CC - C327-2020

Sentencia C-327/20

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y NUEVO JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Procedencia por cambios en el contexto normativo COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por contenidos normativos diferentes En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que existe una divergencia en los contenidos normativos analizados y en los referentes del juicio de constitucionalidad empleados en las sentencias C-176 de 1994, C-374 de 1997, C-409 de 1997, C-539 de 1997, C-740 de 2003 y C-1065 de 2003 y los que se proponen en el presente proceso judicial, y que además en los fallos anteriores, en general, no se abordó la controversia propuesta en esta oportunidad, no hay lugar a estarse a lo resuelto en aquellos fallos. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-No se estructura un verdadero cargo de inconstitucionalidad NORMA ACUSADA-Contenido y alcance EXTINCION DE DOMINIO-Marco normativo EXTINCION DE DOMINIO-Bienes que afecta El artículo 16 de la Ley 1708 de 2016 consagra un catálogo cerrado de hipótesis en las que el Estado se encuentra habilitado para suprimir definitivamente el derecho de propiedad de los particulares sobre determinados bienes. En general, la disposición lo permite sobre dos tipos de bienes: primero, sobre aquellos que tiene una relación de conexidad, directa e inmediata, o indirecta y mediata, con las actividades ilícitas, y segundo, sobre aquellos que,

sin tener esta relación de conexidad, ni siquiera indirecta pertenecen o han pertenecido a los mismos sujetos que se han lucrado o beneficiado de las actividades ilícitas. EXTINCION DE DOMINIO-Bienes adquiridos de actividad ilícita ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Bienes destinados o usados como medio para actividades ilícitas EXTINCION DE DOMINIO-Fundamento de su consagración (…) su fundamento material es el enriquecimiento ilícito, el perjuicio al Tesoro Público y el deterioro grave de la moral social. Por lo anterior, la facultad persecutoria debe tener como sustrato estos tres resultados que, por atentar gravemente contra los bienes fundamentales de la organización social, constituyen el eje estructural y el referente objetivo de esta figura. De este modo, en principio la acción se proyecta sobre todos aquellos activos a través de los cuales se materializan las actividades ilícitas, el daño provocado al Tesoro Público, y la afectación a la moral social. ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Finalidad ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Carácter real/EXTINCION DE DOMINIO-Medida de carácter patrimonial (…) una comprensión adecuada del artículo 34 de la Carta Política lleva a concluir que la extinción del dominio allí prevista se orienta a suprimir el provecho patrimonial que se haya derivado de las actividades allí enunciadas. De este modo, si bien, en principio, la disposición alude a la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en las condiciones allí señaladas, lo que denota el carácter real de la acción, no es menos cierto que, en cuanto que la

extinción opera en virtud del provecho ilícito que se materializa en un determinado patrimonio, no es contrario a la Constitución que la facultad persecutoria a la que se refiere el precepto constitucional se predique, no exclusivamente de los bienes ilícitos como tal, esto es, de aquellos que son producto directo o indirecto de una actividad contraria al ordenamiento jurídico, sino que pueda extenderse a otros que pese a tener origen lícito, hacen parte del patrimonio que se ha visto incrementado par las actividades ilícitas. De este modo, como quiera que el enriquecimiento hace alusión al incremento patrimonial de las personas, el corolario necesario de lo anterior es que no resulta contrario al ordenamiento constitucional que, de manera subsidiaria, la acción se dirija contra los activos adquiridos lícitamente y con destinación lícita, pero que integran el patrimonio de quien se ha enriquecido ilícitamente, y hasta por el monto de dicho incremento patrimonial ilegítimo. EXTINCION DE DOMINIO-Alcance respecto del tercero adquirente La imposibilidad de extinguir el dominio sobre bienes de origen lícito que han sido adquiridos por terceros ajenos a la actividad ilícita no impide, sin embargo, que la figura opere sobre bienes en relación con los cuales se hayan constituido gravámenes reales en favor de terceros, pues, de lo contrario se anularía de plano la eficacia de la figura de la extinción del dominio. En un escenario como este, bastaría con constituir cualquier gravamen sobre los bienes de origen lícito, para blindarlos absolutamente de la facultad persecutoria del Estado, resultado este que no solo desconoce los lineamientos

del artículo 34 de la Carta Política, sino que también anula el deber del Estado de combatir la criminalidad y la ilegalidad. En estos casos, entonces, la protección a los terceros se materializa a través del reconocimiento de la buena fe exenta de culpa, en los términos de la Ley 1708 de 2014. 2

Referencia: Expediente D-13089

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16.10 y 16.11 de la Ley 1708 de 2014, “por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio”

Actores: Mauricio Pava Lugo y

Alejandro Ramírez Álvarez

Magistrado ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Plena, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente sentencia, con fundamento en las siguientes

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de inconstitucionalidad 1.1. Texto demandado El día 1 de febrero de 2018 los ciudadanos Mauricio Pava Lugo y Luis Alejandro Ramírez Álvarez presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los apartes de los artículos 16.10 y 16.11 de la Ley 1708 de 2014 que permiten la extinción del dominio sobre bienes de origen lícito de valor equivalente a los de origen ilícito que no pueden ser objeto de la acción por el reconocimiento de los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa o por no ser posible su localización, identificación o afectación material.

A continuación, se transcribe y subrayan los apartes normativos demandados:

” LEY 1708 DE 2014

(enero 20) Diario Oficial No. 49.039 de 20 de enero de 2014 <Rige a partir del 20 de julio de 2014> CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

(…) 3 ARTÍCULO 16. CAUSALES. Se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que se encuentren en las siguientes circunstancias:

1. Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita.

2. Los que correspondan al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción.

3. Los que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.

4. Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.

5. Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas.

6. Los que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados, o sus características particulares, permitan establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas.

7. Los que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes.

8. Los de procedencia lícita, utilizados para ocultar bienes de ilícita 1a procedencia.

9. Los de procedencia lícita, mezclados material o jurídicamente con bienes de

ilícita procedencia.

10. Los de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando la acción resulte improcedente por el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe exenta de culpa.

11. Los de origen lícito cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita, cuando no sea posible la localización, identificación o afectación material de estos.

PARÁGRAFO. También procederá la extinción de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte, cuando en ellos concurra cualquiera de las causales previstas en esta ley.” 1.2. Cargos 1.2.1. La pretensión de los accionantes se ampara en dos tipos de consideraciones: una primera, orientada a demostrar que no existe ningún pronunciamiento de este tribunal sobre la validez de este contenido normativo, y la segunda, encaminada a poner en evidencia la incompatibilidad de las medidas legislativas impugnadas con los artículos 2, 34, 58 y 60 de la Carta Política. 1.2.2. Con respecto a la posible configuración del fenómeno de la cosa juzgada, los actores aclaran que en la sentencia C-958 de 20141 este tribunal se inhibió de pronunciarse sobre la validez de la expresión “actividad ilícita” contenida en el artículo 16 de la Ley 1708 de 2014, por cuanto los cargos de la demanda presentada en aquel momento no lograron individualizar los elementos estructurales de la controversia judicial. De allí que la existencia de dicho fallo 1 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 4 no torna inviable el pronunciamiento solicitado en la presente demanda de

inconstitucionalidad. 1.2.3. Por su parte, con respecto a la violación del ordenamiento constitucional, los accionantes sostienen que la invalidez de las disposiciones impugnadas se explica por tres razones. 1.2.3.1. En primer lugar, estas normas desconocerían la protección que la Constitución otorga a la propiedad privada lícitamente adquirida, en contravía con la prescripción expresa de la Carta Política que circunscribe en su artículo 34 la extinción del dominio a los “bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”. Existiendo esta delimitación a nivel constitucional, mal podía el legislador desbordar los términos claros y precisos con los que se delineó la figura. De hecho, en las sentencias C-740 de 20032 y C-958 de 20143 este tribunal precisó que, aunque el constituyente del 91 hubiera podido delegar en las instancias legislativas su regulación, optó por fijar directamente sus elementos estructurales, a los cuales debe atenerse estrictamente el Congreso de la República. A su turno, la vulneración del artículo 34 de la Carta Política deviene también en la anulación de la protección que el Estado reconoce a la propiedad lícitamente adquirida, en los términos del artículo 58 de la Constitución. De entrada, los numerales 10 y 11 del artículo 16 permiten la extinción del dominio sobre bienes de origen lícito, pese a que, de manera expresa, el artículo 34 faculta al Estado para dar por terminada la propiedad sobre “bienes

adquiridos mediante enriquecimiento ilícito”, y pese a que el artículo 58 superior reconoce la protección de la propiedad privada adquirida conforme a la ley. De manera consecuencial, la normatividad demandada desconoce el deber de las autoridades de proteger a todas las personas en sus bienes y demás derechos, consagrado en el artículo 2º de la Carta Política, así como la obligación del Estado de promover el acceso a la propiedad privada contemplado en el artículo 60, al generar un estado de inseguridad jurídica por facultad al Estado para perseguir bienes adquiridos conforme a la ley, y máxime cuando esta potestad es imprescriptible, en los términos del artículo 21 de la misma Ley 1708 de 2014. 1.2.3.2. La segunda fuente de inconstitucionalidad se produciría por la imposición de una limitación irrazonable al derecho fundamental a la propiedad. En efecto, aunque la Ley 1708 de 2014 atiende, presuntamente, a la necesidad de combatir el enriquecimiento ilícito de quienes desarrollan actividades ilegales, y aunque esta finalidad es constitucionalmente admisible, el mecanismo 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 3 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 5 elegido para la consecución de dicho objetivo resulta desproporcionado: La posibilidad de suprimir definitivamente la propiedad sobre bienes de origen lícito no es consistente con el objetivo del constituyente y del legislador de combatir la criminalidad y el enriquecimiento generado con esta, existen mecanismos alternativos para su consecución, como los previstos precisamente en el artículo 16 de la ley demandada, y en todo caso la afectación al derecho a

la propiedad privada resulta excesiva porque la legislación no contempla una contraprestación relevante para las personas afectadas con este tipo de medidas. 1.2.3.3. Finalmente, los accionantes argumentan que las disposiciones impugnadas desconocen la naturaleza patrimonial de la acción de extinción de dominio, y la convierten en una de naturaleza personal, en contravía del artículo 34 de la Carta Política. A su juicio, la Constitución Política asignó a este instrumento una connotación patrimonial, estableciendo un vínculo inescindible entre la acción y los bienes de origen o de destinación ilícita, tal como lo reconoció este tribunal en la sentencia C-958 de 20144. Pese a que la misma Ley 1708 de 2014 estructura la figura en función de esta nota fundamental, los preceptos demandados colocan a los operadores jurídicos en la “situación inevitable de tener que acudir a criterios personales para decidir cuáles extinguir, como que sean del mismo dueño o de dueños anteriores con características particulares, pues no existen más elementos normativos que lo ayuden a soportar tal determinación. Con ello, lo que ocurre es que se transforma la AED en una acción patrimonial que persigue bienes lícitos, en una personal donde el factor para elegir el bien es que pertenezcan a una u otra persona”. Según los demandantes, esta tergiversación de la acción genera una desprotección injustificada del derecho a la propiedad privada, porque habilita al Estado, por ejemplo, para perseguir bienes de origen lícito de la misma persona que en otros escenarios pudo haber realizado actividades ilícitas, o incluso bienes adquiridos lícitamente por personas que en algún momento fueron

propietarias de bienes adquiridos ilícitamente por otras. A juicio de los demandantes, un escenario como este es constitucionalmente inadmisible, no sólo porque desconoce el carácter patrimonial de la acción de extinción de dominio, sino también porque al hacerlo, dota a los operadores jurídicos de poderes discrecionales sobre los bienes de todos los ciudadanos, independientemente de que tengan origen lícito, y de que hayan sido adquiridos conforme a derecho y de buena fe. 1.2.4. Por las razones expuestas, los accionantes solicitan a este tribunal declarar la inexequibilidad simple de los preceptos impugnados.

2. Trámite procesal

4 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 6 Mediante auto de día 2 de marzo de 2019, el magistrado sustanciador concluyó que, prima facie, las acusaciones eran susceptibles de ser evaluadas en el escenario del control abstracto de constitucionalidad y que, por consiguiente, la demanda debía ser admitida. En concordancia con ello, se dio continuidad al trámite judicial, ordenando lo siguiente: - Correr traslado de la demanda al Procurador General de la Nación por el lapso de 30 días, para que rinda concepto en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la Carta Política. - Fijar en lista la disposición impugnada por el término de diez días, con el objeto de que sea impugnada o defendida por cualquier ciudadano. - Comunicar de la iniciación del proceso a la Presidencia de la República, la Presidencia del Congreso, el Ministerio de Justicia, la Sala de Casación Penal de

la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional. - Invitar a participar a las siguientes instituciones para que se pronuncien sobre las pretensiones de la demanda o sobre aspectos particulares de la misma: (i) las salas especializadas en extinción de dominio, o en su defecto la Sala Penal de los tribunales superiores de Antioquia, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Santa Rosa de Viterbo, Manizales, Florencia, Popayán, Valledupar, Montería, Cundinamarca, Neiva, Riohacha y Santa Marta; (ii) los jueces del circuito especializados en extinción de dominio de Antioquia, Barranquilla, Bogotá y Neiva; (iii) las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, Externado de Colombia, de los Andes, Sabana, Nacional de Colombia, Libre y de Antioquia; (iv) el Instituto en Derecho Penal y Ciencias Criminalísticas “José Vicente Concha” de la Universidad Sergio Arboleda, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

3. Intervenciones El debate constitucional se centró en dos problemáticas: la viabilidad del control propuesto por los accionantes, y la compatibilidad de las medidas legislativas con el ordenamiento superior. 3.1.1. Intervenciones acerca de la procedencia del escrutinio judicial

(Instituto Colombiano de Derecho Procesal5, Fiscalía General de la Nación, Universidad Externado de Colombia6, Leopoldo Juan Miguel Pava Montoya y David Ángel Ángel)

5 A través de concepto suscrito por Luisa Fernanda Caldas Botero. 6 A través de concepto suscrito por Jorge Fernando Perdomo). 7 3.1.2. El debate sobre la viabilidad del análisis judicial se centró dos temáticas: la configuración del fenómeno de la cosa juzgada, y la aptitud de la demanda de inconstitucionalidad. 3.1.3. Con respecto a la primera de estas controversias, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el Juez Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla y los ciudadanos Leopoldo Juan Miguel Pava Montoya y David Ángel Ángel consideran que la sentencia C-958 de 20147 no descarta un nuevo pronunciamiento judicial sobre la Ley 1708 de 2014, ya que en aquel fallo la Corte se inhibió de evaluar la constitucionalidad del artículo 16 de dicha ley por ineptitud sustantiva de la demanda, por lo cual, no hay ninguna definición sobre la validez de los preceptos impugnados. 3.1.4. Sin embargo, la Universidad Externado de Colombia afirma que, desde una perspectiva material, este tribunal ya ha avalado los contenidos sustantivos que hoy se cuestionan en este proceso, por lo cual, en estricto sentido no hay lugar al análisis judicial propuesto por los accionantes. El interviniente explica que la figura de la extinción de bienes equivalentes es de vieja data, pues fue incorporada al ordenamiento jurídico en la Ley 67 de 1993, que aprobó la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. En este instrumento se estableció, en

su artículo 5º, que los Estados deben adoptar las medidas para permitir el decomiso de los bienes que son el resultado de los delitos asociados al tráfico ilegal de estupefacientes, y de los bienes cuyo valor equivalga al de ese producto. Aunque en un inicio el Congreso condicionó la ratificación del instrumento a la introducción de una reserva que advirtiera sobre la improcedencia de esta última medida para Colombia, por tener un carácter confiscatorio, en la sentencia C176 de 19948 la Corte Constitucional disipó las dudas sobre la validez de esta disposición, aclarando que se trataba de una institución legítima desde la perspectiva constitucional, sin perjuicio de que deba ser interpretada y aplicada con sumo cuidado para evitar abusos en el ejercicio de esta potestad en cabeza del Estado. A juicio de este tribunal, la facultad para el decomiso de bienes lícitos de valor equivalente a los bienes vinculados al delito trasnacional se justifica porque, en últimas, la consecución de todos estos se basa en actividades contrarias al ordenamiento jurídico, sin perjuicio de que la incautación debe limitarse al valor objetivo de los bienes ilícitos, y debe realizarse con respecto estricto a los derechos de los terceros de buena fe. En cumplimiento de este convenio internacional, el Congreso de la República expidió la Ley 333 de 1996, en la que se estableció el régimen sustancial y procedimental de la figura de la extinción del dominio. Nuevamente, el artículo 6º de esa ley confirió al Estado la potestad para perseguir el valor equivalente de 7 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 8 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

8 los bienes ilícitos, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Habiéndose cuestionado la disposición ante este tribunal por el desconocimiento de la prohibición de confiscación, de los lineamientos constitucionales de dicha institución establecidos en el artículo 34 de la Carta Política, y de los derechos a la igualdad, al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a la propiedad, en la sentencia C-374 de 19979 se declaró su constitucionalidad. Siguiendo los lineamientos ya esbozados en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la Corte negó el carácter confiscatorio de la figura, sobre la base de que se enmarca dentro del objetivo de luchar contra la criminalidad organizada, y de que constituye una respuesta legítima al fenómeno criminal contemporáneo, en el que normalmente se busca la desaparición, el ocultamiento y la transferencia de los bienes ilícitos, para luego consolidar con sus ganancias un patrimonio de aparente legalidad, todo lo cual habilita al Estado para extinguir el provecho económico equivalente derivado de tales maniobras. Esta línea decisional fue ratificada en las sentencias C-40910 y C-539 de 199711, que ordenaron estarse a lo resuelto en el fallo anterior, al haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada. Más adelante, el Decreto Legislativo 1975 de 2002 reguló nueva e integralmente la figura de la extinción de dominio, preservando la facultad del Estado para perseguir los bienes lícitos de valor equivalente al de los bienes ilícitos cuya

propiedad no puede ser objeto de la extinción. En desarrollo del control automático de constitucionalidad, este tribunal declaró la exequibilidad de esta institución en la sentencia C-1007 de 200212, aclarando que el artículo 34 de la Carta Política no circunscribió la extinción del dominio a los bienes que se originan directamente en la realización de las actividades ilícitas, y que, dada la práctica reiterada de los delincuentes de deshacerse de los bienes ilícitos para darle una apariencia de legalidad a su patrimonio, resultaba indispensable extender el espectro de las potestades estatales. Una vez cesó la vigencia del Decreto Legislativo 1975 de 2002, el Congreso de la República expidió la Ley 793 de 2002 para regular integralmente la figura bajo los lineamientos anteriores. En tal sentido, en el artículo 3º de esa ley se determinó que “cuando no se resultare posible ubicar o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los cuales verse la [acción], al momento de la sentencia podrá el juez declarar extinguido el dominio sobre bienes o valores equivalentes del mismo titular”. En la sentencia C-740 de 200313 este tribunal evaluó la constitucionalidad de esta disposición a la luz de la prohibición del artículo 34 de la Carta Política, arribando a la misma conclusión de los fallos anteriores: la facultad estatal es constitucionalmente legítima, en tanto con ella se pretende hacer frente a las maniobras mediante las cuales se pretende dar 9 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 10 M.P. José Gregório Hernández Galindo. 11 M.P. José Gregório Hernández Galindo.

12 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 13 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 9 apariencia de legalidad a un patrimonio construido con base en actividades criminales, mediante la transferencia o el intercambio comercial con terceros. Este criterio se replicó en la sentencia C-1065 de 200314, al ordenarse estarse a lo resuelto en la sentencia C-740 de 200315. El artículo 73 de la Ley 1453 de 2011 modificó la redacción del artículo 3º de la Ley 793 de 2002, precisando los eventos en que procede la acción sobre bienes equivalentes, y trasladando al Fiscal la competencia para identificar e individualizar los activos respectivos. En este marco, la Ley 1708 de 2014 recogió los lineamientos de la legislación sustantiva anterior, y reestructuró el procedimiento judicial. En particular, el artículo 16 desagregó las causales que en la normatividad anterior se encontraban integradas en un mismo numeral, y, específicamente, replicó la institución de la extinción del dominio sobre bienes de origen lícito de valor equivalente a los bienes de origen ilícito que no pueden ser objeto de la intervención estatal. Esta disposición ha sido demandada en diferentes oportunidades, pero en ningún caso la Corte ha considerado viable el escrutinio judicial. A partir de estos antecedentes, la Universidad Externado de Colombia concluye que, desde una perspectiva sustantiva, el contenido normativo demandado ya fue objeto de valoración judicial, a la luz de los mismos parámetros y referentes que se proponen en la presente demanda. A su juicio, lo anterior obliga a este

tribunal a considerar la posibilidad de declarar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional y de ordenar, por consiguiente, estarse a lo resuelto en los fallos enunciados anteriormente, esto es, en las sentencias C-740 de 200316, C-374 de 199717 y C-176 de 199418. Lo anterior haría innecesario abrir nuevamente un debate que ya sellado a partir de argumentos sólidos, concluyentes e incuestionables. 3.1.5. Por otro lado, con respecto a la aptitud de la demanda, la Fiscalía General de la Nación sostiene que las acusaciones por el presunto desconocimiento de la naturaleza real de la acción de extinción de dominio no son susceptibles de ser evaluadas en el escenario del control abstracto de constitucionalidad, ya que el cargo tomó como parámetro del escrutinio judicial contenidos legales y doctrinales referidos a la naturaleza de una institución jurídica, y no la propia Constitución, la cual guardó silencio sobre esta materia. De esta suerte, este tipo de señalamientos no dan cuenta de la oposición entre la Ley 1708 de 2014 y la Carta Política sino, en el mejor de los casos, de los cambios en la concepción de la institución a lo largo del tiempo, o de posibles inconsistencias del legislador. Desde esta perspectiva, y en atención a la carencia de elementos de juicio para evaluar la constitucionalidad de las normas demandadas, los cargos deben ser objeto de un fallo inhibitorio. 14 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 15 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 16 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 17 M.P. José Gregório Hernández Galindo.

18 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 10 3.2. Intervenciones acerca de la constitucionalidad del precepto demandado 3.2.1.1. Intervenciones que solicitan la declaratoria de exequibilidad (Fiscalía General de la Nación, Juez Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla19, Universidad Externado de Colombia20, Ministerio de Justicia y del Derecho) 3.2.1.2. La defensa de la normatividad demandada se estructura a partir de tres tipos de argumentos: (i) primero, se apela a las decisiones y a las líneas jurisprudenciales de este tribunal sobre la constitucionalidad de las normas legales que han consagrado la misma institución jurídica que hoy se cuestiona, para concluir, o bien que no es viable un nuevo escrutinio judicial, tal como se explicó en los acápites precedentes, o bien que la Corte se encuentra vinculada por estos precedentes que avalan la medida; (ii) segundo, se precisa el alcance de las normas demandadas, para aclarar que, correctamente entendidas, no dan lugar a la situaciones que los accionantes señalan como generadoras de vulneración de derechos fundamentales; (iii) finalmente, se justifican las disposiciones legales impugnadas a la luz de la Carta Política, aclarando que estas se enmarcan dentro de los lineamientos establecidos por el constituyente en los artículos 34 y 58 de dicho instrumento. 3.2.1.3. Con respecto al primero de estos argumentos, la Universidad Externado de Colombia y la Fiscalía General de la Nación afirman que los interrogantes

planteados en la demanda de inconstitucionalidad ya han sido abordados y resueltos definitivamente por este tribunal, de suerte que, más allá del debate sobre la configuración del fenómeno de la cosa juzgada, la Corte debe atenerse a los precedentes ya consolidados en la jurisprudencia constitucional sobre la facultad del Estado para perseguir bienes de valor equivalente al de aquellos que tienen un origen ilícito. En particular, la Universidad Externado de Colombia sostiene que el escrutinio judicial debe tener en cuenta los siguientes elementos de juicio: (i) que la institución objeto de análisis es de vieja data en el sistema jurídico colombiano, y que fue diseñada para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a la comunidad internacional, en relación con la lucha contra la criminalidad organizada; (ii) que a la jurisprudencia constitucional subyace un criterio uniforme que avala esta figura, tal como se explicó extensamente en el acápite precedente; (iii) que tanto el legislador como el juez constitucional han dado cuenta de la importancia estratégica de dicho instrumento en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y las demás formas de criminalidad, en cuyo marco se pretende imprimir visos de legalidad a los patrimonios mal habidos; (iv) que la prohibición de confiscación es compatible con la figura, dada la equivalencia objetiva entre el valor a extinguir proveniente del bien lícito y el 19 Juez Ower Gerardo Quiñones Gaona. 20 A través de concepto rendido por el ciudadano Jorge Fernando Perdomo. 11 del bien de origen ilícito, y la protección de los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa.

3.2.1.4. La segunda línea de defensa se orienta a precisar el alcance de la institución y de las causales en que procede, para mostrar que las acusaciones se sustentan en una lectura fragmentaria de la normatividad leg