicionar o ajustar la sanción a imponer basados en elementos de culpabilidad, la mora efectiva en la entrega de la información o el daño que

haya causado la extemporaneidad. No puede ser de recibo que un sujeto que entregue la información requerida con 1 día de retraso sea sancionado con la misma severidad que aquel que se ha tomado hasta 5 años para suministrarla”59. A ese propósito, puso de presente que el artículo 686 del Estatuto Tributario fija la obligación de atender los requerimientos ordinarios de información y el artículo 261 de la Ley 223 de 1995, por su parte, establece que los administrados cuentan con un plazo de 15 días calendario para “atender satisfactoriamente el requerimiento formulado, es decir, de forma completa, veraz y dentro de dicho lapso. Cualquier error, tardanza o no presentación activará las sanciones correspondientes señaladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario”60. En ese sentido, aseguró que “al no contar con un mecanismo que permita dosificar la sanción contemplada en el literal c. del artículo 651 del Estatuto Tributario, el legislador parece presumir la mala fe de todos los sujetos a los cuales se les haya formulado un requerimiento de información y que incurran en cualquier tardanza en su entrega, sin interesar el lapso transcurrido ni las razones que expliquen su mora. Ello nos lleva concluir que la disposición demandada afecta directamente la equidad y consagra una responsabilidad objetiva – a pesar de que ello se