CC - C426-2020

Sentencia C-426/20

EDAD DE RETIRO FORZOSO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Exequibilidad condicionada (…) la Corte concluye que el artículo 1º de la Ley 1821 de 2016 desconoce los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución Política al no excluir de la causal de retiro forzoso de los cargos públicos que dicha disposición establece, a los miembros de la junta directiva del Banco de la República, en particular a su gerente y a sus miembros de dedicación exclusiva, y que, por tal razón, incurre en una omisión legislativa relativa, y en consecuencia declarará su exequibilidad condicionada en el entendido de que la edad máxima para el retiro del cargo no es aplicable a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Configuración COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Requisitos para su configuración COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-No configuración (…) lo resuelto en las Sentencias C-084 y 135 de 2018 respecto del artículo 1º de la Ley 1821 de 2016 no configura la cosa juzgada, porque si bien existe identidad respecto de la disposición ahora demandada, los argumentos de la demanda, las consideraciones de la Corte, y la decisión de los fallos, se refirieron a otros cargos totalmente distintos al ahora planteado. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumple con los requisitos de aptitud sustantiva AUTONOMIA DEL BANCO DE LA REPUBLICAAlcance/BANCO DE LA REPUBLICA-Funciones La particularidad del diseño constitucional colombiano puede entonces ser resumida así: si bien el Banco de la República es autónomo y tiene como finalidad básica preservar la moneda sana (CP arts 371 y 373), esta autonomía tiene límites formales -su sujeción a la ley (CP art 150 ords 13, 19 y 22 y art. 372)- y materiales: sus funciones deben ejercerse en coordinación con la política económica general (CP arts 113 y 371), y sus actuaciones, como las de los demás órganos del Estado, deben propender a la realización de los valores del Estado social de derecho (CP arts 1º y 2º) y a la materialización de los fines propios de la intervención del Estado en la economía (CP art. 334). Esto significa que, si bien la finalidad primaria de la actividad del Banco es velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, debe igualmente atender otros objetivos de política económica de raigambre constitucional, como pueden ser la búsqueda del pleno empleo o la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo (CP art. 334). BANCO DE LA REPUBLICA-Régimen legal propio AUTONOMIA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Límites formal y material JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Autoridad independiente El constituyente desligó la banca central de las necesidades fiscales del gobierno, mediante la consagración de su autonomía frente al mismo. Por

ello otorgó a la Junta Directiva del Banco el carácter de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia independiente, como en efecto lo dispuso en los artículos 371 y 372 de la Carta, en concordancia con el artículo transitorio 51.

BANCO DE LA REPUBLICA Y CONGRESO DE LA

REPUBLICA-Interrelación/BANCO DE LA REPUBLICA Y

GOBIERNO NACIONAL-Interrelación AUTONOMIA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Ámbitos técnico y funcional AUTONOMIA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Apreciación por el juez EDAD DE RETIRO FORZOSO-Vigencia de la Ley 1821 de 2016 y su aplicación en el tiempo CONFIGURACION DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVARequisitos OMISION LEGISLATIVA RELATIVA EN EDAD DE RETIRO FORZOSO-Configuración al no incluir en excepciones a miembros de la Junta Directiva del Banco de la República 2

Referencia: Expediente D-13466

Demandante: Adelaida Ángel Zea Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 1821 de 20161

Magistrado Sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 19912, decide sobre la demanda de inconstitucionalidad que, en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 40-6 de la Constitución, presentó la

ciudadana Adelaida Ángel Zea contra el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016, cuyo texto es del siguiente tenor:

I. EL TEXTO DEMANDADO LEY 1821 DE 2016

Diario Oficial No. 50.102 de 30 de diciembre de 2016 Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas. DECRETA 1 Corregido por el artículo 1 del Decreto 321 de 2017. 2 Inicialmente, el magistrado sustanciador, mediante auto del 10 de septiembre de 2019, inadmitió la demanda. Con fundamento en el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, en el auto se concedió a la demandante el término de 3 días hábiles para corregir la demanda. Oportunamente, se presentó el escrito de corrección y la demanda fue admitida mediante auto del 2 de octubre de 2019. En el auto de admisión el magistrado sustanciador resolvió dar traslado al Procurador General de la Nación y fijar en lista la norma acusada. Igualmente, en razón de lo dispuesto en el artículo 244 de la Constitución Política y 11 del Decreto 2067 de 1991, se comunicó la iniciación del proceso al Presidente del Congreso y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, así como al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Administrativo de la Función Pública para que, si lo estimaban oportuno, presentaran un escrito dentro de los 10 días siguientes, explicando las razones que justifican la constitucionalidad de la norma sometida a control.

Adicionalmente, en observación de lo señalado en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991 y con el fin de que rindieran concepto dentro del proceso, se invitó a la Junta Directiva del Banco de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a las universidades Antioquia, de los Andes, del Norte, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, EAFIT, Francisco José de Caldas, Javeriana y Libre de Bogotá, a Rudolf Hommes, Miguel Urrutia Montoya, Cecilia López, José Antonio Ocampo Gaviria, Salomón Kalmanovitz, Fernando Tenjo Galarza, Juan Carlos Echeverry y a Roberto Junguito para que, si lo consideraban conveniente, intervinieran en el proceso con el fin de presentar su concepto técnico sobre puntos relevantes en relación con la disposición acusada, especialmente sobre los siguientes interrogantes: (i) ¿Existe justificación que sustente la imposición de una edad de retiro forzoso de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República? (ii) ¿Se vería alterado el diseño institucional y, por consiguiente, la autonomía del Banco de la República a causa de la obligación de retiro forzoso para los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República? 3 ARTÍCULO 1o. <Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 321 de

2017. El nuevo texto es el siguiente:> La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años.

Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.

Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el artículo 29 del Decreto-ley 2400 de 1968, modificado por el artículo 1o del Decreto-ley 3074 de 1968. (Subrayas de la demandante)

II. LA DEMANDA A juicio de la demandante, dicha disposición vulnera los artículos 150, numerales 13, 17b y 22, 371, 372 y 373 de la Constitución Política. Su primer inciso, por implicar que la edad de retiro forzoso se aplica a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y, el segundo, por no incluir a estos funcionarios entre las excepciones y, por consiguiente, incurrir en una omisión legislativa relativa.

(i) Cuestiones previas La demandante realiza tres precisiones iniciales. La primera, que no es contradictorio afirmar que el artículo 1º de la Ley 1821 de 2016 es inconstitucional por violar directamente la Constitución y, al mismo tiempo, por incurrir en una omisión legislativa relativa. El cargo por violar directamente la Constitución recae sobre el inciso primero, porque hace extensiva la edad de retiro forzoso a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. La omisión legislativa recae en el inciso segundo, por no incluir entre las excepciones a estos funcionarios. La inconstitucionalidad se evidencia “cuando se aprecia el alcance normativo de esa disposición a través de las excepciones que taxativamente enumera el inciso segundo”3. En consecuencia, “la tacha de inconstitucionalidad solo se hace evidente por la

omisión del Legislador”4. La segunda precisión consiste en que no existe cosa juzgada. Según indica la demandante, la Corte Constitucional ha estudiado la disposición bajo estudio en dos oportunidades en las Sentencias C-084 y C-135 de 20185. En dichas providencias se analizaron cargos por presuntos vicios de trámite y por el 3 Cuaderno en sede de constitucionalidad, folio 45. 4 Ibídem. 5 En la primera providencia se analizó: (i) la presunta violación al principio de publicidad en el trámite legislativo; (ii) el aparente desconocimiento de las reglas de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso; (iii) la supuesta vulneración de los principios de racionalidad de la ley y de mérito en el acceso a la función pública, el derecho a la renovación laboral y al derecho generacional; y (iv) la supuesta violación de los artículos 125 y 131 Superiores, así como de los principios de buena fe, confianza legítima e igualdad. En la Sentencia C-135 de 2018 la Corte estudió los siguientes cargos (i) la aparente violación del mandato de no regresividad en materia laboral; (ii) el presunto desconocimiento del principio de igualdad en relación con los artículos 2º y 3º de la Ley 1821 de 2016; y (iii) la supuesta falta de razonabilidad en el artículo 2º de la Ley 1821 de 2016 en lo referente a la inaplicación de la causal de terminación de la relación legal y reglamentaria prevista en el parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003. 4 presunto desconocimiento de los derechos fundamentales a la “participación

en el ejercicio de la función pública y acceso y permanencia en los cargos que comportan el ejercicio de funciones públicas”6. En ambas oportunidades la norma se declaró exequible. Por consiguiente, no existe cosa juzgada relativa y resulta posible el análisis bajo los nuevos cargos planteados. La tercera y última precisión se enfoca en demostrar que el inciso primero de la disposición demandada incluye a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, por tres razones: (i) La “literalidad de la norma que se demanda”7; (ii) la voluntad del Legislador, que buscó cubrir a la totalidad de las personas que ejercen funciones públicas8; y (iii) la Sentencia C-135 de 2018, según la cual la norma es aplicable a “(a) quienes ya estaban sometidos a la edad de retiro forzoso de conformidad con la legislación anterior y (b) a quienes en su condición de servidores públicos o (c) particulares que desempeñan funciones públicas, no estaban sujetos a esta causal de retiro”9. Entre estos, los miembros de la mencionada Junta, excluidos durante la vigencia del Decreto Extraordinario 2400 de 1968. (ii) Violación de las disposiciones constitucionales. Artículos 150, numerales 13, 17b y 22, 371, 372 y 373 de la Constitución Política (a) Presunto desconocimiento del régimen especial del Banco de la República y de su Junta Directiva El artículo 1º de la Ley 1821 de 2016 impone como causal de retiro forzoso de las funciones públicas a quienes alcancen la edad de 70 años, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Esta

disposición contradice los artículos 371 y 372 Superiores, en los cuales se consagra el régimen especial del Banco y, particularmente, el diseño institucional de su Junta Directiva, regulados en la Constitución con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la entidad bajo parámetros de autonomía y colaboración entre la Banca Central y los poderes Ejecutivo y Legislativo10. Estos criterios se introdujeron en 1991 para superar el modelo 6 Cuaderno de constitucionalidad, folio 52. 7 Cuaderno de constitucionalidad, folio 50. 8 En este acápite de la demanda se hizo alusión a los Proyectos de Ley 110 de 2015 (Cámara), y 131 de 2016 (Senado). En criterio de la demandante el trámite legislativo denota un interés por ampliar el alcance de la causal de retiro sobre más funcionarios públicos. En principio, el proyecto tramitado en la Cámara de Representantes buscó “modificar la edad de retiro máxima de algunos servidores públicos” pero no a todas las personas que ejerzan funciones públicas, dado que procuró dejar a salvo los regímenes especiales establecidos en Colombia (Ver Gaceta 702 de 2015). Sin embargo, en el Segundo Debate en Cámara se generaron modificaciones que ampliaron la cobertura de la norma a quienes ejerzan funciones públicas, modificaciones propuestas con fundamento en “razones de generalidad e igualdad” y evitar vicios de inconstitucionalidad por omisión. En el texto final se señaló que “la edad máxima de retiro del cargo para las personas que desempeñan funciones públicas ya sea en régimen de carrera o de libre nombramiento y remoción, en caso de que

deseen continuar en el ejercicio de sus cargos será de setenta (70) años” (Gaceta 603 de 2016) -negrillas fuera de texto-. En el Senado la regla se continuó ampliando. En el texto propuesto para primer debate se omitieron las referencias al “régimen de carrera o de libre nombramiento y remoción, y se radicalizó la posibilidad de reintegro”, aunque se introdujo el inciso segundo sobre las excepciones. Uno de los fundamentos fue la jurisprudencia, particularmente, la Sentencia C-351 de 1995, que propendió por la existencia de “una regla general pero no absoluta, que fije la edad máxima para el desempeño de funciones (como) mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos”. 9 Cuaderno de constitucionalidad, folio 49 -reverso-. 10 Según la Comisión Quinta a la Constituyente este “debe ser un órgano del Estado de naturaleza única, que por razón de las funciones que está llamado a cumplir, requiere de un ordenamiento y organizaciones especiales” ello se justifica porque “se trata de una institución que debe tener en cuenta, ante todo, el carácter eminentemente técnico y por lo demás 5 intervencionista regulado en la Constitución de 188611. El Constituyente comprendió que la autonomía de la Banca Central respecto de los demás poderes públicos y órganos del Estado le permitirían cumplir sus funciones y el objetivo de garantizar el interés de la Nación con metas a largo plazo. La Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente discutió sobre la autonomía del Banco de la República y determinó que esta es una garantía para salvaguardar las funciones y fines que debe cumplir, relacionadas con los

problemas monetarios, cambiarios y bancarios. Se concluyó que se trataba de un órgano del Estado de naturaleza única que “debe actuar con una identidad propia, con un régimen legal y operativo distinto y autónomo, pues no de otra forma podría poner en práctica eficiente y oportunamente, las medidas monetarias que por ley está llamado a dictar y ejecutar”12. En concordancia, la Corte ha reconocido que la Banca Central debe ejercer sus funciones bajo un amplio margen de libertad e independencia, sin injerencias de las ramas del poder público o de otros órganos del Estado, salvo las admisibles para asegurar la coordinación, y no está condicionada a las dinámicas electorales13. (b) La Junta Directiva y el desconocimiento del régimen especial mediante una ley de carácter general. Según el artículo 372 Superior “(e)l Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá los estatutos del Banco”. Por ende, parte del régimen especial del Banco es el que concierne a los servidores públicos vinculados y, particularmente, a aquellos que conforman la Junta Directiva. Y, según las disposiciones mencionadas y la jurisprudencia constitucional14, parte del régimen especial lo conforma el marco jurídico laboral, que incluye la edad de retiro. En consecuencia, el desarrollo legal y reglamentario correspondiente debe obedecer a los postulados que fijó el constituyente para garantizar que el Banco cumpliera sus fines. Particularmente, el periodo de los miembros de la Junta tiene una lógica constitucional propia que impide su separación del cargo con el mismo

criterio aplicable a los demás servidores públicos. Los periodos y la permanencia se establecen en beneficio de la estabilidad y la confiabilidad de las políticas económicas y con el fin de conservar entre sus miembros a personas con altos niveles de formación, experiencia e independencia15. La determinación de que la Junta Directiva tenga un régimen laboral propio complejo de los problemas monetario y bancarios que debe manejar (…) debe actuar con una identidad propia, con un régimen legal y operativo distinto y autónomo”. Informe de Ponencia para Primer Debate en Plenaria sobre Banca Central. Gaceta Constitucional 73 de 1992. Cuaderno de constitucionalidad, folio 21. 11 Para explicar con mayor claridad la diferencia entre el régimen legal propio regulado en la Constitución Política de 1886 y el régimen especial vigente, la demandante resalta las consideraciones de la Sentencia C-529 de 1993 en el acápite denominado “El Banco de la República como sujeto de control fiscal”. Cuaderno de constitucionalidad, folio 53. 12 Gaceta Constitucional 73 del 14 de mayo de 1992 13 Al respecto, la demandante cita las Sentencias C-481 de 1999 y C-886 de 2014. 14 Sentencia C-521 de 1994. 15 Cuaderno de constitucionalidad, folio 54 -reverso-. 6 concuerda con la voluntad del constituyente, el cual no reguló un régimen especial para otras “autoridades independientes”16. En consecuencia, al regular el régimen laboral de los miembros de la Junta Directiva se debe tener en cuenta que estos funcionarios no se pueden someter a las normas generales, su régimen responde a una dinámica especial y única para

garantizar la política monetaria, cambiaria y crediticia. Por consiguiente, las previsiones sobre retiro forzoso deberán ser consideradas y evaluadas expresamente por el Legislador. En consecuencia, establecer que estos funcionarios se deben someter, indiscriminadamente, a una edad de retiro forzoso, viola el régimen constitucional y desconoce las funciones que debe cumplir este órgano de rango constitucional. Sin embargo, el Legislador, mediante el artículo 1º de la Ley 1821 de 2016, impone como causal de retiro el cumplimiento de 70 años a todos quienes desempeñen funciones públicas, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva, causal que desatiende el diseño institucional previsto por el constituyente para definir el periodo de quienes asumen la autoridad de la Banca Central, quienes pueden ser reemplazados por disposición del ejecutivo únicamente cambiando a dos de sus miembros por periodo presidencial. Por ende, el Legislador al regular por vía general asuntos propios de un régimen especial, contradijo no solo los artículos 371 y 372 Superiores sino también el artículo 150, numerales 13 y 22 CP. (c) El Gerente del Banco de la República El Gerente del Banco, además de ser miembro de la Junta Directiva, es el responsable principal de la ejecución de las políticas que se adoptan y es el representante legal de la entidad. Se trata de un cargo regulado con el fin de lograr las metas de largo plazo, previsto por el constituyente en beneficio de la estabilidad monetaria y de un entorno macroeconómico que posibilite el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. Si bien el Constituyente no se refirió a su periodo sí señaló que las normas que se

emitan al respecto deben comprender, entre otros aspectos, la “permanencia”17. En consecuencia, la determinación de la edad de retiro forzoso del Gerente del Banco de la República “sólo puede ser el resultado del diseño organizacional que el Legislador formule en los términos del inciso segundo del artículo 372 de la Constitución Política y de los desarrollos que haga el Gobierno de conformidad con la misma norma”18. (d) Presunto desconocimiento de la autonomía Según el artículo 372 de la Constitución “el Gerente del Banco será elegido por la junta directiva y será miembro de ella. Los cinco miembros restantes, 16 Ejemplo de ello es la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Consejo Nacional Electoral y la antigua Comisión Nacional del Servicio Civil, respecto a los cuales, según indica la demandante, el constituyente no previo una ley especial sobre su constitución y funcionamiento. 17 Cuaderno de constitucionalidad, folio 55 -reverso-. 18 Cuaderno de constitucionalidad, folios 55 -reversoy 56. 7 de dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República para períodos prorrogables de cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro años” (resaltado fuera de texto). Se trata de un régimen de periodos fijos y la previsión de que solo dos de sus miembros puedan ser reemplazados cada cuatro años. En este sentido, en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente19 el constituyente Rodrigo Lloreda indicó: La Comisión Quinta acogió la propuesta de los delegatarios que consideran que la Constitución debe prever de una vez la integración de la Junta del Banco Central (…). La Junta debe renovarse

parcialmente, para lo cual, se le otorga al Presidente de la República la facultad de reemplazar cada cuatro (4) años a dos de sus miembros, lo cual garantiza la autonomía de la Junta respecto del Gobierno. La renovación de los miembros de la Junta debe ser parcial: dos en cada administración. En la relativa independencia de los miembros de la Junta respecto del gobierno en ejercicio, radica la mejor garantía de la autonomía de la institución20. En contradicción con lo anterior, la disposición demandada establece como causal de retiro de los miembros de la Junta Directiva el cumplimiento de la edad de 70 años, sin importar el periodo de los funcionarios definido por el constituyente. Ello desconoce que el régimen constitucional es una garantía para la autonomía, principio dispuesto por el constituyente como un parámetro inescindible del Banco de la República y para que los miembros de la Junta Directiva cumplan sus funciones, particularmente la consistente en ejercer la representación exclusiva de los intereses nacionales21 y lograr el cumplimiento de metas a largo plazo22. La estabilidad de los miembros supone estabilidad en la dirección de la Banca Central en beneficio de los fines de la entidad, entre otros, conservar el poder adquisitivo de la moneda. Por ende, el constituyente primario definió la estructura de la entidad precisando directamente la forma de designación y la estabilidad de los miembros que asumirían las decisiones. En concordancia, la aplicación de la edad de retiro forzoso a los miembros de la Junta Directiva contradice al menos tres reglas previstas en ese artículo constitucional, a saber: (i) la vocación de permanencia que deben tener tres de

los directores de dedicación exclusiva del Banco frente a los periodos presidenciales; (ii) la finalidad de que el Gerente garantice, con independencia del gobierno de turno, la materialización de las decisiones de la Junta Directiva; y (iii) la coordinación como forma de relación entre la autoridad monetaria y el Gobierno23. 19 Gaceta constitucional, No. 73 del 14 de mayo de 1991. 20 Acción de inconstitucionalidad, página 29 (pendiente de constatar folio en el cuaderno de constitucionalidad). 21 En este sentido se destaca que la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente buscó que la Banca Central debe estuviera investida de autonomía para cumplir las exigencias de la comunidad. En consecuencia, se determinó que se requería un ordenamiento y organización jurídica especial. Gaceta constitucional 73 de 1991. 22 Según la demandante las metas a largo plazo atienden a las finalidades y la naturaleza de las funciones del Banco de la República y de la Junta Directiva. En este sentido, destaca la Sentencia C-529 de 1993. 23 Cuaderno de constitucionalidad, folio 57 -reverso-. 8 (e) Presunta violación de los artículos 150, numeral “17b”, 371 y 373 por cambiar el régimen de colaboración por subordinación El esquema institucional monetario tiene una base tripartita compuesta por el Banco de la República, el Congreso y el Gobierno Nacional. Este funciona bajo una lógica de coordinación, pero no de subordinación. Las disposiciones de la Constitución y la jurisprudencia reflejan un diseño institucional que busca establecer “pesos y contra pesos entre objetivos macroeconómicos de

largo plazo y las políticas de corto plazo”24. Uno de los mecanismos de equilibrio en las complejas relaciones económicas, es la estabilidad de los miembros de la Junta Directiva en el ejercicio de los cargos, la cual se altera con normas como la demandada. El Legislador, según la Corte Constitucional, “puede determinar la manera como el banco debe cumplir con las atribuciones que le corresponden (…), pero ello solo habilita a aquel para establecer las limitaciones que resulten necesarias e indispensables y, además, proporcionadas (…) de tal manera que no lesione el núcleo esencial de la autonomía (de) que es titular”25. Por su parte, el Presidente ejerce la facultad nominadora de los miembros de la Junta. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Banco de la República solo representa los intereses de la Nación, la facultad nominadora del Presidente constituye una mediatización26 de la autonomía, “admisible únicamente como mecanismo para lograr la armonización de sus funciones con las del Gobierno Nacional”27. Para la demandante, el concepto de “mediatización” evidencia una “barrera infranqueable en la diferencia conceptual que existe entre coordinación y subordinación”28. No obstante, la aplicación de la disposición demandada permite que en un mismo período el presidente de turno pueda designar a más de dos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Es decir, de cinco miembros de dedicación exclusiva, podrían ser nombrados más de dos por el presidente durante su período. En consecuencia, se quebranta uno de los límites para definir la composición de los miembros de la autoridad de la Banca Central

dispuestos en el artículo 372 Superior29. Una alerta sobre este aspecto fue señalada por la Corte en la Sentencia C-141 de 2010, en la cual se declaró la 24 Cuaderno de constitucionalidad, folio 59. 25 Sentencia C-208 de 2000. 26 La expresión “mediatización” fue utilizada por la Corte en la sentencia C-827 de 2001, al señalar lo siguiente “desde el punto de vista orgánico, la autonomía diseñada para el Banco recibe variadas mediatizaciones derivadas del origen de los integrantes de sus órganos de dirección, pues aunque éstos estén sujetos a periodo (lo cual es garantía frente a inconsultos cambios) es lo cierto que el Presidente de la Junta Directiva y miembro ex officio es el Ministro de Hacienda y Crédito Público y que el Presidente de la República nombra a los otro cinco miembros y participa, a través del Ministro de Hacienda -miembro y Presidente de la Juntaen la escogencia del Gerente del Banco, a su vez miembro de la Junta Directiva”. 27 Sentencia C-481 de 1999. 28 Para hacer énfasis en el criterio de autonomía, la demandante destacó la Sentencia C-481 de 1999. 29 En consideración de la demandante se pueden distinguir dos fenómenos. En el primero, un miembro del Banco de la República puede fallecer o renunciar al cargo y, por ende, el Presidente de la República deba designar de manera imprevista a otro miembro de la Junta Directiva. En el segundo, se presenta el escenario propiciado con la norma, pues con esta, el ordenamiento jurídico permitiría el cambio de más de dos miembros de la Junta durante el mismo periodo presidencia, en el evento en que uno de ellos cumpla la edad de retiro forzoso.

9 inconstitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, que buscaba convocar un referendo para modificar la Constitución y ampliar las posibilidades de reelección presidencial a un tercer periodo. En la providencia, se analizó el impacto de que un presidente eligiera más de una vez, durante su gobierno, a los miembros de la Junta Directiva de la Banca Central30. En criterio de la demandante, “(u)n ordenamiento jurídico que abre la posibilidad de la designación de más de dos miembros de la Junta Directiva para un periodo presidencial, pone en riesgo la finalidad de las previsiones del artículo 373 de la Constitución Política que prohíben al Banco “establecer cupos de crédito” u otorgar garantías a “favor de particulares” y que exige una aprobación unánime de la Junta Directiva para las operaciones de funcionamiento a favor del Estado”31. (iii) Presunto desconocimiento de los artículos 372 y 373 de la Constitución por Omisión legislativa relativa La demanda recae igualmente sobre el inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1821 de 2016 que regula las excepciones respecto de la aplicación de la edad como causal de retiro forzoso. Entre estas no se contemplaron a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, a pesar de que los artículos 372 y 373 evidencian que estos funcionarios deben ser excluidos, según se explicó en el acápite anterior. En consecuencia, se incurrió en una omisión legislativa relativa. No se trata de una omisión legislativa absoluta, pues el Legislador actuó mediante la norma demandada para regular la edad máxima de retiro forzoso. En el primer inciso estableció una “